por Jorge Raventos
La autoamnistía del 22 de septiembre de 1983, con la que el Proceso intentó cerrar para siempre la discusión de los años de plomo y las responsabilidades emergentes de aquellos enfrentamientos, tenía -por comparación con la "operación detergente" que los Kirchner han consumado sobre su patrimonio con la mediación de varias instancias judiciales- la virtud de la franqueza: un grupo de imputados de delitos gravísimos decidía, por sí y ante sí, absolverse. Y ponía su propia firma para hacerlo, asumía con transparencia la condición de "juez y parte".
Néstor Kirchner, que ya había inventado (y todavía practica) la presidencia por interpósita persona, acaba de enriquecer la jurisprudencia consumando una autamnistía por interpósitos actores de la familia judicial: magistrados que absuelven sin examen, fiscales que renuncian a la apelación, cámaras que consideran una formalidad el doble escrutinio de un incremento patrimonial como el de la familia presidencial (sólo referido, como aclaró el propio Néstor Kirchner, a los "hechos reales" y no a los "bienes ocultos") que llegó al 572 por ciento.
Conviene hacer memoria y recordar de qué sirvió aquella autoamnistía sin maquillajes de 1983 para imaginar cuál puede ser la suerte de esta declaración de inocencia que el ventrílocuo Néstor Kirchner ha extendido a la familia que él integra adquiriendo voces y modos leguleyos de terceros. "No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague".
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