La
diputada bonaerense Karina Nazabal (FpV) presentó una Solicitud de Informes al
Poder Ejecutivo provincial para conocer los mecanismos que se están articulando
en la puesta en marcha de la ley 14.783, de Cupo Laboral para Personas Trans “Diana Sacayán”.
Según la información de prensa de la diputada, "dicho pedido se enmarca
en la campaña de visibilización que están llevando adelante las organizaciones
del colectivo LGBTTTI que, a 5 meses de su sanción, están exigiendo la
aplicación dicha normativa".
Entre
los principales puntos, la diputada solicita saber "si ya fue
constituida una autoridad de aplicación destinada a implementar y garantizar el
cumplimiento de este derecho fundamental para que la población trans pueda
acceder a un puesto de trabajo en las reparticiones públicas en una proporción
no inferior al 1% de la totalidad de su personal", sostiene en un comunicado.
Otro
de los puntos, tiene que ver con las políticas que buscan garantizar el
bienestar integral de la población trans: “Comunicar la existencia de programas
de gobierno que tengan como finalidad la promoción de ciudadanía plena (acceso
a la vivienda, trabajo y salud) hacia las personas travestis transexuales y
transgénero”. Es decir, se trata de una discriminación al resto de la población que carece de acceso a esos mismos derechos, privilegiando a esta minoría particular, la cual es opuesta al Orden Natural.
Al
respecto, la diputada Nazabal expresó: “Nos parece urgente que el Poder
Ejecutivo implemente esta ley que fue aprobada por mayoría en ambas cámaras,
teniendo en cuenta que la población trans históricamente fue gravemente
vulnerada y excluida”. Cabe destacar que no sólo la Ley fue aprobada por mayoría legislativa, sino que además no fue vetada por la misma Gobernadora María Eugenia Vidal.
El
pedido de informes fue confeccionado a raíz de la preocupación de las
organizaciones LGBTTTI, entre ellas Conurbanos por la Diversidad, ALITT,
ABOSEX, MAL y Futuro Transgenérico, que acompañaron a la mentora de dicha ley,
Amancay Diana Sacayán.
Según la diputada kirchnerista, “Es preocupante, y hasta peligroso, que gran parte de
la sociedad aun no conozca ni se apropie de la normativa nacional y provincial
que busca garantizar el respeto hacia la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros, e Intersex)”.
Es decir, la vida privada de estos grupos debe ser hecha pública, debe imponerse sobre la vida del resto de la sociedad, y su forma de vida debe ser alabada, reproducida y expandida socialmente. Bajo el lema de "garantizar el respeto hacia la comunidad LGBTTTI", se esconde la imposición social para que desde la más tierna infancia se obligue a los menores no sólo a aceptar sino a vivir según pautas de vida homosexuales.
Simplemente hay que sacar las cuentas: el 1% del plantel docente y directivo de los colegios católicos deberá ser LGBTTTI, y quien incumpla las normativas será sancionado, les quitarán los subsidios y además el Estado le quitará muy probablemente la habilitación de los títulos.
Simplemente hay que sacar las cuentas: el 1% del plantel docente y directivo de los colegios católicos deberá ser LGBTTTI, y quien incumpla las normativas será sancionado, les quitarán los subsidios y además el Estado le quitará muy probablemente la habilitación de los títulos.
