EL ABC DE LA CUESTIÓN MALVINAS.

 

Por Héctor GIULIANO (10.2.12).
El anuncio presidencial y la presentación de la denuncia argentina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS ONU) por la “militarización” británica del Atlántico Sur, como derivado de la Cuestión Malvinas, motiva algunas observaciones y comentarios de importancia para deslindar problemas de fondo respecto a los de forma o procedimiento, declaraciones o pasos diplomáticos frente acciones políticas concretas o, simplemente, palabras versus hechos.

DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
La presidenta Cristina Kirchner anunció el 25.1 pasado y ratificó el 7.2 su voluntad de desclasificar el denominado Informe Rattenbach, un documento cuyo contenido ya es conocido y que toca a las responsabilidades políticas y estratégico-militares durante el conflicto con Inglaterra de 1982.
Este informe analiza el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas y constituye una pieza muy importante tanto para la investigación histórica como para el aprendizaje de las lecciones dejadas por el conflicto; pero como contribución directa a los reclamos contra el Reino Unido no aporta nada y es independiente de la denuncia argentina ante el CS ONU.
Sí, en cambio, sería mucho más importante la desclasificación de otros documentos secretos que no toquen solamente a temas político-militares internos sino referidos a las tratativas previas, concomitantes y posteriores al conflicto militar por parte del Gobierno Nacional.
Y dentro de este amplio capítulo secreto – pocas veces investigado en su debida gravedad y profundidad – aparecen interrogantes tan relevantes como la génesis de la decisión de recuperar las islas y los apoyos obtenidos o creídos obtener de otros países; y figura también la duda, con base cierta, de si la confianza del gobierno Galtieri en un éxito de la Operación Rosario no se debió a una falsa “luz verde” del gobierno norteamericano y a una trampa consecuente tendida por el Almirantazgo
Británico.1
El gobierno Kirchner, por ende, no debiera desclasificar sólo un documento relativo a los aspectos político-militares internos de la
Argentina sino que tendría que empezar a desclasificar todas aquéllas piezas-clave que permanecen secretas en materia de Política Exterior relacionadas con la Guerra de Malvinas.

LA ESTRATEGIA BRITÁNICA.
Hasta el conflicto de 1982 Inglaterra se limitaba a mantenerse en las Islas, sin aspiraciones de jurisdicción sobre las aguas adyacentes ni sobre los recursos naturales existentes en el área.
Pero, después de su victoria militar el Estado Británico fue ampliando progresivamente sus pretensiones sobre la zona y consolidando tal expansión mientras firmaba con nuestro país una serie de acuerdos parciales que dilataban, y en gran medida neutralizaban, el planteo del problema central: la cuestión de Soberanía.
La denominada “teoría del paraguas” o fórmula de reserva de Soberanía se encuentra en el eje de tales logros.
Esto significa que al problema de la usurpación histórica y jurídica se sumaron desde entonces dos nuevas realidades para nuestro país: el problema geopolítico del Atlántico Sur y el problema de la apropiación de los recursos económicos naturales de la zona.
Los documentos básicos de la red de instrumentos legales armada por Inglaterra para imponer sus reglas de juego a la Argentina en todo el Atlántico Sudoccidental está plasmada básicamente en los Acuerdos de Madrid de 1989/1890 y en el paralelo Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) de 1990; y sus convenios conexos o derivados.2
El fortalecimiento de la posición británica – y la consiguiente desubicación argentina – se fue afianzado especialmente durante la década del ’90 a través de esa batería de instrumentos bilaterales que se acordaron paralelamente con y para el avance de Londres en el plano de los hechos consumados.
Desde este punto de vista tales convenios cumplieron y cumplen un rol funcional en la medida que el Foreign Office avanza y consolida su reformulación del estatuto de las Islas mientras rechaza toda negociación sobre la cuestión de la Soberanía.
El tiempo no es neutro y la posición más ventajosa de Inglaterra en la Cuestión de Malvinas se manifiesta hoy fundamentalmente en tres hechos:
1. Haber logrado dilatar sine die la discusión con la Argentina por la disputa de Soberanía mientras avanza en el proceso de pseudo independencia de los isleños en el ámbito del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que llevaría a la constitución de un Estado artificial británico en el Atlántico Sur.
2. Haber avanzado consecuentemente en su intento de colocar a los kelpers como supuestos representantes independentistas. Y
3. Haber ampliado y consolidado su control sobre las comunicaciones y sobre los recursos económicos naturales de la Zona a la vez que afianzado el auto-sostenimiento financiero de las Islas, que incluye parte del costo de mantenimiento de la desproporcionada guarnición militar local. Una base británica que lo es también, por extensión, de la OTAN en el Atlántico Sur.
Estos progresos británicos no fueron sólo producto de la fuerza o la habilidad del Foreign Office sino también facilitados por la pasividad y el acompañamiento funcional de la política exterior argentina en la cuestión Malvinas3; y sus efectos básicos no se han revertido hasta la fecha.
Inglaterra utilizó de tal modo estos puntos de apoyo para organizar la instauración de un gobierno local supuestamente “autónomo” y, paralelamente, aumentar su explotación de los recursos marinos y sus mecanismos de contralor de las comunicaciones en el Atlántico Sudoccidental.

NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRATEGIA.
La presencia e influencia creciente del Reino Unido en las Islas Malvinas y toda su zona de influencia constituye un complejo y gravísimo problema para la Argentina, que va más allá de los legítimos derechos históricos y jurídicos que le asisten a nuestro país porque afecta directamente aspectos específicos de nuestra realidad como Nación: la Geopolítica Argentina del Atlántico Sur, la sustracción en gran escala de nuestros recursos naturales (fundamentalmente pesca e hidrocarburos) y la Defensa Nacional, debido a la presencia de una poderosa base militar frente al territorio argentino.
El soporte fáctico del poder británico en el Atlántico Sudoccidental descansa así en el poder militar propio de su base en Malvinas y en la apoyatura de su alianza con los Estados Unidos para el control marítimo de las rutas de navegación hacia la Antártida y los pasajes interoceánicos Atlántico-Pacífico.
Tales son los lineamientos de base que se amparan en la trama jurídicopolítica post-Malvinas tejida por el Foreign Office contra la Argentina y que nuestro país necesita revertir.
Pero no es con anuncios mediáticos efectistas ni con medidas ampulosas anodinas – sin efectos prácticos en materia política y económica – que la Argentina va a poder replantear este desfavorable cuadro de situación sino tratando de desarticular esa trama del Foreign Office allí donde, en lo inmediato, afecte concretamente los intereses británicos.
Si el gobierno Kirchner quiere realmente confrontar y no convivir vegetativamente con el Conflicto de Malvinas tiene alternativas concretas y propias para hacerlo, con las cuales demostraría no sólo su verdadera voluntad de revertir los términos de la cuestión sino también su decisión política de liberarse el sistema de tratados desiguales firmados con Gran Bretaña.
En esa tesitura, la Argentina puede y debiera adoptar por lo menos tres decisiones clave:
1. Suspender de inmediato el convenio de Comunicaciones Aéreas y Marítimas de Julio de 1999, interrumpiendo particularmente el vuelo por territorio argentino y con escala en Río Gallegos hacia las Islas que se realiza desde Punta Arenas, Chile.
2. Suspender la vigencia de los Tratados de Madrid I y II – de Octubre/89 y Febrero/90 respectivamente – y elevar ambos documentos a la consideración del Congreso de la Nación para su ratificación o rechazo.
3. Proponer al Congreso la denuncia del Tratado sobre Promoción y Protección de Inversiones con Gran Bretaña del 11.12.90.
Más aún, la Argentina debiera avanzar – con justificado derecho frente al robo de recursos naturales oceánicos que le pertenecen por parte de Inglaterra – en la instauración de una Cláusula Malvinas en todos los contratos de compra y venta, sean públicos o privados, que se realicen con empresas que tengan y/o puedan tener conflicto de intereses por su relación con las Islas.
Dicha cláusula debiera incluirse como condicionante en todos los contratos sobre inversiones, bienes y servicios dejando constancia, con carácter de declaración jurada, que la empresa signataria no tiene, directa ni indirectamente, relación con firmas ni con operaciones de negocios con las Islas.
El falseamiento de alguna de estas condiciones sería causal de nulidad del contrato respectivo, con las consecuencias legales y económicas del caso.
De esta manera quedaría sancionado un nuevo régimen de tratamiento de los intereses económicos y financieros entre Argentina e Inglaterra sobre la base de diferenciar las operaciones de negocio en territorio nacional según la existencia o no de vinculaciones cruzadas con las Islas.
Esta cláusula regiría, lógicamente, no sólo para empresas argentinas y británicas sino también de terceros países: toda empresa que tenga relación con negocios en las Islas queda inhibida de realizar negocios en la Argentina.
El sentido de esta Cláusula Malvinas es simple: la permanencia británica y su explotación de recursos naturales en la zona implica un robo de recursos que pertenecen a la Argentina y nuestro país tiene entonces derecho a diferenciar el comportamiento de todas las empresas directa o indirectamente involucradas en tales perjuicios al país.
Quedaría consecuentemente trazada una “divisoria de aguas” entre negocios compatibles y no compatibles con el daño que nuestro país sufre por sustracción de recursos que le son propios.
Y constituiría un mensaje lógico para el Reino Unido señalando que existe un doble régimen en las relaciones bilaterales: con y sin problema Malvinas.
Sería una forma de plantearle el dilema de fondo a Inglaterra de que si mantiene su empeño en la usurpación de las Islas va a ir perdiendo gradualmente terreno en sus intereses en la Argentina.
Este tipo de hechos concretos y relevantes sería, por otra parte, prueba de la efectiva voluntad de un Gobierno Argentino de confrontar la Cuestión Malvinas contra Inglaterra.

VULNERABILIDAD BRITANICA EN LAS ISLAS.
La gran vulnerabilidad o desventaja de las Islas para Gran Bretaña reside principalmente en su aislamiento geográfico, con la consiguiente necesidad de resolver, por un lado, el problema de las grandes distancias en sus líneas de comunicación marítimas y aéreas; y por otro, el problema de la rentabilidad de los proyectos de inversión allí sin disponer de la infra-estructura del Continente.
Este tema debiera ser explotado necesaria y formalmente por la Argentina.
En la medida que la Argentina no adopte medidas concretas que ataquen los problemas de fondo que hacen a sus reivindicaciones, que no desarme la red de convenios bilaterales existentes - que no actúan en beneficio de nuestro país - y que le siga facilitando así a Inglaterra el mantenimiento de sus reglas de juego en la Cuestión Malvinas, la probabilidad de llegar a negociaciones sobre la disputa de Soberanía se irá alejando cada vez más.
Acentuar el aislamiento de la Islas, como forma de aumentar el costo de sostenimiento de las mismas por parte de Inglaterra - particularmente de su guarnición militar - no es sólo una opción sino una necesidad en la estrategia a seguir por el conflicto de las Islas.
En función de lo explicado, la Argentina tiene dos fuertes cartas de presión a su favor para intentar forzar los términos de negociación con Gran Bretaña por la Cuestión Malvinas:
1. La citada situación de aislamiento que afecta las comunicaciones y las restricciones para el desarrollo económico de las islas.
2. El hecho que los intereses británicos en el Continente son más grandes y concretos que los futuros de las Islas, de modo que
nuestro país puede hacer pesar que todo avance unilateral de las decisiones del gobierno de Londres en el Atlántico Sur tenga
repercusiones negativas para los intereses ingleses en el territorio Argentino.
Es la “gran carta” que el Gobierno Militar no jugó debidamente durante la Guerra de 1982, cuando polarizó y circunscribió el conflicto al teatro de operaciones oceánico mientras el mayor factor de presión lo tenía contra los intereses británicos en el Continente.
De este modo nuestro país le plantearía a Inglaterra el dilema de fondo que nunca se ha atacado verdaderamente hasta el presente: que mientras el Reino Unido mantenga su intransigencia en la Cuestión de Malvinas iría perdiendo progresivamente las ventajas de sus intereses globales en la Argentina.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 10.2.2012
1 La experiencia de la caída del régimen de los Coroneles Griegos, en Julio de 1974, a raíz del apoyo dado al Golpe de Estado pro-Enosis en Chipre pero que fue seguido por la intervención de Turquía, guarda una homología notable con el caso del Régimen Militar Argentino: el entonces Secretario de Estado del gobierno Nixon, Henry Kissinger, habría dado la conformidad norteamericana a la junta griega para un operativo de unión de Chipre con Grecia que tuvo como respuesta la invasión turca a la isla y el fin del gobierno castrense, con la proclamación de la III República Helénica.
2 La naturaleza, alcance y gravedad de estos tratados está demostrada fundamentalmente en los trabajos magistrales del Dr. Julio González.
3 Principalmente bajo el gobierno Menem, primero durante la breve presencia de Cavallo al frente de la Cancillería y luego durante la prolongada gestión de Guido di Tella.