DIFERENTES CONDUCTAS

Por Mercedes Rivadeneira, vda. de Castrofini

(Miguel Angel Castrofini: militante nacionalista del peronismo -Movimiento Nueva Argentina-, asesinado por el ERP 22 de Agosto)

El 23 de septiembre de 1973, por decreto 1454, por incurrir en «actos concretos de violencia, en abierto desprecio por los valores más sagrados, cuales son la vida humana y los derechos de las personas», se declaró ilegal la actividad del Ejército Revolucionario del Pueblo y se instruyó a la Policía Federal para que impidiera las acciones de esa organización.

El 8 de marzo de 1974, mi esposo, Miguel Angel Castrofini, fue asesinado en la puerta de nuestra casa en presencia de mi suegro y mía. Reconocimos al autor de ese hecho, que resultó ser miembro de dicha organización. Su nombre: Eduardo Mario Favario.

En toda guerra, como la que tuvo lugar en el país en los 70, la primera víctima -como señala Pérez Reverte- es la verdad, por ello pedí la reapertura del caso. El juez a cargo de la investigación, por haber perdido un familiar durante el proceso militar, se excusó de continuar en la investigación en aras de la independencia e imparcialidad que es dable exigir a los jueces y ante la eventual situación de duda acerca de que tal hecho pudiera afectar su estado anímico. Comparto, señor juez, su dolor, ya que ambos perdimos seres queridos, y destaco y valoro su actitud.

Esa digna actitud contrasta con la de quienes están al frente de la Secretaría de DD.HH., Eduardo Luis Duhalde y Martín Gras (alias «Chacho»), el primero abogado de miembros de las organizaciones armadas declaradas ilegales por un gobierno constitucional y el segundo, combatiente de esas organizaciones armadas, que con la connivencia parlamentaria permitieron que el victimario de mi esposo fuera indemnizado por caer en la “lucha antisubversiva”, mientras que a mi esposo no le corresponde el más mínimo reconocimiento, a pesar de haber sido un civil víctima de la acción terrorista.

Más repudiable aún es la actitud del titular de la Procuración General de la Nación, doctor Esteban Righi, quien mediante la resolución general 158/07 procura impedir la investigación de los crímenes cometidos por esas organizaciones y así conocer la verdad completa del conflicto armado que vivió el país en los 70; él es justamente el autor de los indultos y la ley de amnistía que permitió la libertad del asesino de mi esposo.

Señores, sigan el ejemplo de la conducta del juez y apártense de sus cargos, de cuyo ejercicio deberían inhibirse cuando de estas cuestiones se trata.

Por último, señor juez, no dudé nunca de su imparcialidad y espero que quien lo reemplace, aun no teniendo la violencia moral que usted invoca y respeto, tenga sus valores morales y actitud ética.