Por el Dr. Cosme Beccar Varela
Buenos Aires, 27 de Junio del año
2012 - 1112
INTRODUCCIÓN. He recibido y
publico la acusación de la casi unanimidad de la Cámara de Diputados del
Paraguay, con la cual se inició el juicio político contra el ex-Presidente Lugo, obispo apóstata e izquierdista,
que intentaba, mediante la violencia y el engaño, implantar una tiranía
marxista-leninista en el país hermano.
La valentía de los legisladores
paraguayos es admirable. Los motivos de la destitución, como bien dice el acta
de acusación, son públicos y notorios, es decir, no necesitan otra prueba que
la memoria de los ciudadanos del vecino país que han sido testigos desolados de
los atropellos contra el Derecho y las Instituciones cometidos por Lugo. Es obvio que en otros países no
consta con igual evidencia y de eso se aprovechan los interventores extranjeros
como la Sra. Kirchner, para decir
que el juicio político fue "apresurado". Como bien dijo un senador
paraguayo, "este no es un juicio judicial, sino político" y los
legisladores debían impedir que Lugo tuviera tiempo de organizar él sí un golpe
de Estado, vistos sus antecedentes violentos, para resistir su legítima destitución.
Al leer la acusación no podemos
menos que encontrar una triste similitud con lo que está ocurriendo en la
Argentina, sólo que aquí no hay legisladores como los paraguayos. De lo
contrario, hace rato que deberían haber iniciado un juicio político contra la
Sra. de Kirchner y sus ministros. Lo
peor es que los legisladores son también cómplices de las usurpaciones
cometidas por la Sra. de Kirchner a
la que otorgaron facultades extraordinarias en violación directa del artículo
29 de la Constitución Nacional. Todos
los integrantes del Congreso, al igual que la usurpadora presidencial y sus
ministros, son responsables ante Dios y ante la Historia por la creciente
destrucción del Estado de Derecho en nuestra Patria.
La vergonzosa intervención en los
asuntos internos del Paraguay cometida por la usurpadora presidencial, Sra. de Kirchner, junto con los tiranos de
Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, así como por los ex-guerrilleros
que ocupan la presidencia del Brasil y del Uruguay, y por el falso "centrista"
que conduce Chile, tachando la legítima e impostergable decisión del Congreso
paraguayo como "golpe de Estado" y negándose a reconocer al
vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Sr. Franco, es una prueba de cuán verdadera es la acusación que
transcribo más abajo al recordar que, mediante el PROTOCOLO DE USHUAIA II
...(y) el documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para
reemplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus
orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones
Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para
protegerse unos a otros. La principal característica del Protocolo de Ushuaia
II es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el
nombre de la *defensa de la democracia*, defenderse unos a otros."
Y eso ha quedado probado por la
actitud repudiable de esa especie de "sindicato de Presidentes
izquierdistas" al rechazar la legítima destitución de Lugo.
Cosme Beccar Varela
* * *
LIBELO ACUSATORIO.
CAUSALES DE LA DESTITUCION DE LUGO
ANEXO
ARTÍCULO 1° INC. C) - RESOLUCIÓN
H. CÁMARA DE DIPUTADOS N° 1431/2012
1. OBJETO.
El Líbelo Acusatorio contra el
Presidente de la República Fernando Lugo Méndez, se funda en las
consideraciones de hecho y de derecho que pasamos seguidamente a exponer:
Nuestra Constitución Nacional, en
su Artículo 225, establece:
"El Presidente de la
República, el Vicepresidente, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros
de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del
Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes
del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solo podrán ser sometidos a juicio
político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el
ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por
la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara
de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a
los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables,
al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión
de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria".
2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA
ACUSACIÓN
2.1 ACTO POLÍTICO EN EL COMANDO
DE INGENIERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
En el año 2009, con autorización
del Presidente Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes en el
Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, el que fue financiado por
instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta. Fernando
Lugo, reconoció que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro de
jóvenes socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de
las Fuerzas Armadas.
Esas instalaciones fueron
utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con
alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón
patrio.
Ese acto de naturaleza netamente
política y con los exabruptos ampliamente difundidos por los medios de prensa
solo pudo ser realizado con la autorización del Comandante en Jefe y prueba de
que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del
cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del
evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el
pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional,
Camilo Soares.
2.2 CASO ÑACUNDAY
Fue el Gobierno del Presidente
Lugo el único responsable como instigador y facilitador de las recientes
invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. La falta de respuesta de las
fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a
bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice.
El presidente Lugo ha utilizado a
las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa
región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos,
so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión
fronteriza. Sin embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la
Asociación de Carperos, quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos
y de los integrantes de las fuerzas militares, que han dado lugar a
interminables denuncias de los propietarios y también incontables publicaciones
periodísticas referidas a esa situación.
Y mientras esas invasiones se
producían y se daban a conocer amenazas de otras más en otros departamentos de
la República, el Presidente Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas a los
líderes de esas invasiones, como es el caso de José Rodríguez, Victoriano
López, Eulalio López, entre otros, dando un mensaje claro a toda la ciudadanía
sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia y de comisión de delitos
que eran propiciados y desarrollados a través de esas organizaciones.
Fernando Lugo ha sometido las
fuerzas militares a los denominados carperos, quienes han realizado todo tipo
de abusos, agresiones y atracos a la propiedad privada, a la vista de las
fuerzas públicas, quienes no actuaron por la indisimulada complicidad del
Presidente de la República con esos agresores.
Los miembros de esta Cámara
recordarán lo ocurrido con la Intendente Municipal de Santa Rosa del Monday,
María Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un violento ataque de
carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el vehículo en el que se
desplazaba.
2.3 CRECIENTE INSEGURIDAD
El Presidente Lugo ha sido
absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a
disminuir la creciente inseguridad ciudadana.
En estos 4 años de Gobierno, a
pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el
Congreso Nacional para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido
no solo insatisfactorios sino también ha quedado por demás demostrado la falta
de voluntad del Gobierno para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo, que se
ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en el azote de los
ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro.
Los distintos operativos
emprendidos por el Gobierno, muchas veces con gran cobertura periodística, han
tenido como único resultado el total fracaso. Nunca en la historia de este
país, la Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas por
los integrantes del EPP y, a pesar de ello, la conducta complaciente del
Presidente siguió inalterable.
Todos los Miembros de esta
Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el Presidente Lugo
siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se
vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se
denomina EPP.
Los costosos operativos
dispuestos por el Gobierno durante los dos estados de excepción no han dado
resultado alguno y, por el contrario, solo ha generado una mayor fortaleza de
ese grupo terrorista armado a través del descrédito y las humillaciones a las
que fueron sometidas las fuerzas militares y policiales asignadas al operativo.
El Presidente Lugo es el
responsable de la creciente inseguridad y es responsable también por haber
mantenido por tanto tiempo como Ministro del Interior a una persona
absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa ineptitud, sumada a
la indisimulada relación cómplice entre el Presidente Lugo y los líderes de la
asociación de carperos y otras organizaciones que fueron protagonistas de
innumerables invasiones de tierras y otros tipos de agresiones son los que han
propiciado y facilitado el lamentable suceso que costara la vida a 17
compatriotas, 6 de ellos pertenecientes a la Policía Nacional y que fueron
cruelmente asesinados y a sangre fría por auténticos criminales, que también
han incitado y manipulado a campesinos del lugar.
Luego de esa triste jornada, de
la que felizmente se tienen importantes datos y filmaciones que han sido
generosamente difundidas por distintos medios de prensa, solo se ha tenido una
posición absolutamente equívoca del Presidente de la República en relación a lo
ocurrido.
Fernando Lugo Méndez y varios de
sus ministros, y en especial Miguel López Perito y Esperanza Martínez, han
pretendido tratar por igual a los policía cobardemente asesinados y a aquellos
que fueron protagonistas de esos crímenes. El derecho a reclamar está
consagrado por la Carta Magna pero nadie está autorizado a cometer crímenes so
pretexto de reclamar derechos y, menos aún acabar con la vida de policías
desarmados.
Esta misma actitud, se manifestó
en la conferencia de prensa brindada por Fernando Lugo con relación a lo
ocurrido en la estancia Morumbi, en donde ni siquiera tuvo la delicadeza de
prometer el castigo de los asesinos de esos policías y de quienes instigaron a
los campesinos a tomar las armas so pretexto de luchar por sus derechos.
El Presidente Fernando Lugo está
propiciando y fomentando, a través de algunos miembros de su gabinete y de sus
cómplices que fungen de dirigentes carperos y otras organizaciones campesinas,
un conflicto social de dimensiones impredecibles y que por su comprobada
incapacidad no podrá luego solucionar.
Personalmente, desde luego,
manifiesto mi convicción de que el camino de la crisis y el conflicto social y
armado no será el producto de negligencia o simple impericia del Presidente
sino directamente el objetivo que el mismo ha buscado durante el tiempo que fue
obispo y que hoy pretende desarrollar para proyectar y consolidar su anhelo de
un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa
y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y
los adherentes del socialismo del Siglo XXI.
Fernando Lugo y sus ministros
deben respetar el derecho de todos los ciudadanos pero resulta inadmisible e
injustificable que pretendan poner en pie de igualdad a los criminales y a sus
víctimas, a los asesinos y a los policías que fueron cobardemente asesinados.
Mientras los familiares lloran
por sus muertos, Fernando Lugo debe estar reuniéndose con los cabecillas e
instigadores de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Curuguaty y no se
visualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo rectifique su conducta, que
ya ha costado decenas de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la
inseguridad que él mismo se ha encargado y esforzado de generar.
2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II.
Este documento constituye UN
ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay y ha sido suscrito
por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ con el avieso propósito de obtener un
supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el
proceso democrático de la República.
Dicho documento ya ha motivado un
pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, destacándose
la falta de transparencia en el procedimiento que dio lugar a la firma del
documento y a su contenido al punto que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no
lo ha remitido al congreso para su conocimiento y consideración. A través de
ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la
República del Paraguay.
El documento firmado en
Montevideo, en diciembre de 2011, para remplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta
Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento previo,
presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que fue pergeñado
por los presidentes de la región para protegerse unos a otros.
La principal características del
Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con la figura de los
presidentes para, en el nombre de la "defensa de la democracia",
defenderse unos a otros.
2.5 CASO MATANZA CURUGUATY.
Ha quedado demostrado con los
hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú,
la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno
liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la
Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.
Fernando Lugo, hoy por hoy
representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando
la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del
actual Presidente de la Republica, quien desde que asumió la conducción del
país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta
entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de
propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las
instituciones republicanas y el Estado de Derecho.
No cabe duda que la
responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados 15 de
junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre
policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo,
que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de
conocimiento público, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos
públicos y notorios.
El incidente no surgió
espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo
premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a
la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo,
responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria.
Ya desde la Honorable Cámara de
Diputados se levantaban voces de advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una
realidad, la pérdida de vidas humanas.
Hoy, podemos afirmar que este es
el final que deseaba Fernando Lugo, este fue siempre el plan ideado por el
mismo, con la única finalidad de crear las condiciones de crisis social y,
conmoción interna que justifiquen un asalto del presidente Fernando Lugo y sus
seguidores a las instituciones de la República, con el propósito de instalar un
régimen contrario a nuestro sistema Republicano. Este deseo desmedido, hoy nos
hace lamentar las pérdidas de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista
en la historia contemporánea de la República del Paraguay.
Todas las evidencias, que son
públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron
fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el
contrario, fue un acto premeditado, donde se emboscó a las fuerzas del orden
público, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la Republica, quien
hoy no sólo debe de ser removido por juicio político, sino que debe de ser
sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de
lección a futuros gobernantes.
Estos grupos extremistas, como el
autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos,
se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de
Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía
y apadrinaba. No cabe la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos
grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los
ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo que puede caer un ser
humano, que es atentar contra la vida de otro. Tan poco hoy importa al
Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de
enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que seguirá
reuniéndose con estos criminales.
Fernando Lugo es el directo
responsable de que hoy nuestro país esté viviendo días de luto. Tanto él como
su incapaz ex Ministro del Interior Carlos Filizzola, deben responder ante la
ciudadanía por los trágicos acontecimientos registrados en el Departamento de
Canindeyú.
No existe voluntad alguna de
combatir estas formas de violencia, que tanto daño ya ha causado a nuestra
sociedad, es por ello que debemos de cumplir con nuestra obligación
Constitucional, e iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño
contra el Presidente de la República, quien desde que asumió el Gobierno ha
instado al incumplimiento de órdenes judiciales de desalojo, así como a la
promoción de mensuras judiciales sin mediar juicio entre las partes, o
abasteciendo de provisiones y enseres a los ocupantes de tierras han sido los
signos que marcaron las acciones y el temperamento de este Gobierno.
3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA
ACUSACIÓN
Todas las causales mencionadas
más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser
probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.
4. CONCLUSIÓN.
El Presidente de la Republica
Fernando Lugo Méndez ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de
haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e
irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la
Republica, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales,
que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en
los anales de la historia desde de nuestra independencia nacional hasta la
fecha, en tiempo de paz.
La causal de mal desempeño en sus
funciones aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las
instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social del
Derecho proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace
cómplice por acción y omisión en todos los casos antes citados, que legitiman
la presente acusación.
5.- DERECHO
Se funda la presente acusación
por mal desempeño de funciones de conformidad a lo establecido en el Articulo
225 de la Constitución Nacional.
6. PETITORIO.
6.1.- Definitivamente, la gestión
del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez ha perjudicado enormemente los
intereses supremos de la Nación, que de continuar, apeligra gravemente la
convivencia pacífica del pueblo paraguayo y la vigencia de los derechos y
garantías constitucionales, por lo que se halla sobradamente justificada hacer
lugar a la presente acusación contra el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez
por la Honorable Cámara de Senadores, por mal desempeño de funciones.
6.2.- En mérito a los argumentos
precedentemente señalados dicten resolución, declarando culpable al presidente
Fernando Armindo Lugo Méndez, y en consecuencia, separarlo del cargo que
ostenta, de conformidad a lo establecido en el Artículo 225 de la Constitución
Nacional.
6.3.- En consecuencia remitir los
antecedentes a la Justicia Ordinaria.
EN EL SENADO
21 DE JUNIO DEL 2012. «Se declara
culpable al acusado Fernando Lugo Méndez, y por lo tanto queda separado de
pleno derecho de su cargo», anunció uno de los secretarios de la Cámara Alta.
Las causales son las contenidas en el libelo acusatorio de la Cámara de
Diputados del Paraguay.
Por una mayoría aplastante, –39
senadores votaron por su condena y cuatro por la absolución–, el presidente
Lugo fue destituido y el vicepresidente, Federico Franco, asumió el poder en
Paraguay en la misma jornada.
e-mail: correo@labotellaalmar.com
