Como MAIS informara oportunamente, el encuentro se desarrolló el martes 14 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron panelistas Jorge A. Hernández, Presidente de la Fundación Reunión de Administradores y director de la revista del mismo nombre y Juan Salinas Bohil, coordinador general de MAIS. Esta es una síntesis de lo allí expresado.
Jorge A. Hernández manifestó que la Seguridad, tal como se entiende hoy día, parecería ser un bien desconocido de acuerdo a la realidad que viven a diario los ciudadanos, y que si se analizara la cuantiosa dotación de personal y organismos estatales y privados destinados a la protección de las personas y sus bienes, se podría concluir que no debería haber lugar alguno para el más mínimo temor puesto que – parodiando a un jocoso alto funcionario público – estaríamos transitando por un período sensacional de sensación de Seguridad.
En el espacio territorial de la ciudad de Buenos Aires es donde más notoria resulta la sobreabundancia de organismos vinculados a la seguridad pública que desarrollan actividades policiales, judiciales, de inteligencia, investigación, protección, custodias privadas, etc. Hay policías de todo tipo: Federal, Metropolitana, aeronáutica, militar, Prefectura, Gendarmería, seguridad vial y el Servicio Penitenciario Federal.
También es numerosa y variada la cantidad de organismos y estructuras nacionales e internacionales dedicadas a tareas de inteligencia preventiva de actividades legales e ilegales como la Secretaría de Información del Estado (SIDE), el Servicio de Inteligencia Naval, de inteligencia militar, DEA, CIA y seguramente otras tantas que trabajan entre bambalinas al margen o en el mismo umbral de la ley.
En el ámbito judicial se destaca la superpoblación de fiscales: federales, nacionales y locales que, lamentablemente, carecen en su mayoría de conocimientos prácticos sobre metodologías y sistemas de investigación, por lo que dedican su mayor esfuerzo a incrementar la tranquila burocracia legal que consiste en abultar los expedientes y sumarios para luego archivar las causas sin resultado alguno.
En igual medida se superponen las actividades de los jueces federales, nacionales y locales, a los cuales los propios integrantes de los demás poderes del Estado últimamente parecen prestarle poca atención, además de haber manifestado en forma pública su nula voluntad de acatar sus resoluciones o sentencias.
Dentro de este esquema de “Seguridad” se pueden sumar las más de 300 empresas privadas de vigilancia y seguridad habilitadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – que en conjunto disponen de una dotación de personal que fácilmente duplican al de las fuerzas de seguridad pública –; las empresas que con igual vocación operan con habilitaciones de otras jurisdicciones nacionales o provinciales; los famosos guardianes de los boliches de baile – popularmente identificados como “patovicas” –; los encargados de los consorcios de propiedad horizontal y de casas de renta que dentro de sus obligaciones laborales tienen también a cargo la vigilancia de la puerta de ingreso y de los sectores comunes de los edificios; las empresas de transportes de caudales; los guardaespaldas y custodios personales de muy conocidos y/o impopulares figuras; y por último, la infinidad de empresas dedicadas al monitoreo remoto de alarmas y cámaras instaladas en la vía pública y en domicilios particulares.
Con este descomunal caudal de recursos humanos y económicos dedicados con exclusividad a brindar protección y seguridad a las personas y sus bienes, resulta natural concluir que Argentina haya tenido que importar delincuencia para asegurarse la continuidad laboral y presupuestaria del rubro. Es así como ahora se cuenta con la presencia de ex guerrilleros chilenos, españoles e italianos radicados y protegidos legalmente por las máximas autoridades del país, con el agregado de mafias chinas, narcotraficantes peruanos y mexicanos, carteristas chilenos y arrebatadores de la nueva Latinoamericana.
Mientras tanto, la población en general siente una absoluta desprotección emergente de lo cotidiano, con la certeza que hasta ha perdido el más simple derecho a la propiedad menuda debido a que zapatillas, camperas, celulares, colgantes y todo tipo de elementos menores son imposibles de conservar ante el asalto en cualquier momento y lugar. De los mayores, como motos, autos, alhajas o hasta la vida misma, es reiterativo hablar.
Resulta espeluznante y sorprendente escuchar a víctimas de secuestros, violaciones o asaltos violentos, darles gracias a los delincuentes por haberlos dejado con vida. Entrar o salir de una institución bancaria resulta ser una acción temeraria, puesto que los delincuentes ya no atacan a los cajeros sino a los clientes, tal vez en la creencia que los bancos carecen de solvencia suficiente para ser asaltados. Ante este panorama es razonable que proliferen los ofrecimientos de vigilancia y seguridad privada, cuyo costo no es menor: cubrir las 24 horas del día en un solo puesto fijo en la entrada de cualquier edificio, requiere del pago de 720 horas mensuales a razón de $ 25,00 más IVA por hora-hombre promedio, un gasto significativo de no menos de $ 21.780 por mes.
Así, en cada ocasión que se pacta un aumento de sueldos del personal de vigilancia, se produce una retracción en la demanda de vigilancia de los consorcios de propietarios debido al impacto directo sobre las expensas comunes. Resulta sintomático que pocos días después comienzan a difundirse por todos los medios de comunicación nuevos asaltos en edificios – últimamente con la modalidad de toma de rehenes dentro de los mismos departamentos – generando un descontrolado temor y alarma generalizada entre los copropietarios. La consecuencia inmediata es que en forma automática crece la demanda de reposición de las horas del servicio de vigilancia que había sido reducido por razones presupuestarias, mientras que en muchos casos se superan los anteriores requerimientos de horas hombres dedicados a la seguridad consorcial.
Las conclusiones sobre la mal llamada Inseguridad podría comenzar a abordarse desde ángulos no tenidos en cuenta hasta el presente por los responsables en la materia. Por ejemplo:
Debería indagarse sobre las verdaderas causas de la aparente deformación moral de los jueces, que presuponen que las víctimas son victimarios sociales de los delincuentes y por ende los dejan en libertad o no les aplican las penas que corresponden.
Capacitar a los fiscales en métodos y sistemas de investigación que no se basen únicamente en textos legales, sino en disciplinas y ciencias más modernas aplicadas universalmente a la investigación del delito urbano.
Recortar la discrecionalidad de los funcionarios públicos sobre los desmedidos recursos económicos presupuestarios malgastados en temas secundarios de la seguridad.
Requerir de los políticos que agoten los interminables debates de diagnósticos sobre las causas de la inseguridad y adopten medidas concretas en favor de la restauración de la justicia y seguridad ciudadana extraviada desde hace bastante tiempo.
Recomendar a los grandes medios de comunicación gráficos y audio visuales que no abusen en la recreación interminable de hechos de inseguridad por el simple recurso de disponer de contenidos gratuitos a costo cero de producción.
Por supuesto que muchas de las cuestiones de fondo sobre esta materia no se podrán modificar sino se da comienzo a un verdadero proceso generalizado que tienda a instaurar algunos presupuestos básicos como son:
La instalación del Juicio por Jurados prescripto por la Constitución Nacional desde 1853.
La elección de jueces y fiscales por el voto directo de los ciudadanos con mandato por tres a cinco años.
La anulación del Concejo de la Magistratura.
La imprescriptibilidad de los delitos de sangre con la anulación de las condenas condicionales y de los regímenes de salidas tempranas o temporarias para los condenados a perpetuidad.
La supresión de la carrera de abogacía en las universidades privadas por los próximos veinte años, atento a la actual sobrematriculación en los colegios públicos de la profesión.
Cumplidas estas consideraciones Recién entonces podrá vislumbrarse un futuro donde la Seguridad deje de ser una utopía y se convierta en realidad para todos los habitantes de la nación.
A su vez, Juan Salinas Bohil, comenzó diciendo que conjetura que los integrantes de la sociedad argentina tienen una gran facilidad para la queja del tipo casi lacrimógeno (lo llamó efecto Tango) pero muy poco o nulo sentido de la participación en la comunidad circundante para su mejoramiento, por lo que considera de muy difícil solución el problema de la Inseguridad, máxime cuando el tema no fue debatido en ninguna de las contiendas electorales desde 1983 a la fecha.
Advirtió, además, que cualquier posibilidad de cambio (en este caso medidas que atemperen la Inseguridad, como por ejemplo las que aquí se propondrán), serán ignoradas por quienes administran en forma temporal el orden establecido con falsos argumentos del tipo “no hay dinero”, “el pueblo no está preparado (el juicio por jurados), “lo impiden pactos internacionales”, “no es el momento”, “no hay personal”, “el periodismo falsea los índices del delito” o “magnifica las cosas”, “¿qué quieren, poner presos a los chicos de tres años?”, “el delito bajó”, o, entre otras muchos, “los que dicen que el delito aumentó esconden intenciones destituyentes”.
Aunque el Ejecutivo nacional y sus pares provinciales sean máquinas perfectamente aceitadas de acumular poder (por imposibilidad de defensa o por tácito consentimiento de los otros dos), el gobierno federal está compuesto por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, siendo los gobernadores de cada provincia …“agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación” (Art. 128 de la Constitución Nacional), Debido a ello, no pueden ni deben dejar de tener responsabilidad en lo que acontece con el tema de la Inseguridad. Por eso es más que lamentable que en forma pública se echen culpas unos a otros, nieguen el problema o directamente lo ignoren. Pero la cuarta pata del problema es el electorado, porque políticos, funcionarios y jueces son emergentes de la sociedad que directa o indirectamente, los elige. Por eso, el “que se vayan todos” se encuentra muy emparentado con la afirmación que nace de la imposible constatación acerca del “yo no los voté”.
Se hablará en este Encuentro solamente de delitos a la propiedad y a la vida, no obstante que sean públicos otros hechos gravísimos como los que se producen con las finanzas y los dineros públicos que provocan los mismos resultados, aunque de manera mucho más lenta. Argentina es un país corrompido casi hasta la médula y a merced de toda clase de bandas. Las hay de todos los gustos y edades, como las de estos culossucios que ahora se les ha dado por tomar colegios, cortar calles y agredir físicamente a los mayores, cuando en cualquier lugar del mundo ya estarían tras las rejas junto a sus padres, o mejor dicho junto a quienes los engendraron. Pero lo que subleva es que sus “líderes” han sido publicitados como si fueran premios Nobel, contando, además, con el salvoconducto que les otorgó la Casa Rosada y el silencio pusilánime de la oposición política que considera que oponerse frontalmente al delito (cortar colegios, agredir a transeúntes y cortar calles lo son) les resta votos. ¡Viva la anarquía!
Si hace un poco más de 20 años, en las grandes ciudades se comenzaron a enrejar las puertas y ventanas que daban a las calles, hoy también el enrejado es obligatorio en el interior de las casas porque los delincuentes circulan con total impunidad por los techos de las viviendas, mientras que por las calles roban a pleno luz del día ruedas o baterías de automóviles. Ni qué hablar de la carta blanca que portan carteristas extranjeros para vaciar con total desparpajo bolsillos y carteras en los subterráneos de esta Ciudad. La Inseguridad se ha ido agravando considerablemente y gobierno tras gobierno parecen competir en inoperancia. Últimamente, los funcionarios que en teoría deberían ocuparse del tema han manifestado “el delito bajó”. Podría contestárseles: “¿Dónde que nos mudamos?
El delincuente no es el típico producto corrompido por la sociedad como fundamenta la izquierda liberal gracias a Rousseau. Piensa, luego actúa. Es un ser con discernimiento pero con distintos valores a los de sus víctima. Piensa ¡y vaya si piensa! en tres cosas antes de cometer su fechoría: 1) qué posibilidad tiene de ser aprendido; 2) de ser condenado; 3) y de cumplir esa condena. La respuesta es obvia: ninguna. Por eso Argentina es el paraíso de la delincuencia de todo tipo y tenor. Y quien piense lo contrario, debe creer que vive en Suecia.
Cuando hace dos años los integrantes de MAIS impulsamos la idea de un servicio militar-social (http://www.mais.org.ar/propuestas.htm) con algunas características diferentes a las bosquejadas por grupos similares en otras partes de Argentina, lo hicieron en el convencimiento de que con seguridad no podría ser esa la solución perfecta para encaminar la vida de millones de jóvenes que carecen de trabajo, estudios, familia o son carcomidos por el alcohol y la droga luego de ocho años de pasado el inicio del milenio. Creíamos – y lo seguimos creyendo aún – que lo mejor sigue siendo enemigo de lo bueno. Es de lamentar que la situación se haya agravado enormemente.
Sin embargo, de alguna manera nos hemos sentido reconfortados porque parte de la idea fue tomada por dos políticos en boga y personajes públicos como la señora Susana Jiménez que dijo que había que volver al servicio militar obligatorio (cosa que no proponemos tal cual era conocido). Tal afirmación le valió el amplio repudio de toda la izquierda argentina subvencionada (y el silencio de la socialdemocracia parlamentaria) y hasta de un general de apellido Dotto que telecomandado retrucó con un “Los cuarteles no son reformatorios”. Por supuesto que el general no tocó a degüello en soledad sino que fue acompañado por su ministra, el de Justicia, y entre tantos otros por Hebe de Bonafini que exclamó con la diplomacia e impunidad que la caracteriza: “Estas vedettes se atreven a hablar de Derechos Humanos cuando bailaron y se acostaron con los represores". Dime entonces quién está contigo y te diré quién eres y qué intereses defiendes.
La justicia rápida no puede ser considerada verdadera justicia, pero la lenta, lentísima que existe en Argentina, tampoco. Esta última, en especial la que atañe a hechos delictivos supuestamente cometidos por funcionarios públicos en mucho se parece a los famosos juicios de residencia con que la corona española sometía a revisión todos los actos de los funcionarios al término de sus actuaciones. Como ahora, una especie de juicio “bueno para nada”.
La Corte Suprema sufre el mismo descrédito que toda la Justicia porque sus fallos, como los de cualquier juez, son discutidos hasta el paroxismo o no son cumplidos. Eso no se ve bien. Sería beneficioso para la sociedad que dos de sus integrantes abandonen el sitial en el que han sido colocados porque no sólo no representan los intereses de una inmensa porción de la ciudadanía sino que además se muestran abiertamente en su contra.
Debe implementarse como marca la Constitución desde 1853 el Juicio por Jurados (arts. 24, 75 inc.12 y 118) para ver con claridad cuál es la forma de pensar del pueblo, totalmente alejada y opuesta de la que impone coercitivamente el poder político. Debería llamar poderosamente la atención que se intente que una norma fundamental del estado de derecho pierda lentamente vigencia por el solo hecho que los tres poderes de la República no la hagan cumplir.
Nos encontramos en un tiempo en que el sindicalismo pide que se haga cumplir uno de los “derechos” consagrados en el artículo 14 bis mientras los demás duermen el eterno sueño de los justos. Si los vamos a poner en vigencia, ¡pongámoslos a todos! y no tan solo aquellos en que se mueven grandes sumas de dinero. Y si quienes deben hacer cumplir nada más ni nada menos que la Constitución Nacional, encaramados en los más altos niveles del Gobierno, la violan abiertamente, establecen un grado de opresión del tipo feudal al mismo tiempo que se convierten en agentes subversivos dentro del Estado a quien representan. Darían motivo con esa actitud a un legítimo “derecho a la resistencia” por parte del pueblo para garantizar los derechos conculcados y poder así “alcanzar su seguridad y felicidad” como reza la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776, país a cuyos principios rectores la dirigencia se acopla únicamente cuando le conviene.
En cuanto a los fiscales, éstos deben ser electos por el voto popular y los juzgados que atienden los casos criminales tienen que atender las 24 horas del día, salvo que los cuerpos de bomberos, policías y hospitales puedan abrir sus puertas durante seis horas diarias corridas por la mañana y de lunes a viernes. Si la policía es el brazo armado de la ley, los fiscales deben encabezar los procedimientos contra el delito de manera de controlar que todo se haga correctamente. La población debe conocer los nombres y fotografías de los narcotraficantes apresados en los últimos años – si los hubiese –.
Como la cadena suele cortarse por lo más delgado, son muchos los que echan sobre las espaldas de la policía todos los males conocidos y por conocer. A pesar de ello, en este punto, el panelista afirma que entre el uniformado y el delincuente, siempre elegirá al primero.
La policía transita la misma dirección que el delincuente pero en sentido contrario, por lo que toda desviación debe ser castigada severamente. Los magros sueldos de sus integrantes los han llevado a privatizarse prestando servicios en los famosos “adicionales” de custodia de kioscos, supermercados, bancos, financieras, restaurantes, camiones de seguridad bancaria, paseos de compras, boleterías de estaciones de subterráneos, ferrocarril y terminales de colectivos, cobrando dinero “en negro” que los obligan a “servir” hasta doce horas diarias. Debe cesar en forma inmediata en esa tarea triplicando su salario a la par que debe reclutarse personal mucho más capacitado que el que en la actualidad ingresa a las distintas fuerzas.
La droga ha pasado a ser mercadería de consumo legal. Es urgente radarizar el espacio aéreo argentino en toda su extensión y otorgar permiso a la Fuerza Aérea para derribar toda aeronave que viole nuestra frontera sin permiso y que se haya negado a aterrizar en un lugar designado previamente por las autoridades. Por su parte, la Gendarmería debe volver a custodiar las fronteras porque prestando labor en ciudades y estaciones de ferrocarril, su función se ha desvirtuado.
Deben trazarse en las villas amplias calles asfaltadas y poner en funcionamiento en cada una de ellas un completo destacamento policial – con una comisaría de la mujer incluida – y una fiscalía. Tal acción tiene como objeto proteger las vidas y los bienes no sólo de los que viven fuera de ellas sino, fundamentalmente, de sus habitantes.
Se podrá decir que las medidas propuestas han sido pronunciadas por un radical: es cierto. También lo es la furia de la delincuencia. Es tiempo que los responsables finalicen con sus sesudos análisis y pongan manos a la obra en el tema, porque lo que sucede lo sabemos todos. Algunos (¿algunos?) diferimos en las causas y las soluciones.
