EN CONTRA DE “LA RURAL S.A.” Y DE SU EXPROPIACIÓN, DEFENDIENDO LA PROPIEDAD PRIVADA

Por Emilio Nazar Kasbo

El conflicto de la Casa Rosada con la Sociedad Rural Argentina (SRA) es de la misma naturaleza que el caso Clarín.

La Presidente firmó el decreto 2.552 para estatizar el predio de la Rural de Palermo y declarar nula la venta de 1991 que el entonces gobierno de Carlos Menem le hizo a la SRA por 30 millones de dólares, lo que el Gobierno consideró un "precio vil".

Exposiciones

En caso de que el Estado pueda tomar posesión inmediata del predio, el 20 de enero de este año 2013, fecha tope de la intimación estatal a la SRA, la entidad agropecuaria podrá seguir organizando sus exposiciones anuales en el predio como es tradicional, pero abonando un canon anual al Estado.

El problema se suscita con La Rural SA, la empresa que tiene la concesión de explotación comercial del predio y que controla la SRA (50% de las acciones) y que administran Fénix Enterteinment (25%) y el Grupo IRSA (25%).

El Gobierno prepara una compensación entre la deuda impositiva que tendría la SRA con el Estado, la deuda de 7 millones de dólares por la compra, y las inversiones de más de 100 millones de dólares que hizo la entidad agropecuaria en estos 20 años.

Rural ¿sin fines de lucro o S.A.?

Muchos se equivocan, confundiendo a la Sociedad Rural Argentina de calle Florida en la Capital Federal, con “La Rural S.A.”, que es una empresa comercial que sólo tiene en común el nombre “Rural”

La primera, es una entidad civil sin fines de lucro; la segunda, es una sociedad anónima lucrativa.

Existe el proyecto para construir un centro de exposiciones y eventos masivos, con un estadio cubierto para 12.000 personas, estacionamiento para mil automóviles, galería comercial, paseo de compras, restaurante y confitería en el predio de la Sociedad Rural en Palermo, separando una parte del predio por la apertura de una prolongación de la calle Darragueira, para construir locales comerciales, junto con un hotel para turismo. El emprendimiento, fue ideado durante la década de 1990 por el escribano Raúl Juan Pedro Moneta, tomando la posta Francisco de Narváez, quien financiara la campaña presidencial de Carlos Menem, asociado en La Rural SA con Alejandro Shaw.

Rezonificación prohibida

El boleto de compra-venta firmado en 1991 reconocía que las construcciones planeadas contradecían lo establecido para las zonas parque por el Código de Planeamiento y decía que la Sociedad Rural “podrá solicitar” al Gobierno municipal la rezonificación del predio “necesaria a efectos de permitir la realización del proyecto”.

Hubo un acuerdo con De Narváez, quien en operaciones sucesivas compró el 50 por ciento de las acciones de Ogden Rural que pertenecían a Ogden Argentina y la otra mitad, que estaba en manos de La Rural de Palermo SA, una sociedad con fines de lucro formada por dirigentes y ex dirigentes de la Sociedad Rural para explotar el emprendimiento.

A mediados del 2001 el entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, anunció que había logrado acordar con el Gobierno y la legislatura el cambio de zonificación: de Distrito Urbanización Parque (UP), que significa “área de espacios verdes y parquización de uso público”, a Distrito E4 Equipamiento Especial, lo que autorizaría a realizar “construcciones complementarias” al uso principal.

La sombra de la nulidad

Durante la asamblea de socios de la Sociedad Rural del 30 de abril de 2004, su vicepresidente Hugo Luis Biolcati explicó que debido a la cesión accionaria a De Narváez la SRA se desentendería de su parte en la deuda con el Banco Provincia (54,5 millones de pesos) y de la mitad del usufructo del predio hasta el 2025. Además De Narváez ofreció pagos de 720.000 dólares anuales hasta ese mismo año, más el 20 por ciento de las utilidades de la Exposición Rural cada año y el adelanto de los 4,2 millones que la SRA aún le debe al Estado por la compra fraudulenta del predio, a devolver en doce años.

En esa asamblea el tesorero Miguel Crotto dijo a los socios que la condición del Banco de la provincia de Buenos Aires para refinanciar el crédito (109 millones de pesos a pagar en diez años a partir de mayo del 2006) era que se realizaran inversiones por 20 millones de pesos en los siguientes cuatro años.

El ingeniero Daniel Pelegrina, director de Ogden Rural y de La Rural de Palermo (con fines de lucro), también explicó a los socios de la Rural (sin fines de lucro) el convenio negociado con el Gobierno de la Ciudad, que aún no tenía firma.

Un socio mencionó el dictamen de Campagnoli y lamentó que “tendremos siempre la sombra de una posible nulidad”, dado que la Constitución prohíbe vender bienes públicos sin autorización del Congreso. “Ese tema no hace al orden del día”, lo cortó el presidente de la SRA, Luciano Miguens.

El ex presidente de Zavalía fustigó el acuerdo con De Narváez: “La Rural se va a quedar con las responsabilidades y el que negocia con nosotros con las utilidades”, advirtió. “No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío”, le respondió Miguens.

Particulares negocios

De Narváez acordó en México con la empresa CIE para invertir 1,1 millón de dólares “en un espacio para 4.500 espectadores” en el Pabellón Ocre, negociando una asociación para construir un miniestadio cubierto para 12.000 espectadores con 1.000 nuevas cocheras que insumiría una inversión cercana a los 12 millones de dólares.

El convenio se firmó el 21 de julio. De Narváez rediseñaría veredas y jardines sobre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y obtendría la explotación de las dos flamantes cuadras en la prolongación de la calle Darragueira, para construir bares, restaurantes y comercios en una de las zonas más caras de Buenos Aires.

Sin embargo, el predio está zonificado como Urbanización Parque, lo cual obliga a preservar las áreas descubiertas y “bajo ningún concepto” los usos pretendían cederse a De Narváez son “obras de exclusiva utilización pública” como exige esa zonificación.

Se trata de un bien público enajenado a precio vil con el pretexto de un uso sin fines de lucro se convierta en un gran negocio inmobiliario, sin competencia, licitación ni control legislativo.

Precio vil

Con Menem como Presidente del país, se cedió la posesión del predio de Palermo a la Sociedad Rural pero a “un precio vil”. A raíz de ello se conformó un expediente para investigar la cuestión de las presuntas irregularidades, en 1991. El precio de la transacción fue de 30 millones de pesos (o dólares, según la convertibilidad del “1 a 1”), a pagar en cuotas.

La valuación real difiere según las fuentes; el tribunal que investiga el hecho, encabezado por el juez Sergio Torres, estimó su valor cercano a los 60 millones, por lo cual el predio habría sido transferido a la mitad de su valor. Otros cálculos privados, hablan de 250 a 300 millones de pesos o dólares de la época, mientras que la valuación manejada por las asociaciones de vecinos la estiman por sobre los 900 millones.

Varias S.A.

La entidad formó de inmediato una empresa comercial, La Rural de Palermo SA, a través de la cual se asoció con capitales privados para explotar comercialmente el predio, encarar megaemprendimientos y apuntar a fines estrictamente vedados por la codificación del predio como “espacio verde”.

El proyecto que se propuso en los ’90 fue la construcción de un shopping de tres pisos, la instalación de 18 cines con 4500 butacas, restaurantes, un teatro y hasta un estadio deportivo cubierto para 7000 espectadores.

En 1998, con Ogden Corp. como socio, se obtuvo un crédito de 106 millones de dólares del Banco Provincia, cuando Eduardo Duhalde era gobernador bonaerense. De la obra, sólo se hizo un enorme pozo, que se puede observar al presente, en tanto que durante la exposición de Agroindustria del año 2012 se promovió la venta del fideicomiso del edificio a construir como emprendimiento.

Por no poder concretar el proyecto, Ogden se retiró del emprendimiento y, ocupó su lugar el Grupo De Narváez, encabezado por el actual diputado nacional de Unión por Todos, convocando a la desarrolladora CreUrban, vinculada con el Grupo Macri. Tanto Ogden como De Narváez aparecían vinculados con La Rural de Palermo SA a través de una UTE (unión transitoria de empresas) en la que siempre la entidad agroempresaria mantenía el 50 por ciento de participación en el emprendimiento.

Rezonificación contra legem

Hubo una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para re-zonificar el predio de La Rural y poder construir allí el Centro Nacional e Internacional de Exposiciones y Eventos que no había conseguido el acuerdo necesario. Mauricio Macri volvió a enviar la propuesta.

La zona está catalogada en el Código de Planeamiento Urbano como Urbanización Parque (UP), por lo cual no está permitida ninguna construcción para uso privado. Por ese mismo motivo, La Rural SA - explotada por la empresa de Francisco de Narváez- pidió el cambio de zonificación (pedido que viene de la época de Jorge Telerman).

La empresa que explota el predio es La Rural SA y tiene contrato hasta 2025 con la Sociedad Rural Argentina, que es la propietaria.

El Poder Ejecutivo resalta en los fundamentos del Proyecto enviado que "el propietario del predio Rural comprometió la cesión gratuita e irrevocable de las superficies necesarias para la apertura de la traza de la calle Darregueyra entre la Avenida Santa Fé y la calle Juncal, y también la concreción de las obras de apertura de la mencionada traza vial.

Defender la SRA, no las S.A.

Existen irregularidades en la operatoria descripta. Se debe defender la concesión a la SRA del predio, el cual otrora fuera propiedad del Infante Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, con su completa relevancia histórica.

La SRA es una asociación civil de bien público sin fines de lucro, hecho que no la inhabilita a desarrollar un uso aprovechable del predio. La primera maniobra ha sido la conformación de una sociedad anónima entre algunos dirigentes de la SRA, la cual desarrolló diversos convenios con otras sociedades anónimas, diluyendo de tal modo responsabilidades, que acaban otorgando un fin netamente comercial a bienes que no deben tener tal destino.

La cuestión se centra en la propiedad privada de la SRA, que es desfigurada por sociedades anónimas posteriormente inventadas. Y ha de defenderse la propiedad privada de la SRA no sólo de las sociedades anónimas referidas, sino también de la expropiación que el Estado pretende desarrollar. Por ejemplo, la apertura de la calle Darragueyra, sólo sería un negocio inmobiliario que enriquecería el patrimonio particular de inversores que nada tienen que ver con los fines de la SRA.

Ni estatistas ni liberales

Un negocio “capitalista liberal”, pretende ser suplido ahora por el monopolio del “capitalismo estatal de amigos”. El problema no es la SRA, que queda en segundo plano, sino el negocio de la explotación del predio, hecha por De Narváez (e hijos) y sus socios, merced a las “bisagras” de las sociedades anónimas intermediarias. Cristina Fernández Wilhelm, como “va por todo”, pretende arremeter para apoderarse de ese negocio. Desfiguración por el capitalismo liberal de De Narváez, desfiguración por el estatismo capitalista de Cristina Fernández Wilhelm.

La expropiación, que debería dirigirse exclusivamente a las sociedades anónimas concesionarias, además, implicaría el pago de un sobreprecio a dichas empresas comerciales, beneficiándolas aun más.

El Estado, en lugar de articular una nulidad, e iniciar juicio contra las sociedades e irregularidades en las transacciones, responsabilizando a tales sociedades anónimas de desfigurar el sentido de la cesión del predio, propone directamente la expropiación, lo cual acabará beneficiando a dichas empresas.

Servir a la Patria

Se deja así sentado el siguiente criterio: se debe defender la propiedad del predio de Palermo de la SRA, aplicando la nulidad de las transacciones realizadas por las sociedades anónimas referidas por el abuso de sus manejos, a la vez que se debe descartar cualquier intento de expropiación que acabará beneficiando a los expropiados económicamente, pues además esto último implicaría que los funcionarios del Gobierno reemplazarían a las sociedades anónimas para simplemente continuar con los mismos abusos, apropiándose de tales negocios particulares, para convertirlos en negocios de los funcionarios gubernamentales.

Si los negocios han sido o no por precio vil, es una cuestión secundaria. El problema es de fondo, de una asociación civil de bien público sin fines de lucro que cede a una sociedad anónima comercial, y por ende con fines de lucro, la explotación del predio de un modo que la primera tenía prohibido.

La cuestión del campo es ajena al problema económico planteado. La propiedad del predio jamás dejó de pertenecer a la SRA, y eso es lo que se debe conservar, y no ha de permitirse su explotación comercial por otras vías, ni tampoco expropiación. La SRA ha llevar siempre en alto su bandera, flameando en el predio de Palermo: “Cultivar el suelo es servir a la Patria”.

Fuentes: La Nación, Ámbito Financiero, Página12