COMPLICARÁN A LA CRISIS

Por Carlos Manuel Acuña

Mientras contrariando su inveterada costumbre Cristina W. Fernández guarda un prudentísimo silencio acerca de la situación general que preocupa a todo el país - la prolongación de la crisis que sufrió una escalada con la actitud asumida por los suboficiales de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional - comienzan a conocerse las primeras intimidades de lo que ocurre. Estas, revelan curiosidades que llaman la atención y según las estimaciones prometen una escalada problemática y peligrosa. Por un lado, el gobierno civil - a esta altura cuesta llamarlo "las autoridades" - ha decidido la puesta en marcha de un proceso tendiente a recuperar la perdida iniciativa y a tratar de imponer la capacidad de mando en la jerarquía de los suboficiales. Para ello a "tanteado" el ánimo de quienes han encabezado la protesta, mediante el anuncio de pases a retiro obligatorio de los tres o cuatro que fueron quienes más se expusieron en este proceso. En el ínterin, llegan noticias de que en la ciudad de Punta Alta, vecina a Puerto Belgrano, suboficiales de la Marina de Guerra también resolvieron expresarse y reclamar un piso salarial de siete mil pesos mensuales. Lo interesante es que de las manifestaciones participó personal en actividad además de retirados y que en las marchas intervinieron oficiales  de la Fuerza.

Por lo que ahora comienza a saberse, esto no debe llamar la atención por la realidad que existe en todos los niveles de las distintas Fuerzas, que por razones ideológicas han sido relegadas tanto en materia salarial como en la logística necesaria para cumplir con sus funciones. La situación así creada ha derivado en una alarmante indefensión del territorio nacional, el crecimiento de la actividad del narcotráfico y un auge palpable de la inseguridad pública, con delitos cada vez más aberrantes e innecesariamente violentos. La situación es tan obvia - recordemos por ejemplo, el insólito episodio con el avión norteamericano que vino al país para desarrollar un acordado programa de especialización policial, que fue abortado con la participación del mismo Canciller Timerman - que algunos analistas sostienen que este estado de cosas no responde únicamente a la impericia de los kirchneristas.

De todos modos, podemos informar que el problema socio económico de todas las Fuerzas comenzó a tratarse intensamente durante las últimas semanas y que el tema era conocido no sólo por los oficiales, sino también por los suboficiales que seguían de cerca a un problema que afecta a todos por igual. Un  ejemplo de la atención aplicada a este gravísimo problema fue, entre las muchas reuniones habidas, la que se realizó en Córdoba, en el salón General Belgrano de la Escuela de Aviación Militar al iniciarse la tarde del 4 de octubre, que fue convocada por el secretario de Coordinación del ministerio de Defensa. El tema eran las finanzas militares y más específicamente la normalización de los sueldos, tantos en sus formas de pago como en sus bajos montos. La reunión fue prolongada y por el Ministerio intervino el Director General de Planificación, licenciado Mauro Vega, quien hizo una descripción de este asunto. También intervinieron representantes de las Fuerzas y la participación de Oficiales y Suboficiales de la mayor jerarquía quienes destacaron la gravedad de lo que ocurría y subrayaron que sus opiniones carecían de contenido político o ideológico y que por lo contrario, entendían que el régimen político civil y democrático era el que correspondía. Fueron insistentes en subrayar este factor.

La reunión se levantó antes de concluir la tarde, pues los representantes del gobierno debían reunirse en la sede del III Cuerpo de Ejército, cuyo asiento también está en la ciudad de Córdoba. Por conversaciones posteriores pudo entenderse que al margen de las formalidades, lo conversado en ambas oportunidades no había dejado una opinión favorable entre los militares que con seguridad más tarde intercambiaron ideas con sus pares. Puede interpretarse que de ese intercambio surgieron conclusiones que dieron origen a la crisis que ahora está planteada y que a juzgar por lo que sucede, podría sufrir una escalada o una complicación provocada. Ayer, al escribir sobre el tema, dejamos abiertas las posibilidades de un futuro que ya se vive con incertidumbre, aunque el sólo anuncio de los primeros retiros obligatorios ya habrían determinado algún otro voluntario producido entre un oficial jefe de la Prefectura Naval.

Los analistas sostienen que durante todo estas semanas existió tiempo suficiente para planificar el reordenamiento salarial, pero el caso es que ahora viene a conocerse que la preparación del correspondiente decreto que se tradujo en una reducción de los haberes, fue elaborado por Raúl Garré, hermano de la ministro de Seguridad, quien contó con la supervisión del ideologizado y poderoso secretario presidencial, Carlos Zannini. Entonces surge la pregunta: ¿es posible que nadie haya pensado que ocurrirían inevitables reacciones a medida que las liquidaciones lleguen a sus destinatarios...? Por eso la evolución del conflicto ocurre cargada de susceptibilidades. Por un lado, la protesta justa que se formula y por el otro, una intención oficialista que o permanece oculta o responde a la reconocida ineptitud del gobierno. Entre tanto, en el aire flota una frase que debe meditarse: estado de sitio

Es posible que los hechos de la semana próxima sirvan para dar una respuesta que se suma a un escenario cada vez más complejo y difícil para Cristina. Según los cálculos más ajustados, un incremento de los haberes militares que requerirían una revisión de los que perciben las distintas jerarquías - incluyendo los retirados que están severamente postergados desde hace mucho - obligaría al Tesoro un pago anual de cuatro mil millones de pesos, cifra a la que habría que agregar los diez mil millones reclamados por el sindicalismo y otros rubros - por ejemplo el insólito y agraviante caso de la Fragata Libertad, retenida en el puerto africano de Ghana - que permite sospechar otro manotazo a las cajas jubilatorias, con el consiguiente escándalo e inevitables consecuencias. Por las políticas que desarrolla, el gobierno carece de ese dinero. Así, la incertidumbre sólo deja espacio para una certeza: el agotamiento o la quiebra del proceso. La circunstancia tendrá otras exteriorizaciones: la marcha sindical de este miércoles 10 y la ampliada reiteración del jueves 13, cuando el ocho de noviembre la multitud se reúna en la Plaza de la República para marchar a la histórica Plaza de Mayo. Dicen que será memorable.