TRES GENERALES DE PRESTIGIO, A MARCOS PAZ

Pese a ser octogenarios y estar enfermos. 

Antecedentes y entretelones

Por Carlos Manuel Acuña

En lo que parecería ser una escalada ideológica y política ejecutada por el gobierno en la creencia de que tendría un impacto que le sería favorable electoralmente, la justicia interviniente en el juicio que se ha incoado contra los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen, Osvaldo García y otros militares retirados de destacada trayectoria, acusados por presuntos delitos cometidos durante la Guerra Antirrevolucionaria, hace unas horas se les suspendió a los nombrados la detención domiciliaria a la que tienen derecho por su edad y mal estado de salud y se los trasladó al penal de Marcos Paz donde en los hechos carecerán de la necesaria atención médica.

Por lo que se sabe y tal cual sucedió en otros casos, ninguna autoridad del Ejército intervino en este asunto que comenzará a avanzar en el terreno legal cuando el 3 de junio inicie su trabajo el Tribunal Oral de Olivos en la causa 2005 titulada Omar Riveros y otros.

Para algunos observadores de este y otros procesos, lo ocurrido no debe llamar la atención pues desde el propio Poder Ejecutivo se impulsan esta clase de acciones que ya se registraron en otros casos que han llevado a la cárcel a centenares de militares, personal de seguridad y policías por haber intervenido en la guerra que derrotó a los subversivos de ese entonces. Desde el gobierno central, el principal organizador de estos problemas fue el actual secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, uno de cuyos nombres de guerra era (o es) Demian, aunque también utilizaba otros cuando intervenía en la planificaciones de actos de terrorismo.

La titular del juzgado que interviene en este asunto es Lucila Larrandart, una afiliada o ex afiliada al Partido Comunista Argentino, quien egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1965. Dejada cesante en 1976, se dedicó intensamente al montaje jurídico cuya aplicación se inició una vez producida la derrota militar de las bandas terroristas, lo que la ubica en los niveles superiores del proyecto extremista que se desarrolló desde la Unión Soviética con la directa intervención del Estado Cubano como parte de la Guerra Fría que existía en el mundo bipolar de ese entonces. Larrandart se sumó a las actividades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que en la actualidad dirige el agente de inteligencia Horacio Verbitsky, organismo que opera con fondos provenientes del exterior como, por ejemplo, la Fundación Ford. El rol cumplido por la Juez interviniente tuvo una acabada expresión en la conferencia que dictó en 1999 con el título "Desarrollo de una estrategia jurídica desde la dictadura hasta el presente", según consta en la página web del CELS y también con el trabajo que desarrolló desde 1984 en la secretaría de la CONADEP creada durante la presidencia de Raúl Alfonsín para orientar todo lo atinente a la utilización política de los terroristas caídos durante la Guerra Revolucionaria.

Más aún, la ahora Juez Larrandart recorrió las instalaciones de Campo de Mayo para detectar presuntos lugares de detención de terroristas; ya para ese entonces estaba enrolada en la corriente garantista cuya doctrina permisiva respecto del delito está firmemente instalada en determinados estrados judiciales de la Argentina. Durante esa gestión se conectó con quienes actuarían como testigos en las causas posteriormente creadas para "juzgar" a los militares, previo montaje de una sostenida acción psicológica que consistió en alterar la historia de la guerra perdida por los terroristas y, al mismo tiempo imponer en el léxico utilizado con ese fin para influir en la opinión pública, vocablos a los que se les dieron un sentido peyorativo. Así, se impusieron mediáticamente palabras comorepresores o genocidas para sindicar a quienes intervinieron legalmente en los graves acontecimientos del pasado o a quienes evalúan lo ocurrido con la necesaria objetividad.

Es interesante proseguir con este análisis de quienes tendrán la responsabilidad de impartir Justicia. Héctor Oscar Sagretti - un ex defensor oficial - es vocal del Tribunal de referencia y hasta muy poco integró la Comisión Nacional para la Identidad de las Personas (CONADI), dependiente del ya mencionado Secretario de Derechos Humanos Luis Eduardo Duhalde, querellante en la causa. Actualmente, Sagretti figura en el CONADI como Asesor Honorario y no oculta su estrecha vinculación con las llamadas Abuelas de la Plaza de Mayo, especialmente con la titular de esa organización activista, Estela de Carlotto.

A raiz de estos antecedentes demostrativos de una tendencia ideológica y política en constante ejecución, ambos magistrados fueron recusados con causa, pero todos los argumentos en tal sentido fueron rechazados por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada, entre otros, por los doctores Yacobuci y García quienes fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por la Secretaría de Derechos Humanos y sobre quienes pesa la perspectiva de un juicio político con las consecuencias que ello debería implicar.

Otra integrante es Marta Isabel Milloc quien proviene de Tierra del Fuego, pero su escasa personalidad a igual que Sagretti, la ha convertido en una dependiente de la mencionada Larrandart cuya decisión de modificar el estado de detención domiciliaria la ha llevado a violar lo establecido en la Ley 24.660, lo estatuído por el Artículo 18 de la Constitución Nacional, los artículosXXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 5.2 de la Convención de Derechos Humanos, tal como lo reconocen los considerandos del decreto 1058/97, referido a la aplicación del Artículo 33 de la Ley 24.660.

Pero al margen de toda esta normativa vulnerada contra personas mayores y enfermas que cumplieron rigurosamente con las normas vigentes para la prisión domiciliaria, cabe señalar que la proximidad de las elecciones, los numerosos casos similares, la detención de personas durante años sin sentencia alguna, muestra un escenario donde los acontecimientos políticos que se preven a medida que se acercan los comicios, fortalecerán la estrategia adoptada por el kirchnerismo de utilizar en su favor los argumentos extremistas como fórmula para avanzar políticamente y obtener el apoyo de sectores que no desea que lo molesten. Simultáneamente y de acuerdo con lo que se conoce, estos grupos podrían participar activamente de un proyecto destinado al intento de superar un traspié político-electoral.