Siete miembros de la Fuerza Aérea (FAA) declararon en la causa por el contrabando de 944 kilos de cocaína secuestrados a principios de este mes a bordo de un avión argentino, en España, y desligaron la responsabilidad de control de las aeronaves en el personal civil de la base de Morón.
El juez en lo Penal Económico Rafael Caputo, quien subroga al magistrado titular del expediente, Alejandro Catania, tomó testimonio a los siete oficiales y suboficiales, y luego lo hará con otros 170 que tiene funciones en la base de Morón o realizan tareas relacionadas con esa aeroestación.
Fuentes judiciales informaron a Télam que los testigos que declararon hoy reiteraron la versión de los otros miembros de la fuerza que ya declararon y atribuyeron la responsabilidad del control de las naves al personal civil de la base.
Es que la FAA comparte la supervisión del aeródromo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que depende del Poder Ejecutivo Nacional cuyo titular es actualmente Cristina Fernández viuda de Kirchner, pero según los testigos a ésta le corresponden diversos sectores, entre los que figuran los hangares y las pistas del lugar.
En tanto, los investigadores aguardan la respuesta a los exhortos enviados a Cabo Verde y Barcelona, para conocer detalles sobre el operativo en el aeropuerto catalán donde se secuestró de la droga y detuvo a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Gastón Miret.
Según la investigación, el jet Challenger 604 utilizado los Juliá y Miret, todos hijos de altos ex oficiales de la FAA, estuvo en Morón desde el 7 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2010.
La noche del día siguiente, el avión salió desde Ezeiza hacia Barcelona, pero hizo una escala en Cabo Verde para recargar combustible.
El 2 de enero, el Challenger llegó al aeropuerto El Prat, donde la Guardia Civil española descubrió la droga y apresados los hermanos Juliá y Miret, quienes permanecen en prisión sin posibilidad de fianza.
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