Fuente: Anonymus
Envío de Tábano Consultora
Hugo Moyano demostró una vez más porqué mantiene una vigencia
notable en la primera línea de la política argentina hace más de dos décadas.
Concretó una de esas jugadas que electrizan el ambiente político, mezclo
suspenso, tensión extrema y distensión, en un final ofrecido en el momento
justo, que lo deja situado del lado ganador.
En el preciso momento que el
gobierno amenazaba con sepultarlo bajo una pila de denuncias penales, leyes de
abastecimiento y otras expresiones de impotencia política, Moyano cerraba con los empresarios de su sector el aumento que le
venían negando: un 25,5% muy cerca de la inflación real y muy lejos del 18% que
pretendía el gobierno. Con una delicia para la interna cegetista: consiguió un
punto más que el obtenido por su rival, el metalúrgico Antonio Caló.
Moyano revalidó así los títulos de consumado negociador a la hora
de defender sus afiliados, que no casualmente se encuentran entre los
trabajadores mejor remunerados del país. “Ojalá tuvieramos un Moyano”, es un lamento habitual en la
Mesa de Enlace o en la UIA. Ese prestigio de negociador que sabe cuando golpear
y cuando acordar, que lo une con mitos del sindicalismo peronista como Augusto Vandor, es el que hoy
acrecentó.
La jugada sin embargo fue mucho
más amplia y excedió largamente lo salarial. Revalidados los títulos
sindicales, Moyano fue por la pelea
amplia, la discusión de quien paga el ajuste que está exigiendo la economía. Se
ubicó así objetivamente al frente de la confrontación contra el gobierno,
arrastrando atrás suyo a todos los sectores que tienen alguna cuenta pendiente
con el gobierno y que es posible se sumen a la convocatoria a Plaza de Mayo del
próximo miércoles.
El gambito es una jugada del
ajedrez por el cual se entrega una pieza menor a cambio de recuperar la
iniciativa. Generalmente el adversario cree que ganó y recién después de un
rato se da cuenta que sufrió tremenda derrota. Moyano levantó el paro pero se adueñó de la agenda política que
viene y se sabe que no hay nada peor para un presidente argentino que perder la
iniciativa política. Es el único error que no tiene permitido.
Ya lo había anticipado cuando Cristina Kirchner decidió colocar a Moyano en el campo enemigo, que por su peso
específico el día que el camionero se lanzara a la confrontación real, sería
casi imposible para el resto de los actores políticos y sociales no quedar
atrapados en su órbita gravitacional. La sociedad puede estar mas o menos
dispersa, pero entiende en segundos por donde pasa la pelea de poder real: eso
es lo que se vio como una fractura expuesta en las últimas 48 horas.
La reacción del gobierno no pudo
ser más desafortunada. La combinación de un regreso anticipado de la Presidenta
de una cumbre internacional y la sucesión desordenada de ministros lanzando
querellas penales y multas para resolver un tema estrictamente laboral, no sólo
le pega debajo de la línea de flotación a la cultura peronista, sino que habla
de un ejército asustado.
Se extrañó la solvencia de los
peronistas para tratar con “los compañeros”, esa marca registrada de
gobernabilidad, esa capacidad de ponerle el cascabel al gato. Si se trata de
interponer demandas, con abogados sobra. Si regular el conflicto social, si
terciar en una puja distributiva acelerada por la alta inflación, es dar
órdenes y esperar obediencia, la pregunta es en que lugar quedó la política.
Moyano pareció leer con rapidez el crecimiento geométrico de la
gente por el caos que empezaba a extenderse en la sociedad y levantó la medida.
Pero antes dejó muy en claro su poder: le bastó ordenar el paro de una sola de
las ramas de su actividad para que se conmocionara el país. Fue una lección de
real politik avasallante.
Embolsó el aumento que le negaban
apenas 48 horas antes, se dio el lujo de sacar la intermediación del Ministerio
de Trabajo que ahora fue reducido al rol de escribanía para refrendar lo que se
negoció en otro lugar y convocó a un paro nacional para discutir la aplicación
del impuesto de ganancias a los salarios, que endosó a la Casa Rosada.
Cristina tiene ahora pocas
opciones agradables. O modifica el mínimo no imponible antes del miércoles y
queda en consecuencia cediendo ante el camionero o se expone a una Plaza de
Mayo muy numerosa, reclamándole algo que hasta el kirchnerista más convencido
reconoce justo. Está claro que más temprano que tarde esa base imponible va a
ser modificada: no tiene sentido que los aumentos trabajosamente conseguidos en
paritarias se los lleve el Estado como impuesto.
Pero la Presidenta ya perdió la
oportunidad de quitarle esa bandera a Moyano,
con un anuncio unilateral de la modificación del tributo. Acaso atrapada por
esa tendencia a no ceder nunca en ningún tema, terminó emboscada. Ahora, cuando
la modificación llegue –aún en el caso que apele a la habitual diagonal de
girar el tema al Congreso-, el triunfo político tendrá nombre y apellido.
Moyano en el mismo día consiguió un aumento para su gremio, exhibió
todo su poder de fuego, desactivó el fastidio social y se quedó con una de las
pocas banderas reales que unen a trabajadores de todos los colores y pelajes.
Bastante para la tarde gris de un invierno que recién empieza a despuntar.
DERECHO PENAL EN ACCIÓN
El kirchnerismo se ubicó en una
posición inédita para un gobierno peronista luego de denunciar penalmente a Hugo Moyano y su hijo Pablo por “amenazas, coacción agravada
y entorpecimiento de servicios públicos” por la huelga de ayer, una causa
presentada por Florencio Randazzo
que quedó registrada en el Juzgado Federal Nº 9.
Así lo entienden los abogados
constitucionalistas. El investigador del Conicet, Roberto Gargarella, que dirige la revista jurídica de la
Universidad di Tella, indicó que “de ningún modo se justifica usar el derecho
penal para lidiar con problemas sociales y de ningún modo se justifica usar el
derecho penal para lidiar con reclamos gremiales”.
“Es injusto, indebido, de los
peores usos imaginables del derecho”, señaló el constitucionalista, que agregó
que “tampoco se justifica que el gobierno y sus voceros empiecen a indagar en
el carácter político o no de la protesta”.
Gargarella afirmó que “sin entrar en la hipócrita utilización e
incentivo que se dio desde el poder a la protesta sindical, lo cierto es otra
cosa: toda protesta es política, toda protesta forma parte de una disputa
política mayor.
“Esa no puede ser una conclusión
condenatoria, es el punto de partida de toda protesta social”, finalizó.
Por su parte, el también abogado
constitucionalista Andrés Gil Domínguez
que “Moyano ejerció su libertad de
expresión, como cuando Hebe de Bonafini
le pegó duro a la Corte Suprema”.
“El derecho a huelga y expresión
anula cualquier tipo de acción penal”, señaló Gil Domínguez al tiempo
que explicó que al realizar el paro, el líder de la CGT “ejerció un derecho
previsto en la Constitución”, por lo que la denuncia presentada por el ministro
del Interior violaría la Carta Magna.
En concordancia con Gargarella, Gil Domínguez aseguró que
“ejercer un derecho nunca puede tener ningún tipo de represalia penal”.
El abogado indicó que el Gobierno
no puede “pretender que Moyano vaya
a una huelga y no hable” y agregó que “este tipo de denuncias el Gobierno las
utiliza para generar un estado de latencia para activar todas las causas cuando
necesitan apretar”.
DÓLAR LLEGÓ A $ 6,71
La compra de bonos en dólares en
el mercado de capitales, por el cual el ahorrista termina cobrando su
amortización en esa moneda, ayer tocó un nuevo máximo histórico colocándose en
$6,71. Se trata de uno de los mecanismos legales para sortear las prohibiciones
del Gobierno.
La compra de bonos en dólares en
el mercado de capitales, por el cual el ahorrista termina cobrando su
amortización en esa moneda al vencimiento, ayer tocó un nuevo máximo histórico
colocándose en $6,71. Se trata de uno de los mecanismos, legales, para sortear
las prohibiciones del Gobierno y hacerse de la divisa. El dólar blue, en tanto,
avanzó a $5,96, muy lejos de los $4,52 del oficial, según publicó el diario La
Nación.
La subida del "contado con
liqui" responde a la ampliación en la brecha del rendimiento entre el
precio en dólares de bonos argentinos y los que cotizan en pesos. Los títulos
de deuda fueron los que sufrieron más en la rueda de ayer. El Boden 2015 tuvo
una caída del 3,6%, aunque ese mismo papel, en pesos, bajó sólo 1,91%. Con el
Boden 2012 pasó algo similar: valía 6,58 pesos en la Bolsa porteña y 0,98
dólares se pagaba en Nueva York.
La diferencia entre el dólar
puesto en el exterior se amplió de esta manera al 48% contra el que se ofrece
en el mercado mayorista formal. El precio fijado de los papeles, responde en
todos los casos a la probabilidad de cobro. Así, por ejemplo, el Bonar17 es el
que más bajó cotiza
La demanda de dólares no cesa
pese a los esfuerzos de "pesificar la economía" con la que insiste el
Gobierno. Sin embargo, en el mercado formal el volumen sigue declinando. Ayer
se negociaron 275,1 millones de dólares en el mercado de contado (spot) y 93,5
en el de futuros. El Banco Central no intervino con compras, señalaron
operadores.
¿Qué es el contado con liquidación
o "liqui"?
Es una operatoria bursátil
mediante la cual una persona o empresa transfiere fondos desde y hacia el
extranjero a través del Mercado de Valores.
Para transferir al extranjero, el
inversor compra en el Mercado local un título denominado en pesos que tenga
también cotización en el exterior (New York) en dólares. Inmediatamente
solicita que se le transfiera el título al extranjero y una vez ahí se venda,
acreditándose el producido de dicha venta en una cuenta de su titularidad en
dicha plaza. De la diferencia entre el precio de compra en pesos y de venta en
dólares, surge el tipo de cambio al cual se cerró la operación de
transferencia. La operación inversa se realiza para ingresar fondos a la
Argentina.
REVALÚO FISCAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Los dirigentes que integran la
Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires salieron este jueves al cruce de
los funcionarios del Gobierno bonaerense en el marco de un nuevo capítulo de la
guerra por el aumento del impuesto inmobiliario rural.
En una conferencia de prensa
ofrecida en la sede porteña de CARBAP, un grupo de técnicos de las cuatro
entidades del campo y del Movimiento CREA presentaron un trabajo (ver material
adjunto) en el que se detalla el impacto que tendrá el revalúo.
En primer lugar, los
especialistas aseguraron que “la medida dispuesta por el gobernador Daniel Scioli extrae del sector
agropecuario más de $ 2820 millones adicionales perjudicando la productividad
de la producción agrícola bonaerense”.
“Además, limita la búsqueda de escala
y eficiencia empresaria, especialmente a los productores medios de entre 100 y
500 hectáreas. Con ese dinero podrían comprarse más de 1 millón de toneladas de
urea o bien 7400 tractores”, agregaron los técnicos.
En tanto, tal como opiné en su
momento, el informe hace referencia a que el aumento de las valuaciones
fiscales de los campos bonaerenses beneficiará principalmente a la Nación y no
a la provincia.
“El Gobierno nacional captará el
64 por ciento de los recursos, al tiempo que la provincia de Buenos Aires
recaudará el restante 36 por ciento debido al incremento del inmobiliario
rural”, explica el informe.
En este sentido, uno de los temas
principales es el impacto del aumento en Bienes Personales y Renta Mínima
Presunta: “La recaudación por estos impuestos aumenta de 300 millones a 2670
millones; es decir, un aumento del 790%”, aclararon.
“El impuesto presenta un sesgo
hacia los estratos de producción de entre 100 y 500 hectáreas, cuyo impacto
impositivo unitario puede llegar hasta duplicar el del resto de los estratos”,
alerta el informe financiado con recursos del Fondo Agropecuario.
Por su parte, el vocero de
CARBAP, José Casado, comentó a LPO
que “el impuesto afecta al 70 por ciento de los campos y se torna impagable
para la mayor parte de los productores rurales bonaerenses”.
La conferencia de prensa estuvo
encabezada por Alberto Frola
(Carbap), Abel Guerrieri y Marcelo Fielder (Sociedad Rural), Guillermo Giannasi (Federación
Agraria), Federico Landra
(Coninagro) y Ricardo Negri
(Movimiento CREA).
SESIÓN ESPECIAL EN DIPUTADOS
Los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica) y Gustavo Ferrari (Frente Peronista)
pedirán al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja que ponga
en tratamiento los proyectos de ley para eximir o aliviar el pago del Impuesto
a las Ganancias a trabajadores y jubilados.
Para ello, los legisladores
convocaron a una conferencia de prensa para esta tarde, las 16:30, en el Salón
José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, informó el bloque de la CC.
Sobre la sesión especial, será
pedida para el miércoles próximo a las 10.30, el jefe del bloque de diputados
nacionales del radicalismo, Ricardo Gil
Lavedra, ya hizo contacto con su par del PRO, Federico Pinedo y con Gustavo
Ferrari, quienes habrían adelantado su conformidad con la movida.
También con el socialista Juan Carlos Zabalza, quien integra el
interbloque del FAP, quien dijo que iba a consultar con sus colegas del
espacio, indicó el ex camarista.
Hizo consultas con la Coalición Cívica,
aunque todavía no hubo una definición de ese sector, mientras la ex cívica Patricia Bullrich y el peronista
disidente Eduardo Amadeo, junto con el macrismo emitieron ayer un comunicado
convocando para la misma sesión.
La idea de los impulsores es elaborar
una fórmula de actualización automática de límite para comenzar a pagar la
imposición.
El pedido de sesión especial
incluye un total de 30 proyectos que ya tienen estado parlamentario. No
obstante, los opositores seguirán con los contactos con la idea de sumar nuevas
voluntades.
OPINIÓN DE LA CTA Y OTROS ACTORES
El titular de la CTA disidente
compartió los reclamos de Moyano
pero aclaró que no irá a la Plaza de Mayo. “No podemos sumarnos a un paro
anunciado por la televisión”, señaló. Pero no descartó cambiar de idea si el
caminero lo llama. Barrionuevo se
sumaría. Federación Agraria, Libres del Sur y MST adelantaron su apoyo.
Pablo Michelli apoyó la convocatoria a la movilización para el
miércoles de Hugo Moyano pero aclaró
que no se sumará porque no le avisaron. “No nos hemos juntado, pero no podemos
ir a una marcha convocada por la televisión”, agregó.
Pero aclaró que respalda los
reclamos por el aumento del mínimo no imponible de Ganancias y la suba del tope
de las asignaciones familiares. “Le agregaría la suba del salario mínimo a 5000
pesos y la jubilación del 82% móvil”, sumó Michelli,
quien convocó a una movilización por esos planteos y recibió el saludo de Moyano.
“El gobierno se viene manejando
mal. Al mandar la gendarmería iba a terminar en un conflicto social y así fue”,
evaluó el jefe de la CTA disidente. “El impuesto a las ganancias es una vía de
recaudación para pagar intereses de la deuda. Hay un mal manejo”, remarcó.
No fue el único apoyo que sumó Moyano. La Federación Agraria Argentina,
Libres del Sur y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)
coincidieron con su reclamo.
“Nos vuelve a juntar el espanto a
todos y el repudio a la actitud gorila de meterle una denuncia penal a los
dirigentes que enfrentan el autoritarismo que tenemos hoy en día”, se quejó Buzzi.
El secretario general del
Movimiento Libres del Sur, Humberto
Tumini, acusó al Gobierno de “buscar aumentar la recaudación justamente a
partir de los que menos tienen y no de los que más ganan”, por la negativa
oficial a modificar el impuesto a las Ganancias.
“Frente al ejercicio del justo
derecho de huelga de un gremio en conflicto, lo primero que hace el Gobierno es
descalificar a sus dirigentes, amenazar, enviar la Gendarmería, poner
sanciones. Es una pésima actitud de quienes se jactan de defender los derechos
humanos, de respetar y no reprimir la protesta social”, se lamentó.
A través de un comunicado, Vilma Ripoll pidió una lucha conjunta.
“Nos solidarizamos con los camioneros y sus justos reclamos por salario, contra
el tope a las asignaciones y el impuesto a las ganancias a los trabajadores.
Mientras paga la deuda a los fondos buitres, Cristina sólo sabe judicializar la
protesta”, afirmó.
Al mediodía, Luis Barrionuevo adelantó que los gremios que integran la CGT Azul
y Blanca que lidera discutirían esta noche una postura a tomar, pero se mostró
a favor de la manifestación.
"Esta situación iba a
colapsar, hay una Presidenta ausente, no tiene gabinete, no hay peronismo y los
gobernadores lo único que hacen es pedir plata, no hablan de política. Quieren
meter en cana a Moyano”, presagió.
Junto al gastronómico se alistan
los empleados de estaciones de servicio (del diputado bonaerense Carlos Acuña), del caucho (Claudio Arce), Seguridad (Angel García), Vidrio (Horacio Valdez), Choferes particulares
(Andrea Aranda), Plástico (Vicente Mastrocola) y Viajantes (Luis Cejas), entre otros.
La Unión Ferroviaria fue una de
las pocas voces que se expresó en contra. "Moyano no supo o no quiso unificar el movimiento obrero en un solo
reclamo", consideró Mario Rodríguez, reemplazante del detenido José Pedraza.
¿NUEVA OPOSICIÓN?
Transcurrieron apenas seis meses
desde que reasumió. Poco queda de aquella "vieja" Argentina. Ahora el
país es otro, inmerso en diversidad de conflictos y con un arco "anti
K" que se nutre de las falencias del modelo. ¿La clase media y los
caceroleros, ahora más afines a Moyano?
"Esto se va a poner feo. La
situación es muy preocupante, los dos están levantando la apuesta porque no
pueden compartir el poder. No hay espacio para ambos. Son como dos trenes de
frente a punto de chocar".
Esta frase por demás gráfica
pertenece al politólogo Jorge Giacobbe,
uno de los principales conocedores de la interna peronista, quien acababa de
hablar con un alto dirigente sindical luego de que Hugo Moyano convocara a un paro nacional para la semana próxima.
Y su advertencia resume el sentir
general de todos los observadores del panorama político.
Es que si alguna vez la relación
entre Cristina Kirchner y el jefe de
la CGT pareció una "guerra fría" -es decir, una pelea en la que se
insinuaba pero que no llegaba a materializarse por el respeto y temor mutuo-
ahora se convirtió en una pelea abierta.
Ninguno oculta su bronca, se pasó
de las críticas elípticas a las acusaciones directas, los pases de facturas
están a la orden del día y las consecuencias son, a esta altura, impredecibles.
Giacobbe destaca un hecho no menor: la convocatoria de Moyano para el miércoles próximo
implica el primer paro contra un gobierno peronista en toda la historia. "Pero
no sólo eso, sino que se rompieron ciertos códigos de convivencia política
cuando empezaron a acusarse de robo entre ellos", señala el experto.
Alude al duro discurso de la
Presidenta en el que acusó a los sindicalistas de alentar irresponsablemente
pedidos salariales que luego derivaban en despidos mientras los dirigentes
"se vuelven a sus casas, que nunca son casas pobres".
No menos dura fue la reacción de Pablo Moyano, el hijo de Hugo, que
acusó al vicepresidente Amado Boudou
de estar "más sucio que un mecánico".
Lo cierto es que mientras el
Gobierno hace denuncias penales contra los Moyano,
y éstos tratan de "soberbia" a Cristina
y comparan a su gobierno con la dictadura, empieza a quedar en claro una idea.
De las dos partes en pugna, la
Presidenta es quien más tiene para perder en un conflicto.
"Si Moyano ocupa la Plaza de Mayo y se transforma en el nuevo Ubaldini, el monopolio y hegemonía
política de Cristina se puede terminar y su gobierno va a quedar
condicionado", afirma Marcos Novaro,
director del Centro de Investigaciones Políticas (CIPOL).
Tan convencido está sobre la
gravedad de la situación que manifiesta sus dudas sobre si efectivamente tendrá
lugar la concentración moyanista del miércoles: "El Gobierno va a tratar
por todos los medios de que no se haga, sabe que puede ser un punto de
inflexión".
¿Qué tanto podría agravarse la
situación? Algunos analistas creen que lo que se ha visto en los últimos días
-con el desabastecimiento a las estaciones de servicio y las dificultades en
los cajeros automáticos- son apenas una pequeña muestra.
"Ambos tienen municiones
guardadas que han preferido no usar todavía. Por el lado del Gobierno, puede
meterse en las obras sociales e intervenir más directamente en la interna de la
CGT. Tienen mucho para atacar a Moyano",
describe Alejandro Catterberg, socio de la consultora
Poliarquía.
Y agrega que el sindicalista, a
su vez, "tiene muchas herramientas para alterar la normalidad del país, ya
demostró que puede hacer que falten insumos fundamentales".
En este sentido, cabe recordar
que casi el 90% de la carga que circula en el país se moviliza por camiones, al
igual que un 80% del PBI. El gremio tienen cerca de 200 mil conductores
habilitados. Traslada todas las materias primas y mercadería de los campos a los
puertos.
Como si esto fuese poco, tiene
injerencia directa en tres cuestiones muy sensibles para la población: el
transporte de combustibles, de caudales (cajeros automáticos) y de residuos.
"Si un día no se recoge la
basura la gente culpa a Moyano, pero
si pasan cinco días sin recolección ya responsabilizan al Gobierno",
reflexiona un funcionario.
Y este último punto es un
elemento clave. Los analistas creen que ante una crisis de desabastecimiento,
el malestar de la opinión pública ahora no se volverá tanto contra el
sindicalismo sino contra el Gobierno.
Una encuesta de Giacobbe da la prueba de que el líder
sindical se beneficia más que el Ejecutivo. Hace 40 días, cuando se les
preguntaba a los argentinos cuál de las dos partes prefería que se
"impusiera" en la confrontación, Cristina
ganaba 7 a 1. Pero, en las últimas horas, el mismo sondeo arrojó un resultado
de 2,4 a 1.
Esta circunstancia refleja un
cambio en la imagen de ambos contendientes.
Del lado del Gobierno, pesa la
acumulación de crisis que tuvo la Presidenta desde su reasunción.
Un simple repaso a las
situaciones conflictivas resulta agobiante e incluye:
• El colapso del sistema de
transporte público.
• La escasez de productos por el
cierre de importaciones.
• Las restricciones a la compra
de dólares.
• Las tensiones con gremios, como
el de los maestros.
• Las protestas contra la minería
en el interior.
• Las acusaciones contra Amado Boudou.
• Las imputaciones de espionaje a
militantes opositores.
• El malestar de los productores
rurales por el revalúo impositivo.
• Las dificultades financieras de
las provincias.
Y la lista continúa. Tal vez esa
situación haya sido la que generó una serie de "curiosidades".
En las últimas horas se han visto
"coincidencias de sectores" que, tiempo atrás, parecían impensadas,
como por ejemplo el acercamiento entre Moyano
y el gobernador bonaerense Daniel Scioli,
o la adhesión de la Federación Agraria a las protestas de los camioneros, esos
mismos que hace cuatro años intentaban romper la huelga de los productores sojeros.
Y lo que más llama la atención es
cómo la clase media, que siempre ha manifestado un fuerte rechazo por el estilo
de Moyano, sea ahora la más
permeable al reclamo por la actualización en el "piso" del impuesto a
las ganancias.
A fin de cuentas, buena parte de
ese segmento que gana por encima de los $7.998 se ve alcanzada por el tributo.
De manera que quienes se sienten
identificados con este reclamo, del que Moyano
tomó la bandera, no son precisamente los sectores populares sino más bien
aquellos profesionales que en las últimas semanas también han manifestado su
enojo por el hecho de no poder ahorrar en dólares.
"A los que no les gusta este
modelo K, los que van con las cacerolas a manifestarse por la corrupción o por
las medidas de la AFIP encuentran en Moyano
alguien que canaliza una oposición que este nuevo Gobierno no tiene",
señala un dirigente en estricto off the record.
Los hechos confirman lo que
muchos anticipaban apenas Cristina
había logrado el contundente 54% en las urnas: que la oposición iba a surgir
del propio partido, de las luchas internas e, incluso, del mercado financiero
(representado entre otras variables por el dólar) dependiendo esto último de
cómo evolucionase el escenario económico.
En este sentido, el analista Rosendo Fraga destacaba que el
peronismo está lejos de ser un partido cohesionado y monolítico.
"Se ha transformado en una
cultura política que ocupa el espacio del oficialismo y gran parte del arco
opositor al mismo tiempo", señalaba.
En buen romance -tal como
adelantaban los expertos- la victoria del 54% de los votos no iba a significar
en absoluto un hegemonismo político para todo el mandato.
"En una sociedad democrática
hay mucho poder que no está en la política, está en el mercado y en los
ciudadanos", afirmaba en ese entonces Sergio
Berensztein, director de Poliarquía.
Y también parece ratificarse una
nueva particularidad de la política argentina: que la oposición verdadera sólo
puede salir de las propias filas peronistas.
"Cada facción peronista está
luchando para ver cuál va a ser el futuro del movimiento, y eso produce enorme
inestabilidad porque traslada a la sociedad todas sus pujas internas",
observa Enrique Zuleta Puceiro,
experto en opinión pública.
Queda, entonces, una sensación
flotando: la gestación de una nueva oposición que se nutre de las propias
falencias del modelo K ya descriptas.
"La cuestión es cómo se
combinan los camioneros, los productores rurales, los que cacerolean. No hay
certezas sobre qué se puede generar a partir de eso. Lo que sí está claro es
que en el fondo hay una discusión de gobernabilidad y Cristina debe evitar perder el control de la calle. No va a ceder
en eso", afirma Catterberg, de
Poliarquía.
¿Negociar o no negociar?
El debate del momento radica en
cuál debe ser la reacción del Gobierno ante la escalada conflictiva. ¿Negociar
es mostrar debilidad? ¿O es peor mostrarse intransigente aunque eso derive en
un caos social?
Y aquí es donde sale a relucir
una máxima que todos los politólogos tienen presente en la política argentina:
en el imaginario social, el peronismo es el partido que garantiza la
gobernabilidad.
En consecuencia, se puede
perdonar la baja calidad institucional, los cambios de discurso y hasta las
acusaciones de corrupción. Pero no se le perdonará que no se muestre dominador
de la situación política y social.
"El 54% de votos que obtuvo Cristina fue por haber demostrado
gobernabilidad. Por eso la sociedad ahora mira al Ejecutivo para ver si puede
controlar la situación", señala Zuleta
Puceiro.
El problema, claro, es si es
posible gobernar "con Moyano en
contra". Más aun en un país con alta inflación. Hay varios analistas que
creen que la Presidenta comete un error en exacerbar su intransigencia.
"Cristina no siguió lo hecho por su marido", sostiene el
siempre provocativo Jorge Asís,
aludiendo a cómo Néstor Kirchner -a
pesar de tener diferencias con Moyano-
buscaba negociar para coexistir pacíficamente.
"Reconocer que es un error
cobrarle al laburante el impuesto a las ganancias nunca sería arrugar",
afirma el exsecretario de Cultura del gobierno menemista.
En este punto, incluso los
analistas más cercanos a la posición del Gobierno sostienen que, al menos, es
necesario hacer ajustes en la comunicación.
"El Gobierno nunca cede bajo
presión. Por eso, no va a cambiar su postura con el impuesto a las ganancias.
Pero tiene que salir a fundamentar su postura del por qué no lo hace",
argumenta Analía del Franco,
directora de la consultora Analogías.
En la misma línea, el encuestador
y politólogo Artemio López, uno de
los más firmes defensores del kirchnerismo, sostiene que la jefa de Estado
debería explicarle a la sociedad cuáles son los riesgos que trae aparejado el
otorgar tal beneficio.
"El país no es una fiesta,
ni lo será en el corto y mediano plazo, digamos así. De tanto repetir buenas
nuevas, uno no debiera terminar creyéndolas. Se trata de levantar el ánimo sin
bajar el análisis", afirma López con
inusual sinceridad.
Lo curioso, en todo caso, es que
si el Gobierno accediera al reclamo sindical y actualizara por inflación el
"piso" del impuesto a las ganancias, el fisco no sufriría mucho.
Según dan cuenta economistas
especializados en temas tributarios, ganancias representa un 15% del total de
la recaudación pero, de ese total, sólo la tercera parte corresponde a aportes
de personas, mientras que el resto son gravámenes a empresas.
"Es claro que la disputa es
más política que económica. No sólo porque ganancias no es tanto en términos de
ingresos, sino porque además, si actualizaran el piso, gran parte de esa plata
volvería a las arcas del Estado bajo la forma de IVA", afirma off the
record, el economista jefe de una de las principales consultoras.
Mientras tanto, la pulseada
continúa subiendo de temperatura. Y el clima político cambia hasta el punto que
muchos ya consideran irrelevante si hay una ruptura interna de la CGT.
Como dice Giacobbe: "A esta altura, si hay una CGT o si hay 14 ya no
importa. Porque el tema pasó a ser quién puede sacar miles de personas a la
calle. Y el desafío de Cristina es
evitar que esa calle sea de Moyano".
EL GOBIERNO NO RETROCEDE
El Gobierno aclaró este jueves
que el piso salarial a partir del cual los trabajadores pagan el Impuesto a las
Ganancias no será modificado hasta nuevo aviso.
El vocero del mensaje, el
gobernador Jorge Capitanich,
argumentó que cualquier modificación en ese tributo afectará los ingresos del
Estado nacional y de las provincias.
En una reunión por sorpresa del
Comité de Acción Política del PJ, que conduce ese gobernador, a quien acompañó Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista
de los diputados, Capitanich
desarrolló con detalles la posición del Gobierno de ser más que cauteloso -y
lento- en resolver alguna modificación del impuesto sobre los salarios porque
afectará al sistema de seguridad social y también a las finanzas de las
provincias.
"El Impuesto a las Ganancias
es coparticipable, y por eso reducirlo (o eliminarlo para los asalariados, como
reclama Moyano) resentirá los fondos
con que cuentan las provincias", argumentó Capitanich.
Igualmente, Capitanich negó que haya oficiado de vocero de una posición del
Gobierno; también descartó que sus palabras significasen un congelamiento
definitivo de cualquier modificación del piso para el pago de Ganancias sobre
los salarios.
Sí transmitió la idea de que
cualquier proyecto debe ser discutido en una mesa más grande que la que
integran los sindicalistas y el Gobierno. Si -como se admitió ayer en la sede
de Matheu del PJ- con este
pronunciamiento los gobernadores "defienden su caja", el debate será
más lento y completo. Con seguridad, además, el Gobierno no dará ningún paso
hasta que hayan pasado el paro y la movilización del miércoles. Ceder, del lado
del Gobierno, sería una derrota.
La salida de Capitanich para expresar el apoyo del PJ al Gobierno en la pelea
con Moyano fue objeto de una charla
que mantuvo el gobernador con Florencio
Randazzo en la noche del miércoles, apenas llegó la Presidenta al país de
su gira por Estados Unidos, México y Brasil.
RESPUESTA DE LA CGT
El vocero de la Confederación
General del Trabajo (CGT), Juan Carlos
Schmidt, aseguró este jueves que el Consejo Directivo de la central obrera
decidió sumarse al paro nacional y la movilización convocada por el Sindicato
de Camioneros para el próximo miércoles, para reclamar el aumento mínimo no
imponible de Ganancias y por el pago de Asignaciones Familiares.
"El día miércoles, las
organizaciones sindicales van a parar según modalidades de cada uno de los
sectores para tratar de garantizar la concentración. En el día de mañana, el
transporte va a decidir su modalidad de paros. Seguramente, a partir del
mediodía va a haber cese de actividades", explicó e Schmidt en una conferencia de prensa.
La decisión se tomó luego de
arduas discusiones con 50 organizaciones sindicales, después de que el titular
de Camioneros y de la CGT, Hugo Moyano,
anunciara en conferencia de prensa un paro de su gremio y una movilización a la
Plaza de Mayo.
"Descontamos la adhesión de
amplios sectores. Bancarios y petroleros anticiparon su apoyo, igual que el
resto de las organizaciones que se hicieron presentes hoy", señaló el
vocero de la central obrera.
Asimismo, manifestaron su
respaldo a la medida los portuarios, motoqueros y recibidores de granos a
través de un comunicado que hicieron llegar a iProfesional.com
No obstante, la CGT dejó abierta
la puerta abierta a levantar el plan de lucha en caso de que el Gobierno
convocara a una reunión para negociar una salida al conflicto, tras recordar
que desde septiembre pasado se encuentra cortado el diálogo entre ambos
sectores.
"Lamentamos que tuvimos que
llegar a esto. Pero el peor camino para que los trabajadores y el gobierno
nacional no puedan entenderse es no tender los caminos de diálogo, como hemos
hecho históricamente", explicó. Y añadió que "si la Presidenta llama
a una reunión, vamos a ir".
BATALLA JUDICIAL
A primera hora del jueves, el
ministro del Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, presentó una denuncia judicial contra el líder de la
Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo
Moyano, "por coacción agravada", acusándolo de entorpecer el
normal funcionamiento del transporte de combustible al bloquear el acceso a una
refinería de YPF, ubicada en el partido bonaerense de La Matanza.
Unas horas más tarde, fue el
turno del titular de la cartera de Planificación, Julio de Vido, quién anunció otra demanda, en este caso contra los
empresarios, por violación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera.
Es que, según el Gobierno -y en
palabras del Ministro-, el paro tuvo "una clara connotación política y
corporativa, contra la democracia y contra el diálogo y el libre ejercicio de
cada uno de poder transitar, recorrer y adquirir bienes y servicios".
Esa denuncia fue contra los
empresarios de la cámara de transporte porque, según De Vido, "no ayudaron en nada para afrontar esta
situación".
En tanto, el ministro de Trabajo,
Carlos Tomada, también tomó cartas
en el asunto y precisó que el Gobierno le aplicará una multa de $4 millones al
gremio de camioneros por no acatar la conciliación obligatoria.
Incluso, el titular de la cartera
laboral tampoco descartó que se pueda avanzar hasta con la quita de la
personería gremial por violar la medida dispuesta por el citado ministerio.
En este escenario -y ante el
acuerdo firmado que concede un aumento del 25,5% en los salarios de los
camioneros-, el secretario general del Gremio, Hugo Moyano, decidió terminar con el bloqueo y convocar a un paro
nacional para el próximo miércoles en reclamo a la actualización del mínimo no
imponible en el Impuesto a las Ganancias.
Las denuncias ya iniciaron su
recorrido legal y los especialistas consultados explican hasta dónde puede
llegar el Gobierno en su intento por frenar la avanzada sindical.
Quita de personería
En el momento más álgido del
conflicto, el ministro Tomada sostuvo que el Ejecutivo iba a actuar con
"todo el rigor que sea necesario" y agregó que las distintas
sanciones previstas en las normas sindicales "se han aplicado a aquellos
que no acataron la legislación. La ley debe ser igual para todos".
"Nadie duda que la
organización de camioneros es un importante sindicato que representa a sectores
sensibles. Eso le da fuerza pero también implica un mayor compromiso para
lograr acuerdos", había destacado.
En ese aspecto, consideró que, en
caso de no acatar la conciliación, además de la multa de $4 millones, el gremio
podría sufrir la quita de la personería (lo que automáticamente lo excluiría de
las negociaciones colectivas).
El abogado Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, explicó que "el Estado
cuenta con el monopolio del poder de policía, aspecto que en el plano laboral
lo faculta, a través del Ministerio de Trabajo, a encuadrar legalmente y de
modo imperativo. Es decir, en forma compulsiva, todo conflicto laboral de
intereses que se suscite en forma colectiva".
El experto explicó que,
justamente, es la Ley 14.786 la que contempla la comúnmente denominada
"conciliación obligatoria" y que, en rigor de verdad, es una
"instancia obligatoria de conciliación", que el Ejecutivo les impone
a los actores sociales -en este caso sindicato y cámara empresaria-, para
deponer sus actitudes y negociar durante un plazo de 15 días hábiles.
Por ende, las partes están
obligadas a acatar dicha instancia y un incumplimiento trae importantes
implicancias.
Esta situación es considerada por
la Ley 25.212 (Pacto Federal del Trabajo) como una falta muy grave y es
susceptible de multas y penalidades como la decidida por la cartera laboral,
además de la posibilidad prevista en la Ley 23.551 (de Asociaciones Sindicales)
de solicitar en sede judicial la suspensión o quita de la personería a la
entidad sindical.
"La personería gremial es la
facultad que el Estado le otorga a un sindicato para ser considerado el más
representativo para ejercer los derechos colectivos de una determinada
categoría profesional, pudiendo negociar y suscribir convenios colectivos de
trabajo", explicó García.
"Sólo la Justicia puede
proceder a la quita de la misma y a petición del Ministerio de Trabajo",
remarcó.
Problemas de la Ley de Abastecimiento
Por otro lado, las marchas y contramarchas
trajeron a escena, una vez más, a la Ley de Abastecimiento.
Esta norma data de 1974 y
establece sanciones a las empresas que no suministren en forma normal la
provisión de distintos productos, en este caso del combustible.
Incluso, habilita aplicar penas
de prisión para quienes vayan contra sus disposiciones.
Este marco normativo le otorgó al
Poder Ejecutivo, o a quien éste designe, amplísimas facultades para regular
cualquier aspecto de la vida económica del país.
En el siguiente cuadro, se detalla
brevemente su contenido:
Sin embargo, algunos
especialistas consultados marcan sus dudas respecto a que esta ley esté
vigente, pese a que el Gobierno ya la aplicara en anteriores oportunidades.
Al respecto, Máximo Bomchil, socio de M&M Bomchil, señaló que "fue suspendida mediante el decreto que
dispuso la desregulación económica, a principios de la década del 90".
Ese decreto es el 2284/91, que en
su artículo 4º dispuso "suspender el ejercicio de las facultades
otorgadas" por esa norma. "Sólo podrían ser reestablecidas si una ley
del Congreso decretaba una emergencia en el abastecimiento, algo que nunca
sucedió", destacó el abogado.
En tanto, Héctor Huici, del mismo estudio, estimó que "una sanción con
fundamento en la Ley de Abastecimiento sería nula" por la falta de
vigencia del marco normativo.
Sin embargo, hay otra norma legal
que juega en este tema. Se trata del decreto 722/99, a través del cual la
administración de Carlos Menem
reestableció las facultades sancionatorias ante, justamente, una huelga de
camioneros.
Éste dispuso declarar el
"estado de emergencia de abastecimiento a nivel general", y no
contiene ninguna fecha de caducidad o condición suspensiva.
Y, si bien la suspensión
dispuesta en 1991 preveía que sólo el Congreso de la Nación podía restablecer
las facultades, el mismo es un DNU, que tiene la misma jerarquía que una ley.
De todas formas, Bomchil recordó que el procurador del
Tesoro de la Nación emitió un dictamen en 2002 en el que consideró que las
facultades previstas para obligar a una empresa a continuar con la producción o
distribución de un producto se encontraban suspendidas, ya que la huelga que
había justificado el restablecimiento de las mismas en 1999 había finalizado.
Luis Dates y Santiago
Maqueda, abogados de Baker &
McKenzie, remarcaron que "el
ejercicio de estas amplísimas facultades convertiría -en los hechos- a
cualquier actividad empresarial en servicio público, sustrayéndola del mercado
sin que existan circunstancias económicas que justifiquen tal intensidad en la
injerencia estatal".
"La incertidumbre acerca de
la vigencia de las facultades delegadas por la Ley de Abastecimiento es una
cuestión que todavía no ha sido zanjada definitivamente" agregaron.
A todo esto se suma el hecho de
que la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional dispuso que las
delegaciones anteriores a 1994, que no tuvieran plazo establecido para su
ejercicio, caducarían si no fuesen ratificadas expresamente por el Poder
Legislativo.
"El Congreso, a lo largo de
diversas leyes, fue ratificando periódica y conjuntamente las delegaciones
prexistentes, sin interrupción, hasta agosto del año 2010. Sin embargo, en ese
entonces, por la falta de acuerdo de los legisladores, no se produjo la nueva
ratificación", concluyeron los especialistas de Baker & McKenzie.
Prisión
La normativa también habilita la
aplicación de una serie de sanciones que van desde multas y clausura por tres
meses para los comercios y empresas que no cumplan con un normal abastecimiento
hasta la prisión de directivos.
Sucede que el marco penal
habilita a los jueces que investigan supuestas infracciones a aquella norma a
ordenar la detención de directores, administradores o gerentes para frenar la
comisión de delitos.
En este sentido, abogados
penalistas explicaron a este medio que varias de las transgresiones, como por
ejemplo el desvío del abastecimiento o la negación de venta de insumos, son
ilícitos "continuados", es decir, que no se cometen en un único acto.
Y por esa circunstancia un juez
podrá ordenar el arresto de un directivo de la compañía para impedir la
continuidad del delito y trasladarlo a Tribunales con el fin de tomarle
declaración indagatoria, una etapa esencial de la investigación judicial.
Se trata de una medida
"excepcional" que habilita el propio Código Procesal y que, incluso,
puede ser dispuesta verbalmente por el juez a cargo del proceso.
De modo que la detención es una
decisión extrema que un magistrado deberá ponderar, aunque sólo en casos de
"especial gravedad" para la seguridad y el orden económico nacional.
PROTESTA VIOLENTA
La petrolera Pan American Energy,
controlada por la británica BP, interrumpió el bombeo de crudo en Cerro Dragón
por una manifestación de trabajadores que tomaron las instalaciones.
Cerro Dragón, en la patagónica
provincia de Chubut, produce unos 100.000 barriles de petróleo por día, o cerca
de un 15% de la producción de crudo de Argentina.
"El jueves a las 8:45
ingresaron 500 personas y tomaron algunas instalaciones de Cerro Dragón en
medio de una protesta muy violenta. Hubo muchos destrozos dentro del
yacimiento. El bombeo de crudo lo interrumpió Pan American como una medida de
seguridad", dijo la fuente a Reuters en condición de anonimato.
Los manifestantes, trabajadores
de la construcción, reclaman principalmente un incremento salarial del 11%,
para equiparar su nivel salarial al de los empleados de mantenimiento y
servicio que realizan tareas similares.
"Tomamos la planta porque no
hemos tenido respuesta a nuestros reclamos. Va a seguir tomada por tiempo
indeterminado hasta que respondan a nuestra demanda", dijo a Reuters Guido Dickason, secretario de prensa
del Sindicato de Personal de Obras Mecánicas Civiles y Servicios del Sur de la
Provincia del Chubut.
Los trabajadores también ocuparon
la usina de generación eléctrica de Cerro Dragón, que provee electricidad al
yacimiento, añadió la fuente.
"La salida de operación de
esta usina, que todavía está operativa, podría amenazar la totalidad de la
producción de PAE en Cerro Dragón y poner en riesgo la provisión de gas en
localidades cercanas", dijo la fuente.
Durante el ingreso al yacimiento
hubo algunos heridos entre personal de gendarmería, personal de guardia y
empleados de PAE, agregó.
La gigante británica BP tiene el
60% de los activos de Panamerican Energy, que tiene su sede en Argentina,
mientras que el 40% restante está en manos de Bridas, que en un 50 por ciento
pertenece a la china CNOOC.
TRANSPORTE
Gran parte de los argentinos
actualmente están escribiendo día a día su propio "manual de
supervivencia" para poder superar los escollos que van surgiendo
cotidianamente en una economía que está dejando atrás la euforia por el consumo
y que está envuelta en un notorio enrarecimiento del clima político.
En efecto, entre otras cosas,
deben lidiar con el confuso "mapa del dólar", que prácticamente tiene
tantos colores y formatos como ramas de actividad existen en la economía.
Paralelamente, tienen que
aprender a convivir con el faltante de productos importados, que ya excede a
los artículos de lujo y que involucra desde remedios hasta repuestos para
autos.
Sin embargo, el "manual de
supervivencia", que día a día van escribiendo millones de personas, ahora
suma un nuevo capítulo y que marca la diferencia entre vivir de manera ordenada
o enfrentar un pequeño caos cotidiano.
Sucede que, en estos momentos,
los argentinos ahora también tienen que ser expertos en saber en qué momento
cargar nafta y cómo ir "regulando" lo que queda en el tanque para
llegar a destino; cuándo sacar plata de un cajero para no quedarse sin cash y
-de complicarse la situación- hasta calcular en qué momento sacar la basura a
la calle.
Y estas últimas pequeñas
alteraciones en el ritmo de vida tienen dos factores en común: la fuerte
"camión-dependencia" de la que está presa la economía argentina y el
enorme poder e influencia sobre otras ramas de actividad que logró el gremio
del transporte, fenómenos que prácticamente no tienen equivalentes en ningún
otro país de similar o superior desarrollo económico que la Argentina.
Para comprender el alcance que
puede llegar a tener el paro nacional convocado por la CGT para el miércoles
próximo y la influencia del sindicato que conduce Pablo Moyano, que lógicamente estará plegado a la medida de fuerza,
basta mencionar que éste involucra a 15 ramas de actividad, entre las que se
encuentran:
• Transporte de combustibles
líquidos
• Transporte de carga postal
• Recolección de residuos
• Transporte de materiales
peligrosos
• Transporte de vehículos
• Mudanzas y encomiendas
• Logística y transporte para la
industria petrolera
• Logística, almacenamiento y
distribución
• Distribución de diarios y
revistas
• Distribución de bebidas y
alimentos
• Transporte de larga distancia
• Transporte internacional
Puesto en números, se estima que
por los camiones que ruedan por las rutas argentinas se moviliza el 84% de la
producción total (industrial y agropecuaria) del país. En tanto, luego de
décadas de desinversión y abandono, el tren se quedó con un exiguo 14,5% de esa
torta, mientras que por vías fluviales se moviliza apenas el 1,5% del total.
Estas cifras distan mucho del
esquema logístico imperante en algunas naciones europeas, donde los camiones no
lideran el negocio, dado que tienen un share del 40%, por debajo de los trenes
(50%).
Esto explica por qué gran parte
de la vida cotidiana -como llegar al trabajo, realizar una mudanza, circular
por calles limpias, hacerse de efectivo, y poder cargar el tanque del auto- se
puede ver alterada en función del humor de los Moyano y de los cortocircuitos con el Gobierno.
"En todo el mundo, la influencia
del transporte es clave, pero en nuestro país confluyen dos factores: la
conocida concentración de la carga en camiones y el gran poder que ganó el
sindicato, que cuando frena arrastra a una docena de subsectores", explicó
el presidente de una multinacional del sector logístico que pidió estricto off
the record.
El directivo agregó que "en
Europa no existe tal unificación, te paran un día los recolectores de residuos,
otro día puede ser el gremio responsable del transporte de caudales. Pero es
muy difícil ver una medida de fuerza tan abarcativa y sincronizada como la que
tendremos la semana próxima".
El presidente de esta compañía
líder agregó que, el hecho por el cual Moyano
estornuda y en cuestión de horas el país puede tener algún "síntoma"
de gripe por una paralización gremial, obedece a que durante muchos años,
"el líder sindical fue ganando cada una de sus peleas por
reencuadramientos. Hoy estamos viendo las consecuencias. Por eso, si bien
influyó el hecho de que el transporte ferroviario haya entrado en decadencia,
no hay que olvidar que Moyano se
volvió un protagonista cada vez más gravitante para la política y la
economía".
No voy en tren, voy en... camión
Las razones por las cuales en
otros países se potenció la utilización del tren como aliado logístico obedece
a una simple cuestión de números: es más barato y más eficiente.
Al respecto, Rogelio Pontón, director de Informaciones y Estudios Económicos de
la Bolsa de Comercio de Rosario, aseguró que "transportar una tonelada en
camión cuesta, por kilómetro, unos 11 centavos de dólar promedio, mientras que
hacerlo por ferrocarril vale unos 4 o 5 centavos de dólar".
Esto implica que poner una carga
sobre un remolque y moverla sobre una ruta cuesta entre 120 y 175% más que
transportarla sobre rieles, lo que pone en evidencia la marcada pérdida de
competitividad que castiga al "Made in Argentina".
En este contexto, Jorge Tesler, presidente de TGI, una de
las consultoras líderes en logística, aseguró que "el costo del transporte
en función del PBI de la Argentina es el más alto de la región y se encuentra
un 10% por encima del de países como Chile o Colombia. Y esto obedece a la
cantidad de kilómetros que se recorren por ruta y la baja incidencia del
tren".
Según el experto, "hoy es
común que una carga haga 1.000 kilómetros en camión, cuando en realidad,
distancias de ese tipo únicamente deberían realizarse por vías férreas".
Y esta preponderancia tiene un
precio: según un estudio de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, por
cada punto de share que pueda ganar el transporte en tren, la economía
argentina se ahorraría unos u$s 70 millones anuales.
Sin embargo, esto está lejos de
suceder: mientras el transporte de cargas por camión no para de ganar
participación (84%) la actividad ferroviaria (14,5%) sigue en un cono de
sombras.
¿Cómo se llegó a esta situación?
El economista Tomás Bulat aseguró
que "el deterioro del ferrocarril comenzó después de la nacionalización
del servicio, en la década del ´50. Luego vinieron sucesivas crisis, se dejó de
invertir, el servicio empezó a ser deficitario y a generar pérdidas y así
pasamos de tener algo que nos daba orgullo a algo que hoy nos avergüenza".
En este contexto, Pontón recordó
que hasta la década del ´70 "el tren movía, de manera global, unas 50
millones de toneladas anuales. Después vino la decadencia y en los años 90
terminaron movilizando apenas 8 millones. A partir de allí se fue recuperando
hasta las 25 millones de toneladas actuales. Ha habido avances, pero
considerando el enorme salto de la producción en ese lapso, claramente todavía
falta muchísimo".
Según Bulat, el abandono al que fue sometido el transporte ferroviario y,
como consecuencia, la fuerte "camión-dependencia", fue una clara
consecuencia "de la visión de corto plazo que comenzó a imperar en la
Argentina".
"Hacer funcionar un
ferrocarril requiere de una fuerte inversión de entrada y recuperarla lleva
mucho tiempo. En cambio, poner un camión en la ruta es mucho más económico,
pero claramente menos eficiente. La transición que tuvo lugar durante décadas
obedece a toda la visión cortoplacista que dominó al país", acotó Bulat.
En la misma línea, Tesler aseguró que "para tener una
red ferroviaria más eficiente habría que realizar planes de inversión que van
desde los 10 a los 15 años y que van más allá de un gobierno de turno".
Campo, containers, cajeros y nafta
En el caso de la logística para
la producción agrícola, Pontón destacó que el reparto de la carga es
ampliamente favorable al camión, dado que, al igual que a nivel general,
moviliza el 85% de los granos, una proporción altamente ineficiente, si se
tiene en cuenta que, según el experto, "a un productor sojero de Salta le
cuesta más el flete de su provincia a Santa Fe que de Santa Fe a
Róterdam".
Según el experto, en total, el
costo por movilizar la cosecha en camión desde los campos a las terminales
representa una erogación de casi u$s3.000 millones, prácticamente el mismo
valor que requiere cargarla en grandes buques y enviarla al exterior.
Para Bulat, el desmembramiento del servicio ferroviario, que lleva a
situaciones ilógicas -como que un productor que tenga una vía a 1 kilómetro de
su campo deba recurrir a camiones para sacar su cosecha- "pega muchísimo
en los costos y hace que, si le sumamos el problema de la sequía, muchos ruralistas
que están alejados de los puertos hayan tenido una campaña pésima".
Para tener una noción del alcance
que puede tener un paro de estas características como el que lanzó el gremio
que lidera Moyano, basta saber que
la semana pasada ingresaron a las terminales de todo el país (Rosario, Buenos
Aires, Necochea y Bahía Blanca) unos 19.000 camiones con trigo, maíz, sorgo,
soja y girasol.
Si se tiene en cuenta que cada
uno de ellos puede cargar unas 28 toneladas, esto arroja una cifra potencial de
532.000 toneladas por semana. Así, casi 110.000 toneladas se dejarían de
procesar y exportar durante la jornada de paro, de acuerdo al flujo que están
recibiendo las terminales portuarias en esta época del año.
Puesto en números, esto equivale
-sólo considerando el valor de los granos en Chicago y no de los subproductos-,
a unos u$s 200 millones por semana y a unos u$s 40 millones que no entrarían al
país en concepto de ventas al mundo durante ese día de protesta.
Pero esta es una parte de la
película. Un paro generalizado del transporte va más allá de la actividad
agropecuaria. En el caso de las terminales de Buenos Aires, especializadas en
el movimiento de carga en containers, cada 24 horas de paro dejarían de moverse
unos 500 contenedores.
Otra de las consecuencias de una
medida de fuerza de este tipo es la posible escasez de billetes en los cajeros
automáticos por el parate de los camiones de caudales.
Sucede que, además de la medida
en sí misma, según los expertos consultados por este medio, ante situaciones de
este tipo se produce un "efecto manada" de titulares de cuentas que
proceden a retirar más dinero del que necesitan para anticiparse a un escenario
de escasez. Una reacción que, en definitiva, lo que termina generando es que se
acelere el problema del faltante.
Cabe destacar que en un fin de
semana, una única entidad, como es el Banco Provincia, puede llegar a cargar
unos $400 millones en sus 1.500 cajeros.
Una situación similar podría
experimentarse en gran parte de las estaciones de servicio que hay en el país,
tal como pudo verse durante el feriado último: el temor al faltante de naftas
llevará a que los propietarios de vehículos sufran por el síndrome del
"tanque vacío" y salgan a cargar para tener una reserva.
En este sentido vale resaltar
que, en promedio, cada establecimiento despacha unos 200.000 litros de nafta
por mes. De modo que, por cada día de escasez y sin posibilidades de reponer,
cada estación se perderá de comercializar combustible por un valor de $40.000.
Considerando un margen de
ganancia del 8% sobre cada litro, esto implicaría una pérdida del orden de los
$3.000 promedio diarios para cada establecimiento, de los cuales el 75% se
destina a sueldos y cargas sociales.
De este modo, la inmovilización
de granos, la imposibilidad de despachar contenedores, el posible faltante de
billetes en los cajeros y la odisea para cargar nafta, con el tiempo extra que
esto implica, sólo por citar algunos ejemplos, se convertirán en un complejo
mix, justo en momentos en que la economía se está enfriando.
Este es, en parte, el precio de
una Argentina "camión-dependiente".
DIFERENCIAS
Brasil y China alcanzaron un
acuerdo de créditos cruzados (swap) para el intercambio de sus divisas por
valor de u$s30.000 millones, que podrán activar como un "seguro"
contra la crisis global financiera y para impulsar el comercio entre ambos
países.
Según anunció el ministro
brasileño de Hacienda, Guido Mantega,
se suscribió además un pacto por el que elevan el nivel de sus relaciones al
estatus de Alianza Estratégica Global.
Sobre el swap, Mantega señaló que "es una reserva
adicional de recursos en momentos en que la economía mundial está en
crisis".
"Buscamos la diversificación
de la pauta comercial, pues China es nuestro principal socio, con más del 17%
del comercio y una corriente de u$s 77.000 millones, que se consolida cada vez
más como uno de los grandes mercados mundiales y por eso las posibilidades son
infinitas y se puede crecer mucho", explicó.
Estos acuerdos se alcanzaron tras
una reunión de la presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, y el primer ministro chino, Wen
Jiabao, al margen de la cumbre de la Río+20 que concluye mañana.
El establecimiento de un Plan
Decenal de Cooperación (2012-2021) también fue firmado entre los dos
gobernantes para fortalecer las áreas de ciencia y tecnología, innovación y
cooperación espacial, energía, minería, infraestructura y transportes,
inversiones, industria, cultura, educación, asistencia social y finanzas. En
ese contexto, se constituirá el Centro Conjunto Brasil-China de Satélites Meteorológicos,
para la prevención de desastres naturales, y el Centro Brasil-China de
Biotecnología.
Join venture en Embraer
Rousseff y Wen Jiabao,
según un comunicado conjunto, anunciaron de igual manera la creación de la
joint venture (sociedad de riesgo compartido) Harbin Embraer Aircraft Industry
(HEAI), promovida por el constructor brasileño Embraer y la estatal Aviation
Industry Corporation of China (AVIC)
Entre los asuntos de la agenda
mundial, los dos mandatarios reiteraron el respeto al Tratado de No Proliferación
Nuclear y el fortalecimiento del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica), con la creación de un fondo común anunciado en Los Cabos
(México) durante la reciente cumbre del G20.
Mantega indicó que ambos países implementarán un intercambio de
"información confidencial" entre las aduanas para reducir el tráfico
ilegal de mercancías.
El ministro de Educación de
Brasil, Aloizio Mercadante, indicó por su parte que a través de la red de
institutos Confucio, China inaugurará un Centro Cultural en el país
suramericano, que, a su vez, instalará en esa nación asiática un Instituto
Brasileño de Cultura.
El intercambio de estudiantes fue
otro de los acuerdos establecidos entre las autoridades educativas de ambos
países.
