El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón tendrá que declarar como imputado ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación en relación con la causa que abrió en 2008 para investigar los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975) y la anterior Guerra Civil (1936-1939).
El Tribunal Supremo admitió el trámite de una demanda interpuesta contra Garzón por el sindicato español Manos Limpias, el cual acusa al magistrado de prevaricación, es decir, de haber dictado resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran.
Según Manos Limpias, el juez se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo. Asimismo, este sindicato solicita que Garzón sea suspendido de sus funciones mientras se termina de instruir el procedimiento.
Manos Limpias está dirigido por Miguel Bernard, responsable del partido Fuerza Nueva, que se inspira precisamente en las ideas del franquismo.
En una primera reacción, el magistrado restó importancia a la admisión de la demanda y enfatizó que no tiene conciencia de haber cometido delito alguno por haber querido investigar los crímenes del franquismo, una causa que finalmente tuvo que abandonar a raíz de un recurso presentado en su momento por la fiscalía.
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