El ex diputado nacional por Defensa Provincial Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo, falleció esta madrugada a los 79 años, debido a un paro cardíaco. "Soy Frankenstein. Yo cree el monstruo", es una de sus frases más célebres en referencia a su relación con el ingreso a la política de Antonio Domingo Bussi, de la cual fue artífice.
Fue bajo su partido que el ex combatiente contra la subversión terrorista apátrida participó de las elecciones de 1987 consiguiendo el 18 % de los votos, dando así comienzo a la era bussista que lo llevaría a la gobernación en 1995.
Había nacido el 21 de marzo de 1933, se había graduado en 1950 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y en septiembre de 1983 creó el partido conservador con el cual llegó a la Cámara de Diputados.
Políticamente ligado con la derecha, fue un acérrimo opositor del gobierno de José Alperovich, y hasta fue denunciado ante el Inadi por difundir publicidad electoral antisemita, que luego de unos meses fue desestimada y archivada. En 2007, junto a Enrique Romero y la Cruzada Peronista, Avila Gallo se presentó como candidato a vicegobernador, en las elecciones que consagrarían una vez más a Alperovich.
Opositor a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, Avila Gallo se opuso a la ley del matrimonio igualitario y a los juicios por los delitos de lesa humanidad que se celebran contra los civiles y militares que colaboraron con la última dictadura.
A pesar de las diferencias que Ezequiel Avila Gallo en los últimos años mantuvo con Bussi, uno de sus hijos se constituyó en el abogado defensor del ex combatiente contra la subversión terrorista Roberto "Tuerto" Albornoz en los juicios por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Por su parte, Alberto Avila Gallo, otro de sus hijos, milita actualmente en las filas de PRO.
Tercer hijo de una familia tradicional de la provincia, le gustaba recordar que era sobrino tataranieto del padre León Gallo, uno de los firmantes del acta de la Declaración de la Independencia Argentina en el Congreso de 1816.
Ese orgullo por ser descendiente directo de uno de los “padres de la Patria” y la prédica de su propio padre, que fue simpatizante de la causa nacionalista, lo llevaron a abrazar los mismos preceptos primero en la militancia universitaria y luego en la política partidaria.
En la década del 50 fue uno de los fundadores y vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la UNT e integró la directiva de la Federación Universitaria Argentina. Desde su remota adolescencia fue admirador en lo político de los hermanos Isaias y Juan Luis Nougués, quienes fueron los fundadores del partido conservador popular Defensa Provincial Bandera Blanca, que llegó a presidir tras la muerte de ambos.
A causa de su posición en el caso Eichmann y su posterior denuncia pública del “Plan Andinia”, el proyecto para la ocupación judía de la Patagonia, fue considerado uno de los enemigos declarados de la comunidad judía.
“Yo no defendía a Eichmann, sino que reaccioné por un acto que considero de traición a la patria”, aseguraba el titular del partido Defensa Provincial Bandera Blanca, "La colectividad judía celebraba la actuación del Mossad y el logro de Simón Wiesenthal, pero fue la colaboración de un diputado tucumano la que facilitó la detención del jerarca nazi”, admite Avila Gallo.
Fue el mejor amigo que tuvo en Tucumán el ideólogo nacionalista Walter Beveraggi Allende a quien ayudó a amplificar sus denuncias sobre el insólito “Plan Andinia” en artículos periodísticos, que publicaba en la década del 60 el vespertino tucumano “Noticias”, que dirigía Angel Raffo.
Su airado ataque al diputado Abraham Rosemberg, a raíz de la desaparición de las fichas dactiloscópicas de Eichmann de la Jefatura de Policía le valieron un arresto de 30 días, por desacato y violación de los fueros parlamentarios. Fue impuesto por la Legislatura provincial, en una sesión especial el 29 de junio de 1960, a raíz de la cuestión de privilegio planteada por el legislador agraviado.
El polémico dirigente le había enviado una carta al Presidente de la Legislatura, solicitándole que Rosemberg fuera suspendido en su banca mientras se investigaba la colaboración israelí con el grupo de inteligencia “que había atropellado nuestra soberanía” para llevarse secuestrado a Eichmann a Israel.
El impulsivo militante nacionalista fue condenado a cumplir su arresto en el edificio de la Escuela de Policía, donde asegura que tuvo una custodia especial de la propia Secretaría de Inteligencia del Estado.
Avila Gallo sostuvo que aprovechó sus días en prisión para terminar su carrera de abogado, que habría de alternar todo el tiempo con su condición de dirigente perpetuo de Bandera Blanca, desde cuya trinchera se ocupó de denunciar a los gobiernos peronistas y luego al propio Bussi, al que había dado el empujón inicial para hacerse político.
“A mi me dicen el doctor Frankestein, porque inventé al monstruo”. Fue durante años su frase preferida, desde que comenzó a renegar de su padrinazgo político al ex gobernador de facto de Tucumán. No fue sin embargo gratis esa desdicha, ya que le sirvió para alcanzar una banca como diputado nacional y luego una jubilación parlamentaria.
Entrado en años, Avila Gallo vivió convencido de haber actuado patrióticamente cuando se debatía el caso Eichmann. Con ese tono, mandó una carta a un matutino tucumano cuando se abrieron los archivos nazis de la policía provincial y se entregó el legajo de Eichmann a la comunidad judía.
“La individualización de Adolf Eichmann se debió a que un diputado provincial de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), de origen israelí-argentino (sic) retiró del prontuario que correspondía al criminal nazi , bajo el nombre de Ricardo Klement, la ficha dactiloscópica que a la postre sirvió para identificar fehacientemente al mencionado nazi”, sostuvo Avila Gallo en esa carta.
“Este hecho – agregó – se prueba con la exhibición de la copia de la mencionada ficha, en el recinto de la Cámara de diputados, por parte del diputado israelí- argentino, cuando se trataba el pedido de juicio político al doctor Celestino Gelsi, Gobernador de la Provincia, para desvirtuar uno de los cargos que se le hacía por haber permitido la sustracción de la mencionada ficha”.
Avila Gallo apuntó entre otras consideraciones que “este secuestro ilegal fue repudiado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y obligaba al Estado de Israel a devolver a Eichmann al país y solicitar legalmente su extradición. Esta resolución no fue acatada porque nuestro presidente de entonces, el doctor Arturo Frondizi se dio por conforme con una disculpa del Estado de Israel”.
El 3 de febrero de 1972 Avila Gallo presentó ante el Juez Federal Eduardo Lucio Vallejo la denuncia de un presunto plan de “desmembramiento del territorio argentino” por parte del “alto mando judeo-sionista mundial”.
La supuesta aspiración de establecer en la Patagonia y tierras cordilleranas un estado judío bajo el nombre de “Andinia”, en realidad retomaba la fantasiosa denuncia que había formulado el ideólogo nacionalista Walter Beveraggi Allende en una carta dirigida al titular de la CGT José Ignacio Rucci, el 1 de noviembre de 1971.
Con ambas denuncias, pero sobre todo con las que formuló durante el debate por el caso Eichmann, Avila Gallo cosechó el apoyo de otras expresiones del arco ideológico nacionalista. La mayoría de esos grupos terminaron sumándose junto al pintoresco abogado, a la huestes que acompañaron en los años 80, la incursión política del general Bussi en la provincia.
A continuación reproducimos un artículo publicado por el Blog de Cabildo el día 12 de septiembre de 2009:
UN ATAQUE IMPUNE A LA CRUZ DE CRISTO
Por intermedio de la Ley 6.694 que fuera sancionada por unanimidad de los legisladores que conformaban al 9 de octubre de 1995 la Legislatura de la Provincia, y promulgada el 30 de octubre de 1995 con dicho número, y publicada en el Boletín Oficial del 3 de noviembre de 1995, se creaba la Bandera de Tucumán y se daban las motivaciones en su exposición de su creación.
Esta Bandera tuvo su vigencia plena, tan es así, para citar tan solo un ejemplo, que en el Salón de Acuerdos Públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia estaba instalada la misma.
Tenía como emblemas la CRUZ, la Casa Histórica, y las fechas 1812 —la Batalla de Tucumán— y 1816 —la Declaración de la Independencia de nuestra Patria—, hasta su derogación con la ley que solicito su inconstitucionalidad y/o nulificación.
La Bandera de Tucumán con la llegada al gobierno del actual gobernador José Jorge Alperovich, con el argumento de que era discriminatoria porque tenía la CRUZ […] prohibió su uso en los cuerpos policiales, escuelas, representación administrativa en la Capital Federal, hizo sacar del Salón de las Banderas ubicado en la Casa de Gobierno de Jujuy, con el argumento que Tucumán no tenia bandera, y también la hizo retirar de nuestra propia Casa de Gobierno, y de reparticiones policiales, escuelas, representación de la Provincia en la Capital Federal, eliminó el izamiento de la Bandera de Tucumán con la Nacional, y de muchas otras partes, en consecuencia, incumplió con las disposiciones de dicha ley, por lo que con fecha 21 de junio de 2005 lo denunciamos en forma documentada al mencionado mandatario, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por ante la Fiscalía Tercera de Instrucción en lo Penal, la que hasta el momento no conocemos si se ha dado trámite alguno o que resolución ha tomado, pese a que fue denunciada por el partido que represento ante la Excma. Corte sobre la demora intencionada e injustificada de la Sra. Fiscal, comprensible —por el temor a una represalia del Gobernador Alperovich de investigar el hecho— la misma tuvo entrada en el Alto Tribunal con fecha 9 de marzo de 2009.
Esta Bandera fue derogada sin ninguna exposición de motivo, por intermedio de la Ley 8.153, como surge de la misma, que fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2009, y esto lo confirma el propio artículo 1º que dice: “Derógase las leyes o normas de igual jerarquía cuya nómina integra el Anexo 1, que forma parte de la presente”, y entre ellas estaba la Ley 6.694.
Como no existe en dicha Ley 8.153, motivación o fundamentación alguna, para conocer las razones de su derogación, y para dar mayor basamento jurídico a esta demanda, es que solicité al Sr. Presidente de la Legislatura Dr. Juan Luis Manzur el 5 de marzo de 2009 que se pusiera a muestra disposición el diario de Sesiones de fecha 5 de diciembre de 2008 para conocer los motivos de la derogación de la Ley 6.694, tanto en el dictamen de Comisión y en las opiniones de los legisladores intervinientes.
Pese a que dicha entrega es gratuita, ofrecimos pagarle el Diario, se nos responde verbalmente que no se puede adquirir el mismo, porque no estaba impreso.
Se acompaña en prueba, la petición en fotocopia del escrito mencionado, que fue registrado en la Legislatura como Expediente 18-VL-09, en el Libro 182 Folio 646 de Mesa de Entradas con fecha 5 de marzo de 2009. Se sigue actuando de mala fe porque se continúa escondiendo la razón o fundamento o motivo que se tuvo para derogarla.
En cambio le acompaño para que forme parte de la presente demanda, la opinión de los Profesores Asociados de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán, Dres. Luis Iriarte y Carmen Fontán, publicada en el diario “El Siglo” del 30 de junio de 2005, pág. 4.
Así como cito la opinión fundada en vastos hechos jurídicos e históricos dados por los mencionados profesores universitarios, que no los tiene la ley que la deroga, ni en una línea siquiera.
En consecuencia desde ya solicito se me tenga por reservado el derecho a ampliar la demanda, una vez que la Legislatura remita el diario de sesiones del 5 de diciembre de 2008 y/o versión taquigráfica de dicha reunión, en el término de 24 horas como lo solicitaré en el petitium.
[…] La urgencia de solicitar esta medida está en una cuestión de hecho, que hemos quedado sin pabellón provincial, y es imprescindible hasta que no quede firme el fallo que requiero por esta acción, se mantenga la vigencia de la Ley 6.694 de creación de la Bandera de Tucumán.
Tenemos, como ejemplo de esta urgencia, el caso del Liceo Militar General Gregorio Araóz Lamadrid que tiene para sus desfiles todas las banderas de la Provincia del NOA y en cambio no la tiene en estos momentos la nuestra, por lo que solicito se haga lugar a la medida innovativa que solicito, porque esta probada la verosimilitud del derecho con la fundamentación de la inconstitucionalidad y/o la nulidad planteada: ley sin motivo, sin fundamento.
El Dr. Exequiel Ávila Gallo, nos ha hecho llegar el planteo de inconstitucionalidad-nulidad que ha formulado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo contra el Gobernador de Tucumán, por haber derogado éste la Bandera de la Provincia que gobierna, sólo porque tenía la Cruz.
No es la primera noticia que tenemos ni que damos del odio judío al Cristianismo, manifestado explícitamente por el Gobernador José Alperovich. Bajo su gestión hay una manifiesta y reiterada actitud despectiva hacia la Fe fundacional de la patria, así como una no menos manifiesta propensión a rodearse de agentes sionistas.
Lo que reproducimos a continuación es apenas un fragmento significativo de la demanda presentada. Va de suyo que el texto completo es de mayor longitud.
Pero antes se imponen algunas mínimas aclaraciones.
La primera, que ningún vínculo partidario tenemos con el Dr. Ávila Gallo, así como tampoco lo tenemos con ninguna otra agrupación partidaria provincial o nacional.
La segunda, que es un escándalo que clama al cielo, que el Pastor de la diócesis, Monseñor Villalba, no solamente no movilice a los católicos tucumanos a una condigna reacción, colocándose a la cabeza de la misma, sino que tenga públicos y reiterados gestos corteses o contemporizadores con el sacrílego gobernante.
La tercera aclaración, al fin, es que episodios de esta índole prueban el odio inabolible que el judaísmo profesa hacia el Símbolo de Nuestra Salvación, y la consiguiente insensatez que representa esa política de mano tendida hacia los deicidas —oficialmente practicada hoy en los ambientes eclesiales— no con el propósito de convertirlos, que sería lo justo y lo loable, sino con el afán de promover una nueva y sincrética religión judeo-cristiana.
No es la primera noticia que tenemos ni que damos del odio judío al Cristianismo, manifestado explícitamente por el Gobernador José Alperovich. Bajo su gestión hay una manifiesta y reiterada actitud despectiva hacia la Fe fundacional de la patria, así como una no menos manifiesta propensión a rodearse de agentes sionistas.
Lo que reproducimos a continuación es apenas un fragmento significativo de la demanda presentada. Va de suyo que el texto completo es de mayor longitud.
Pero antes se imponen algunas mínimas aclaraciones.
La primera, que ningún vínculo partidario tenemos con el Dr. Ávila Gallo, así como tampoco lo tenemos con ninguna otra agrupación partidaria provincial o nacional.
La segunda, que es un escándalo que clama al cielo, que el Pastor de la diócesis, Monseñor Villalba, no solamente no movilice a los católicos tucumanos a una condigna reacción, colocándose a la cabeza de la misma, sino que tenga públicos y reiterados gestos corteses o contemporizadores con el sacrílego gobernante.
La tercera aclaración, al fin, es que episodios de esta índole prueban el odio inabolible que el judaísmo profesa hacia el Símbolo de Nuestra Salvación, y la consiguiente insensatez que representa esa política de mano tendida hacia los deicidas —oficialmente practicada hoy en los ambientes eclesiales— no con el propósito de convertirlos, que sería lo justo y lo loable, sino con el afán de promover una nueva y sincrética religión judeo-cristiana.
Por intermedio de la Ley 6.694 que fuera sancionada por unanimidad de los legisladores que conformaban al 9 de octubre de 1995 la Legislatura de la Provincia, y promulgada el 30 de octubre de 1995 con dicho número, y publicada en el Boletín Oficial del 3 de noviembre de 1995, se creaba la Bandera de Tucumán y se daban las motivaciones en su exposición de su creación.
Esta Bandera tuvo su vigencia plena, tan es así, para citar tan solo un ejemplo, que en el Salón de Acuerdos Públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia estaba instalada la misma.
Tenía como emblemas la CRUZ, la Casa Histórica, y las fechas 1812 —la Batalla de Tucumán— y 1816 —la Declaración de la Independencia de nuestra Patria—, hasta su derogación con la ley que solicito su inconstitucionalidad y/o nulificación.
La Bandera de Tucumán con la llegada al gobierno del actual gobernador José Jorge Alperovich, con el argumento de que era discriminatoria porque tenía la CRUZ […] prohibió su uso en los cuerpos policiales, escuelas, representación administrativa en la Capital Federal, hizo sacar del Salón de las Banderas ubicado en la Casa de Gobierno de Jujuy, con el argumento que Tucumán no tenia bandera, y también la hizo retirar de nuestra propia Casa de Gobierno, y de reparticiones policiales, escuelas, representación de la Provincia en la Capital Federal, eliminó el izamiento de la Bandera de Tucumán con la Nacional, y de muchas otras partes, en consecuencia, incumplió con las disposiciones de dicha ley, por lo que con fecha 21 de junio de 2005 lo denunciamos en forma documentada al mencionado mandatario, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por ante la Fiscalía Tercera de Instrucción en lo Penal, la que hasta el momento no conocemos si se ha dado trámite alguno o que resolución ha tomado, pese a que fue denunciada por el partido que represento ante la Excma. Corte sobre la demora intencionada e injustificada de la Sra. Fiscal, comprensible —por el temor a una represalia del Gobernador Alperovich de investigar el hecho— la misma tuvo entrada en el Alto Tribunal con fecha 9 de marzo de 2009.
Esta Bandera fue derogada sin ninguna exposición de motivo, por intermedio de la Ley 8.153, como surge de la misma, que fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2009, y esto lo confirma el propio artículo 1º que dice: “Derógase las leyes o normas de igual jerarquía cuya nómina integra el Anexo 1, que forma parte de la presente”, y entre ellas estaba la Ley 6.694.
Como no existe en dicha Ley 8.153, motivación o fundamentación alguna, para conocer las razones de su derogación, y para dar mayor basamento jurídico a esta demanda, es que solicité al Sr. Presidente de la Legislatura Dr. Juan Luis Manzur el 5 de marzo de 2009 que se pusiera a muestra disposición el diario de Sesiones de fecha 5 de diciembre de 2008 para conocer los motivos de la derogación de la Ley 6.694, tanto en el dictamen de Comisión y en las opiniones de los legisladores intervinientes.
Pese a que dicha entrega es gratuita, ofrecimos pagarle el Diario, se nos responde verbalmente que no se puede adquirir el mismo, porque no estaba impreso.
Se acompaña en prueba, la petición en fotocopia del escrito mencionado, que fue registrado en la Legislatura como Expediente 18-VL-09, en el Libro 182 Folio 646 de Mesa de Entradas con fecha 5 de marzo de 2009. Se sigue actuando de mala fe porque se continúa escondiendo la razón o fundamento o motivo que se tuvo para derogarla.
En cambio le acompaño para que forme parte de la presente demanda, la opinión de los Profesores Asociados de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán, Dres. Luis Iriarte y Carmen Fontán, publicada en el diario “El Siglo” del 30 de junio de 2005, pág. 4.
Así como cito la opinión fundada en vastos hechos jurídicos e históricos dados por los mencionados profesores universitarios, que no los tiene la ley que la deroga, ni en una línea siquiera.
En consecuencia desde ya solicito se me tenga por reservado el derecho a ampliar la demanda, una vez que la Legislatura remita el diario de sesiones del 5 de diciembre de 2008 y/o versión taquigráfica de dicha reunión, en el término de 24 horas como lo solicitaré en el petitium.
[…] La urgencia de solicitar esta medida está en una cuestión de hecho, que hemos quedado sin pabellón provincial, y es imprescindible hasta que no quede firme el fallo que requiero por esta acción, se mantenga la vigencia de la Ley 6.694 de creación de la Bandera de Tucumán.
Tenemos, como ejemplo de esta urgencia, el caso del Liceo Militar General Gregorio Araóz Lamadrid que tiene para sus desfiles todas las banderas de la Provincia del NOA y en cambio no la tiene en estos momentos la nuestra, por lo que solicito se haga lugar a la medida innovativa que solicito, porque esta probada la verosimilitud del derecho con la fundamentación de la inconstitucionalidad y/o la nulidad planteada: ley sin motivo, sin fundamento.
Exequiel Ávila Gallo
