La defensa del jefe del gremio de los peones rurales, Gerónimo "Momo" Venegas, consideró una"atrocidad desde el punto de vista jurídico" acusar de integrar una asociación ilícita al sindicalista, quien fue excarcelado tras el pago de una fianza de medio millón de pesos.
El abogado Miguel Plo, quien junto a Adriano Castelo asiste al titular de la Unión de Trabajadores Rurales (UATRE), aseguró, además, que la obra social encabezada por Venegas "es una de las mejores del sindicalismo argentino y está en perfectas condiciones" de legalidad.
En declaraciones a una radio capitalina, el letrado celebró el pedido de excarcelación de Venegas que formuló el fiscal Luis Comparatore ante el juez federal Norberto Oyarbide, libertad que se hizo efectiva tras declarar el gremialista durante siete horas y depositar una caución real de 500 mil pesos.
"Coincido con el fiscal: acá no hay ningún motivo para pensar que Venegas tenía intención de fugarse",subrayó Plo.
Consultado sobre la situación procesal de Venegas, el abogado puntualizó: "Es un hombre que está excarcelado, se le han tomado tres indagatorias y su señoría tendrá que resolver en cada una de ellas cuál es el temperamento a seguir, si va a decretar una falta de mérito o un sobreseimiento".
En rigor, Oyarbide deberá decidir en los próximos días si procesa o no procesa al líder sindical, vinculado al ex presidente Eduardo Duhalde.
El letrado cuestionó enérgicamente la sospecha que pesa sobre Venegas como presunto integrante de una asociación ilícita liderada por el detenido secretario general de los trabajadores bancarios, Juan José Zanola, en el marco de la causa por la adulteración de medicamentos.
"Lo de la asociación ilícita, con todo el respeto que me merece el Juzgado, desde el punto de vista jurídico es una atrocidad", advirtió Plo y evaluó que esa imputación está basada en una "escucha telefónica" sin mayor trascendencia.
Asimismo, reiteró que la obra social cuyo titular es Venegas, (OSPRERA), "no compra medicamentos" a los megalaboratorios investigados en la investigación que lleva adelante Oyarbide, sino que "audita la necesidad de la compra motivada por una receta o requerimiento médico" y terceriza la operación. "No podemos confundir la leche con la vaca, hay que distinguir que no tiene nada que ver" Venegas con la investigación de la llamada mafia de los medicamentos, resaltó el letrado.
Además de miembro de una asociación ilícita liderada por Zanola y el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, a Venegas se le imputa defraudación al Estado en unos dos millones de pesos recibidos de la Administración de Programas Especiales (APE) y envenenamiento de sustancias de uso público (por denuncia de dos afiliados de la obra social de los rurales por medicamentos que habrían recibido vencidos).
El abogado insistió hoy con el argumento que dio Venegas ayer ante el juez, en el sentido de que la compra por dos millones de pesos con fondos APE -destinados a programas de prevención de salud- fue para la adquisición de unas 20 ambulancias que eran "hospitales móviles" y no vehículos comunes.
"El servicio médico también se debe entender como hospitales móviles con los cuales la obra social va al afiliado al interior. Esto APE lo sabía porque había un expediente que motivó la compra, un expediente que tuvo intervención y un expediente que administrativamente estuvo consentido", afirmó Plo.
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