Por Arturo Navarro (*)
La falta de una política de estado para cubrir los riesgos climáticos es una de las grandes deudas del estado con el sector agropecuario. No hay explicación que justifique porque el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las entidades agropecuarias y la misma oposición, no incorporan en la agenda para el sector una propuesta integral de políticas de estado para atender los eventos climáticos, que ponen en riesgos la existencia de muchos productores y limitan los ingresos del estado.
En cualquier país desarrollado y a desarrollarse, la atención de estos problemas no está en las manos de las decisiones discrecionales de los funcionarios como ocurrió con el secretario de Comercio Guillermo Moreno. Tampoco con medidas parciales como dispone la actual ley de emergencia agropecuaria que solamente posterga compromiso, como fue el anuncio de la presidente de Nación Cristina Fernandez de Kischner. En dichos países cuando aparecen los diferentes riesgos climáticos, los instrumentos institucionales creados para ese fin gatillan automáticamente, para poder atender en tiempo y forma las necesidades de los productores, sin poner en riesgo los recursos del estado porque están previsto los fondos anti cíclicos.
Con la actual legislación los gobiernos van a sigue siendo socio en las ganancia y se olvida del productor ante los desastres climáticos. La actual situación lo confirma. El sector agropecuario aporto desde el 2002 a la fecha por retenciones a la exportación más de 25 mil millones de dólares y hoy tiene que andar mendigando unos Kg de maíz para poder subsistir. Un año de vacas gorda como fue el 2008, hubiera sido un gran momento para cambiar dichas políticas Es de esperar que la dimensión de las pérdidas en los ingresos del estado por todo concepto, pueda servir de incentive a la dirigencia en general a trabajar en los políticas que hagan más previsible el trabajo del productor y las necesidades fiscales del estado.
Necesitamos una nueva ley de emergencia agropecuaria moderna que incentive el uso del seguro, debe ser complementaria al seguros agropecuarios y no lo debe reemplazar. Con solamente analizar las perdidas ocurridas en estos momentos nos podemos dar cuenta que la ley de emergencia actual, no alcanza para cubrir la magnitud de las perdidas no previsibles.
El segundo instrumento es el seguro agrícola. No por casualidad el 50% del área sembrada en el ciclo que cerró el 30 de junio del 2008 estaban aseguradas. Por lo tanto el riesgo empresario previsible no es responsabilidad del estado. Para poder mejorar dicha meta de 50% hay que promover políticas que permitan una cubertura más amplia en las aéreas de siembras, que represente una mayor valor de cubertura por hectáreas y puedan los productores más chicos tener un acceso más economico al bajar las primas del seguro, si deja de ser selectivo su uso en zonas de alto riesgo solamente y se convierte en un sistema más solidariamente como es en todas partes del mundo sin ser obligatorio.
Los dos instrumentos anteriores no pueden cubrir los riesgos por desastres y catástrofes no previsibles, por lo tanto son responsabilidades indelegables del Estado por medio de políticas públicas sancionadas previamente. Por lo tanto es fundamental la creación de fondo anti cíclico de vigencia permanente, que cubriría todos los riesgos ocurridos no previsible, no solamente en el sector agropecuario si no para el conjunto de todos los sectores e individuos, motivo por el cual los fondos tienen que ser aportado por toda la comunidad.
Los países que más rápido avanzaron en este tema instrumentaron mecanismos directos o indirectos para generalizar el uso del seguro sin ser obligatorio. Entre ellos, puedo mencionar la excepción de impuesto, subsidio directo a la prima y todos los métodos de inducción al uso del seguro. Concluyeron que era más barato para el Estado un sistema mixto público-privado que hacerse responsable de atender en forma directa y con sistemas obligatorios los riesgos climáticos.
Por todo lo expuesto, no se debe seguir soslayándose esta necesidad del productor y del país en la actual situación económica. No es una propuesta que sacrificar recursos fiscales al Estado. Todo lo contrario: es darles previsibilidad a la producción y al productor. Un sistema así es lo que acordaron la dirigencia sectorial y política en España en el pacto de la Moncloa en el año 1978 y hoy todavía tiene vigencia a pesar de los cambios de gobiernos y de los funcionarios.
Es de esperar que en el acuerdo del Bicentenario sea uno de los temas fundamentales de política de estado para acordar por nuestra dirigencia.-
(*) Consultor Agropecuario
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