Casal rechazó el fallo de Casación por el que todos los procesados deben esperar su juicio “en libertad"

Según el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, el fallo es “contradictorio” y “no repercutirá” en la Provincia, y que “no” está de acuerdo con la resolución adoptada por la Cámara de Casación Penal, que estableció que todos los procesados deben esperar su juicio “en libertad”, manifestando que la resolución no será operativa en los estrados de la Provincia.

“No estoy de acuerdo, porque me parece que hay una contradicción con el objeto de juzgamiento”, expresó Casal a medios periodísticos, al analizar el alcance de la resolución del Tribunal que transita por el camino opuesto de la flamante Reforma Procesal Penal que impulsa el Ejecutivo, en territorio bonaerense.

Por otra parte, sostuvo que la “Cámara de Casación Penal, va a tener competencia sobre los tribunales inferiores que corresponden a esa Cámara”, pero remarcó que “la Provincia tiene su propia Cámara de casación”

“Va a ser diferente cuando este fallo llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fije criterio universal porque si bien los fallos son por una causa en particular, los tribunales inferiores, en este caso, van a aplicar seguramente la doctrina”, aseguro Casal.

El fallo contradice el espíritu de la última reforma procesal penal que impulsó Scioli esta semana, en tanto que las estadísticas en materia penal de la Provincia indican que casi el 80% de los detenidos permenecen sin sentencia firme, y podrían ser potenciales beneficiarios de una resolución de esta naturaleza.

“Si un fallo dirigido a un ex general del Ejercito argentino que está acusado de este tipo de delitos (de Derechos Humanos) y entiende que no hay peligrosidad, como dice este fallo, por lo tanto debe tener libertad, yo creo que esto va a generar un debate muy grande entre juristas públicos y privados”, sostuvo Casal.

El fallo al que se refería el funcionario bonaerense, y que disparó la polémica fue dictado por la Cámara de Casación Penal en el marco de una causa que se le sigue al general Ramón Genaro Díaz Bessone, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad que, sin embargo, permanecerá preso pero por una cuestión meramente formal, de raíz procesal: dejarlo en libertad, hubiese entorpecido la prosecución de la causa, según consignó el Tribunal.