GAMBITO DE DAMA (ECO D06-D69) – PANORAMA PARTIDOCRÁTICO

Fuente: Anonymus

Envío de Tábano Consultora

Hugo Moyano demostró una vez más porqué mantiene una vigencia notable en la primera línea de la política argentina hace más de dos décadas. Concretó una de esas jugadas que electrizan el ambiente político, mezclo suspenso, tensión extrema y distensión, en un final ofrecido en el momento justo, que lo deja situado del lado ganador.

En el preciso momento que el gobierno amenazaba con sepultarlo bajo una pila de denuncias penales, leyes de abastecimiento y otras expresiones de impotencia política, Moyano cerraba con los empresarios de su sector el aumento que le venían negando: un 25,5% muy cerca de la inflación real y muy lejos del 18% que pretendía el gobierno. Con una delicia para la interna cegetista: consiguió un punto más que el obtenido por su rival, el metalúrgico Antonio Caló.

Moyano revalidó así los títulos de consumado negociador a la hora de defender sus afiliados, que no casualmente se encuentran entre los trabajadores mejor remunerados del país. “Ojalá tuvieramos un Moyano”, es un lamento habitual en la Mesa de Enlace o en la UIA. Ese prestigio de negociador que sabe cuando golpear y cuando acordar, que lo une con mitos del sindicalismo peronista como Augusto Vandor, es el que hoy acrecentó.

La jugada sin embargo fue mucho más amplia y excedió largamente lo salarial. Revalidados los títulos sindicales, Moyano fue por la pelea amplia, la discusión de quien paga el ajuste que está exigiendo la economía. Se ubicó así objetivamente al frente de la confrontación contra el gobierno, arrastrando atrás suyo a todos los sectores que tienen alguna cuenta pendiente con el gobierno y que es posible se sumen a la convocatoria a Plaza de Mayo del próximo miércoles.

El gambito es una jugada del ajedrez por el cual se entrega una pieza menor a cambio de recuperar la iniciativa. Generalmente el adversario cree que ganó y recién después de un rato se da cuenta que sufrió tremenda derrota. Moyano levantó el paro pero se adueñó de la agenda política que viene y se sabe que no hay nada peor para un presidente argentino que perder la iniciativa política. Es el único error que no tiene permitido.

Ya lo había anticipado cuando Cristina Kirchner decidió colocar a Moyano en el campo enemigo, que por su peso específico el día que el camionero se lanzara a la confrontación real, sería casi imposible para el resto de los actores políticos y sociales no quedar atrapados en su órbita gravitacional. La sociedad puede estar mas o menos dispersa, pero entiende en segundos por donde pasa la pelea de poder real: eso es lo que se vio como una fractura expuesta en las últimas 48 horas.

La reacción del gobierno no pudo ser más desafortunada. La combinación de un regreso anticipado de la Presidenta de una cumbre internacional y la sucesión desordenada de ministros lanzando querellas penales y multas para resolver un tema estrictamente laboral, no sólo le pega debajo de la línea de flotación a la cultura peronista, sino que habla de un ejército asustado.

Se extrañó la solvencia de los peronistas para tratar con “los compañeros”, esa marca registrada de gobernabilidad, esa capacidad de ponerle el cascabel al gato. Si se trata de interponer demandas, con abogados sobra. Si regular el conflicto social, si terciar en una puja distributiva acelerada por la alta inflación, es dar órdenes y esperar obediencia, la pregunta es en que lugar quedó la política.

Moyano pareció leer con rapidez el crecimiento geométrico de la gente por el caos que empezaba a extenderse en la sociedad y levantó la medida. Pero antes dejó muy en claro su poder: le bastó ordenar el paro de una sola de las ramas de su actividad para que se conmocionara el país. Fue una lección de real politik avasallante.

Embolsó el aumento que le negaban apenas 48 horas antes, se dio el lujo de sacar la intermediación del Ministerio de Trabajo que ahora fue reducido al rol de escribanía para refrendar lo que se negoció en otro lugar y convocó a un paro nacional para discutir la aplicación del impuesto de ganancias a los salarios, que endosó a la Casa Rosada.

Cristina tiene ahora pocas opciones agradables. O modifica el mínimo no imponible antes del miércoles y queda en consecuencia cediendo ante el camionero o se expone a una Plaza de Mayo muy numerosa, reclamándole algo que hasta el kirchnerista más convencido reconoce justo. Está claro que más temprano que tarde esa base imponible va a ser modificada: no tiene sentido que los aumentos trabajosamente conseguidos en paritarias se los lleve el Estado como impuesto.

Pero la Presidenta ya perdió la oportunidad de quitarle esa bandera a Moyano, con un anuncio unilateral de la modificación del tributo. Acaso atrapada por esa tendencia a no ceder nunca en ningún tema, terminó emboscada. Ahora, cuando la modificación llegue –aún en el caso que apele a la habitual diagonal de girar el tema al Congreso-, el triunfo político tendrá nombre y apellido.

Moyano en el mismo día consiguió un aumento para su gremio, exhibió todo su poder de fuego, desactivó el fastidio social y se quedó con una de las pocas banderas reales que unen a trabajadores de todos los colores y pelajes. Bastante para la tarde gris de un invierno que recién empieza a despuntar.

DERECHO PENAL EN ACCIÓN

El kirchnerismo se ubicó en una posición inédita para un gobierno peronista luego de denunciar penalmente a Hugo Moyano y su hijo Pablo por “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos” por la huelga de ayer, una causa presentada por Florencio Randazzo que quedó registrada en el Juzgado Federal Nº 9.

Así lo entienden los abogados constitucionalistas. El investigador del Conicet, Roberto Gargarella, que dirige la revista jurídica de la Universidad di Tella, indicó que “de ningún modo se justifica usar el derecho penal para lidiar con problemas sociales y de ningún modo se justifica usar el derecho penal para lidiar con reclamos gremiales”.

“Es injusto, indebido, de los peores usos imaginables del derecho”, señaló el constitucionalista, que agregó que “tampoco se justifica que el gobierno y sus voceros empiecen a indagar en el carácter político o no de la protesta”.

Gargarella afirmó que “sin entrar en la hipócrita utilización e incentivo que se dio desde el poder a la protesta sindical, lo cierto es otra cosa: toda protesta es política, toda protesta forma parte de una disputa política mayor.

“Esa no puede ser una conclusión condenatoria, es el punto de partida de toda protesta social”, finalizó.

Por su parte, el también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez que “Moyano ejerció su libertad de expresión, como cuando Hebe de Bonafini le pegó duro a la Corte Suprema”.

“El derecho a huelga y expresión anula cualquier tipo de acción penal”, señaló Gil Domínguez al tiempo que explicó que al realizar el paro, el líder de la CGT “ejerció un derecho previsto en la Constitución”, por lo que la denuncia presentada por el ministro del Interior violaría la Carta Magna.

En concordancia con Gargarella, Gil Domínguez aseguró que “ejercer un derecho nunca puede tener ningún tipo de represalia penal”.

El abogado indicó que el Gobierno no puede “pretender que Moyano vaya a una huelga y no hable” y agregó que “este tipo de denuncias el Gobierno las utiliza para generar un estado de latencia para activar todas las causas cuando necesitan apretar”.

DÓLAR LLEGÓ A $ 6,71

La compra de bonos en dólares en el mercado de capitales, por el cual el ahorrista termina cobrando su amortización en esa moneda, ayer tocó un nuevo máximo histórico colocándose en $6,71. Se trata de uno de los mecanismos legales para sortear las prohibiciones del Gobierno.

La compra de bonos en dólares en el mercado de capitales, por el cual el ahorrista termina cobrando su amortización en esa moneda al vencimiento, ayer tocó un nuevo máximo histórico colocándose en $6,71. Se trata de uno de los mecanismos, legales, para sortear las prohibiciones del Gobierno y hacerse de la divisa. El dólar blue, en tanto, avanzó a $5,96, muy lejos de los $4,52 del oficial, según publicó el diario La Nación.

La subida del "contado con liqui" responde a la ampliación en la brecha del rendimiento entre el precio en dólares de bonos argentinos y los que cotizan en pesos. Los títulos de deuda fueron los que sufrieron más en la rueda de ayer. El Boden 2015 tuvo una caída del 3,6%, aunque ese mismo papel, en pesos, bajó sólo 1,91%. Con el Boden 2012 pasó algo similar: valía 6,58 pesos en la Bolsa porteña y 0,98 dólares se pagaba en Nueva York.

La diferencia entre el dólar puesto en el exterior se amplió de esta manera al 48% contra el que se ofrece en el mercado mayorista formal. El precio fijado de los papeles, responde en todos los casos a la probabilidad de cobro. Así, por ejemplo, el Bonar17 es el que más bajó cotiza

La demanda de dólares no cesa pese a los esfuerzos de "pesificar la economía" con la que insiste el Gobierno. Sin embargo, en el mercado formal el volumen sigue declinando. Ayer se negociaron 275,1 millones de dólares en el mercado de contado (spot) y 93,5 en el de futuros. El Banco Central no intervino con compras, señalaron operadores.

¿Qué es el contado con liquidación o "liqui"?

Es una operatoria bursátil mediante la cual una persona o empresa transfiere fondos desde y hacia el extranjero a través del Mercado de Valores.

Para transferir al extranjero, el inversor compra en el Mercado local un título denominado en pesos que tenga también cotización en el exterior (New York) en dólares. Inmediatamente solicita que se le transfiera el título al extranjero y una vez ahí se venda, acreditándose el producido de dicha venta en una cuenta de su titularidad en dicha plaza. De la diferencia entre el precio de compra en pesos y de venta en dólares, surge el tipo de cambio al cual se cerró la operación de transferencia. La operación inversa se realiza para ingresar fondos a la Argentina.

REVALÚO FISCAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Los dirigentes que integran la Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires salieron este jueves al cruce de los funcionarios del Gobierno bonaerense en el marco de un nuevo capítulo de la guerra por el aumento del impuesto inmobiliario rural.

En una conferencia de prensa ofrecida en la sede porteña de CARBAP, un grupo de técnicos de las cuatro entidades del campo y del Movimiento CREA presentaron un trabajo (ver material adjunto) en el que se detalla el impacto que tendrá el revalúo.

En primer lugar, los especialistas aseguraron que “la medida dispuesta por el gobernador Daniel Scioli extrae del sector agropecuario más de $ 2820 millones adicionales perjudicando la productividad de la producción agrícola bonaerense”.

“Además, limita la búsqueda de escala y eficiencia empresaria, especialmente a los productores medios de entre 100 y 500 hectáreas. Con ese dinero podrían comprarse más de 1 millón de toneladas de urea o bien 7400 tractores”, agregaron los técnicos.

En tanto, tal como opiné en su momento, el informe hace referencia a que el aumento de las valuaciones fiscales de los campos bonaerenses beneficiará principalmente a la Nación y no a la provincia.

“El Gobierno nacional captará el 64 por ciento de los recursos, al tiempo que la provincia de Buenos Aires recaudará el restante 36 por ciento debido al incremento del inmobiliario rural”, explica el informe.

En este sentido, uno de los temas principales es el impacto del aumento en Bienes Personales y Renta Mínima Presunta: “La recaudación por estos impuestos aumenta de 300 millones a 2670 millones; es decir, un aumento del 790%”, aclararon.

“El impuesto presenta un sesgo hacia los estratos de producción de entre 100 y 500 hectáreas, cuyo impacto impositivo unitario puede llegar hasta duplicar el del resto de los estratos”, alerta el informe financiado con recursos del Fondo Agropecuario.

Por su parte, el vocero de CARBAP, José Casado, comentó a LPO que “el impuesto afecta al 70 por ciento de los campos y se torna impagable para la mayor parte de los productores rurales bonaerenses”.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Alberto Frola (Carbap), Abel Guerrieri y Marcelo Fielder (Sociedad Rural), Guillermo Giannasi (Federación Agraria), Federico Landra (Coninagro) y Ricardo Negri (Movimiento CREA).

SESIÓN ESPECIAL EN DIPUTADOS

Los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica) y Gustavo Ferrari (Frente Peronista) pedirán al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja que ponga en tratamiento los proyectos de ley para eximir o aliviar el pago del Impuesto a las Ganancias a trabajadores y jubilados.

Para ello, los legisladores convocaron a una conferencia de prensa para esta tarde, las 16:30, en el Salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, informó el bloque de la CC.

Sobre la sesión especial, será pedida para el miércoles próximo a las 10.30, el jefe del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, ya hizo contacto con su par del PRO, Federico Pinedo y con Gustavo Ferrari, quienes habrían adelantado su conformidad con la movida.

También con el socialista Juan Carlos Zabalza, quien integra el interbloque del FAP, quien dijo que iba a consultar con sus colegas del espacio, indicó el ex camarista.

Hizo consultas con la Coalición Cívica, aunque todavía no hubo una definición de ese sector, mientras la ex cívica Patricia Bullrich y el peronista disidente Eduardo Amadeo, junto con el macrismo emitieron ayer un comunicado convocando para la misma sesión.

La idea de los impulsores es elaborar una fórmula de actualización automática de límite para comenzar a pagar la imposición.

El pedido de sesión especial incluye un total de 30 proyectos que ya tienen estado parlamentario. No obstante, los opositores seguirán con los contactos con la idea de sumar nuevas voluntades.

OPINIÓN DE LA CTA Y OTROS ACTORES

El titular de la CTA disidente compartió los reclamos de Moyano pero aclaró que no irá a la Plaza de Mayo. “No podemos sumarnos a un paro anunciado por la televisión”, señaló. Pero no descartó cambiar de idea si el caminero lo llama. Barrionuevo se sumaría. Federación Agraria, Libres del Sur y MST adelantaron su apoyo.

Pablo Michelli apoyó la convocatoria a la movilización para el miércoles de Hugo Moyano pero aclaró que no se sumará porque no le avisaron. “No nos hemos juntado, pero no podemos ir a una marcha convocada por la televisión”, agregó.

Pero aclaró que respalda los reclamos por el aumento del mínimo no imponible de Ganancias y la suba del tope de las asignaciones familiares. “Le agregaría la suba del salario mínimo a 5000 pesos y la jubilación del 82% móvil”, sumó Michelli, quien convocó a una movilización por esos planteos y recibió el saludo de Moyano.

“El gobierno se viene manejando mal. Al mandar la gendarmería iba a terminar en un conflicto social y así fue”, evaluó el jefe de la CTA disidente. “El impuesto a las ganancias es una vía de recaudación para pagar intereses de la deuda. Hay un mal manejo”, remarcó.

No fue el único apoyo que sumó Moyano. La Federación Agraria Argentina, Libres del Sur y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) coincidieron con su reclamo.

“Nos vuelve a juntar el espanto a todos y el repudio a la actitud gorila de meterle una denuncia penal a los dirigentes que enfrentan el autoritarismo que tenemos hoy en día”, se quejó Buzzi.

El secretario general del Movimiento Libres del Sur, Humberto Tumini, acusó al Gobierno de “buscar aumentar la recaudación justamente a partir de los que menos tienen y no de los que más ganan”, por la negativa oficial a modificar el impuesto a las Ganancias.

“Frente al ejercicio del justo derecho de huelga de un gremio en conflicto, lo primero que hace el Gobierno es descalificar a sus dirigentes, amenazar, enviar la Gendarmería, poner sanciones. Es una pésima actitud de quienes se jactan de defender los derechos humanos, de respetar y no reprimir la protesta social”, se lamentó.

A través de un comunicado, Vilma Ripoll pidió una lucha conjunta. “Nos solidarizamos con los camioneros y sus justos reclamos por salario, contra el tope a las asignaciones y el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Mientras paga la deuda a los fondos buitres, Cristina sólo sabe judicializar la protesta”, afirmó.

Al mediodía, Luis Barrionuevo adelantó que los gremios que integran la CGT Azul y Blanca que lidera discutirían esta noche una postura a tomar, pero se mostró a favor de la manifestación.

"Esta situación iba a colapsar, hay una Presidenta ausente, no tiene gabinete, no hay peronismo y los gobernadores lo único que hacen es pedir plata, no hablan de política. Quieren meter en cana a Moyano”, presagió.

Junto al gastronómico se alistan los empleados de estaciones de servicio (del diputado bonaerense Carlos Acuña), del caucho (Claudio Arce), Seguridad (Angel García), Vidrio (Horacio Valdez), Choferes particulares (Andrea Aranda), Plástico (Vicente Mastrocola) y Viajantes (Luis Cejas), entre otros.

La Unión Ferroviaria fue una de las pocas voces que se expresó en contra. "Moyano no supo o no quiso unificar el movimiento obrero en un solo reclamo", consideró Mario Rodríguez, reemplazante del detenido José Pedraza.

¿NUEVA OPOSICIÓN?

Transcurrieron apenas seis meses desde que reasumió. Poco queda de aquella "vieja" Argentina. Ahora el país es otro, inmerso en diversidad de conflictos y con un arco "anti K" que se nutre de las falencias del modelo. ¿La clase media y los caceroleros, ahora más afines a Moyano?

"Esto se va a poner feo. La situación es muy preocupante, los dos están levantando la apuesta porque no pueden compartir el poder. No hay espacio para ambos. Son como dos trenes de frente a punto de chocar".

Esta frase por demás gráfica pertenece al politólogo Jorge Giacobbe, uno de los principales conocedores de la interna peronista, quien acababa de hablar con un alto dirigente sindical luego de que Hugo Moyano convocara a un paro nacional para la semana próxima.

Y su advertencia resume el sentir general de todos los observadores del panorama político.

Es que si alguna vez la relación entre Cristina Kirchner y el jefe de la CGT pareció una "guerra fría" -es decir, una pelea en la que se insinuaba pero que no llegaba a materializarse por el respeto y temor mutuo- ahora se convirtió en una pelea abierta.

Ninguno oculta su bronca, se pasó de las críticas elípticas a las acusaciones directas, los pases de facturas están a la orden del día y las consecuencias son, a esta altura, impredecibles.

Giacobbe destaca un hecho no menor: la convocatoria de Moyano para el miércoles próximo implica el primer paro contra un gobierno peronista en toda la historia. "Pero no sólo eso, sino que se rompieron ciertos códigos de convivencia política cuando empezaron a acusarse de robo entre ellos", señala el experto.

Alude al duro discurso de la Presidenta en el que acusó a los sindicalistas de alentar irresponsablemente pedidos salariales que luego derivaban en despidos mientras los dirigentes "se vuelven a sus casas, que nunca son casas pobres".

No menos dura fue la reacción de Pablo Moyano, el hijo de Hugo, que acusó al vicepresidente Amado Boudou de estar "más sucio que un mecánico".

Lo cierto es que mientras el Gobierno hace denuncias penales contra los Moyano, y éstos tratan de "soberbia" a Cristina y comparan a su gobierno con la dictadura, empieza a quedar en claro una idea.

De las dos partes en pugna, la Presidenta es quien más tiene para perder en un conflicto.

"Si Moyano ocupa la Plaza de Mayo y se transforma en el nuevo Ubaldini, el monopolio y hegemonía política de Cristina se puede terminar y su gobierno va a quedar condicionado", afirma Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas (CIPOL).

Tan convencido está sobre la gravedad de la situación que manifiesta sus dudas sobre si efectivamente tendrá lugar la concentración moyanista del miércoles: "El Gobierno va a tratar por todos los medios de que no se haga, sabe que puede ser un punto de inflexión".

¿Qué tanto podría agravarse la situación? Algunos analistas creen que lo que se ha visto en los últimos días -con el desabastecimiento a las estaciones de servicio y las dificultades en los cajeros automáticos- son apenas una pequeña muestra.

"Ambos tienen municiones guardadas que han preferido no usar todavía. Por el lado del Gobierno, puede meterse en las obras sociales e intervenir más directamente en la interna de la CGT. Tienen mucho para atacar a Moyano", describe Alejandro Catterberg, socio de la consultora Poliarquía.

Y agrega que el sindicalista, a su vez, "tiene muchas herramientas para alterar la normalidad del país, ya demostró que puede hacer que falten insumos fundamentales".

En este sentido, cabe recordar que casi el 90% de la carga que circula en el país se moviliza por camiones, al igual que un 80% del PBI. El gremio tienen cerca de 200 mil conductores habilitados. Traslada todas las materias primas y mercadería de los campos a los puertos.

Como si esto fuese poco, tiene injerencia directa en tres cuestiones muy sensibles para la población: el transporte de combustibles, de caudales (cajeros automáticos) y de residuos.

"Si un día no se recoge la basura la gente culpa a Moyano, pero si pasan cinco días sin recolección ya responsabilizan al Gobierno", reflexiona un funcionario.

Y este último punto es un elemento clave. Los analistas creen que ante una crisis de desabastecimiento, el malestar de la opinión pública ahora no se volverá tanto contra el sindicalismo sino contra el Gobierno.

Una encuesta de Giacobbe da la prueba de que el líder sindical se beneficia más que el Ejecutivo. Hace 40 días, cuando se les preguntaba a los argentinos cuál de las dos partes prefería que se "impusiera" en la confrontación, Cristina ganaba 7 a 1. Pero, en las últimas horas, el mismo sondeo arrojó un resultado de 2,4 a 1.

Esta circunstancia refleja un cambio en la imagen de ambos contendientes.

Del lado del Gobierno, pesa la acumulación de crisis que tuvo la Presidenta desde su reasunción.

Un simple repaso a las situaciones conflictivas resulta agobiante e incluye:

• El colapso del sistema de transporte público.

• La escasez de productos por el cierre de importaciones.

• Las restricciones a la compra de dólares.

• Las tensiones con gremios, como el de los maestros.

• Las protestas contra la minería en el interior.

• Las acusaciones contra Amado Boudou.

• Las imputaciones de espionaje a militantes opositores.

• El malestar de los productores rurales por el revalúo impositivo.

• Las dificultades financieras de las provincias.

Y la lista continúa. Tal vez esa situación haya sido la que generó una serie de "curiosidades".

En las últimas horas se han visto "coincidencias de sectores" que, tiempo atrás, parecían impensadas, como por ejemplo el acercamiento entre Moyano y el gobernador bonaerense Daniel Scioli, o la adhesión de la Federación Agraria a las protestas de los camioneros, esos mismos que hace cuatro años intentaban romper la huelga de los productores sojeros.

Y lo que más llama la atención es cómo la clase media, que siempre ha manifestado un fuerte rechazo por el estilo de Moyano, sea ahora la más permeable al reclamo por la actualización en el "piso" del impuesto a las ganancias.

A fin de cuentas, buena parte de ese segmento que gana por encima de los $7.998 se ve alcanzada por el tributo.

De manera que quienes se sienten identificados con este reclamo, del que Moyano tomó la bandera, no son precisamente los sectores populares sino más bien aquellos profesionales que en las últimas semanas también han manifestado su enojo por el hecho de no poder ahorrar en dólares.

"A los que no les gusta este modelo K, los que van con las cacerolas a manifestarse por la corrupción o por las medidas de la AFIP encuentran en Moyano alguien que canaliza una oposición que este nuevo Gobierno no tiene", señala un dirigente en estricto off the record.

Los hechos confirman lo que muchos anticipaban apenas Cristina había logrado el contundente 54% en las urnas: que la oposición iba a surgir del propio partido, de las luchas internas e, incluso, del mercado financiero (representado entre otras variables por el dólar) dependiendo esto último de cómo evolucionase el escenario económico.

En este sentido, el analista Rosendo Fraga destacaba que el peronismo está lejos de ser un partido cohesionado y monolítico.

"Se ha transformado en una cultura política que ocupa el espacio del oficialismo y gran parte del arco opositor al mismo tiempo", señalaba.

En buen romance -tal como adelantaban los expertos- la victoria del 54% de los votos no iba a significar en absoluto un hegemonismo político para todo el mandato.

"En una sociedad democrática hay mucho poder que no está en la política, está en el mercado y en los ciudadanos", afirmaba en ese entonces Sergio Berensztein, director de Poliarquía.

Y también parece ratificarse una nueva particularidad de la política argentina: que la oposición verdadera sólo puede salir de las propias filas peronistas.

"Cada facción peronista está luchando para ver cuál va a ser el futuro del movimiento, y eso produce enorme inestabilidad porque traslada a la sociedad todas sus pujas internas", observa Enrique Zuleta Puceiro, experto en opinión pública.

Queda, entonces, una sensación flotando: la gestación de una nueva oposición que se nutre de las propias falencias del modelo K ya descriptas.

"La cuestión es cómo se combinan los camioneros, los productores rurales, los que cacerolean. No hay certezas sobre qué se puede generar a partir de eso. Lo que sí está claro es que en el fondo hay una discusión de gobernabilidad y Cristina debe evitar perder el control de la calle. No va a ceder en eso", afirma Catterberg, de Poliarquía.

¿Negociar o no negociar?

El debate del momento radica en cuál debe ser la reacción del Gobierno ante la escalada conflictiva. ¿Negociar es mostrar debilidad? ¿O es peor mostrarse intransigente aunque eso derive en un caos social?

Y aquí es donde sale a relucir una máxima que todos los politólogos tienen presente en la política argentina: en el imaginario social, el peronismo es el partido que garantiza la gobernabilidad.

En consecuencia, se puede perdonar la baja calidad institucional, los cambios de discurso y hasta las acusaciones de corrupción. Pero no se le perdonará que no se muestre dominador de la situación política y social.

"El 54% de votos que obtuvo Cristina fue por haber demostrado gobernabilidad. Por eso la sociedad ahora mira al Ejecutivo para ver si puede controlar la situación", señala Zuleta Puceiro.

El problema, claro, es si es posible gobernar "con Moyano en contra". Más aun en un país con alta inflación. Hay varios analistas que creen que la Presidenta comete un error en exacerbar su intransigencia.

"Cristina no siguió lo hecho por su marido", sostiene el siempre provocativo Jorge Asís, aludiendo a cómo Néstor Kirchner -a pesar de tener diferencias con Moyano- buscaba negociar para coexistir pacíficamente.

"Reconocer que es un error cobrarle al laburante el impuesto a las ganancias nunca sería arrugar", afirma el exsecretario de Cultura del gobierno menemista.

En este punto, incluso los analistas más cercanos a la posición del Gobierno sostienen que, al menos, es necesario hacer ajustes en la comunicación.

"El Gobierno nunca cede bajo presión. Por eso, no va a cambiar su postura con el impuesto a las ganancias. Pero tiene que salir a fundamentar su postura del por qué no lo hace", argumenta Analía del Franco, directora de la consultora Analogías.

En la misma línea, el encuestador y politólogo Artemio López, uno de los más firmes defensores del kirchnerismo, sostiene que la jefa de Estado debería explicarle a la sociedad cuáles son los riesgos que trae aparejado el otorgar tal beneficio.

"El país no es una fiesta, ni lo será en el corto y mediano plazo, digamos así. De tanto repetir buenas nuevas, uno no debiera terminar creyéndolas. Se trata de levantar el ánimo sin bajar el análisis", afirma López con inusual sinceridad.

Lo curioso, en todo caso, es que si el Gobierno accediera al reclamo sindical y actualizara por inflación el "piso" del impuesto a las ganancias, el fisco no sufriría mucho.

Según dan cuenta economistas especializados en temas tributarios, ganancias representa un 15% del total de la recaudación pero, de ese total, sólo la tercera parte corresponde a aportes de personas, mientras que el resto son gravámenes a empresas.

"Es claro que la disputa es más política que económica. No sólo porque ganancias no es tanto en términos de ingresos, sino porque además, si actualizaran el piso, gran parte de esa plata volvería a las arcas del Estado bajo la forma de IVA", afirma off the record, el economista jefe de una de las principales consultoras.

Mientras tanto, la pulseada continúa subiendo de temperatura. Y el clima político cambia hasta el punto que muchos ya consideran irrelevante si hay una ruptura interna de la CGT.

Como dice Giacobbe: "A esta altura, si hay una CGT o si hay 14 ya no importa. Porque el tema pasó a ser quién puede sacar miles de personas a la calle. Y el desafío de Cristina es evitar que esa calle sea de Moyano".

EL GOBIERNO NO RETROCEDE

El Gobierno aclaró este jueves que el piso salarial a partir del cual los trabajadores pagan el Impuesto a las Ganancias no será modificado hasta nuevo aviso.

El vocero del mensaje, el gobernador Jorge Capitanich, argumentó que cualquier modificación en ese tributo afectará los ingresos del Estado nacional y de las provincias.

En una reunión por sorpresa del Comité de Acción Política del PJ, que conduce ese gobernador, a quien acompañó Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista de los diputados, Capitanich desarrolló con detalles la posición del Gobierno de ser más que cauteloso -y lento- en resolver alguna modificación del impuesto sobre los salarios porque afectará al sistema de seguridad social y también a las finanzas de las provincias.

"El Impuesto a las Ganancias es coparticipable, y por eso reducirlo (o eliminarlo para los asalariados, como reclama Moyano) resentirá los fondos con que cuentan las provincias", argumentó Capitanich.

Igualmente, Capitanich negó que haya oficiado de vocero de una posición del Gobierno; también descartó que sus palabras significasen un congelamiento definitivo de cualquier modificación del piso para el pago de Ganancias sobre los salarios.

Sí transmitió la idea de que cualquier proyecto debe ser discutido en una mesa más grande que la que integran los sindicalistas y el Gobierno. Si -como se admitió ayer en la sede de Matheu del PJ- con este pronunciamiento los gobernadores "defienden su caja", el debate será más lento y completo. Con seguridad, además, el Gobierno no dará ningún paso hasta que hayan pasado el paro y la movilización del miércoles. Ceder, del lado del Gobierno, sería una derrota.

La salida de Capitanich para expresar el apoyo del PJ al Gobierno en la pelea con Moyano fue objeto de una charla que mantuvo el gobernador con Florencio Randazzo en la noche del miércoles, apenas llegó la Presidenta al país de su gira por Estados Unidos, México y Brasil.

RESPUESTA DE LA CGT

El vocero de la Confederación General del Trabajo (CGT), Juan Carlos Schmidt, aseguró este jueves que el Consejo Directivo de la central obrera decidió sumarse al paro nacional y la movilización convocada por el Sindicato de Camioneros para el próximo miércoles, para reclamar el aumento mínimo no imponible de Ganancias y por el pago de Asignaciones Familiares.

"El día miércoles, las organizaciones sindicales van a parar según modalidades de cada uno de los sectores para tratar de garantizar la concentración. En el día de mañana, el transporte va a decidir su modalidad de paros. Seguramente, a partir del mediodía va a haber cese de actividades", explicó e Schmidt en una conferencia de prensa.

La decisión se tomó luego de arduas discusiones con 50 organizaciones sindicales, después de que el titular de Camioneros y de la CGT, Hugo Moyano, anunciara en conferencia de prensa un paro de su gremio y una movilización a la Plaza de Mayo.

"Descontamos la adhesión de amplios sectores. Bancarios y petroleros anticiparon su apoyo, igual que el resto de las organizaciones que se hicieron presentes hoy", señaló el vocero de la central obrera.

Asimismo, manifestaron su respaldo a la medida los portuarios, motoqueros y recibidores de granos a través de un comunicado que hicieron llegar a iProfesional.com

No obstante, la CGT dejó abierta la puerta abierta a levantar el plan de lucha en caso de que el Gobierno convocara a una reunión para negociar una salida al conflicto, tras recordar que desde septiembre pasado se encuentra cortado el diálogo entre ambos sectores.

"Lamentamos que tuvimos que llegar a esto. Pero el peor camino para que los trabajadores y el gobierno nacional no puedan entenderse es no tender los caminos de diálogo, como hemos hecho históricamente", explicó. Y añadió que "si la Presidenta llama a una reunión, vamos a ir".

BATALLA JUDICIAL

A primera hora del jueves, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó una denuncia judicial contra el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, "por coacción agravada", acusándolo de entorpecer el normal funcionamiento del transporte de combustible al bloquear el acceso a una refinería de YPF, ubicada en el partido bonaerense de La Matanza.

Unas horas más tarde, fue el turno del titular de la cartera de Planificación, Julio de Vido, quién anunció otra demanda, en este caso contra los empresarios, por violación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera.

Es que, según el Gobierno -y en palabras del Ministro-, el paro tuvo "una clara connotación política y corporativa, contra la democracia y contra el diálogo y el libre ejercicio de cada uno de poder transitar, recorrer y adquirir bienes y servicios".

Esa denuncia fue contra los empresarios de la cámara de transporte porque, según De Vido, "no ayudaron en nada para afrontar esta situación".

En tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también tomó cartas en el asunto y precisó que el Gobierno le aplicará una multa de $4 millones al gremio de camioneros por no acatar la conciliación obligatoria.

Incluso, el titular de la cartera laboral tampoco descartó que se pueda avanzar hasta con la quita de la personería gremial por violar la medida dispuesta por el citado ministerio.

En este escenario -y ante el acuerdo firmado que concede un aumento del 25,5% en los salarios de los camioneros-, el secretario general del Gremio, Hugo Moyano, decidió terminar con el bloqueo y convocar a un paro nacional para el próximo miércoles en reclamo a la actualización del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias.

Las denuncias ya iniciaron su recorrido legal y los especialistas consultados explican hasta dónde puede llegar el Gobierno en su intento por frenar la avanzada sindical.

Quita de personería

En el momento más álgido del conflicto, el ministro Tomada sostuvo que el Ejecutivo iba a actuar con "todo el rigor que sea necesario" y agregó que las distintas sanciones previstas en las normas sindicales "se han aplicado a aquellos que no acataron la legislación. La ley debe ser igual para todos".

"Nadie duda que la organización de camioneros es un importante sindicato que representa a sectores sensibles. Eso le da fuerza pero también implica un mayor compromiso para lograr acuerdos", había destacado.

En ese aspecto, consideró que, en caso de no acatar la conciliación, además de la multa de $4 millones, el gremio podría sufrir la quita de la personería (lo que automáticamente lo excluiría de las negociaciones colectivas).

El abogado Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, explicó que "el Estado cuenta con el monopolio del poder de policía, aspecto que en el plano laboral lo faculta, a través del Ministerio de Trabajo, a encuadrar legalmente y de modo imperativo. Es decir, en forma compulsiva, todo conflicto laboral de intereses que se suscite en forma colectiva".

El experto explicó que, justamente, es la Ley 14.786 la que contempla la comúnmente denominada "conciliación obligatoria" y que, en rigor de verdad, es una "instancia obligatoria de conciliación", que el Ejecutivo les impone a los actores sociales -en este caso sindicato y cámara empresaria-, para deponer sus actitudes y negociar durante un plazo de 15 días hábiles.

Por ende, las partes están obligadas a acatar dicha instancia y un incumplimiento trae importantes implicancias.

Esta situación es considerada por la Ley 25.212 (Pacto Federal del Trabajo) como una falta muy grave y es susceptible de multas y penalidades como la decidida por la cartera laboral, además de la posibilidad prevista en la Ley 23.551 (de Asociaciones Sindicales) de solicitar en sede judicial la suspensión o quita de la personería a la entidad sindical.

"La personería gremial es la facultad que el Estado le otorga a un sindicato para ser considerado el más representativo para ejercer los derechos colectivos de una determinada categoría profesional, pudiendo negociar y suscribir convenios colectivos de trabajo", explicó García.

"Sólo la Justicia puede proceder a la quita de la misma y a petición del Ministerio de Trabajo", remarcó.

Problemas de la Ley de Abastecimiento

Por otro lado, las marchas y contramarchas trajeron a escena, una vez más, a la Ley de Abastecimiento.

Esta norma data de 1974 y establece sanciones a las empresas que no suministren en forma normal la provisión de distintos productos, en este caso del combustible.

Incluso, habilita aplicar penas de prisión para quienes vayan contra sus disposiciones.

Este marco normativo le otorgó al Poder Ejecutivo, o a quien éste designe, amplísimas facultades para regular cualquier aspecto de la vida económica del país.

En el siguiente cuadro, se detalla brevemente su contenido:

Sin embargo, algunos especialistas consultados marcan sus dudas respecto a que esta ley esté vigente, pese a que el Gobierno ya la aplicara en anteriores oportunidades.

Al respecto, Máximo Bomchil, socio de M&M Bomchil, señaló que "fue suspendida mediante el decreto que dispuso la desregulación económica, a principios de la década del 90".

Ese decreto es el 2284/91, que en su artículo 4º dispuso "suspender el ejercicio de las facultades otorgadas" por esa norma. "Sólo podrían ser reestablecidas si una ley del Congreso decretaba una emergencia en el abastecimiento, algo que nunca sucedió", destacó el abogado.

En tanto, Héctor Huici, del mismo estudio, estimó que "una sanción con fundamento en la Ley de Abastecimiento sería nula" por la falta de vigencia del marco normativo.

Sin embargo, hay otra norma legal que juega en este tema. Se trata del decreto 722/99, a través del cual la administración de Carlos Menem reestableció las facultades sancionatorias ante, justamente, una huelga de camioneros.

Éste dispuso declarar el "estado de emergencia de abastecimiento a nivel general", y no contiene ninguna fecha de caducidad o condición suspensiva.

Y, si bien la suspensión dispuesta en 1991 preveía que sólo el Congreso de la Nación podía restablecer las facultades, el mismo es un DNU, que tiene la misma jerarquía que una ley.

De todas formas, Bomchil recordó que el procurador del Tesoro de la Nación emitió un dictamen en 2002 en el que consideró que las facultades previstas para obligar a una empresa a continuar con la producción o distribución de un producto se encontraban suspendidas, ya que la huelga que había justificado el restablecimiento de las mismas en 1999 había finalizado.

Luis Dates y Santiago Maqueda, abogados de Baker & McKenzie, remarcaron que "el ejercicio de estas amplísimas facultades convertiría -en los hechos- a cualquier actividad empresarial en servicio público, sustrayéndola del mercado sin que existan circunstancias económicas que justifiquen tal intensidad en la injerencia estatal".

"La incertidumbre acerca de la vigencia de las facultades delegadas por la Ley de Abastecimiento es una cuestión que todavía no ha sido zanjada definitivamente" agregaron.

A todo esto se suma el hecho de que la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional dispuso que las delegaciones anteriores a 1994, que no tuvieran plazo establecido para su ejercicio, caducarían si no fuesen ratificadas expresamente por el Poder Legislativo.

"El Congreso, a lo largo de diversas leyes, fue ratificando periódica y conjuntamente las delegaciones prexistentes, sin interrupción, hasta agosto del año 2010. Sin embargo, en ese entonces, por la falta de acuerdo de los legisladores, no se produjo la nueva ratificación", concluyeron los especialistas de Baker & McKenzie.

Prisión

La normativa también habilita la aplicación de una serie de sanciones que van desde multas y clausura por tres meses para los comercios y empresas que no cumplan con un normal abastecimiento hasta la prisión de directivos.

Sucede que el marco penal habilita a los jueces que investigan supuestas infracciones a aquella norma a ordenar la detención de directores, administradores o gerentes para frenar la comisión de delitos.

En este sentido, abogados penalistas explicaron a este medio que varias de las transgresiones, como por ejemplo el desvío del abastecimiento o la negación de venta de insumos, son ilícitos "continuados", es decir, que no se cometen en un único acto.

Y por esa circunstancia un juez podrá ordenar el arresto de un directivo de la compañía para impedir la continuidad del delito y trasladarlo a Tribunales con el fin de tomarle declaración indagatoria, una etapa esencial de la investigación judicial.

Se trata de una medida "excepcional" que habilita el propio Código Procesal y que, incluso, puede ser dispuesta verbalmente por el juez a cargo del proceso.

De modo que la detención es una decisión extrema que un magistrado deberá ponderar, aunque sólo en casos de "especial gravedad" para la seguridad y el orden económico nacional.

PROTESTA VIOLENTA

La petrolera Pan American Energy, controlada por la británica BP, interrumpió el bombeo de crudo en Cerro Dragón por una manifestación de trabajadores que tomaron las instalaciones.

Cerro Dragón, en la patagónica provincia de Chubut, produce unos 100.000 barriles de petróleo por día, o cerca de un 15% de la producción de crudo de Argentina.

"El jueves a las 8:45 ingresaron 500 personas y tomaron algunas instalaciones de Cerro Dragón en medio de una protesta muy violenta. Hubo muchos destrozos dentro del yacimiento. El bombeo de crudo lo interrumpió Pan American como una medida de seguridad", dijo la fuente a Reuters en condición de anonimato.

Los manifestantes, trabajadores de la construcción, reclaman principalmente un incremento salarial del 11%, para equiparar su nivel salarial al de los empleados de mantenimiento y servicio que realizan tareas similares.

"Tomamos la planta porque no hemos tenido respuesta a nuestros reclamos. Va a seguir tomada por tiempo indeterminado hasta que respondan a nuestra demanda", dijo a Reuters Guido Dickason, secretario de prensa del Sindicato de Personal de Obras Mecánicas Civiles y Servicios del Sur de la Provincia del Chubut.

Los trabajadores también ocuparon la usina de generación eléctrica de Cerro Dragón, que provee electricidad al yacimiento, añadió la fuente.

"La salida de operación de esta usina, que todavía está operativa, podría amenazar la totalidad de la producción de PAE en Cerro Dragón y poner en riesgo la provisión de gas en localidades cercanas", dijo la fuente.

Durante el ingreso al yacimiento hubo algunos heridos entre personal de gendarmería, personal de guardia y empleados de PAE, agregó.

La gigante británica BP tiene el 60% de los activos de Panamerican Energy, que tiene su sede en Argentina, mientras que el 40% restante está en manos de Bridas, que en un 50 por ciento pertenece a la china CNOOC.

TRANSPORTE

Gran parte de los argentinos actualmente están escribiendo día a día su propio "manual de supervivencia" para poder superar los escollos que van surgiendo cotidianamente en una economía que está dejando atrás la euforia por el consumo y que está envuelta en un notorio enrarecimiento del clima político.

En efecto, entre otras cosas, deben lidiar con el confuso "mapa del dólar", que prácticamente tiene tantos colores y formatos como ramas de actividad existen en la economía.

Paralelamente, tienen que aprender a convivir con el faltante de productos importados, que ya excede a los artículos de lujo y que involucra desde remedios hasta repuestos para autos.

Sin embargo, el "manual de supervivencia", que día a día van escribiendo millones de personas, ahora suma un nuevo capítulo y que marca la diferencia entre vivir de manera ordenada o enfrentar un pequeño caos cotidiano.

Sucede que, en estos momentos, los argentinos ahora también tienen que ser expertos en saber en qué momento cargar nafta y cómo ir "regulando" lo que queda en el tanque para llegar a destino; cuándo sacar plata de un cajero para no quedarse sin cash y -de complicarse la situación- hasta calcular en qué momento sacar la basura a la calle.

Y estas últimas pequeñas alteraciones en el ritmo de vida tienen dos factores en común: la fuerte "camión-dependencia" de la que está presa la economía argentina y el enorme poder e influencia sobre otras ramas de actividad que logró el gremio del transporte, fenómenos que prácticamente no tienen equivalentes en ningún otro país de similar o superior desarrollo económico que la Argentina.

Para comprender el alcance que puede llegar a tener el paro nacional convocado por la CGT para el miércoles próximo y la influencia del sindicato que conduce Pablo Moyano, que lógicamente estará plegado a la medida de fuerza, basta mencionar que éste involucra a 15 ramas de actividad, entre las que se encuentran:

• Transporte de combustibles líquidos

• Transporte de carga postal

• Recolección de residuos

• Transporte de materiales peligrosos

• Transporte de vehículos

• Mudanzas y encomiendas

• Logística y transporte para la industria petrolera

• Logística, almacenamiento y distribución

• Distribución de diarios y revistas

• Distribución de bebidas y alimentos

• Transporte de larga distancia

• Transporte internacional

Puesto en números, se estima que por los camiones que ruedan por las rutas argentinas se moviliza el 84% de la producción total (industrial y agropecuaria) del país. En tanto, luego de décadas de desinversión y abandono, el tren se quedó con un exiguo 14,5% de esa torta, mientras que por vías fluviales se moviliza apenas el 1,5% del total.

Estas cifras distan mucho del esquema logístico imperante en algunas naciones europeas, donde los camiones no lideran el negocio, dado que tienen un share del 40%, por debajo de los trenes (50%).

Esto explica por qué gran parte de la vida cotidiana -como llegar al trabajo, realizar una mudanza, circular por calles limpias, hacerse de efectivo, y poder cargar el tanque del auto- se puede ver alterada en función del humor de los Moyano y de los cortocircuitos con el Gobierno.

"En todo el mundo, la influencia del transporte es clave, pero en nuestro país confluyen dos factores: la conocida concentración de la carga en camiones y el gran poder que ganó el sindicato, que cuando frena arrastra a una docena de subsectores", explicó el presidente de una multinacional del sector logístico que pidió estricto off the record.

El directivo agregó que "en Europa no existe tal unificación, te paran un día los recolectores de residuos, otro día puede ser el gremio responsable del transporte de caudales. Pero es muy difícil ver una medida de fuerza tan abarcativa y sincronizada como la que tendremos la semana próxima".

El presidente de esta compañía líder agregó que, el hecho por el cual Moyano estornuda y en cuestión de horas el país puede tener algún "síntoma" de gripe por una paralización gremial, obedece a que durante muchos años, "el líder sindical fue ganando cada una de sus peleas por reencuadramientos. Hoy estamos viendo las consecuencias. Por eso, si bien influyó el hecho de que el transporte ferroviario haya entrado en decadencia, no hay que olvidar que Moyano se volvió un protagonista cada vez más gravitante para la política y la economía".

No voy en tren, voy en... camión

Las razones por las cuales en otros países se potenció la utilización del tren como aliado logístico obedece a una simple cuestión de números: es más barato y más eficiente.

Al respecto, Rogelio Pontón, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, aseguró que "transportar una tonelada en camión cuesta, por kilómetro, unos 11 centavos de dólar promedio, mientras que hacerlo por ferrocarril vale unos 4 o 5 centavos de dólar".

Esto implica que poner una carga sobre un remolque y moverla sobre una ruta cuesta entre 120 y 175% más que transportarla sobre rieles, lo que pone en evidencia la marcada pérdida de competitividad que castiga al "Made in Argentina".

En este contexto, Jorge Tesler, presidente de TGI, una de las consultoras líderes en logística, aseguró que "el costo del transporte en función del PBI de la Argentina es el más alto de la región y se encuentra un 10% por encima del de países como Chile o Colombia. Y esto obedece a la cantidad de kilómetros que se recorren por ruta y la baja incidencia del tren".

Según el experto, "hoy es común que una carga haga 1.000 kilómetros en camión, cuando en realidad, distancias de ese tipo únicamente deberían realizarse por vías férreas".

Y esta preponderancia tiene un precio: según un estudio de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, por cada punto de share que pueda ganar el transporte en tren, la economía argentina se ahorraría unos u$s 70 millones anuales.

Sin embargo, esto está lejos de suceder: mientras el transporte de cargas por camión no para de ganar participación (84%) la actividad ferroviaria (14,5%) sigue en un cono de sombras.

¿Cómo se llegó a esta situación? El economista Tomás Bulat aseguró que "el deterioro del ferrocarril comenzó después de la nacionalización del servicio, en la década del ´50. Luego vinieron sucesivas crisis, se dejó de invertir, el servicio empezó a ser deficitario y a generar pérdidas y así pasamos de tener algo que nos daba orgullo a algo que hoy nos avergüenza".

En este contexto, Pontón recordó que hasta la década del ´70 "el tren movía, de manera global, unas 50 millones de toneladas anuales. Después vino la decadencia y en los años 90 terminaron movilizando apenas 8 millones. A partir de allí se fue recuperando hasta las 25 millones de toneladas actuales. Ha habido avances, pero considerando el enorme salto de la producción en ese lapso, claramente todavía falta muchísimo".

Según Bulat, el abandono al que fue sometido el transporte ferroviario y, como consecuencia, la fuerte "camión-dependencia", fue una clara consecuencia "de la visión de corto plazo que comenzó a imperar en la Argentina".

"Hacer funcionar un ferrocarril requiere de una fuerte inversión de entrada y recuperarla lleva mucho tiempo. En cambio, poner un camión en la ruta es mucho más económico, pero claramente menos eficiente. La transición que tuvo lugar durante décadas obedece a toda la visión cortoplacista que dominó al país", acotó Bulat.

En la misma línea, Tesler aseguró que "para tener una red ferroviaria más eficiente habría que realizar planes de inversión que van desde los 10 a los 15 años y que van más allá de un gobierno de turno".

Campo, containers, cajeros y nafta

En el caso de la logística para la producción agrícola, Pontón destacó que el reparto de la carga es ampliamente favorable al camión, dado que, al igual que a nivel general, moviliza el 85% de los granos, una proporción altamente ineficiente, si se tiene en cuenta que, según el experto, "a un productor sojero de Salta le cuesta más el flete de su provincia a Santa Fe que de Santa Fe a Róterdam".

Según el experto, en total, el costo por movilizar la cosecha en camión desde los campos a las terminales representa una erogación de casi u$s3.000 millones, prácticamente el mismo valor que requiere cargarla en grandes buques y enviarla al exterior.

Para Bulat, el desmembramiento del servicio ferroviario, que lleva a situaciones ilógicas -como que un productor que tenga una vía a 1 kilómetro de su campo deba recurrir a camiones para sacar su cosecha- "pega muchísimo en los costos y hace que, si le sumamos el problema de la sequía, muchos ruralistas que están alejados de los puertos hayan tenido una campaña pésima".

Para tener una noción del alcance que puede tener un paro de estas características como el que lanzó el gremio que lidera Moyano, basta saber que la semana pasada ingresaron a las terminales de todo el país (Rosario, Buenos Aires, Necochea y Bahía Blanca) unos 19.000 camiones con trigo, maíz, sorgo, soja y girasol.

Si se tiene en cuenta que cada uno de ellos puede cargar unas 28 toneladas, esto arroja una cifra potencial de 532.000 toneladas por semana. Así, casi 110.000 toneladas se dejarían de procesar y exportar durante la jornada de paro, de acuerdo al flujo que están recibiendo las terminales portuarias en esta época del año.

Puesto en números, esto equivale -sólo considerando el valor de los granos en Chicago y no de los subproductos-, a unos u$s 200 millones por semana y a unos u$s 40 millones que no entrarían al país en concepto de ventas al mundo durante ese día de protesta.

Pero esta es una parte de la película. Un paro generalizado del transporte va más allá de la actividad agropecuaria. En el caso de las terminales de Buenos Aires, especializadas en el movimiento de carga en containers, cada 24 horas de paro dejarían de moverse unos 500 contenedores.

Otra de las consecuencias de una medida de fuerza de este tipo es la posible escasez de billetes en los cajeros automáticos por el parate de los camiones de caudales.

Sucede que, además de la medida en sí misma, según los expertos consultados por este medio, ante situaciones de este tipo se produce un "efecto manada" de titulares de cuentas que proceden a retirar más dinero del que necesitan para anticiparse a un escenario de escasez. Una reacción que, en definitiva, lo que termina generando es que se acelere el problema del faltante.

Cabe destacar que en un fin de semana, una única entidad, como es el Banco Provincia, puede llegar a cargar unos $400 millones en sus 1.500 cajeros.

Una situación similar podría experimentarse en gran parte de las estaciones de servicio que hay en el país, tal como pudo verse durante el feriado último: el temor al faltante de naftas llevará a que los propietarios de vehículos sufran por el síndrome del "tanque vacío" y salgan a cargar para tener una reserva.

En este sentido vale resaltar que, en promedio, cada establecimiento despacha unos 200.000 litros de nafta por mes. De modo que, por cada día de escasez y sin posibilidades de reponer, cada estación se perderá de comercializar combustible por un valor de $40.000.

Considerando un margen de ganancia del 8% sobre cada litro, esto implicaría una pérdida del orden de los $3.000 promedio diarios para cada establecimiento, de los cuales el 75% se destina a sueldos y cargas sociales.

De este modo, la inmovilización de granos, la imposibilidad de despachar contenedores, el posible faltante de billetes en los cajeros y la odisea para cargar nafta, con el tiempo extra que esto implica, sólo por citar algunos ejemplos, se convertirán en un complejo mix, justo en momentos en que la economía se está enfriando.

Este es, en parte, el precio de una Argentina "camión-dependiente".

DIFERENCIAS

Brasil y China alcanzaron un acuerdo de créditos cruzados (swap) para el intercambio de sus divisas por valor de u$s30.000 millones, que podrán activar como un "seguro" contra la crisis global financiera y para impulsar el comercio entre ambos países.

Según anunció el ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, se suscribió además un pacto por el que elevan el nivel de sus relaciones al estatus de Alianza Estratégica Global.

Sobre el swap, Mantega señaló que "es una reserva adicional de recursos en momentos en que la economía mundial está en crisis".

"Buscamos la diversificación de la pauta comercial, pues China es nuestro principal socio, con más del 17% del comercio y una corriente de u$s 77.000 millones, que se consolida cada vez más como uno de los grandes mercados mundiales y por eso las posibilidades son infinitas y se puede crecer mucho", explicó.

Estos acuerdos se alcanzaron tras una reunión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el primer ministro chino, Wen Jiabao, al margen de la cumbre de la Río+20 que concluye mañana.

El establecimiento de un Plan Decenal de Cooperación (2012-2021) también fue firmado entre los dos gobernantes para fortalecer las áreas de ciencia y tecnología, innovación y cooperación espacial, energía, minería, infraestructura y transportes, inversiones, industria, cultura, educación, asistencia social y finanzas. En ese contexto, se constituirá el Centro Conjunto Brasil-China de Satélites Meteorológicos, para la prevención de desastres naturales, y el Centro Brasil-China de Biotecnología.

Join venture en Embraer

Rousseff y Wen Jiabao, según un comunicado conjunto, anunciaron de igual manera la creación de la joint venture (sociedad de riesgo compartido) Harbin Embraer Aircraft Industry (HEAI), promovida por el constructor brasileño Embraer y la estatal Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

Entre los asuntos de la agenda mundial, los dos mandatarios reiteraron el respeto al Tratado de No Proliferación Nuclear y el fortalecimiento del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con la creación de un fondo común anunciado en Los Cabos (México) durante la reciente cumbre del G20.

Mantega indicó que ambos países implementarán un intercambio de "información confidencial" entre las aduanas para reducir el tráfico ilegal de mercancías.

El ministro de Educación de Brasil, Aloizio Mercadante, indicó por su parte que a través de la red de institutos Confucio, China inaugurará un Centro Cultural en el país suramericano, que, a su vez, instalará en esa nación asiática un Instituto Brasileño de Cultura.

El intercambio de estudiantes fue otro de los acuerdos establecidos entre las autoridades educativas de ambos países.