Dr. W. Augusto Wayar
Según el diccionario de la real academia española incumbencias
significa: “quien tiene el cargo de una obligación”, “quien está a cargo de
realizar determinada tarea”. Hace algunos años los colegas de San Isidro
dijeron “Incumbencias es el trabajo”; lo cual es cierto, cuanto mayores sean
nuestras incumbencias mayor será nuestro trabajo, más áreas tendríamos donde
desarrollar nuestra profesión.
Se trata entonces de aumentar nuestras áreas de actividad,
aumentar nuestras incumbencias, mantener las que tenemos, y recuperar las
pérdidas.
Y como incumbencias es trabajo, voy a hacer una reflexión sobre
nuestra situación ocupacional actual.
En este sentido, todos tenemos amigos Abogados, que no
ejercen la profesión; algunos de ellos han dejado de ejercerla hace ya mucho
tiempo. El programa del gobierno denominado “Justicia 2020” tiene entre sus
objetivos, promover “Centros de acceso a la justicia coordinados con los
gobiernos locales”, promover una red de patrocinio gratuito en todo el país, Centros
de asistencia y asesoramiento gratuitos. Una reciente Ley de la Nación dice que
nuestros honorarios por la homologación de acuerdos provisionales es de $ 500.
El Estado a través de los Colegios de Abogados asiste a las víctimas de delitos,
abonando un 50% de los honorarios que se fijen. Mediación gratuita para las
partes, a cargo del Estado, Defensa del
Consumidor a cargo de Abogados del Estado, leyes nacionales que rebajan los honorarios
fijados en leyes provinciales; en otras palabras, el Estado estableciendo
tarifas, y ocupando el rol que antes ejercían los Abogados de manera
particular. En cuanto a la sociedad, nos relaciona con un mal que va en
aumento: “Los Caranchos”.
En los años 90, cuando yo me matriculé, con mucha ilusión,
con mucho entusiasmo, me podía jubilar a los 55 años, con un haber jubilatorio
que ciertamente era bueno. Hoy que estoy camino a los 55, si me quiero jubilar
tengo que esperar hasta los 65, y de seguir en el camino que vamos, la
jubilación posiblemente no me alcance a cubrir la prepaga. De hecho, si optara
por la nueva banda del 37,9 %, establecida excepcionalmente este año ante la
emergencia, seguramente no me va a alcanzar para pagar la prepaga.
En otras provincias la situación no está mucho mejor. El
haber jubilatorio básico en Mendoza es de $ 16.000, en Tucumán $ 8.000, en
Entre Ríos $ 8.800, en Río Negro no existe haber básico y todo depende de lo
que los letrados aporten, en Chubut directamente los abogados dejaron de
aportar.
Entonces me preguntó a qué pasó?, qué nos pasó?.
Según los cálculos actuariales la CAO del 2016 debió ser de $
43.000. En el año 2015 la CAO debió ser de $ 34.600 y se cobró $ 21.700, este
año se pretendió cobrar $ 34.000 y la generalizada queja de los abogados la
redujo a $ 29.000
Inmediatamente surgen las críticas tangenciales, que por
tangenciales no menos ciertas: el exceso de gastos. Según el balance de la Caja
en el año 2015 le pagamos a los Directores en concepto de viáticos la suma de $
9.300.000, mas precisamente $ 9.330.504, a lo que hay que sumarle $ 4.000.000 en
concepto a de gastos de traslado.
Tal vez deberíamos reducir los gastos, deberíamos reducir el
número de Directores, reducir el número de Delegaciones; como dijo quien me
inició en todos estos temas, la Dra. Yolanda Perez Buacar: “Autos para pensar”.
Lo cierto es que nadie cuestionaría los gastos, ni los
directores, ni las Delegaciones, ni los edificios que paga la Caja, ni los
inmuebles que compra, si los abogados pudiéramos pagar sin problemas la CAO; si
ganáramos lo suficiente para pagar los $ 40.000 ó $ 50.000 ó la cifra que
exijan los cálculos actuariales. Pero la
realidad es que la mayoría de los Abogados, no está pudiendo cumplir con la
obligación mínima que exige la Caja.
Mientras que en el año 1995, el porcentaje de incumplimiento
de la CAO a nivel provincial era del 10%, en el 2015 el incumplimiento es
cercano al 60%.
El 60% de los abogados no puede cumplir con la cuota anual
obligatoria.
Evidentemente, está habiendo un problema con la tasa de
rentabilidad de nuestra profesión.
Para que la tasa de rentabilidad de una profesión liberal sea
positiva, se tiene que dar como mínimo tres presupuestos básicos:
1)
Conocimiento;
el profesional debe saber lo que hace, tener conocimiento de su ciencia. En
nuestro caso, saber interpretar un caso, plasmarlo en una demanda, llevar
adelante el proceso, y finalmente cobrar nuestro trabajo.
2)
Tiene
que existir un mercado, que requiera los servicios de este profesional.
Obviamente este mercado tiene que tener capacidad económica para poder pagar.
3)
Debe
haber una adecuada relación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de
profesionales que prestan el servicio.
Una vez en un curso, un alumno le preguntó a un destacado
especialista en derecho civil y laboral, el Dr. Ricardo Foglia ¿porqué en E.E.U.U.
se pagan indemnizaciones millonarias en dólares, y en la Argentina se paga tan poco? y el Dr. Foglia respondió: que en E.E.U.U. se
pagan esas cifras porque existe un mercado que las puede pagar; y en Argentina
se pagan las indemnizaciones que el mercado puede pagar; aunque la vida de un
argentino sea tan valiosa como la de un norteamericano, o la de un uruguayo, o
la de un boliviano.
El P.B.I per cápita de la Argentina, según informes del Banco
Mundial, entre los años 1993 y 1999 era aproximadamente de U$S 8.188, en tanto
que en el período 2013-2015 fue de U$S 14.000.
En el año 1990, existían en la provincia de Buenos Aires 17
Colegios con 21.400 abogados, en tanto que en el 2016 somos 20 Colegios con 110.000
abogados.
Mientras el número de abogados se multiplicó por cuatro, el
producto bruto interno per cápita no llegó a duplicarse.
Si bien el P.B.I. per cápita aumentó, no lo hizo en la misma
relación que el aumento de abogados, y en consecuencia, hoy no existe un mercado
que absorba la cantidad de profesionales que somos.
En el año 1995, se sanciona la Ley de Educación Superior N°
24.521, que tenía entre sus fines “promover una adecuada diversificación de los
estudios superiores”, y uno de sus principales controladores y gestores es la
CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Según un informe del “Centro de estudios de la Educación
Argentina” publicado en junio de este año, cada 100 abogados se reciben 31
ingenieros; en las universidades nacionales por cada ingeniero se gradúan 2,4
abogados, mientras que en las privadas la cifra asciende a 20.
Mientras que en los países desarrollados se gradúan a un
ingeniero cada 2.000 habitantes, en la Argentina tenemos 1 ingeniero cada 5.000
habitantes
Han transcurrido más de 20 años desde la sanción de la ley, y
en lugar de tener diversificación de estudios, tenemos una hiperinflación de
abogados, generados fundamentalmente por las Universidades privadas.
En diciembre del año 2012, el diario “La ventana de San Juan”,
publicaba: que San Juan era la provincia con mayor cantidad de abogados por
habitante, uno cada 200. En noviembre del año 2013, el diario “Uno” de Entre Ríos
publicaba: “Preocupa la sobrepoblación, con un abogado cada 200 habitantes”. Si
tomamos en cuenta los datos de nuestra provincia nos da un promedio de un
abogado cada 300 habitantes aproximadamente. Si a este número le quitamos el
porcentaje correspondiente a niños y
adolescentes que no hacen juicios, nos queda un número de entre 150 a 200
personas, las cuales quizás nunca en su vida tengan que hacer un juicio; si a
eso le sumamos el P.B.I. que cada persona tiene, aunque tengamos clientes,
estos tampoco dispondrán de mucho capital para pagar nuestros servicios.
Nos queda por analizar ahora el tercer presupuesto básico: el
conocimiento.
Según la Resolución 3246/15 del Ministerio de Educación,
dictada en conjunto con el Consejo de Universidades, y la Secretaria de Políticas
Universitarias, dijeron expresamente: “que
resulta claro que la deficiente formación de los abogados comprometen interés
público, poniendo en riesgo de modo directo los derechos y los bienes de los
habitantes”
Y vuelvo a la Ley de Educación Superior dictada en el año
1995, que establecía entre sus fines:
- proporcionar formación profesional y humanística en el más
alto nivel,
- garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia,
- formar profesionales con solidez profesional,
y estableció que los órganos encargados de llevar adelante estos
fines serían la CIN, Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a la mayoría
de las Universidades nacionales y privadas del país, el Consejo de
Universidades y la CONEAU.
Al cabo de 20 años los órganos que debían darnos excelencia,
calidad y al más alto nivel profesional, terminan concluyendo que nuestra formación
es deficiente y compromete a los habitantes de la sociedad.
Como el problema de nuestra calidad profesional no es de
ahora, la Universidad Nacional de La Plata hace algunos años readecuó su
programa de estudios, y hasta el día de la fecha no tuvo la aprobación de la
CONEAU.
Por otro lado, escuchamos hasta el hartazgo la insistente publicidad
de carreras universitarias de Derecho aprobadas por la CONEAU.
Mucho pavor causa escuchar en la presentación del Programa Justicia
2020 del gobierno nacional: “Programa patrocinado por la Universidad Siglo XXI…”
En consonancia con lo antedicho, en el programa Justicia
2020, en el “eje justicia comunidad”, “evaluación de la calidad previa al
ingreso de los profesionales de derecho”, se realizó una encuesta en las universidades
nacionales para detectar cuáles eran los vacíos pedagógicos, y se concluyó que
a los profesionales de derecho les falta: investigación jurídica, ética
profesional, práctica profesional, gestión judicial, razonamiento y decisión
judicial; y para eso ya tiene fondos destinados al gobierno y la CONEAU para
tratar el tema. Si hubieran preguntado
los Colegios de abogados cuáles eran los vacíos pedagógicos se lo hubieran respondido
en un minuto, y se hubieran ahorrado toda la encuesta.
Paradójicamente, los
mismos órganos que nos llevaron a una deficiente formación, son los mismos que
ahora pretenden cambiarla.
Los Colegios de abogados tenemos el control de la matrícula;
nosotros debemos sancionar a los abogados que ejercen mal su profesión, adrede o
por desconocimiento; y cubrir los vacíos pedagógicos que las a universidades generaron.
Estamos encargados del control del producto terminado, pero no intervenimos de
su formación.
Si queremos mejorar la calidad, elevar el nivel profesional,
lograr la excelencia, sin dudas los Colegios deben tener intervención
protagónica en la formación.
Autos para actuar¡¡¡. No puede seguir ideándose programas de
estudio, proyectos pedagógicos, sin la intervención de los Colegios
Ahora bien, podemos aceptar que nuestro nivel educativo es bajo,
que tenemos que mejorar, que existen deficiencias en nuestra formación, y
podemos estudiar y analizar la manera de mejorarla; lo que no podemos hacer, en
la desesperación, es adoptar decisiones disparatadas como puede ser la habilitación
profesional.
Antes, cuando una persona tenía problemas de salud recurría
al médico general; luego los médicos empezaron a especializarse. Hoy, si una
persona tiene un problema de salud puede recurrir al médico general como lo
hacía antes, o puede ir al especialista; y la realidad es que va al
especialista. La especialización fue madurando en la sociedad, y hoy, sociedad
y profesionales se ven beneficiados de esa especialización.
Hace muchos años hecho concurrí a una mediación voluntaria sin
muchas esperanzas, ya que descreía del instituto. Sin embargo, la actuación del
mediador, hizo que el tema se resolviera, y nos fuimos todos conformes, el
mediador, mi cliente y yo.
De un día para el otro se instaló la mediación obligatoria
con habilitación profesional en la Pcia. de Buenos Aires, bajo el argumento de
que en otros países funcionaba, de que iba a alivianar la poder judicial, que
se iban a resolver los conflictos, que había abogados que iban a poder vivir de
la mediación. Lo cierto, es que alguien trajo la idea, y la idea se instaló.
En la provincia de Buenos Aires si alguien quiere ser
mediador tiene que lograr la “Habilitación Profesional”. Debe hacer un curso,
pagarlo; obtener su matrícula, pagarla;
y pagar por el resto de su vida cursos de actualización, que le permitan
mantener la matrícula vigente, además debe pagar por ella.
En el Departamento de La Matanza las quejas de los Mediadores
son permanentes, y a pesar de ello se siguen dando matrículas de mediadores. A
la sociedad no le convence el instituto y a los profesionales tampoco. No se
dio el tiempo necesario para que la mediación madurara en la sociedad
Los mediadores no pueden cubrir los gastos, y exigen un
aumento en las materias a mediar, cobrar un mínimo por apertura de la
mediación, etc. Las compañías de seguro extorsionan a los mediadores para que
acepten honorarios por debajo de la tabla que fija la ley (como condición para
cerrar un acuerdo), caso contrario no lo cierran, o lo llevan a la Capital Federal
donde los costos son más bajos.
Conclusión: muchos mediadores terminan aceptando una rebaja
de sus honorarios para poder percibir algo. Pero esto no termina aquí. En un
caso “Suárez Raúl c/ Andersen Celia s/ Daños y Perjuicios”, en el curso del
juicio se llegó a un acuerdo. En la homologación, por el monto del acuerdo, el
juez fijó los honorarios del mediador en la suma de $ 10.080. La compañía de
seguros apeló los honorarios por considerarlos altos y el expediente se elevó a
cámara. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza, bajo el
argumento de que las leyes nacionales
24.432 y 24.522 los facultan a morigerar los porcentajes tarifados en las leyes
de honorarios, y establecer honorarios de acuerdo a su saber y entender, en
base al mérito, la labor y calidad del trabajo que según ellos el profesional
realizó, redujo los honorarios de $ 10.080 a $ 2.500.
Con lo cual cabe preguntarnos ¿qué futuro les espera a los
mediadores en la Pcia. de Buenos Aires?.
Exceso de abogados, falta de preparación, patrocinios
gratuitos a cargo del Estado, leyes nacionales disminuyendo nuestros
honorarios, imposición de tarifas… parte de nuestra realidad.
En la provincia de Buenos Aires existen según el balance de
nuestra Caja, 55.800 abogados activos en la matrícula:
-
¿cuántos
fueron suspendidos a su propio pedido, o por abandono de la profesión por
adeudar dos anualidades de la CAO? :
-
30.000
El 53,8% de los abogados debió abandonar la profesión y
dedicarse a otra actividad.
En el año 2010 el porcentaje era del 50,8%, por lo que en 6
años elevamos el número en 3 puntos porcentuales.
Evidentemente la situación ocupacional de los abogados esta
crisis, en un estado crítico, y así hemos de tomarlo.
La idea de estas palabras, es convencernos de que estamos
mal.
La crisis debe movilizarnos a un cambio inmediato, ya, a
partir de ahora; de otra manera, sí soslayamos nuestra situación, sin
minimizamos nuestra crisis, lo único que lograremos es seguir cayendo; y cuanto
más profundo caigamos más difícil será recuperarnos
Ojalá dentro de algunos años volvamos hablar de la situación
ocupacional de los abogados, y festejemos que nuestro haber jubilatorio está
creciendo, que bajamos nuestro nivel de deserción, que aumentamos nuestra tasa
de rentabilidad, que mejoramos nuestra calidad profesional, y que en la consideración
social volvimos a ser lo que los abogados hemos sido durante siglos:
“La herramienta más eficaz para una sociedad mejor”
