Por Juan
Gasparini
Tras presentar su informe anual de
actividades ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra,
su Relator sobre la promoción y protección a la libertad de opinión y
expresión, el guatemalteco Frank La Rue, abordó varios problemas tocantes a su mandato:
la embestida de la administración Obama para conocer el presunto origen estatal
de las filtraciones a la prensa, el debate en Francia para proteger las fuentes
periodísticas, los retos de internet y la intolerancia a las críticas de
gobiernos con sesgos autoritarios en América Latina, la ofensiva de Venezuela y
Ecuador contra las salvaguardas de los derechos humanos en la OEA, y la Ley de
Medios, en el contexto del litigio entre el gobierno y ciertos periódicos de
oposición en Argentina.
P. ¿Le inquieta que Eric
Holder, ministro de Justicia de Estados Unidos, mande investigar periodistas
que publican filtraciones supuestamente procedentes del gobierno, un trabajo
legendario en Estados Unidos?
R. Siempre que hay
filtraciones todo gobierno dice que va a averiguar de dónde provinieron. Puede
ser un problema de funcionarios de gobiernos porque ellos pueden averiguar de
dónde salen las fuentes dado que salen de otros funcionarios. Donde no pueden
intervenir es en el trabajo de la prensa. No es un problema de prensa que
funcionarios denuncien la corrupción de sus superiores o acciones ilícitas. La
prensa está utilizando fuentes legítimas y tiene todo el derecho de trasladar
esta información al público. No hay que matar al mensajero, digamos... el
mensaje debe circular. De hecho, los grandes escándalos de corrupción o
políticos siempre se han resuelto con filtraciones, incluyendo el Watergate.
Fue garganta profunda, el personaje de la misma Casa Blanca de
Nixon quien ayudó a resolver ese caso.
P. En Francia, seis
medios gráficos son objeto de persecución judicial para destapar sus
comunicaciones telefónicas. El actual gobierno proyecta una ley para proteger
el secreto de las fuentes, pero solo se beneficiaran quienes trabajan en
empresas tradicionales de prensa, quedando afuera los "lanzadores de
alerta", como los blogueros independientes y activistas
de las redes sociales...
R. Esa línea divisoria
no se puede hacer. ¿En qué momento dice uno que un medio es formal, y cuando no
lo es? ... No hay que irse a los extremos. La definición de periodismo por
naturaleza, y lo dejó clara la decisión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, es la profesión sin condiciones. No hay condiciones de titulación, de
asociación profesional, ni de registro con el Estado. Las tres cosas se pueden
hacer, y por supuesto que son buenas, especialmente la profesionalización, pero
ninguna es un requisito, ni la condición para practicar el periodismo. El
periodismo lo define la función de informar al público. Y eso lo puede hacer cualquiera.
Yo defiendo la función de informar y el criterio que existe periodismo
ciudadano. Y todos, desde los periodistas más formales, hasta los periodistas
de momento, los periodistas ciudadanos, que son los que en cierto momento
funcionan como tal, deben ser protegidos por el Estado. El periodismo es el
periodismo. Si empezamos a hacer sutilezas y separaciones ponemos en riesgo la
profesión del periodismo y la profesión de informar en cualquier parte del
mundo.
P. ¿Cuáles deberían ser
las reglas para la protección de las fuentes de los periodistas?
R. La protección de
fuentes es un elemento fundamental de la libertad de prensa. Siempre lo ha sido
y lo debe seguir siendo. Lo era para periódicos escritos y lo debe ser on
line. Los mismos principios que se tienen de libertad de expresión para off
linese tienen on line. Las nuevas tecnologías no cambian los
derechos. Lo que cambia es la tecnología y los desafíos que nos presenta. Los
principios siguen siendo los mismos, la protección y búsqueda de fuentes, porque
si el Estado, a través de una decisión judicial o de cualquier forma, logra
obligar a que se revelen las fuentes, esto eliminaría el periodismo
investigativo, que es una de las fases más importantes del periodismo en una
sociedad democrática que quiere ser transparente. Esto no quiere decir que en
actos delictivos... y esto lo puede hacer el sistema de justicia con
cualquiera... sea o no periodista, cuando hay un delito, puede hacer una
investigación penal, pero esto es otra cosa. Obligar al periodismo a revelar
fuentes no es aceptable.
P. Si hay restricciones
a esas libertades deberían ser fijadas por la ley, ¿no?...
R. Como siempre, fijadas
por la ley... tendrían que ser absolutamente necesarias para proteger los
derechos de otras personas o para proteger derechos colectivos, la seguridad
nacional, el orden público...
P. En sus dos últimos
informes anuales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha focalizado en
internet...
R. Lo primero que
observo es que en el internet pasamos de la euforia a la preocupación, la
maravilla, el instrumento de comunicación, y por supuesto cuando se dio la
primavera árabe, Túnez y Egipto, todo el mundo lo aplaudió, pero después vino
la preocupación porque si el internet es un elemento tan movilizador que puede
movilizar a tanta gente, que puede remover gobiernos como el de Ben Ali y
Mubarak, entonces comenzó a preocupar a los líderes políticos, y además empezó
a generar una incertidumbre porque en esos dos países todavía es incierto el
futuro. Entonces los países autoritarios empezaron a buscar mecanismos de
control. Pero para mi sorpresa también los países no autoritarios, los países democráticos,
de allí mi interés por la cuestión de la vigilancia del Estado sobre las
comunicaciones, especialmente internet y los temas de seguridad nacional y
libertad de expresión. Es un fenómeno muy complejo. Por supuesto que las
comunicaciones pueden ser intervenidas pero Internet no es diferente a la
comunicación telefónica. Tiene que haber una orden del juez, un debido proceso,
una investigación penal, una ley previa que establezca los casos y una
necesidad absoluta de esa intervención. Hoy en internet, como es muy fácil con
las nuevas tecnologías, no solo se interviene sin estas autorizaciones, ni
supervisión judicial o legislativa, sino que además hacen vigilancia masiva por
sectores sociales. De repente, todos los que son de una religión o de una región
geográfica pueden ser vigilados, y eso es muy fácil con la tecnología. Esto nos
introduce al ámbito de la responsabilidad social-empresarial, es una
responsabilidad ética. No le puedo decir a las corporaciones transnacionales
cuál es su responsabilidad, como sí se lo puedo decir a los Estados. Las
corporaciones privadas también tienen responsabilidad. La mayoría de los
Estados no tienen la tecnología para hacer esta vigilancia. Son pocos los
Estados desarrollados que la tienen. Las empresas privadas en Estados
desarrollados-democráticos deben obtener licencias de exportación de la
tecnología de vigilancia en las comunicaciones, tal y como se obtienen
licencias de exportación de armas porque esto es igualmente peligroso, puede
costar la vida a muchos seres humanos. No se trata de que una corporación
quiere venderle a equis país, a Siria en un momento de guerra, por ejemplo...
No se puede hacer esto. Se trata, efectivamente, que hay un rigor, una visión
de cual utilización va a tener la tecnología. La intercepción de comunicaciones
tiene que darse con supervisión de algún tipo, preferentemente judicial, y
tiene que darse con las tres características de toda excepción: con ley, con
necesidad para defender un derecho y con proporcionalidad... pero además con orden
judicial, y en lo mejor de los casos, con una doble vigilancia, del sistema de
Justicia y del parlamento, cada uno por su lado. Si no se le está confiriendo a
las agencias de seguridad o de inteligencia el derecho de monitorear. Algunos
países están protegiendo a sus ciudadanos pero permiten que estas agencias
monitoreen a cualquier otro extranjero. Esto también violenta la universalidad
de los derechos humanos.
P. Se desarrolla
actualmente la Asamblea General de la OEA, una instancia crucial para valorar
los alcances de las presiones de Venezuela y Ecuador en cuanto a las exigencias
de respeto a los derechos humanos. Parecería que no hay una cultura del disenso
en el continente...
R. Lo que ha habido es
un ataque frontal al sistema interamericano de derechos humanos, a la Comisión
y a la Corte. Es lamentable porque si América Latina en algo contribuyó después
del dolor de las dictaduras militares fue en haber generado un sistema
efectivo, ágil y rápido para las víctimas. Desde el reconocimiento de las desapariciones
hasta las medidas cautelares. Y hoy que estamos en el periodo de las
democracias donde no hay dictaduras militares, tristemente retrocedemos. Hay
líderes políticos que creen que nadie debe ser criticado, y que una crítica de
la Comisión Interamericana es inaceptable cuando siempre lo fue. Cuando se
criticaba a los militares se aceptaba pero "hoy que me critican a mí,
no", ¿no? Creo que esto es una actitud infantil, inaceptable. Lo peor es
que lo más grave para ellos es el papel de la Relatora de la OEA para la
libertad de expresión, Catalina Botero, que creo hace un trabajo impecable, muy
eficiente, muy buena, jurídicamente sólida, y yo coincido con sus criterios.
Sin embargo es lo que más les ofende. Los líderes de hoy tienen la piel muy delgada,
una sensibilidad terrible, la más mínima crítica los hace estallar. Si la
crítica es parte de la vida política, yo digo que un funcionario o funcionaria
pública entienden que al asumir el cargo va de la mano con el escrutinio
público. Eso se llama transparencia. Y eso va de la mano con la crítica
pública, valida o no, no siempre la crítica es válida, por supuesto, pero uno
puede responder, aclarar, puede haber un debate... ese el debate público de la
democracia, lo que construye ideas nuevas... Este ejercicio de la
ultrasensibilidad, del querer usar ahora la difamación en lugar del desacato,
que era el viejo delito, ahora se usa el delito de difamación para silenciar a
la prensa, es inaceptable. Se lo digo a todos los países de América Latina. Si
estamos realmente en un régimen democrático, la apertura a que se practique un
periodismo múltiple es importante...
P. Paralelamente se
suele adjuntar la cuestión de la monopolización de los medios de comunicación
en algunos países, controlados por ciertos grupos económicos...
R. Si creo que en
América Latina tenemos un problema y es que permitimos la progresiva acumulación
de los medios, por razones comerciales, y eso también atenta contra la
diversidad y el pluralismo que es un principio. Creo que hay que balancear. Por
un lado todos los medios tienen el derecho, aunque muchos Presidentes se
quejan... "es que la prensa conspira porque tienen posiciones opuestas a
las mías", pues es su derecho... ¡es libertad de expresión! ¿Cuál es la
alternativa? No es censurar a estos medios, ¡es permitir que surjan nuevos! Y
mantener ese principio de diversidad de medios y pluralismo de ideas. Es de ese
pluralismo de ideas donde el público lector, o el que escucha un programa de
radio o de televisión puede hacer su propio pensamiento o sacar sus propias
conclusiones.
P. Ud. preconiza la
fórmula que la propiedad de los medios de comunicación se distribuya
equitativamente entre lo público, lo privado y lo comunitario, ¿cómo ve esa
cuestión en torno a la Ley de Medios en Argentina, cuya valoración está trabada
en Tribunales luego de ser adoptada por el Congreso?
R. Hay varias cosas que
me preocupan. Yo apoyo la ley de distribución de medios audiovisuales, me
parece genial, sentó las bases de una nueva etapa en América Latina en dividir
las frecuencias. Yo mantengo mi posición. Creo que la ley es muy importante.
Enfrentarse con ciertas prácticas monopólicas sería inevitable. Tampoco el
Estado debe desvanecerse en un enfrentamiento tan directo y constante. La ley
hay que aplicarla a todo el mundo por igual. Pero no hacer del enfrentamiento
algo personal. Pareciera que en Argentina se personalizó el conflicto. Y
desgraciadamente ha llegado a tocar al sistema de Justicia. Y eso sí me parece
que es preocupante. La Relatora aquí de la independencia de jueces y abogados
(Gabriela Knaul) ya se pronunció por eso. Yo creo que esto es llevar los
conflictos económicos demasiado lejos. Es importante mantenerse dentro del
marco de esa ley de distribución de medios audiovisuales que es la que permitía
mantener el manejo de las frecuencias.
P. La Asociación Mundial
de Editores de Periódicos y Noticias ha dicho que hay un deterioro de la
libertad de expresión en Argentina. Ha criticado la restricción para que los
supermercados publiciten en los diarios, y la tentativa atribuida al gobierno
de querer apropiarse de Papel Prensa, la empresa de la cual son
socios mayoritarios los cotidianos Clarín y La Nación, fabricantes
hegemónicos del papel en el país, y el otorgamiento de la llamada "pauta
publicitaria", favoreciendo arbitrariamente los medios acríticos o
progubernamentales. ¿Hay deterioro de la libertad de expresión en Argentina?
R. Yo creo que no. Yo lo
que creo es si hay algunas medidas cuestionables. Lo de la pauta si es
cuestionable. Yo creo que ahí, la recomendación que yo doy a todo el mundo, es
que todo Estado debe tener un reglamento de distribución de la publicidad
oficial. Con criterios claros, de cobertura de un medio, etc.... para no
permitir que esas cosas se den... Yo creo que hay una crisis en Argentina, más
bien es producto de exagerar cosas chiquitas que se pueden resolver. Yo más
bien preferiría ver que cada una se va resolviendo en el terreno.
P. ¿Ud. vincula la
situación de Julián Assange con la libertad de expresión?
R. Yo no me he metido a
verificar la parte penal. Lo que he dicho es que el encarcelamiento de Assange
sería ilegal si es por la divulgación de información. La publicación (de
Wikileaks) fue un acto legítimo. Si más allá de eso hay otras cosas ya no sé.
Pero habría que ver que es lo que hay en Suecia realmente... (Assange está
inculpado de violación sexual en Suecia) que tipo de proceso y que no se preste
para silenciar a alguien que filtra información.
@juangasparini, Ginebra, 8 de junio de 2013.
Foto: Humberto Salgado.
