Con el fin de evitar demoras en los procesos de desalojo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Legislatura convirtió en ley un proyecto que incorpora un artículo al Código Procesal Civil y Comercial bonaerense para proteger al locador.
La incorporación del artículo 676 al decreto ley 7425/68 del Código establece un mismo procedimiento de desalojo que el art. 648 bis del Código de la Nación, con el objeto de proteger al locador frente a dilaciones procesales que se presenten en el proceso vigente, asegurándole al mismo el pleno ejercicio del derecho de propiedad.
El proyecto de ley reconoce absoluta similitud con el ya existente en el orden nacional, luego del dictado de la ley 25.488, del año 2001, que incorporó la desocupación inmediata al crear el nuevo artículo 648 bis del cuerpo ritual nacional. Sin embargo, este proyecto hace más de seis años que viene postergándose en el territorio bonaerense y recién en la última sesión pudo ser aprobado.
Por la norma, se impide que que el inquilino interponga una serie de trabas en el proceso tendientes sólo a demorar el juicio y continuar en la propiedad por un tiempo más. Ahora, la mera revisión del contrato en caso de vencimiento, o la constatación de la falta de pago, ya es causa suficiente para ordenar el desalojo. El juicio prosigue, pero el inquilino ya se fue.
Sin embargo, el proyecto incorpora una medida disuasiva para el caso de fraude del locador, sancionando con toda severidad mediante una multa pecuniaria significativa cuando este haya actuado utilizando en forma ilegal la norma que lo favorece. En este caso, le caerá una multa de 20 mil pesos, más los daños y perjuicios que ocasionare, que quedan garantizados, tanto como en la multa, con la caución real.
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