MILITARES: EL INEXISTENTE DELITO GENÉTICO QUE QUIEREN IMPONER
Por Carlos Manuel Acuña
Sospechamos que hoy en la Argentina se está implementando una metodología que nos sumerge en los momentos más oscuros de los últimos 80 años de historia; el nazismo, el stalinismo y las sangrientas dictaduras latinoamericanas.
Para que estas cosas no prosperen en nuestra sociedad, es necesario saber de que se trata esto que ...denuncia el Director del Diario La Nación* en su editorial... y que le esta ocurriendo a personas que seguramente conocen.
Sepamos que significa Delito Genético y que en la Alemania de Hitler se conoció como Sippenhaft o Sippenhaftung. Este repugnante fundamento jurídico establecido por los nazis, justificaba que los hijos de quienes eran considerados culpables de delitos contra el Estado, fueran automáticamente castigados de igual forma que su padre o madre.
Existen fundadas sospechas de aplicación de Sippenhaft en la Argentina actual, ya que varios oficiales del Ejercito en 2007, 2008 y 2009, y seis en la Armada en 2008 y 2009 fueron arbitrariamente borrados de las listas que los respectivos EMG elevaron al Ministerio de Defensa. Misteriosamente la Comisión de Acuerdos del Senado recibió nuevamente listas incompletas.
Desafortunadamente, en el Ejército parece que adhieren al Sippenhaft, o no tienen cerebro para entender la gravedad del tema o no tienen agallas para pedirle a los senadores que aclaren la situación, porque en estos dos años nadie defendió a los injustamente discriminados.
Gracias a Dios la Armada es distinta y no abandona a su gente.
Adjunto editorial del Diario La Nación de hoy, una nota de Ambito del Lunes, el resumen de lo que significa Sippenhaft y un ejercicio de futurología, pensando lo que podría pasarnos si esta práctica discriminatoria prospera en el país.
Leamos el Art. 16 de Nuestra Constitución Nacional y denunciemos cualquier tipo de Violación a los Derechos Humanos.
SI EL SIPPENHAFT LLEGARA A INSTALARSE EN NUESTRO PAIS, SEGURAMENTE LOS HIJOS DE MILITARES SERAN DISCRIMINADOS POR PORTACION DE APELLIDO NO SOLO EN LOS ASCENSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS SINO TAMBIEN EN CUALQUIER CARGO PUBLICO, OBTENCION DE BECAS DE ESTUDIO O ACCESO A UNA UNIVERSIDAD - ESTO YA PASO VARIAS VECES EN PAISES MAS EDUCADOS QUE EL NUESTRO, PORQUE SI A LA RANA LA CALENTAMOS DE A POCO TERMINA HERVIDA SI DARSE CUENTA.
Hoy los padres tenemos la responsabilidad de construir una nación para nuestros hijos, donde se respetan TODOS los derechos humanos.
Que nadie se quede mirando el Futbol Gratis por TV mientras lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos.
NO AL SIPPENHAFT.
* Editorial del diario La Nación del día 3 de diciembre de 2009
El delito de portación de apellido
Es lamentable que algunos militares sean marginados de ascensos por simples relaciones de parentesco.
En la más recalcitrante época del régimen estalinista, familias enteras eran enviadas a los Gulags no porque fueran culpables, sino por lo que se atreviera a pensar alguno de sus integrantes. Era el delito genético.
En la Argentina democrática, aunque gravemente despojada en estos días de contenido republicano, sucede algo similar. Jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, propuestos para el ascenso en razón de intachables antecedentes, han sido vetados por tercer año consecutivo de la lista de ascensos militares. Tal discriminación, que comenzó en 2005 con el rechazo al ascenso del coronel Gonzalo Palacios, se ha generalizado. Constituye una deleznable práctica que debe corregirse.
En esta nueva oportunidad, la práctica es responsabilidad de la ministra de Defensa, Nilda Garré, en quien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha delegado por decreto la facultad de seleccionar el orden de mérito de los ascensos.
La funcionaria ha sido acusada por oficiales de marginarlos de los ascensos a los que fueron propuestos por sus superiores por simple portación de apellido.
Hay varios rasgos en común entre los militares postergados, además de la vocación por servir a la patria, propia de la profesión que abrazaron. Sus fojas de servicio fueron desarrolladas completamente durante el período democrático, abierto en 1983. Ninguno de ellos había participado en la lucha contra el terrorismo e, incluso, sus edades los apartan de modo elocuente de aquella época trágica. Tampoco pesa sobre tales oficiales reproche ético alguno y todos cuentan con padre o algún pariente que prestaron servicios en cuarteles sindicados judicialmente como parte del esquema militar que reprimió a la guerrilla de los años setenta. Estamos, pues, en principio, ante el delito genético y por éste se los condena.
No podemos ni debemos considerar esta cuestión sólo como un problema personal de un grupo de hombres que eligieron la carrera de las armas. Son ciudadanos que decidieron poner la vida al servicio de la defensa nacional y que, tras una exhaustiva evaluación profesional, fueron propuestos para el ascenso por los superiores.
Que la actual ministra, en un ejercicio arbitrario de facultades, desconozca aquellos méritos representa un inadmisible avasallamiento y menoscabo a las instituciones militares de la república democrática.
A las puertas del Bicentenario, episodios de esta naturaleza no deben ser permitidos, porque fueron desterrados del territorio nacional desde los albores de la Revolución de Mayo. En septiembre de 1810, el primer gobierno patrio debió decidir sobre la promoción de Tomás de Allende, cuyo tío, el coronel Santiago de Allende, había sido fusilado después de haber tenido activa participación en la resistencia armada sublevada en la provincia de Córdoba.
El despacho que asciende al sobrino acredita al mundo entero el dogma de la Revolución de Mayo, pues sostiene que "el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes". Este hecho es reseñado por Mariano Moreno en la Gaceta del 6 de septiembre de 1810 con las siguientes palabras: "El patriota Tomás de Allende recibe el grado de coronel que su tío ha perdido junto con su vida".
Es tiempo de convertir en hechos la repetida frase de la ministra Garré de que los militares son ciudadanos con uniforme. En este año de irreparables pérdidas políticas, cabe recordar las palabras de Raúl Alfonsín, el verdadero impulsor del juzgamiento a los responsables de la represión fuera de la ley, en tiempos en que hacerlo era todavía un acto de heroicidad cívica. Dijo el ex presidente: "Estamos intentando consolidar el tránsito de un pueblo unido hacia su dignidad y para ello es fundamental que haya reconciliación".
Tampoco debe olvidarse que Alfonsín había llamado a señalar a aquellos que confunden justicia con venganza y convocado a que "marchemos juntos desde el corazón mismo de la sociedad hacia la reconciliació n definitiva de todos los argentinos".
Debemos deponer rencores, enconos y enfrentamientos y reafirmar el compromiso inclaudicable de nuestros padres fundadores en la vigencia y aplicación del ideario de Mayo y de la Constitución Nacional. Para lograrlo, es necesario apelar a las reservas morales del pueblo argentino y exigir la aplicación de la ley para todos por igual. Es posible.
Editorial La Nación
Por Carlos Manuel Acuña
Sospechamos que hoy en la Argentina se está implementando una metodología que nos sumerge en los momentos más oscuros de los últimos 80 años de historia; el nazismo, el stalinismo y las sangrientas dictaduras latinoamericanas.
Para que estas cosas no prosperen en nuestra sociedad, es necesario saber de que se trata esto que ...denuncia el Director del Diario La Nación* en su editorial... y que le esta ocurriendo a personas que seguramente conocen.
Sepamos que significa Delito Genético y que en la Alemania de Hitler se conoció como Sippenhaft o Sippenhaftung. Este repugnante fundamento jurídico establecido por los nazis, justificaba que los hijos de quienes eran considerados culpables de delitos contra el Estado, fueran automáticamente castigados de igual forma que su padre o madre.
Existen fundadas sospechas de aplicación de Sippenhaft en la Argentina actual, ya que varios oficiales del Ejercito en 2007, 2008 y 2009, y seis en la Armada en 2008 y 2009 fueron arbitrariamente borrados de las listas que los respectivos EMG elevaron al Ministerio de Defensa. Misteriosamente la Comisión de Acuerdos del Senado recibió nuevamente listas incompletas.
Desafortunadamente, en el Ejército parece que adhieren al Sippenhaft, o no tienen cerebro para entender la gravedad del tema o no tienen agallas para pedirle a los senadores que aclaren la situación, porque en estos dos años nadie defendió a los injustamente discriminados.
Gracias a Dios la Armada es distinta y no abandona a su gente.
Adjunto editorial del Diario La Nación de hoy, una nota de Ambito del Lunes, el resumen de lo que significa Sippenhaft y un ejercicio de futurología, pensando lo que podría pasarnos si esta práctica discriminatoria prospera en el país.
Leamos el Art. 16 de Nuestra Constitución Nacional y denunciemos cualquier tipo de Violación a los Derechos Humanos.
SI EL SIPPENHAFT LLEGARA A INSTALARSE EN NUESTRO PAIS, SEGURAMENTE LOS HIJOS DE MILITARES SERAN DISCRIMINADOS POR PORTACION DE APELLIDO NO SOLO EN LOS ASCENSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS SINO TAMBIEN EN CUALQUIER CARGO PUBLICO, OBTENCION DE BECAS DE ESTUDIO O ACCESO A UNA UNIVERSIDAD - ESTO YA PASO VARIAS VECES EN PAISES MAS EDUCADOS QUE EL NUESTRO, PORQUE SI A LA RANA LA CALENTAMOS DE A POCO TERMINA HERVIDA SI DARSE CUENTA.
Hoy los padres tenemos la responsabilidad de construir una nación para nuestros hijos, donde se respetan TODOS los derechos humanos.
Que nadie se quede mirando el Futbol Gratis por TV mientras lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos.
NO AL SIPPENHAFT.
El delito de portación de apellido
Es lamentable que algunos militares sean marginados de ascensos por simples relaciones de parentesco.
En la más recalcitrante época del régimen estalinista, familias enteras eran enviadas a los Gulags no porque fueran culpables, sino por lo que se atreviera a pensar alguno de sus integrantes. Era el delito genético.
En la Argentina democrática, aunque gravemente despojada en estos días de contenido republicano, sucede algo similar. Jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, propuestos para el ascenso en razón de intachables antecedentes, han sido vetados por tercer año consecutivo de la lista de ascensos militares. Tal discriminación, que comenzó en 2005 con el rechazo al ascenso del coronel Gonzalo Palacios, se ha generalizado. Constituye una deleznable práctica que debe corregirse.
En esta nueva oportunidad, la práctica es responsabilidad de la ministra de Defensa, Nilda Garré, en quien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha delegado por decreto la facultad de seleccionar el orden de mérito de los ascensos.
La funcionaria ha sido acusada por oficiales de marginarlos de los ascensos a los que fueron propuestos por sus superiores por simple portación de apellido.
Hay varios rasgos en común entre los militares postergados, además de la vocación por servir a la patria, propia de la profesión que abrazaron. Sus fojas de servicio fueron desarrolladas completamente durante el período democrático, abierto en 1983. Ninguno de ellos había participado en la lucha contra el terrorismo e, incluso, sus edades los apartan de modo elocuente de aquella época trágica. Tampoco pesa sobre tales oficiales reproche ético alguno y todos cuentan con padre o algún pariente que prestaron servicios en cuarteles sindicados judicialmente como parte del esquema militar que reprimió a la guerrilla de los años setenta. Estamos, pues, en principio, ante el delito genético y por éste se los condena.
No podemos ni debemos considerar esta cuestión sólo como un problema personal de un grupo de hombres que eligieron la carrera de las armas. Son ciudadanos que decidieron poner la vida al servicio de la defensa nacional y que, tras una exhaustiva evaluación profesional, fueron propuestos para el ascenso por los superiores.
Que la actual ministra, en un ejercicio arbitrario de facultades, desconozca aquellos méritos representa un inadmisible avasallamiento y menoscabo a las instituciones militares de la república democrática.
A las puertas del Bicentenario, episodios de esta naturaleza no deben ser permitidos, porque fueron desterrados del territorio nacional desde los albores de la Revolución de Mayo. En septiembre de 1810, el primer gobierno patrio debió decidir sobre la promoción de Tomás de Allende, cuyo tío, el coronel Santiago de Allende, había sido fusilado después de haber tenido activa participación en la resistencia armada sublevada en la provincia de Córdoba.
El despacho que asciende al sobrino acredita al mundo entero el dogma de la Revolución de Mayo, pues sostiene que "el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes". Este hecho es reseñado por Mariano Moreno en la Gaceta del 6 de septiembre de 1810 con las siguientes palabras: "El patriota Tomás de Allende recibe el grado de coronel que su tío ha perdido junto con su vida".
Es tiempo de convertir en hechos la repetida frase de la ministra Garré de que los militares son ciudadanos con uniforme. En este año de irreparables pérdidas políticas, cabe recordar las palabras de Raúl Alfonsín, el verdadero impulsor del juzgamiento a los responsables de la represión fuera de la ley, en tiempos en que hacerlo era todavía un acto de heroicidad cívica. Dijo el ex presidente: "Estamos intentando consolidar el tránsito de un pueblo unido hacia su dignidad y para ello es fundamental que haya reconciliación".
Tampoco debe olvidarse que Alfonsín había llamado a señalar a aquellos que confunden justicia con venganza y convocado a que "marchemos juntos desde el corazón mismo de la sociedad hacia la reconciliació n definitiva de todos los argentinos".
Debemos deponer rencores, enconos y enfrentamientos y reafirmar el compromiso inclaudicable de nuestros padres fundadores en la vigencia y aplicación del ideario de Mayo y de la Constitución Nacional. Para lograrlo, es necesario apelar a las reservas morales del pueblo argentino y exigir la aplicación de la ley para todos por igual. Es posible.
Editorial La Nación
