ELEVAN A JUICIO LA CAUSA CONOCIDA COMO “MASACRE DE TRELEW” EN COMODORO RIVADAVIA

Unsolodemonio remitió a la casilla de correo del Diario Pregón un mail bajo el título “Ibarzábal”. El contenido del mail es la reproducción de una nota del diario oficialista Página 12 del día 11 de mayo pasado, en la cual se hace referencia a que en los Tribunales de Comodoro Rivadavia fue elevada a juicio la causa por la “Masacre de Trelew”.

¿Qué sucedió en Trelew?

Durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, el 15 de agosto de 1972 a las 18:30 horas se inició un masivo intento de fuga de la cárcel de Rawson, ciudad capital de Chubut, en el cual lograron su propósito solamente 6 de los 110 reclusos. Los mismos se encontraban allí por ser miembros de ejércitos celulares constituidos en organizaciones armadas irregulares, como Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, todos los cuales habían planeado su escape, sicarios del marxismo internacional.

El planificador y jefe del operativo era Mario Roberto Santucho, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque algunos testimonios afirman que Marcos Osatinsky (de las FAR) había comenzado a planificar la fuga aún antes de la llegada de Santucho al penal. Ambos, junto a Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el denominado “Comité de fuga”, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford "Falcon" que los esperaba, y trasladarse al aeropuerto de Trelew para abordar una aeronave comercial BAC 1-11 de la empresa Austral, previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes viajaban como pasajeros. Todos estos detalles brindan una idea de la estructura, recursos y capacidad logística de la cual disponían los terroristas guerrilleros en aquellos años, con graves prontuarios ya en ese entonces que acusaban su alta peligrosidad.

Los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa interpretación de las señales preestablecidas (o tal vez haya sido una “entrega”, según algunos sospechan). Sin embargo, un segundo grupo de 19 evadidos logró arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en que la aeronave despegaba rumbo al vecino país de Chile, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende.

Al ver frustradas sus posibilidades, tras ofrecer una conferencia de prensa, dicho contingente depuso sus armas sin oponer resistencia ante los efectivos militares de la Armada, que mantenían rodeada la zona, en presencia de periodistas y autoridades judiciales. Más tarde, los 16 militantes serían fusilados en la base aeronaval Almirante Zar, en 1972 (es decir, los hechos no pertenecen al llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, sino que se trata de sucesos de cuatro años antes del mismo).

El proceso judicial

La causa denominada periodísticamente como “Masacre de Trelew”, está caratulada como "Sosa, Luis Emilio; Bravo, Roberto Guillermo y otros de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado", y tramita por ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia ante el juez Hugo Sastre, quien ordenara su elevación a juicio.

Se trata del fusilamiento de 19 militantes políticos de ultraizquierda el 22 de agosto de 1972, 16 de los cuales murieron en el acto, quedando los restantes gravemente heridos.

Según relata la elevación a juicio, "en la madrugada del 22 de agosto de 1972, siendo aproximadamente entre las 2.30 y 3.30 cuando Sosa, en compañía del teniente Bravo (hoy prófugo), capitán Emilio Del Real y el capitán Herrera (fallecido) se presentaron en el lugar de detención de la base aeronaval almirante Zar".

"Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo", describe Página 12 según el mail remitido por “unsolodemonio”.

Las víctimas "estaban orientadas hacia el ingreso del mismo algunos y otros hacia las celdas de enfrente y disponiendo que miraran hacia el suelo tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos", indica el texto que Sastre dirigió a la cámara.

Los fusilamientos fueron justificados en aquel momento con una versión oficial de "intento de fuga".

Los fusilados

Como consecuencia del fusilamiento fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no murieron, ya que "fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado".

Cabe destacar que desde el punto de vista de la moral católica, sólo se puede matar a otra persona cuando es en defensa propia, o en una causa que justifica la defensa de la sociedad (como puede ser un estado de guerra o la pena de muerte dictada por autoridad competente); asimismo, no pueden ser juzgadas con normas de Paz los hechos acaecidos durante una guerra.

Se afirma en la elevación a juicio que "este cuadro fáctico ha sido calificado jurídicamente como Homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o mas personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real".

Las ejecuciones

En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de seis cuadros de la Armada: Luis Emilio Sosa, teniente Roberto Bravo, Capitán Emilio Del Real, Capitán Herrera (fallecido), Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido).

El ex cabo Marandino cumple prisión efectiva en la alcaidía policial de Trelew, el único de los que participó en el fusilamiento que reconoció haber estado presente, dando su versión sobre detalles de lo ocurrido en la esa madrugada.

Los restantes refirieron la versión oficial de un "intento de fuga", y tras permanecer unos días detenidos primero en comisarías y luego en la prisión de Marcos Paz, lograron el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y padecer problemas de salud.

"Marandino dice haber estado en el lugar pero asegura que no disparó, aunque en la instrucción queda claro que él estuvo y también fue parte del procedimiento, incluso dice haber estado detrás de un biombo a donde supuestamente lo mandaron para que no vea y ese biombo no existió", explicó el secretario penal Gustavo Lleral.

Con la elevación a los tribunales de Comodoro Rivadavia, el juez Sastre desestima un "pedido de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal por amnistía" planteado por la defensora oficial Mirta Seniow de Gando.

Además de los mencionados se acusa a Rubén Norberto Paccagnini (jefe de la base), Horacio Alberto Mayorga y Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento. Paccagnini y Mayorga no aparecen en la causa "disparando" en la escena del crimen, sino como parte de una cadena de mandos que "habría ejecutado órdenes emanadas del entonces presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, de ultimar a los diecinueve detenidos en la base".