PARA PROGRESISTAS, EL NUEVO CODIGO CONTRAVENCIONAL BONAERENSE ES MAS RESTRICTIVO QUE EL DE LA DICTADURA

En la foto: el gobernador Daniel Scioli

El pedido del gobernador Daniel Scioli para tratar el proyecto que crea un nuevo Código Contravencional, fue rechazado por la diputada del Gen, Ana de Otazúa. La misma afirmó que “criminaliza la pobreza” y que contempla “figuras más restrictivas” que el sancionado por la dictadura militar.



“El gobierno de la Provincia quiere aprobar un nuevo Código Contravencional que restringe las libertades de los ciudadanos, criminaliza tanto la pobreza como la protesta social, acercándonos a los modos y normas de la dictadura, lo que resulta un evidente retroceso en torno a las libertades públicas recuperadas”, respondió la legisladora al pedido del mandatario provincial en su discurso brindado frente a la Asamblea Legislativa.



De Otazúa consideró que es “una nueva muestra de un Gobierno que se hace el distraído en el combate contra la inseguridad” y entendió que el nuevo código “no es inofensivo” sino que “afecta a no pocos de los considerados pilares del derecho”.



Además, insistió en que “los destinatarios vuelven a ser los sectores más vulnerables de la sociedad empobrecida” porque “sólo así puede entenderse que sin eufemismos, la mendicidad o el acecho de quienes solicitan limosnas o dan algún tipo de servicio ambulante, como los limpia vidrios, por caso, sean los pasibles de las sanciones que contempla, del mismo modo que se apunta al reclamo social”.



Recordó que “el proyecto contempla figuras más gravosas, más restrictivas de las garantías constitucionales que Código Contravencional, que fuera sancionado en pleno gobierno de facto”



“Estamos en presencia de una norma que determina la criminalización de la pobreza, ya que además estipula que en caso de incumplimiento en el pago de una multa ésta pueda transformarse en arresto” afirmó Ana de Otazúa. También cuestionó que “la acción que configura la falta no se determina con precisión, queda a discreción de la autoridad policial establecer cuándo una conducta resulta abarcada por la contravención”. Y esto redundará en que “la autoridad policial pueda incriminar a aquellas personas que considere ‘peligrosas’ con independencia de su conducta, justificando su decisión en la vaguedad de la norma”.

La titular de la comisión de Políticas Sociales dejó en claro que “no es por la vía represiva de los que sabe más débiles que alguna vez se resolverán los males y desventuras de una sociedad empobrecida”.
“Imaginar las soluciones con un Código Contravencional a contramano de la Constitución y los principios básicos del Estado de Derecho pone en evidencia la defección del Gobierno que en lugar de resolver los problemas de la Sociedad, se empeña en poner a la sociedad en problemas”, concluyó la diputada de Otazúa.