31er Aniversario a las Víctimas del Terrorismo en Plaza de Mayo

En la foto: Emilio Guillermo Nani, mientras se congregan los manifestantes en la Plaza de Mayo    

    

   

   

El día martes 07 de abril de 2009, a las 18:30 horas se desarrolló en Plaza de Mayo el 31° Homenaje a las Vícitmas del Terrorismo. Después de pintar el símbolo de AFYAPPA (Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos en Argentina) en el suelo de la histórica plaza, dirigió unas palabras el Teniente Coronel (R) Emilio Guillermo Nani, cuyo contenido presentamos a continuación. A todos los que hicieron posible este acto, como siempre nuestro eterno agradecimiento. 

 

Palabras del Teniente Coronel (R) Nani:

Quiero agradecerle a la señora Cecilia Pando, la deferencia que ha tenido al permitirme hablar ante Uds. en éste Trigésimo Primer Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Si algo ha caracterizado a este gobierno, además de la falta de imaginación, es su genuina incapacidad para elaborar un plan de gobierno sustentable que le permita hacer frente al grave peligro por el que atraviesa nuestro país. Es así que siempre va detrás de los problemas adoptando medidas en forma apresurada, que lo único que consiguen es agravarlos aún más.

Educación, salud, pobreza, indigencia, desempleo, relaciones exteriores, defensa, economía, energía, seguridad, al igual que la cultura, no parecen ser temas prioritarios.

El rencor, la revancha, la intolerancia, la mala educación, la prepotencia, la confrontación constante, los desplantes, el repudio a cualquier tipo de disenso, la implementación de un verdadero plan sistemático de destrucción de las instituciones, la apropiación de la suma del poder público ante la resignación y el incumplimiento de responsabilidades por parte de los Poderes Legislativo y Judicial; las constantes violaciones a la Constitución Nacional –que han convertido en perjuros a todos aquellos que han jurado velar por su cumplimiento y, por sobre todo, la torpeza en el manejo de la cosa pública, son algunas de las manifestaciones de un gobierno que no sabe para qué llegó, ni para qué está y, lo que es más triste aún, ni a dónde quiere ir.

Ante esta cada vez más que evidente incapacidad para solucionar los delicados problemas, creados o agravados por esta corporación política, la única idea que les ha caído es la de continuar su ofensiva contra las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias, por medio de otro tipo de terrorismo, más solapado pero igualmente cobarde, que hoy abusa de las debilidades de las instituciones, de la apatía de la sociedad y de la decadencia de un Estado corrupto que, sin prejuicios ni pudor algunos, ha diseñado una justicia a medida para cobrar nuevas víctimas.

En el pasado el accionar terrorista se caracterizó por el asesinato a mansalva, el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, como metodología para la toma del poder, segando la vida de cientos de argentinos. En el presente, otros terroristas, aquéllos que en los ’70 nada arriesgaron y mucho colaboraron con el gobierno militar, han logrado que muchos jueces, presionados por el Poder Ejecutivo y amenazados por el Legislativo por convicción, omisión, corrupción o simple cobardía hayan adoptado al prevaricato como metodología para hacer justicia, lo que es aceptado silenciosamente por una sociedad que, a esta altura demuestra graves síntomas de decadencia moral.

Como consecuencia de un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, que disponía la inmediata libertad de los militares que llevaban varios años bajo proceso, vulnerando claras disposiciones constitucionales y legales, los apologistas de la revancha han salido de sus madrigueras a vociferar su odio. Desde considerar la medida como "una vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial", proponer la destitución de los magistrados, hasta incitar ataques a sus familias, se ha oído y leído de todo.

La “vergüenza nacional” comenzó en 1984 cuando, el entonces presidente Raúl Alfonsín, dispuso que se violentara el Artículo 18 de la Constitución Nacional al impulsar juicios con instrumentos legales posteriores a los hechos considerados porque, con esa decisión, comenzó la desarticulación del Estado, algo inaceptable en un gobierno en el que la masa del pueblo argentino había depositado su confianza, anhelando la recuperación de la institucionalidad.

El propio Alfonsin, al comprobar el daño ocasionado al Estado de Derecho, promulgó las Leyes de Punto Final y la inaceptable de Obediencia Debida, como punto de partida hacia su restauración. Los que lo sucedieron, continuaron el camino trazado mediante indultos y conmutaciones de penas, construyendo el delicado puente hacia la pacificación y reconciliación nacionales.

Pero ya era tarde, el odio y la sed de venganza habían calado hondo en un pequeño sector de la sociedad, los que fueron hábilmente aprovechados por los integrantes del gobierno instalado el 25 de Mayo de 2003, quienes sin haber evidenciado en años anteriores la menor preocupación por la defensa de los derechos humanos, supieron usarlos en beneficio propio buscando una fortaleza que les era esquiva, desatando sobre nuestro país un vendaval de medidas destinadas a arrasar con las instituciones de la Patria y a provocar cuanta acción fuera posible para dividir y enfrentar a los argentinos.

La presidente, al inaugurar el salón de la mujer en la Casa de Gobierno, rodeada de madres de terroristas, dijo “que cuando encontramos gente que queda en libertad, pese a haber cometido un sinfín de delitos, teniendo los instrumentos y las leyes para que esas personas queden en prisión, creo entonces que la responsabilidad es de la Justicia” .

Al ver lo resuelto por el conjuez Octavio Aráoz de Lamadrid en los sobreseimientos de Guillermo Moreno, Nilda Garré y Julio de Vido y lo que sucede con causas como la de los fondos de Santa Cruz, Skanska y las valijas de Felisa Miceli, Claudio Uberti y Southern Winds; las del origen de los fondos para la financiación de las campañas políticas del FPV, del descontrol en el manejo de los fondos de la ANSES, de la estafa con los índices del INDEC y la desaparición de Julio López; las del uso de fondos y recursos el Estado en beneficio propio, la venta a precio vil de terrenos en El Calafate y Caleta Olivia, el despilfarro de los subsidios de Ricardo Jaime, el asesinato del policía de Santa Cruz Jorge Sayago, los sobreprecios de la obra pública de De Vido, el asesinato de Cacho Espinoza de CONARPESA o el avasallamiento de los órganos de control, no puedo menos que coincidir con ella en sus apreciaciones.

Sobre los escombros del Poder Judicial, los ministros de la CSJN reconocidos constitucionalistas y especialistas del Derecho en su enfrentamiento con el gobierno nacional, se limitan exclusivamente a la falta de recursos para encausar a aquéllos que tuvieron la responsabilidad de liberar a la Argentina del flagelo del terrorismo, sin hacer la menor mención a que la Justicia también es remolona (cuando no inexistente) a la hora de instruir las causas en las que están involucrados funcionarios, legisladores o jueces, como por ejemplo, la contumaz comisión del delito de prevaricato por parte de estos últimos que en su afán de saciar el hambre de revancha de una minoría violenta y rencorosa, vulneran nada menos que 22 principios fundamentales del Derecho, para privar de la libertad a miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias y civiles.- Ellas son:

1. Anulación de los indultos que los beneficiaban, dejando vigentes --en una desvergonzada decisión propia de estados totalitarios-- los que protegían a los miembros de las organizaciones terroristas.

2. A anulación de las leyes llamadas de obediencia debida y punto final.

3. Condena por aplicaciones de prisiones preventivas permanentes y no ajustadas a sus fines cautelares.

4. Violación del principio constitucional de presunción de inocencia.

5. Violación del principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces que designaba la ley antes de los hechos de la causa.

6. Imputación de delitos de "lesa humanidad" y de la figura de "genocidio", categorías que no existen en el Código Penal ni en la Constitución Nacional.

7. Violación del principio de irretroactividad de la ley penal.

8. Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos (non bis in idem – no dos veces por lo mismo).

9. Violación del principio de aplicación de la ley más benigna.

10. Inobservancia de la garantía constitucional del derecho de defensa.

11. Aceptación de testimonios mendaces y testigos falsos.

12. Negación de excarcelaciones bajo fianza.

13. Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural.

14. Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados.

15. Violación del principio de igualdad ante la ley.

16. Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual.

17. Violación del principio de territorialidad.

18. Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas.

19. Violación del principio de doble instancia.

20. Cercenamiento del derecho a repreguntar a testigos.

21. Inobservancia de la garantía de intervención del juez dentro de su competencia.

22. Inobservancia de la garantía constitucional del juez imparcial.

Estos supuestos juristas, que se debaten por los recursos mientras aniquilan el Derecho, no pueden ignorar las aberraciones jurídicas que se están cometiendo para satisfacer las necesidades de las tapas de los diarios y del poder de turno.

Sepa la sociedad que, si continúa tolerando silenciosamente la existencia de una justicia “hecha a medida” para algunos de sus integrantes, el día de mañana, esta clase de jueces actuarán de la misma manera a la hora de impulsar juicios, con la finalidad de no enojar a sus mandantes.

Emilio Guillermo Nani

Tcnl (R) - VG