La forma en que los hombres y mujeres
informados reaccionan hoy frente a lo que está ocurriendo en la
Argentina, no sólo depende de la posición de cada uno
respecto a las fronteras geográficas de nuestro país sino del
cariño que, a contrapelo de nuestros escasos méritos,
aún conseguimos suscitar entre quienes, siendo extranjeros, conocen
esta rara cosa en la que nos hemos convertido.
Más allá del episodio
concreto de Ciccone –reitero que sólo puede haber sido
autorizado o compartido por don Néstor (q.e.p.d.), primero, y por
doña Cristina, después, dado que en este gobierno nadie
siquiera saluda si no tiene permiso previo- lo real es que todo nos
está poniendo en primera plana en todos los diarios del mundo, y no
precisamente con crónicas a favor.
Como siempre digo: “con una Justicia
independiente, seria y rápida, en la Argentina todo será
posible; sin ella, nada lo será”.
Veamos, entonces, que agrega el nuevo
affaire Ciccone a la imagen que presentamos al mundo como sociedad, que
debiera ser el mayor atractivo para las imprescindibles inversiones,
propias y ajenas, para que el país pueda desarrollar todo su
potencial, dar trabajo genuino, reducir la inflación por
ampliación de la oferta, mejorar la educación por la demanda
de graduados en carreras duras, sacar de la pobreza a sectores sumergidos,
agregar valor a nuestras exportaciones y miles de
etcéteras.
Un ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación –don Eugenio Zaffaroni- quedó expuesto
como propietario de varios inmuebles en los cuales se ejercía la
prostitución; al descubrirse el hecho, no renunció ni
dió explicaciones. El resto de los ministros no encontró en
el hecho óbice alguno para que ese Juez continuara ejerciendo su
alta función.
El Presidente de la misma Corte, don
Ricardo Lorenzetti, manifestó, públicamente, haber pautado
con el Poder Ejecutivo distintas “políticas” para llevar
adelante las causas llamadas de lesa humanidad; esos acuerdos implicaron
terminar con los principios de legalidad, de ley previa al hecho del
proceso, de inocencia, y vulneraron irremediablemente al derecho de
defensa. Tampoco sus pares consideraron esa actitud como un agravio a sus
investiduras.
Los jueces federales penales de la Capital
Federal, que tienen a su cargo la investigación de los delitos
(corrupción en todas sus formas) que cometen los funcionarios
públicos, paralizan sine
die esas causas, y nunca encuentran culpables de esos hechos. Los
fiscales, que deben impulsar esas causas, reciben órdenes de la
Procuración para actuar con lentitud o, simplemente, para no hacer
nada.
Uno de esos jueces, en particular, que
tiene a su cargo varios juzgados & ‐me refiero, obviamente, a don
Norberto Oyarbide- no solamente fue asiduo concurrente de
prostíbulos homosexuales sino que, con la complicidad de la
Policía Federal, protegió esos negocios, hasta que todo
estalló en una pelea con el gerente de uno de esos antros, quien
difundió un video en el que el Juez aparecía en actitudes
poco dignas y, además, escribió un libro relatando los
pormenores del episodio; este siniestro personaje se da el lujo de
exhibirse con un anillo de un cuarto de millón de dólares,
adquirido con fondos que no puede explicar. Cuando don Oyarbide fue
denunciado ante el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo impuso su
mayoría para eximirlo de toda culpa. Entre otras causas no menos
escandalosas, el Juez devolvió favores sobreseyendo, sin
trámite alguno, a los propios Kirchner en las denuncias por
enriquecimiento ilícito. Los fiscales, seguramente por sugerencia
del entonces Procurador General de la Nación, don Esteban Righi, se
abstuvieron de apelar esos sobreseimientos.
Los Kirchner, sus ministros y parientes,
compraron a precio vil y sin oferta pública, tierras en uno de los
más importantes paraísos turísticos de la Argentina,
el Calafate. Para investigar ese escándalo, fue designada la Fiscal
en el lugar, también compradora de tierras de ese modo, y sobrina de
los Kirchner.
El Vicepresidente de la República,
don Amado Boudou, quedó involucrado en episodios de, al menos,
tráfico de influencias y, para cubrir sus actos, no dudó en
mentir públicamente. Al quedar en descubierto, atacó
ferozmente al Juez de la causa, don Daniel Rafecas, defendido por sus
pares y sus colegas de los claustros universitarios, al mencionado don
Righi (acusando al estudio del que era titular hasta el momento de la
asunción de su cargo de intentos de cohecho para
“aceitar” la relación con los jueces federales) y a
Adelmo Gabbi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires.
Ya que don Righi mantuviera abierto su
estudio mientras se desempeñaba como Procurador General de la
Nación resultaba, como mínimo, poco ético pero que,
además, sus socios (entre otros, su propia mujer) ejerciera de la
defensa de los funcionarios acusados de corrupción por los mismos
fiscales que él comandaba se transforma en un verdadero
escándalo moral. Recuerdo que, cuando el Dr. Marco Aurelio
Risolía dejó la Presidencia de la Corte Suprema, se
negó a reintegrarse a la actividad privada por considerar que ello
resultaría inmoral, pero esa era otra
Argentina.
El ahora despedido Procurador debe
añadir a sus malolientes laureles haber sido partícipe
necesario de los Kirchner en la tarea de demoler, uno a uno, los distintos
organismos de control de la gestión, en especial la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, a la cual vació de
contenido y facultades.
El Juez Daniel Rafecas, defendido por sus
pares y por sus colegas en los claustros universitarios, a cargo de la
causa en la que figura el Vicepresidente de la República como
imputado, fue denunciado por un íntimo amigo, abogado vinculado a
otros sospechados en la misma causa, por intercambiar mensajes
electrónicos, sugiriendo conductas o informando medidas
procesales.
El Vicepresidente fue denunciado por
legisladores de la oposición y por distintos particulares por actos
incompatibles con la función pública y por enriquecimiento
ilícito; obviamente, no renunció ni pidió licencia. La
causa recayó en el Juzgado Federal a cargo de uno de los jueces
más sospechados de parcialidad a favor del
Gobierno.
Ante la renuncia del Procurador General, la
Presidente propuso –y el Senado designará, utilizando las
mayorías oficialistas o compradas- como sucesor a don Daniel
Reposo, íntimo colaborador de don Boudou en la Anses, en el
Ministerio de Economía y en la Sigen, boxeador amateur y colega en
los rings empresarios de don Patotín Moreno. Doña Cristina reproduce,
así, el episodio de las tierras de Calafate, poniendo como acusador
en jefe a un dependiente del acusado, y sospechado de cómplice de
éste en la compra directa de autos para el Ministerio de
Economía.
Como se ve, cristi-kirchnerismo
explícito. El problema es que, como lo vemos nosotros mismos y
gracias a la denostada globalización, estos detalles se conocen en
todas las capitales del mundo, y en todas las redacciones. Pagaría
por acompañar a la señora de Kirchner a la Cumbre de
Cartagena del próximo fin de semana, sólo para ver
cómo la mirarán los pocos colegas –varios han
justificado su ausencia- con los que se encontrará. Mientras tanto,
dejará a cargo de la Presidencia a Guita-rrita Boudou. ¿Los argentinos nos merecemos
esto?; me temo que sí.
También hubiera pagado, hace unos
días, para ver cómo leyó la Presidente la noticia
proveniente de Brasil, que informaba que la señora Dilma Rousseff,
después de haber echado nada menos que a siete ministros acusados
de corrupción, alcanzaba el 77% de aprobación de su
gestión, y era recibida por Obama durante tres
horas.
Los que creemos que, con muy poco,
Argentina podría evitar su triste destino, estamos llorando por una
República cada vez más perdida, en un proceso que, de no
revertirse a tiempo, concluirá con la desaparición
jurídica del país. Mientras tanto, quienes nos contemplan
desde lo alto de sus fortunas mal habidas o quienes han debido sufrir, por
demasiado tiempo, la prepotencia y la mala educación de los
argentinos, se ríen a carcajadas.
Bs.As., 11 Abr 12
