LA CORTE NACIONAL RECONOCIO A LOS MILITARES EL BLANQUEO DE SUMAS NO REMUNERATIVAS NI BONIFICABLES

En la foto: Militares, una especie en extinción que en algún momento percibirán un poco más... pero que en una proyección evaluando la decadencia política en la materia, van rumbo a su desaparición

El Gobierno deberá abonar cuatro mil millones de Pesos a los militares por el blanqueo de sumas no remunerativas ni bonificables, según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los militares en actividad reclamaron después de los juicios iniciados por los retirados, y el mismo reclamo fue iniciado por las Fuerzas de Seguridad.

Cabe destacar que lo percibido por militares y Fuerzas de Seguridad no son salarios, sino haberes, y por tanto no son competentes los tribunales laborales, sino los administrativos. La confusión en esta materia conlleva una falsa concepción de la estructura jerárquica, equiparando la obediencia militar a la obediencia en el marco de una relación laboral, cuando nada tienen que ver entre sí.

Entre los años 1991 y 1992, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, fueron incorporados a los haberes ciertos suplementos por "responsabilidad de cargo o función" y "por calidad de residencia", los cuales no fueron incorporados al haber básico ni se efectuaron descuentos sobre ellos los descuentos previsionales, pero sólo para militares en actividad, mientras que los retirados no gozaban de recomposición alguna.

El blanqueo significa un aumento entre el 30 y el 35% de los haberes, en tanto que cerca de mil retirados perciben actualmente más que los de su misma jerarquía y en actividad.

Desde 1996 los oficiales en actividad iniciaron acciones administrativas por el mismo reclamo

En el Ejército, el general Aníbal Laiño emitió un radiograma que afirmaba: “Los reclamos en ese sentido son estrictamente personales y fuera del ámbito de la fuerza”.

Siendo Domingo Cavallo ministro de Economía, fue sancionada la Ley de Emergencia Previsional que puso un tope a los montos indemnizatorios que podrían cobrar los jubilados que ganaron juicios por irregularidades en al liquidación de haberes. La Corte Suprema ratificó que los reclamos sólo podrían ser satisfechos en la medida que el Estado tenga recursos para pagarlos. Esto evidencia que la política de disolución de las Fuerzas Armadas no data de la época Kirchnerista, sino que es una continuidad del proceso de "desmalvinización", de agresión alfonsinista, menemista, y en una sistemática política en el mismo sentido hasta el presente.

Tanto al personal en actividad como en retiro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se le aplica un descuento del 11 % en sus haberes para sostener la Caja Previsional que no son proporcionales a causa de la cantidad de sumas en negro que engrosan los sueldos. Por otra parte, el Gobierno en la unificación de Cajas y prestaciones sociales, acabará derivando todo a la ANSES y al PAMI, que marcan el futuro previsional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en un avance de su disolución, según ya fuera denunciado por este medio.