LA SOVIETIZACIÓN DE LAS FFAA POR EL KIRCHNERISMO

Por Alexis Di Capo

Desde 1860 se produjeron en la Rusia zarista diversos levantamientos promovidos por pequeños grupos radicalizados socialistas, anarquistas y comunistas, con actos terroristas, magnicidios y provocaciones que les atrajeron sangrientas reacciones. Origen de nuevas y crecientes sangrías.

Las sucesivas derrotas militares en el Pacífico por parte de Rusia en la guerra contra el Japón trajeron enorme malestar en las tropas, las que fueron explotadas por esos profesionales de la agitación.

San Petersburgo era, en 1905, asiento de unidades de reserva del ejército zarista, adonde muchos combatientes desmoralizados de la guerra ruso-japonesa eran enviados.

Allí se formó la primera asamblea (en ruso: “soviet”) de carácter comunista, liderada por Trotsky y formada por soldados. Soldados que, por ser de caballería y usar picas, eran conocidos como “piqueteros” (en ruso: “ynah”).

En la primera reunión de la asamblea o “soviet” de soldados piqueteros, se dispuso la primera directiva que rápidamente se extendió a todo el ejército: la revisión de la orden. Es decir, los subalternos, antes de cumplir una orden impartida por los oficiales, la revisaban y la aprobaban o desaprobaban, por lo que decidían “qué cumplir” y “qué no cumplir”.

El primer efecto práctico de esta resolución fueron los hechos en el acorazado Potemkin, fondeado en el Báltico y en el que la rebelión de la marinería terminó con el lanzamiento a las congeladas aguas de los oficiales del buque.

El Zar reprimió duramente el hecho, pero la rebelión continuó subterráneamente y al estallar la guerra del ‘14 -nueve años después- San Petersburgo recibió dos millones de desertores, que fueron la masa del futuro “Ejército Rojo” que terminó con el milenario zarismo e impuso la sangrienta “dictadura del proletariado” que costó a Rusia setenta millones de muertos, de los cuales, seis millones eran de pobres entre los pobres: los “music” (peones de campo), asesinados por el “Ejército Rojo”.

El gobierno de la familia Kirchner, tras instalar una Corte ideológicamente adicta, viola la Constitución Nacional al imponer el enjuiciamiento a los miembros de las FFAA, de Seguridad y Policiales, fundados en la aplicación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos a una guerra (lo cual es ya irrisorio) firmados varios años después de terminada la misma, transgrediendo así artera y abiertamente:

- El articulo 18 de la Constitución nacional, que dice expresamente que nadie puede ser “sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa” y menos aún, que se funde el proceso judicial en aquello que no sea una “ley anterior al hecho del proceso”.

- El artículo 74, inciso 22, párrafo 2do, que expresamente dice que la inclusión de los Tratados Internacionales a la Constitución “no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” (el artículo 18 es Parte Primera de la Constitución).

- Por lo que, consecuentemente, no puede sacarse de Fuero y aplicársele a los miembros de las Fuerzas “comisiones especiales” de juzgamiento, fundado en delitos de “lesa humanidad” derivados de los Tratados de Derechos Humanos, por cuanto éstos no tenían jerarquía constitucional en el momento de los hechos, y de hacerlo, como se hace, se viola un Principio del Derecho Occidental milenario como es la “irretroactividad” de las leyes.

- Tampoco es válida la aplicación del “Derecho de Gentes”, porque él está ya contenido en el Código Penal de la Nación y muy por el contrario de penalizar éstos al defensor del Estado, castiga al agresor.

- Incluso no se aplica el artículo 103 de la Constitución entonces existente (hoy artículo 119) por el que se penaba hasta con muerte el delito de “traición a la Patria”, entendiéndose como tal el tomar las armas contra ella o unirse a sus enemigos, por lo que -tal como expresara la Cámara que juzgó a las Juntas- se trató de una guerra revolucionaria, en que los terroristas respondían a dirección de potencia extranjera.

- Etc., etc., etc.

La Corte actual llega a cuestionar y no admitir, incluso, la existencia de una guerra, reconocida por la Cámara que juzgó a las Juntas Militares y homologada por las Cortes Supremas de tres gobiernos sucesivos, como si un gobierno constitucional pudiera ordenar a sus FFAA “aniquilar” un sector de la población si no es en estado de guerra. O como si la guerra fuera sólo entre ejércitos, cuando la moderna jurisprudencia, como lo definido por el “Instituto de Investigaciones de la Paz Internacional” de Suecia no definiera a la misma como conflicto armado entre una fuerza militar contra otra o “contra insurgentes”, y cuando ya llevan muertos más de mil personas (la orden de la presidente Argentina de entonces se efectuó cuando el terrorismo llevaba producidos 1200 muertos). O como si la amenaza de las organizaciones armadas no hubiesen constituido la mayor estructura armada clandestina en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina, dispuestas a segregar territorio nacional y dar lugar por el Tratado de Descolonización de la ONU, de abiertos apoyos internacionales a sus pretensiones.

Sin continuar describiendo estas flagrantes transgresiones que naturalmente no quedarán impunes, es de preguntarse si hay detrás de ello un tema de Justicia o un tema de revancha y odio.

- No es un tema de Justicia porque se arbitra de modo ilegal. Ni hace Justicia porque se castiga a quienes cumpliendo órdenes defendieron a la Nación, sin condenar a quienes agredieron a la Nación siguiendo estrategias de Potencia extranjera.

- Tampoco es un tema de odios y revanchas, porque habría que pensar que son idiotas, ya que la historia demuestra que en Argentina, el péndulo vuelve más afilado. Pensar eso sería subestimar a sus autores.

Aquí no se trata de detener y dejar morir en la cárcel a 100, 1.000 o 10.000 miembros de las FFAA, de Seguridad y Policiales.

De lo que aquí se trata es de demoler la obligación del “cumplimiento de órdenes” en las Fuerzas que el Estado arma, para defensa de la sociedad y la Nación. Algo claramente ridículo que en ningún tiempo o espacio alguna autoridad pretendió imponerle a sus subalternos.

Obligación que el Código de Justicia Militar penaliza hasta con la muerte y que el Código Penal de la Nación confirma como “eximente” si de allí resultare algo ilegal.

Esto fue, incluso, el fundamento de la Ley de “obediencia debida” del gobierno constitucional del Dr. Alfonsín para terminar con los juicios que se habían iniciado para con los que tenían capacidad decisoria en la guerra y no contra quienes cumplían órdenes.

Mellar o destruir el instituto de “obediencia debida” o “cumplimiento de la orden impartida por autoridad legal” apunta lógica y absurdamente a terminar con toda organización vertical estatal.

Un remedo de la “revisión de la orden” de la primera directiva del primer “soviet” ruso, que llevó a esa nación a la “dictadura del proletariado”, con millones de muertos.

La demolición de la “obediencia debida” o “revisión de la orden” no concluye con la destrucción de las Fuerzas del Estado, sino que servirá, obviamente, como jurisprudencia para quitar a toda jerarquía de empresa del ámbito civil y privado, autoridad para resolver y ordenar a sus empleados, con lo que se sientan las bases de la co-gestión en camino a la anulación de las propiedades de producción, comercialización y servicios.

Los efectos llegan

Los actuales motines de Fuerzas de Seguridad, en camino a expandirse a las Fuerzas policiales y Armadas, son la consecuencia inevitable de haber socavado el instituto de “obediencia debida”. Y su éxito garantiza nuevos motines (y esto las autoridades lo saben).

Que hoy existan causas claras y extraordinarias para que ello sucediera, no hay dudas. El reclamo es justo e inobjetable.

Pero habría que preguntarse si socavar el instituto de la “obediencia debida” como se está haciendo en Argentina (algo que todos los demás países han advertido, razón por la que acotaron los juicios a quienes tenían autoridad para ordenar) al encarcelar a quienes cumplieron órdenes y no a quienes las impartieron (empezando por María Estela Martínez y sus ministros) como a quienes agredieron a la Nación. Humillar de mil formas a las instituciones armadas del Estado. Incumplir flagrante y abiertamente las Leyes establecidas sobre pagos y remuneraciones a tales Fuerzas. Presionar a la Corte Suprema para que dicte una sentencia distinta (caso “Zanotti”) a la efectuada (caso “Salas”), desconociendo la mismísima Ley de retribuciones al personal. Ascender a los más altos puestos a miembros de tales fuerzas, caracterizados por su ineptitud, falta de carácter o cómplices en algunos delitos -como ya se conocen algunos casos- ¿no es parte de azuzar finalmente la RUPTURA DE LA CADENA DE MANDOS?

Dicho de otro modo y más allá de la Justicia de los reclamos: todo esto, ¿es causado por la ineptitud o por planificados designios?

Sea cual sea la respuesta, el efecto es el mismo. Estamos en las puertas de la anarquía y fragmentación de las Fuerzas del Estado Nacional que portan armas.

Estamos en las puertas del inicio de la politización de los fragmentos que vendrá inmediatamente y con ello, del ingreso a la “libanización” que hará correr mucha sangre por las calles de la Patria.

Más con “carteles” que medrarán en el caos.

¿Y acaso, no es ésta la matriz que impuso la dictadura comunista en otros lugares?

Por otro lado, quienes sólo ven un desgaste de la Presidente, o la mejora justa de las remuneraciones de los protestantes, no están viendo que el costo será terrible para la sociedad, porque vamos camino a la sovietización (gobierno por asambleas) de las Fuerzas primero, empresas después, Parlamento finalmente y que, el debilitamiento consecuente del Estado Argentino traerá como consecuencia la partición del espacio nacional en tres o cuatro nuevos Estados, según la apetencia de los intereses internacionales.

Sepa el pueblo entonces y cada uno de los actores, dónde estamos parados, porque lo peor en este tipo de guerras es confundir quién es el enemigo y desconocer sus planes.

Fuente: Informador Público