En la foto: CFK. Un empresario elevó ese pedido
porque, sostiene, “no existe” otorgamiento de título alguno de abogada ni
matricula por parte de la Universidad Nacional de La Plata.
Un empresario de medios de la ciudad de
La Plata reeditó, con una denuncia, una polémica de larga data en cuanto a la
condición académica de la presidenta Cristina
Fernández. Cuando parecía que el diferendo había quedado saldado, un
ciudadano particular solicitó el “juicio político” para la primera mandataria
por la supuesta “usurpación” de su título de abogada.
Se trata de Marcos Panissal Arana, quien presentó su denuncia hace poco menos
de un año, más exactamente el 13 de diciembre, un día después de que la
Presidenta asumiera su segundo mandato. El empresario platense elevó su pedido
a las cámaras de Senadores y Diputados y al presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Ricardo Lorenzetti,
“conforme las facultades otorgadas por la Constitución Nacional”.
En su petición -a la que tuvo acceso NOVA-, Panissal Arana sostiene que
“luego de hacer innumerables investigaciones he llegado a la conclusión de que
no existe otorgamiento de título alguno de abogada ni matricula por parte de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), por ende todo lo firmado hasta la
fecha es nulo de nulidad absoluta ya que para ser presidenta de la Nación se
requiere, entre otras cosas, los mismos requisitos que para ser senador”.
El empresario recurre al artículo 55 de
la Constitución, que establece que “para ser elegido senador se debe tener la
edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de
una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser
natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en
ella”.
Entre otros puntos, el empresario
manifiesta que “es de público y notorio conocimiento que la actual presidenta
fue electa senadora por la provincia de Santa Cruz siendo oriunda de la ciudad
de La Plata, y que para ser presidente de la comisión de asuntos Constitucionales
del Senado se debe contar con el título de abogado, es decir todo lo firmado
por Cristina Fernández es nulo de nulidad absoluta”. .
Respecto de las supuestas
"usurpación de títulos" y "adulteración de instrumento
público", Marcos Panissal Arana expresó que “el Código Penal sanciona el
primero de esos delitos con una multa, mientras que el segundo, en los
artículos 292 y 298, prevé uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta
para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”. .
Además, el empresario denunció que la
Presidenta “no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital
Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. En
Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto
en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás”.
“Tampoco está inscripta como abogada
responsablemente ‘autónoma’ ni como ‘monotributista’, por lo que jamás pudo
haber facturado en la profesión –explicó en su denuncia-. Sólo aparece
inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy
claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar”.
“En caso de no ser abogada y haber
firmado como tal en Comodoro Rivadavia, estaríamos frente a un grave delito”,
dijo Panissal Arana, y consideró que “asimismo, si hubiese sido abogada cuando,
junto con Néstor Kirchner, abrieron
en el año 1976 un estudio en Santa Cruz, tendría que haberse inscripto y
hubiese firmado presentaciones, escritos o documentos referentes a la
profesión”.
“En ninguna causa tramitada en la
metrópoli de Río Gallegos, aparece Cristina de Kirchner como abogada”, enfatizó.
Además, el empresario de medios platense
aseveró que “en el mismo sentido, no pude encontrar a ningún compañero de
graduación y menos aún testimonio alguno que certificara sus años de estudio
después del tercer año de ‘cursada’”.
“Yo he cursado en la UNLP y en la UCALP
durante muchos años y ningún profesor, compañero, adjunto, ayudante, portero,
utilero, bibliotecario, etc., la vio cursar o rendir materias de cuarto o
quinto año”, aseguró.
Por último, Marcos Panissal Arana
consignó en su denuncia que “en su curriculum vitae personal, que se ostenta en
la página web oficial del Gobierno Argentino, en vez de decir que ‘se recibió
de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales’, dice que ‘cursó
estudios de abogacía en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales’".