5 millones de indigentes desaparecidos
El INDEC actualmente controla los índices inflacionarios de la mano de Guillermo Moreno, alterando las cifras reales de las tasas inflacionarias, de la producción y del crecimiento económico, arrojando resultados arbitrarios que no son para nada creíbles. Tales índices no son utilizados sino para cuentas oficiales, que al momento de ser ejecutadas acaban vencidas por la realidad: los presupuestos aprobados no alcanzan.
Lo descripto tiene como consecuencia la oficialización de un panorama socioeconómico que no es real, en tanto que las ganancias aducidas no resultan ser tales al ser devoradas por la inflación verdadera, y lo que es peor: omitiendo a la población que se halla por debajo de la línea de pobreza.
La distorsión del índice de precios al consumidor provoca la omisión de vastos sectores de la sociedad que no cuentan con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica. Como ejemplo de ello, el Gobierno afirma que durante el año 2008 la canasta básica aumentó un 10 por ciento, en tanto que las estimaciones privadas indican un incremento del 25 por ciento, por lo cual surge inmediatamente un mayor número de familias que aparecen en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas. De contabilizarse el índice inflacionario real, las familias referidas aparecerían como imposibilitadas de acceder a sus mínimas necesidades, y por tanto en situación de marginalidad.
Traducido a cifras, para el Gobierno la cantidad de personas debajo de la línea de pobreza afecta a 6.371.618 personas (un 17,8 por ciento de la población), mientras según las estimaciones privadas tal cifra alcanza a 11.383.002 personas (el 31,8 por ciento de la población).
Por este motivo, hay más de 5 millones de personas desaparecidas, omitidos de la política pública de asistencia social. Por tal motivo, se afirma que el gasto real en protección social para indigentes fue durante el año 2008 un 28 por ciento más bajo que en 2006.
Con un análisis provincial, teniendo en cuenta los indicadores reales no oficiales, la indigencia alcanza casi un 50 por ciento en varias provincias (en el Chaco sería del 49,3 por ciento).
Los indicadores oficiales más creíbles llegan hasta el segundo semestre de 2006, momento en el cual el Gobierno empezó a manipular de manera explícita los índices. Al final de toda la maniobra política y económica tras la debacle de fines del año 2001, el país vuelve a tener la misma cifra de indigentes... mientras se declama a los cuatro vientos que se lleva a cabo una política "progresista" e izquierdista de distribución de ingresos. Es claro, entonces, hacia dónde lleva esa política: al genocidio económico de una Nación que tiene origen, raíz y esencia católica.
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