Los trabajadores judiciales enrolados en AJB realizarán asambleas, este viernes 7 de agosto, en todas las departamentales para luego ir hacia la Ciudad de Buenos Aires y marchar al Ministerio de Trabajo.
Desde las 13, pararán en cada lugar de trabajo, mientras que desde las 15 se concentrarán en Avenida Corrientes y Reconquista para marchar junto a otros gremios hacia la sede de la cartera laboral.
Esto se debe a una iniciativa de la CTA bajo la consigna “Que la crisis no la paguemos los trabajadores”, y en la cual pedirán una “justa redistribución de la riqueza, Asignación Universal por Hijo, el 82% móvil para jubilados y pensionados, y una ley de emergencia ocupacional que prohíba los despidos”.
Días atrás sesionó el plenario de la conducción nacional de la Central que, además de ratificar la movilización, resolvió: “ratificar la necesidad del Blindaje Social para que la crisis no la paguemos los trabajadores, consistente en un Ley de Emergencia Ocupacional que prohíba los despidos por 180 días”.
También “reclamar discusiones paritarias libres para sostener el nivel adquisitivo de los salarios, reafirmar el pedido de universalización de las asignaciones familiares comenzando por la extensión del salario por hijo a los jefes y jefas de hogar no registrados y desocupados y establecer un seguro de empleo y formación de carácter universal que alcance también a todos los trabajadores no registrados, entre otras medidas”.
Desde las 13, pararán en cada lugar de trabajo, mientras que desde las 15 se concentrarán en Avenida Corrientes y Reconquista para marchar junto a otros gremios hacia la sede de la cartera laboral.
Esto se debe a una iniciativa de la CTA bajo la consigna “Que la crisis no la paguemos los trabajadores”, y en la cual pedirán una “justa redistribución de la riqueza, Asignación Universal por Hijo, el 82% móvil para jubilados y pensionados, y una ley de emergencia ocupacional que prohíba los despidos”.
Días atrás sesionó el plenario de la conducción nacional de la Central que, además de ratificar la movilización, resolvió: “ratificar la necesidad del Blindaje Social para que la crisis no la paguemos los trabajadores, consistente en un Ley de Emergencia Ocupacional que prohíba los despidos por 180 días”.
También “reclamar discusiones paritarias libres para sostener el nivel adquisitivo de los salarios, reafirmar el pedido de universalización de las asignaciones familiares comenzando por la extensión del salario por hijo a los jefes y jefas de hogar no registrados y desocupados y establecer un seguro de empleo y formación de carácter universal que alcance también a todos los trabajadores no registrados, entre otras medidas”.
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