El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley que elevará en pocos días más a la Legislatura para promover el hábitat popular y poder garantizar así tierra y vivienda dignas a más de 900 mil familias.
"El nuevo instrumento legal permitirá la redistribución social del suelo a articular el acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda a través de emprendimientos de autogestión, la integración socio-urbana de villas y un intenso fomento del crédito a sectores postergados para mejorar el hábitat popular", según explicó a Télam la ministro de Infraestructura bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez.
Para cumplir con el objetivo se establecerán zonas, reservas y cesiones de suelo destinadas a los programas de hábitat y se destaca la obligatoriedad de la cesión de suelo con ese destino en los casos de toda urbanización privada (club de campos, barrios cerrados) y de grandes superficies comerciales de manera de iniciar una política de redistribución social hacia los grupos más vulnerables.
"También se propone sancionar impositivamente a propietarios de terrenos baldíos para evitar la especulación del suelo", anticipó la funcionaria. Además, dijo que "la norma permitirá al Instituto de la Vivienda bonaerense la expropiación de inmuebles destinados a programas de vivienda social y creará dispositivos que aseguren la participación de los ciudadanos y de las entidades en estos temas.
La funcionaria sostuvo que "la tierra y la vivienda son factores estratégicos en los procesos de inclusión social y a pesar de que el gobierno de Daniel Scioli ya lleva entregadas más de 25 mil casas y estamos trabajando para otorgar otras 40 mil, hay en la Provincia un crecimiento de más de dos millones de habitantes cada 10 años".
"Así, en la próxima década en la Provincia será necesario construir entre el sector público y el privado una cantidad de viviendas, equipamientos sociales y servicios igual a las ciudades de Córdoba y Rosario juntas", añadió.
La iniciativa de facilitar el hábitat popular "apunta precisamente a garantizar el acceso a la vivienda, tal como lo establece la Constitución al incorporar los principios de inclusión social y sustentabilidad urbana", aseguró Alvarez Rodríguez.
La ministro informó que "las herramientas operativas que se incluyen en el proyecto involucran la ejecución de programas de urbanizaciones sociales planificadas (lotes con servicios), de villas, asentamientos y de promoción de procesos de organización colectiva de esfuerzo propio. También de ayuda mutua y autogestión del hábitat a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro.
Anunció que el proyecto prevé "la instrumentación de un sistema de microcréditos para la mejorar las viviendas de sectores populares que representan cerca del 60% del déficit provincial".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los mensajes son moderados antes de su publicación. No se publican improperios. Escriba con respeto, aunque disienta, y será publicado y respondido su comentario. Modérese Usted mismo, y su aporte será publicado.