BATALLON 601: DESCLASIFICAN IDENTIDADES DE QUIENES OCUPARON CARGOS

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) entregó a la Justicia documentación sobre el Batallón 601, por la cual se conocerá las identidades de los militares y civiles que trabajaron para la inteligencia militar durante el gobierno del Proceso Militar (1976-1983).
La información es solamente una relación de cargos ocupados, y la ocupación de un cargo no resulta delictiva en sí, a no ser que se quiera detener, acusar, procesar y condenar a todos aquellos que ocuparon un cargo durante dicho período, lo cual sería lisa y llanamente convertirlos en presos políticos, no por haber cometido delito alguno, sino simplemente por ocupar un cargo.
La presidente Cristina Kirchner firmó un decreto de desclasificación de información secreta del Ejército referida al período 1976-1983 a principios del mes de enero de 2010, atendiendo al "derecho de la sociedad a conocer su pasado".
Como si tal documentación fuese suficiente prueba acreditante de delitos, fue entregada al juez federal Ariel Lijo. Se trata de los datos de 3.952 civiles y 345 oficiales del Ejércitos que trabajaron para el Batallón 601, según expresó al periodismo Ramón Torres Molina, presidente del Archivo.
"La información del 601 se distribuía entre los distintos cuerpos del Ejército y todo el personal de inteligencia militar se desempeñaba en centros ilegales de detención", afirmó Torres Molina, englobando a todos en afirmaciones universales sin probanza alguna. Asimismo, dijo que el Batallón reclutaba a informantes civiles avalados por personal militar o por otros agentes, y que el personal civil se elegía en todo tipo de actividades, desde profesores universitarios a trabajadores de maestranza (conserjes, porteros, empleados de mantenimiento en edificios), pasando por choferes, ex integrantes de las Fuerzas Armadas o jóvenes que habían terminado el servicio militar. Según esta versión, los agentes civiles reunían información o se infiltraban en grupos guerrilleros y organizaciones de derechos humanos, cobraban del Ejército y estaban divididos en categorías que se repartían en análisis de datos, grupos de apoyo e infiltrados con seudónimos -cuyas iniciales coincidían con las de sus verdaderas identidades- que podían alcanzar el equivalente al grado de coronel.
Torres expresó asimismo que tal estructura fue creada a principios de los años '70 y que se mantuvo al menos hasta el año 2000, cuando el Ejército despidió a unos 500 agentes civiles de inteligencia y disolvió el Batallón 601.
Además, Torres reconoce que no existen pruebas documentales: "en 1983 el Comando en jefe del Ejército ordena la destrucción de toda la documentación relacionada con la llamada guerra contra la insurgencia por decreto". Sin embargo, afirma que "existe mucha documentación, pero no ha aparecido", y sin fundamento alguno inventa la existencia de supuestas pruebas en el exterior, contradiciéndose al reconocer que la colaboración mantenida con autoridades y organizaciones humanitarias en ambos países no ha confirmado esa hipótesis".