Por Norberto Zingoni *
Corren los años noventaytantos.
Estoy parando en un hotel cerca de Tribunales en uno de mis viajes a Argentina. Veo en la plaza Lavalle un amontonamiento de personas.
Casi todos de traje y corbata.
Me acerco.
Se trata de un homenaje a los abogados desaparecidos por la dictadura de 1976 (aclaro la fecha ya que algunos vivimos los coletazos finales de la otra, la de 1955) con la inauguración de un monolito que recuerda a los colegas caídos.
Habla un abogado y otro y otro.
La CONADEP diría en 1984: “Fueron secuestrados, y desaparecieron, no menos de 109 abogados.
El 90 % de estas desapariciones se consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976”.
En medio de algún saludo con abogados conocidos oigo que uno de los oradores recuerda al primer hábeas corpus que se había interpuesto por los abogados desaparecidos.
Era por Roberto Sinigaglia. Detenido desaparecido desde su estudio de la calle Lavalle. L
a mención aviva los recuerdos en esa mañana extraña.
Me acuerdo de Sinigaglia. Borrosamente. Lo veo en su despacho. Joven y elegante, de mirada franca y directa, con un mechón rebelde de pelo lacio que le cae por la frente.
Hablamos de los centros de abogados peronistas.
Ellos en Capital. Nosotros en Provincia de Buenos Aires.
Y me acuerdo también de su socio, mi amigo, el Dr. Conrado Origosa Antón, a quien por entonces yo visitaba en ese estudio de la calle Lavalle.
Y a quien el orador está ahora nombrando en esta mañana extraña “como homenaje al primer hábeas corpus interpuesto contra la justicia de la dictadura”.
Se precipitan aún más los recuerdos. Inolvidable y valeroso gallego. Había estudiado abogacía de grande (de joven no había tenido tiempo, demasiado ocupado en escapar de las vicisitudes de la guerra civil española en su país natal).
Recuerdo que una vez, saliendo de ese estudio de la calle Lavalle, paseamos por los libreros de la plaza Lavalle.
Todos lo conocían.
Es que Ortigosa era obrero gráfico cuando estudiaba y los libreros le prestaban los libros que, seguramente, no podía comprar.
Luego fue abogado de ese mismo sindicato gráfico. En tiempos de Ongaro. Inolvidable y valiente gallego Ortigosa.
Más de veinte años después compruebo con indecible tristeza que los jueces que rechazaban esos hábeas córpus, jueces como el que me voy a referir ahora, pasan por ser abanderados de los derechos humanos.
En el país de la corta memoria que forjamos, en este país jardín de infantes (que algún día madurará, espero).
Y que, contrariamente, a valientes abogados como Ortigosa ni el bálsamo del recuerdo se les otorga.
¿Cómo era el mecanismo durante la dictadura?
Usted presentaba el hábeas al juez, éste –casi mecánicamente, si hasta parecía que tenían la respuesta en una plancha “estándar”- oficiaba al Ministerio de Interior, a la Policía Federal, a Migraciones, y a dos o tres reparticiones oficiales.
La respuesta de los organismos de seguridad –también en una plancha “estándar”- era que allí no estaba detenida la persona por quien se recurría.
Y ahí, sin más, rechazaban (siempre con la bendita plancha) el molesto recurso y al molesto abogado que se atrevía a sospechar de la lucha que las fuerzas armadas y sus cómplices civiles estaban llevando por “defender nuestro estilo de vida occidental y cristiano”.
Por la misma época en que el gallego Ortigosa (y otros valientes abogados como Julio Biaggio (del PC), Zelaya Mas (peronista, también luego desaparecido), Fernando Torre (inolvidable abogado de la CGT), Medrano Pizarro, Silva, etc. etc.) incordiaba al régimen con ese (y otros) hábeas corpus por su socio y compañero desaparecido ilegalmente, el dictador Jorge Rafael Videla designaba juez de sentencia (letra V) mediante el Dec. 290/76 al hoy icono de la defensa de los derechos humanos, Dr. Eugenio Zaffaroni. Y éste aceptaba el cargo jurando “defender y observar y hacer observar fielmente” los siguientes engendros:
1) Estatuto para el proceso de Reorganización Nacional (conocido oficialmente el 29-03-76);
2) Acta para el proceso de Reorganización Nacional (conocida oficialmente el 29-03-76);
3) Acta fijando el propósito y los objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional (conocido oficialmente el 31 -03-76).
Y, en tercer o cuarto lugar, juraba también defender la Constitución Nacional EN CUANTO NO SE OPUSIERA A LAS ACTAS Y AL ESTATUTO videliano (Ley 21279/76).
Paso por alto que el hoy defensor de los derechos humanos Zaffaroni escribiera durante la dictadura un libro sobre derecho penal militar, en el cual hablaba de “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terribilísima”, “legislación por bandos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”.
Y paso por alto también que los dos auditores militares que supervisaran el libro antes de su publicación fueran: Laureano Álvarez Estrada –el primer Subsecretario de Justicia de Videla-y Ramón León Francisco Morel.
Y paso por alto aquello que dijo que “si todo el mundo tuviera una plantita de marihuana en el balcón no habría (o “habría menos”, cito de memoria) narcotráfico”.
O que haya paseado con una caravana de reivindicación gay, o que tenga una cuenta en el exterior que no había denunciado en la Afip.
Porque todo esto (aún el juramento por las Actas y el Estatuto) es poco comparado con lo que ningún abogado, por más perversa que hubiera sido la situación vivida durante la dictadura, podrá justificar jamás sin violar un código ético de la profesión: no hacer todo lo que esté a su alcance para defender la vida o la libertad del ciudadano.
Tengo a la vista el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Fallos T.300 Pag. 457, 1978) que revoca la sentencia que originalmente había dictado el juez Zaffaroni en la cual rechazaba el recurso de hábeas corpus interpuesto por el padre de una joven secuestrada por fuerzas de seguridad del Estado.
La joven Inés Ollero había sido detenida junto con todo el pasaje de un ómnibus público en que viajaba por fuerzas de seguridad y conducidos todos a la comisaría del lugar. De todos los pasajeros la única que queda detenida (luego desaparecida) es esta joven.
Zaffaroni, como quedó dicho más adelante, rechazó el hábeas corpus y ¡hete aquí! que la Suprema Corte de Justicia nombrada por Videla REVOCA el fallo con graves cargos contra el juez que intervino ya que el juez (Zaffaroni) dice la Corte “debió extremar la investigación adoptando las medidas necesarias que exigían tales constancias, para esclarecer lo relativo al estado y situación personal de la nombrada y la verdad de lo ocurrido, ya que de la misma surgía ‘prima facie’, que aquella estuvo privada de su libertad por obra de funcionarios públicos”.
Y en los considerandos de la sentencia dice la Corte que la inacción o falta de investigación (del hoy “defensor de los derechos humanos”) llevaba a que “la suerte de la Sta. Ollero quedaba en total incertidumbre”.
La única posibilidad de saber sobre la suerte de la joven era que el juez Zaffaroni investigara un poco, no mucho más, qué había pasado con esa joven desde que la llevaron a la comisaría 49 hasta lo que hayan hecho con ella.
Seguramente su muerte.
Zaffaroni se ha defendido de esta (dicen los que quieren defenderle que luego ¡¿ayudó?¡ al padre de la joven desaparecida) y otras acusaciones (“yo no sabía de la represión, soy un juez de carrera", etc.)
Pero yo creo que en realidad le resbala todo.
Y quizá tenga razón.
Es uno de los triunfadores de este modelo de país.
Es un exitoso para “esta vidriera irrespetuosa de los cambalaches” en que se ha transformado nuestra patria.
Mientras los que debieran pedir disculpas sigan pontificando sobre derechos humanos (que es lo que realmente indigna), el recuerdo del Dr. Conrado Ortigosa Antón, el abogado que interpuso el primer hábeas corpus por un abogado desaparecido, seguirá esperando a que se imponga en nuestro saqueado país “la trama de los justos”.
Para poner las cosas en su lugar.
* norberto35@yahoo.es
ex juez cesante sin causa
por la dictadura de 1976
Corren los años noventaytantos.
Estoy parando en un hotel cerca de Tribunales en uno de mis viajes a Argentina. Veo en la plaza Lavalle un amontonamiento de personas.
Casi todos de traje y corbata.
Me acerco.
Se trata de un homenaje a los abogados desaparecidos por la dictadura de 1976 (aclaro la fecha ya que algunos vivimos los coletazos finales de la otra, la de 1955) con la inauguración de un monolito que recuerda a los colegas caídos.
Habla un abogado y otro y otro.
La CONADEP diría en 1984: “Fueron secuestrados, y desaparecieron, no menos de 109 abogados.
El 90 % de estas desapariciones se consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976”.
En medio de algún saludo con abogados conocidos oigo que uno de los oradores recuerda al primer hábeas corpus que se había interpuesto por los abogados desaparecidos.
Era por Roberto Sinigaglia. Detenido desaparecido desde su estudio de la calle Lavalle. L
a mención aviva los recuerdos en esa mañana extraña.
Me acuerdo de Sinigaglia. Borrosamente. Lo veo en su despacho. Joven y elegante, de mirada franca y directa, con un mechón rebelde de pelo lacio que le cae por la frente.
Hablamos de los centros de abogados peronistas.
Ellos en Capital. Nosotros en Provincia de Buenos Aires.
Y me acuerdo también de su socio, mi amigo, el Dr. Conrado Origosa Antón, a quien por entonces yo visitaba en ese estudio de la calle Lavalle.
Y a quien el orador está ahora nombrando en esta mañana extraña “como homenaje al primer hábeas corpus interpuesto contra la justicia de la dictadura”.
Se precipitan aún más los recuerdos. Inolvidable y valeroso gallego. Había estudiado abogacía de grande (de joven no había tenido tiempo, demasiado ocupado en escapar de las vicisitudes de la guerra civil española en su país natal).
Recuerdo que una vez, saliendo de ese estudio de la calle Lavalle, paseamos por los libreros de la plaza Lavalle.
Todos lo conocían.
Es que Ortigosa era obrero gráfico cuando estudiaba y los libreros le prestaban los libros que, seguramente, no podía comprar.
Luego fue abogado de ese mismo sindicato gráfico. En tiempos de Ongaro. Inolvidable y valiente gallego Ortigosa.
Más de veinte años después compruebo con indecible tristeza que los jueces que rechazaban esos hábeas córpus, jueces como el que me voy a referir ahora, pasan por ser abanderados de los derechos humanos.
En el país de la corta memoria que forjamos, en este país jardín de infantes (que algún día madurará, espero).
Y que, contrariamente, a valientes abogados como Ortigosa ni el bálsamo del recuerdo se les otorga.
¿Cómo era el mecanismo durante la dictadura?
Usted presentaba el hábeas al juez, éste –casi mecánicamente, si hasta parecía que tenían la respuesta en una plancha “estándar”- oficiaba al Ministerio de Interior, a la Policía Federal, a Migraciones, y a dos o tres reparticiones oficiales.
La respuesta de los organismos de seguridad –también en una plancha “estándar”- era que allí no estaba detenida la persona por quien se recurría.
Y ahí, sin más, rechazaban (siempre con la bendita plancha) el molesto recurso y al molesto abogado que se atrevía a sospechar de la lucha que las fuerzas armadas y sus cómplices civiles estaban llevando por “defender nuestro estilo de vida occidental y cristiano”.
Por la misma época en que el gallego Ortigosa (y otros valientes abogados como Julio Biaggio (del PC), Zelaya Mas (peronista, también luego desaparecido), Fernando Torre (inolvidable abogado de la CGT), Medrano Pizarro, Silva, etc. etc.) incordiaba al régimen con ese (y otros) hábeas corpus por su socio y compañero desaparecido ilegalmente, el dictador Jorge Rafael Videla designaba juez de sentencia (letra V) mediante el Dec. 290/76 al hoy icono de la defensa de los derechos humanos, Dr. Eugenio Zaffaroni. Y éste aceptaba el cargo jurando “defender y observar y hacer observar fielmente” los siguientes engendros:
1) Estatuto para el proceso de Reorganización Nacional (conocido oficialmente el 29-03-76);
2) Acta para el proceso de Reorganización Nacional (conocida oficialmente el 29-03-76);
3) Acta fijando el propósito y los objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional (conocido oficialmente el 31 -03-76).
Y, en tercer o cuarto lugar, juraba también defender la Constitución Nacional EN CUANTO NO SE OPUSIERA A LAS ACTAS Y AL ESTATUTO videliano (Ley 21279/76).
Paso por alto que el hoy defensor de los derechos humanos Zaffaroni escribiera durante la dictadura un libro sobre derecho penal militar, en el cual hablaba de “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terribilísima”, “legislación por bandos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”.
Y paso por alto también que los dos auditores militares que supervisaran el libro antes de su publicación fueran: Laureano Álvarez Estrada –el primer Subsecretario de Justicia de Videla-y Ramón León Francisco Morel.
Y paso por alto aquello que dijo que “si todo el mundo tuviera una plantita de marihuana en el balcón no habría (o “habría menos”, cito de memoria) narcotráfico”.
O que haya paseado con una caravana de reivindicación gay, o que tenga una cuenta en el exterior que no había denunciado en la Afip.
Porque todo esto (aún el juramento por las Actas y el Estatuto) es poco comparado con lo que ningún abogado, por más perversa que hubiera sido la situación vivida durante la dictadura, podrá justificar jamás sin violar un código ético de la profesión: no hacer todo lo que esté a su alcance para defender la vida o la libertad del ciudadano.
Tengo a la vista el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Fallos T.300 Pag. 457, 1978) que revoca la sentencia que originalmente había dictado el juez Zaffaroni en la cual rechazaba el recurso de hábeas corpus interpuesto por el padre de una joven secuestrada por fuerzas de seguridad del Estado.
La joven Inés Ollero había sido detenida junto con todo el pasaje de un ómnibus público en que viajaba por fuerzas de seguridad y conducidos todos a la comisaría del lugar. De todos los pasajeros la única que queda detenida (luego desaparecida) es esta joven.
Zaffaroni, como quedó dicho más adelante, rechazó el hábeas corpus y ¡hete aquí! que la Suprema Corte de Justicia nombrada por Videla REVOCA el fallo con graves cargos contra el juez que intervino ya que el juez (Zaffaroni) dice la Corte “debió extremar la investigación adoptando las medidas necesarias que exigían tales constancias, para esclarecer lo relativo al estado y situación personal de la nombrada y la verdad de lo ocurrido, ya que de la misma surgía ‘prima facie’, que aquella estuvo privada de su libertad por obra de funcionarios públicos”.
Y en los considerandos de la sentencia dice la Corte que la inacción o falta de investigación (del hoy “defensor de los derechos humanos”) llevaba a que “la suerte de la Sta. Ollero quedaba en total incertidumbre”.
La única posibilidad de saber sobre la suerte de la joven era que el juez Zaffaroni investigara un poco, no mucho más, qué había pasado con esa joven desde que la llevaron a la comisaría 49 hasta lo que hayan hecho con ella.
Seguramente su muerte.
Zaffaroni se ha defendido de esta (dicen los que quieren defenderle que luego ¡¿ayudó?¡ al padre de la joven desaparecida) y otras acusaciones (“yo no sabía de la represión, soy un juez de carrera", etc.)
Pero yo creo que en realidad le resbala todo.
Y quizá tenga razón.
Es uno de los triunfadores de este modelo de país.
Es un exitoso para “esta vidriera irrespetuosa de los cambalaches” en que se ha transformado nuestra patria.
Mientras los que debieran pedir disculpas sigan pontificando sobre derechos humanos (que es lo que realmente indigna), el recuerdo del Dr. Conrado Ortigosa Antón, el abogado que interpuso el primer hábeas corpus por un abogado desaparecido, seguirá esperando a que se imponga en nuestro saqueado país “la trama de los justos”.
Para poner las cosas en su lugar.
* norberto35@yahoo.es
ex juez cesante sin causa
por la dictadura de 1976
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