MEMORIA COMPLETA Y RECONCILIACIÓN

Fuente: Editorial Diario La Nación – martes 10 de abril de 2012.

Hoy se rinde homenaje a quienes murieron atacando cuarteles y comisarías y no a quienes perdieron la vida defendiéndolos

La historia sobre los hechos ocurridos en la Argentina durante las décadas del 60 y del 70 se está escribiendo bajo una fuerte influencia de intenciones políticas. Los sentimientos, y más particularmente los resentimientos, constituyen hoy la lente predominante con que se analizan esos hechos. El dolor que la pérdida de un ser querido deja de por vida impide la objetividad y serenidad para evaluar el pasado. Esto es comprensible en quienes han sido afectados por aquella violencia, sean de uno o de otro bando. Pero la falta de objetividad y la parcialidad no son comprensibles en instituciones públicas o privadas responsables de educar a quienes, por su juventud, no fueron testigos de aquello. Tampoco es entendible que se haga un reconocimiento oficial y se indemnice a terroristas que murieron atacando cuarteles y comisarías, o colocando bombas, y que se ignore a los soldados, oficiales y policías que murieron defendiéndolas, cumpliendo con su deber.

Desde hace nueve años, la maquinaria oficial ha volcado su capacidad mediática en exacerbar sentimientos y exponer una visión de la historia propia de los sectores más cercanos a las ideas revolucionarias que motorizaron al ERP, los Montoneros y otros grupos armados. Esta sesgada visión ha alcanzado hoy a diversos sectores de la intelectualidad, del periodismo y de la política, y se impone en las aulas de escuelas y universidades. Con el lema "Memoria, juicio y castigo a los culpables", se ha desarrollado una enorme presión sobre la Justicia, volcándola hacia el juzgamiento de solo una de las partes. Los avances hacia la reconciliación que se habían dado con las leyes de obediencia debida, de punto final y los indultos fueron desandados con la anulación, claramente inconstitucional, de esas leyes. Los numerosos juzgamientos y condenas a militares, policías, gendarmes y civiles han dejado de lado el principio de legalidad, así como el de la irretroactividad de la ley penal. El argumento de que en la represión de los grupos armados no rigieron estas garantías no puede usarse como justificativo para violarlas por parte de un gobierno constitucional.

El agravante de los delitos en la represión del terrorismo por haber sido realizados desde el Estado tampoco exculpa ni quita gravedad a los crímenes cometidos por los grupos armados. Por otro lado, la derrota de esos grupos hizo posible evitar sus designios de hacer de la Argentina otra Cuba.

El primer grupo guerrillero, los Uturuncos, apareció en 1959. En 1964 inició su accionar subversivo el Ejército Guerrillero del Pueblo que, en 1968, tomó la denominación de Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Luego emergieron las FAL, FAR y los Montoneros. La violencia de estos grupos actuó sobre gobiernos de facto y constitucionales y alcanzó su clímax en 1974 y 1975, durante las gestiones de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón. La falsa afirmación que hoy da marco a la historia oficial, de que se trataba de jóvenes idealistas que lucharon contra dictaduras, no resiste ningún cotejo con la realidad conocida.

En 1973 triunfó una fórmula de coalición presidida por Héctor Cámpora pero con fuerte participación de los Montoneros y elementos de ultraizquierda. El día de la asunción de Cámpora le arrancaron un decreto de indulto que liberó a más de 2000 guerrilleros condenados por la Cámara Federal Penal. Al día siguiente, el nuevo Congreso sancionó la amnistía y disolvió ese tribunal. De inmediato, los liberados reanudaron sus crímenes y ataques, incluyendo a los jueces que los habían condenado. Perón no tardó en reemplazar a Cámpora y actuar contra la subversión. Sólo dos días después de haber asumido, los Montoneros asesinaron a José Ignacio Rucci, su más cercano y leal dirigente sindical. Esto lo llevó a decir que "cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento". Fue Perón quien ideó la Triple A como método irregular e ilegal para actuar contra una guerrilla, y con la triple A apareció la técnica de desaparición de personas.

A la muerte de Perón lo sucedió su esposa. Los grupos armados tomaban cuarteles, colocaban bombas, secuestraban, asesinaban, e iniciaban acciones militares en el monte tucumano. En septiembre de 1975 ocurría en el país una muerte por razones políticas cada 19 horas, en tanto que hacia el 19 de marzo de 1976 se producía un muerto cada cinco horas y estallaba una bomba cada tres. Fue entonces cuando el gobierno constitucional, a cargo de Italo Luder, dictó el decreto 2772, que establecía: "Las Fuerzas Armadas procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país". En una reunión de Luder con los comandantes, en la que éstos le expusieron los métodos alternativos para derrotar el terrorismo, el presidente en ejercicio optó por el más efectivo pero más susceptible de derivar en delitos represivos fuera de control. A partir de entonces, y no del 24 de marzo de 1976, se debe considerar el inicio del accionar de las Fuerzas Armadas. Hubo 908 desapariciones durante el gobierno de Isabel Perón, una parte de las cuales se debe adjudicar a la Triple A.

Los métodos de la represión del terrorismo aplicados por fuerzas irregulares (Triple A) a partir de 1974, o regulares a partir de 1975, comprendieron crímenes y delitos que nunca debieron haber ocurrido. Pero también fueron crímenes los cometidos por los grupos subversivos que iniciaron una verdadera guerra civil. No se puede juzgar una parte sin hacerlo con la otra. No es posible interpretar, contra la jurisprudencia internacional, que la calificación de lesa humanidad y la imprescriptibilidad no alcanza a los crímenes de organizaciones armadas que incluso eran sostenidas por Estados extranjeros y algunos de cuyos integrantes ocupaban también empleos públicos. Seguramente no hubiera habido represión ilegal si en mayo de 1973 no se hubiera eliminado la Cámara Federal Penal y ésta hubiera continuado juzgando los crímenes del terrorismo. Fueron los grupos armados quienes luego de amnistiados continuaron accionando con mayor ferocidad.

Deberíamos reflexionar si, estando la sociedad dispuesta a perdonar y a admitir que ex terroristas ocupen hoy cargos de gobierno, no debería promoverse con la misma generosidad una reconciliación y amnistía que comprenda los dos bandos protagonistas de aquel trágico pasado.