Por Jorge Mariani
Existe una bien y aceitada trama para imponer el aborto como “política de salud pública” en Argentina. Para ello, se vale de una intrincada red de organizaciones y grupos que batallan incansablemente para lograr este fin. El paso del tiempo ha descubierto la metodología que emplea, la cual se repite invariablemente.
Primero se “produce” un hecho para poner en marcha el mecanismo ideado. Una mujer, preferentemente una menor de origen humilde supuestamente abusada, se presenta a un hospital público con algún familiar a solicitar un aborto para no proseguir con la gestación “producto de la violación”.
En casi todos los hechos analizados estos casos tienen origen en situaciones intrafamiliares o de promiscuidad, al convivir niñas con adultos extraños, en ambientes inapropiados y con “parejas” ocasionales de sus madres o parientes cercanos.
Allí deja de importar el violador y se reclama el aborto urgente a las autoridades hospitalarias.
La familia de la abusada, ante la negativa de los médicos, se presenta a la Justicia acompañada por distintos organismos oficiales como el Consejo Nacional de la Mujer, el INADI, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y recurre a la prensa. El violador ya no importa, sólo interesa el aborto.
Todo el foco se coloca sobre la “pobre niña o mujer a la que los médicos inhumanos no le dan solución a su problema” , léase matar la criatura, y comienza la maquinaria o conexión a actuar.
Grupos de choque como Las Rojas, Pan y Rosas, Las Fulanas, ligados al Partido Socialista de los Trabajadores, al Movimiento Socialista de los Trabajadores o alMovimiento al Socialismo (MAS) hacen escraches en la puerta del hospital repudiando al personal sanitario y empiezan a formular declaraciones a la prensa: “Esto pasa porque es una mujer pobre”, “Las mujeres ricas no tienen este problema”, “El Estado discrimina a las victimas”, “La culpable es la Iglesia”, “Vivimos en una sociedad machista y patriarcal que se ensaña con los sectores mas vulnerables”. “Si recurre a un “aborto inseguro” corre riesgo su vida”.
Mientras tanto, al magistrado que le cae la causa no tiene ningún elemento que le permita comprobar la veracidad de todo lo que se le dice.
Entonces aumenta la presión.
Se presentan en el expediente el Consejo Nacional de la Mujer, el INADI, la Secretaria de Derechos Humanos y se suman la Procuración y el Ministerio de Salud, los grupos de choque amenazan dejar cesante al juez denunciándolo ante el Consejo de la Magistratura si no ordena a los médicos que hagan el aborto.
Los grupos de choque atacan violentamente a cualquier persona que se manifieste que hay otras soluciones mas humanas que no signifiquen poner en riesgo la vida de la madre y matar al niño.
Atacan iglesias con total impunidad cometiendo toda clase de delitos: amenazas, lesiones, exhibiciones obscenas, discriminación, daños a la propiedad, destrucción de monumentos públicos y no sucede nada. La presión aumenta y salen de escena los grupos de choque. El tema ya está instalado.
Es el turno de las “organizaciones de la sociedad civil” como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Fundación para Estudios e Investigación para la Mujer (FEIM), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que empiezan a dar una visión moderada del problema planteado: “Hay un reclamo y debe ser escuchado”, “Las prohibiciones no resuelven nada”, “El aborto clandestino es una causa importante de mortalidad materna” “El Estado está obligado a respetar los derechos humanos”, “No se pueden imponer las convicciones de un grupo al resto de la sociedad”.
Entra en acción el tercer grupo: la prensa independiente.
Página 12 titula: “Nueva violación” y como subtítulo “Niegan una interrupción de embarazo a una joven abusada”. Clarín pone: “No autorizan práctica médica a una mujer violada” “Actúa la Justicia” . La Nación dice: “Niegan un aborto en un hospital” “Voces encontradas” y Tiempo Argentino: “Rechazan aborto en un centro de salud” “Fuerte reclamo”.
Ahora bien ¿cómo se logra semejante uniformidad?
Muy sencillo, los mismos financistas que impulsan el looby internacional del aborto son los que financian a los grupos que lo promueven. A título de ejemplo: los grupos de choque deizquierda reciben protección estatal que les asegura impunidad y asistencia de Amnesty International una “ong” promotora del aborto con sede matriz en Londres.
Las “organizaciones de la sociedad civil” reciben fondos de la Fundacion Ford de USA, de la embajada británica, del Banco Mundial, del Fondo de Población de la ONU y de distintas fundaciones del establishment financiero del mundo desarrollado.
La prensa independiente recibe avisos de dichas fundaciones a través de sus promotores: bancos, financieras, empresas de primera línea.
¿Y el gobierno? El gobierno créditos del Banco Mundial a cambio de programas de “Salud Reproductiva” como los que implementa el Ministerio de Salud de la Nación.
¿Podemos comprobar esto? Obvio, ingresando a www.argentina.indymedia.org/
¿Y la chica violada? ¿Y el violador?
No importa, ya no se los necesita.
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