Por Emilio Nazar Kasbo
Los precios en la Argentina han quedado disparados, sujetos a los monopolios generados por la misma política gubernamental y beneficiados por ella. La intervención del Estado ha sido contraproducente, porque en vez de equilibrar la economía la ha dañado.
El Gobierno el 28 de enero de 2013 anunció un aumento del 20% de la alícuota del impuesto a las Ganancias, que se aplica a los trabajadores, obviando el hecho de que el trabajo no es una ganancia. Tal decisión provocó la suba de los reclamos en las paritarias, pero sin embargo el Gobierno ahora pretende poner un techo del 20% en los aumentos salariales en las paritarias, con vigencia para todo el año, independientemente de los cambios económicos que se pudieran suscitar.
Si se ajustara el salario a la inflación que sufre la Argentina desde el año 2003, el salario mínimo no debería ser menor a $ 15.000.
A su vez, se ha puesto un límite al cobro de las asignaciones familiares, evitando que se abone a todos los trabajadores y a los desocupados que están en el plan "Argentina Trabaja" (¿trabaja?). Lo mismo sucede con la ayuda escolar que se cobra al comienzo de las clases, que era de $ 130 en el año 2001, fue aumentada a $ 170 en 2008, y si fuese ajustada por la inflación debería ser por lo menos de $ 800, en tanto que solamente la cobrarán las familias en el que ninguno de los padres tenga un ingreso mayor a $ 7.000. Entre el año 2010 y 2012, un millón 400 mil familias perdieron ese derecho.
Otro hecho no menor, es que la prestación del Seguro por Desempleo, cuando se percibe al 100%, es de $ 400, para lo cual debe tener el trabajador despedido una antigüedad en el trabajo superior a 3 años, pretendiendo el Estado que con esa suma está "ayudando" a quien perdió su empleo. Claro, ¡si con $ 6 diarios ya no es indigente, tiene para comer durante 30 días, y le sobran más de $ 200 para gastarlos en lo que quiera!
Otro caso, es el tope no actualizado del Reaseguro respecto del Seguro de Vida obligatorio que las Empresas deben contratar. Al no actualizarse dicho valor, ha quedado rezagado el precio que se debe entregar a los deudos del trabajador fallecido, una cuestión que corresponde al INDER. Y así, son numerosos los casos.
No se puede pasar por alto que continúa el robo a los jubilados, ya que no les es reconocido el 82% móvil que les corresponde después de una vida de haber aportado. O el personal del Estado o de las Fuerzas Armadas, que perciben sumas "no remunerativas" que inciden en la indigencia de los jubilados o Retirados.
Mientras tanto, los reclamos salariales de los docentes, por ejemplo, superan el 30%, y amenazan con no comenzar las clases. Mientras tanto, el 15 de febrero se cumplirán 6 años desde la intervención del INDEC, para convertirlo en un instrumento de ficción económica.
Esto no es Justicia Social, no hay Justo Salario ni Justo Precio... El Estado anticatólico, en la persona de los funcionarios oficialistas, suple la función del avaro patrón anticatólico liberal que adora el becerro de oro con su avaricia sin límites, fuera de toda ley humana y por sobre todo en contra de la Ley de Dios. Nos gobierna la usura. Pero para el Gobierno, ¡está todo bien!
