PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES, HAY QUE ADELGAZAR LA ONCCA

Por Arturo Navarro (*)
La creación del Ministerio de Agricultura es una muy buena oportunidad para diseñar un eficiente Sector Público Agropecuario y Agroindustrial, solo si se tiene en cuenta que:
1) habría que devolverle el nombre de “Alimentación” que tenía la anterior Secretaría, para reflejar a pleno el moderno enfoque de “cadena de valor” agroindustrial.
2) estamos ante el fracaso de las políticas regulatorias de las exportaciones que, al desalentar al productor, finalmente incentivan la producción de soja, porque casi no forma parte de la “mesa de los argentinos”. Se sabe que el campo padece las Retenciones, que abaratan los alimentos en el mercado local (subsidio al consumo) y también benefician a sectores de ingresos medios y altos. Con este desaliento, no se asegura el abastecimiento local, por lo cual se regula la exportación, en base a los llamados ROE, como se denomina al “Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior”. Hay un ROE de cada color, para granos, carnes y lácteos.
3) las compensaciones y subsidios que aparecen como beneficiando al productor o a la industria (que muchas veces no los cobran), en definitiva terminan favoreciendo al consumidor, hasta que cae la oferta, como pasó con la carne.
4) cuando todo esto falla y por la falta de oferta, suben los precios, la Secretaría de Comercio interviene con controles directos. El resultado, como se dijo, es que, apenas se salva la soja y el Ministerio del área “la ve pasar”.
Todos los instrumentos mencionados, que no sean Retenciones ni controles directos, tienen como Autoridad de Aplicación a la ONNCA: registros, pagos de compensaciones y ahora la distribución de la Cuota Hilton. Por eso, ha crecido desmesuradamente y necesita ser inmediatamente adelgazada, para que el Ministerio tenga decisión y autonomía.

LA ONCCA.
Según se lee en el Presupuesto aprobado para 2010, es “un organismo descentralizado que tiene a su cargo la ejecución de las políticas dictadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) tendientes a asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia en materia de comercialización en el sector agroalimentario.
Esta competencia abarca el control de la operatoria de personas físicas y jurídicas que intervienen en el comercio y la industrialización del ganado, la carne, sus productos y subproductos, así como de los granos, las legumbres, las oleaginosas y los lácteos.
A partir del año 2007, el Organismo también está facultado (Resolución MEyP Nº 40/07) para establecer mecanismos de eficiencia en el uso de los granos destinados a la alimentación de las distintas especies animales y a definir las clasificaciones de los mismos cuya producción será objeto de compensación, atendiendo a las particularidades de las distintas cadenas productivas involucradas. Asimismo, cabe mencionar que el Organismo es responsable de administrar el mecanismo creado por la Resolución del entonces Ministerio de Economía y Producción (MEyP Nº) 9/07, destinado a subsidiar –a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno- el consumo de productos derivados del trigo, el maíz, el girasol y la soja.
Por último, la Oficina es responsable de la administración de las operaciones de importación y exportación de carnes vacunas, carnes de cerdos y lácteos, entre otros productos de la cadena agroalimentaria”.
Sólo la función del primer párrafo formaba parte del espíritu original de creación de la Oficina. Lo demás se fue agregando, para llevar a cabo las políticas que ya comentamos.
El Presupuesto ajustado del año 2009 fue de M$ 3.855,8 (más de MU$S 1000, cuando todo el Sector Público Agropecuario, en los noventa, funcionó con MU$S 400). Pero no hay que hacerse tantas ilusiones, porque ejecutó apenas un 60% de la cifra mencionada (o sea M$ 2.319,7), lo que implica que no todos cobraron las compensaciones prometidas. Para este año, cuenta con M$ 2.731, de los cuales 2.700 son para “Transferencias a empresas privadas”.

NUESTRA PROPUESTA.
Proponemos:
a) Confirmar que el flamante Ministerio tiene la competencia sobre alimentos, para recomponer el criterio de cadena.
b) Eliminar las normas que crean y reglamentan los ROE, así como todos los mecanismos de compensación (esto último de manera gradual, para no quebrar a los beneficiarios).
c) Las exportaciones de carnes y lácteos deben ser liberadas, a fin de fomentar el valor agregado exportado.
d) Para cereales y oleaginosas, derogar la llamada Ley Martínez Raymonda y los ROE y volver al régimen de la Ley 21.453 y su Decreto reglamentario 1.177/92. De esta manera, los exportadores no tendrán que adquirir la mercadería antes de declararla para exportar; se volverá al sistema de registro, con 360 días para obtener el cumplido de embarque y el así, valor disponible se arrimará a la “paridad teórica”.
e) La Cuota Hilton debería depender del Ministerio de Agricultura y, si se mantiene el registro de operaciones de exportación en la ONCCA, tendría que ser bajo atenta vigilancia del Ministro.

El ahorro presupuestario puede destinarse a políticas para el sector, a cargo del Ministerio u orientarse a complementar el Programa de Asignación por Hijo, bajo la forma de una Tarjeta Alimentaria, en el marco de un buen Programa Nutricional para la Madre y el Niño.
La ONCCA volvería a su función original, permaneciendo como organismo descentralizado, dependiente del Ministerio, únicamente si requiere un manejo autónomo de su presupuesto, por existir un régimen sancionatorio, para los que atenten contra la “transparencia y la libre concurrencia”.
Conviene recordar que existen Leyes de Lealtad Comercial, de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, que rigen para todo el ámbito nacional. De modo que habría que ser preciso en definir las características del régimen comercial que debe fiscalizar la ONCCA. -----------------------
(*) Consultor
ajn@arturonavarro.com.ar