PUBLICADO EN TIEMPO MILITAR
Con las primeras notificaciones, comenzó a implementarse en la última semana de diciembre la aplicación del decreto 1382/12 del Poder Ejecutivo que contempla desalojar de viviendas propiedad de las FF.AA. y de SS a sus actuales ocupantes –en primera instancia personal retirado que regularmente las alquilaba a cada guarnición- para que sean utilizadas por beneficiarios civiles de planes sociales en función de las necesidades políticas y electorales del Gobierno.
TIEMPO MILITAR pudo constatar el caso de un suboficial principal retirado del Ejército que reside desde hace varios años en un barrio militar de Olavarría.
“La ultima semana de diciembre me llego una nota de la unidad a la cual le alquilo que no me renuevan el contrato de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº1382/12 publicado en Boletín Oficial Nº 32458 del 13 Ago2012”, dijo el afectado cuya identidad, debidamente constatada por nuestra publicación, es mantenida en reserva.
El suboficial señalo que ninguna autoridad le pudo informar las razones de tal medida, señalado que sólo se limitaban a obedecer una orden del Comando de Brigada transmitida por Mensaje Militar Conjunto (MMC).
Cuando vio la luz el año pasado, inicialmente se especuló con que el decreto 1382 sólo afectaría terrenos deshabitados de las fuerzas o antiguos cuarteles. Ahora, la cruda realidad es que –a juzgar por lo que se invoca en la comunicación enviada- involucra a viviendas de los barrios militares, tradicionalmente alquiladas a sus usuarios, en especial personal de suboficiales que suele fijar residencia definitiva en su lugar de destino, en particular cuando deja la actividad.
En este marco, y para comprender la trama de la espinosa cuestión, es útil traer e la luz un artículo del periodista Mariano Obarrio publicado en la edición impresa del diario La Nación, el 3 de septiembre del año pasado, cuyos términos son los siguientes:.
La presidenta Cristina Kirchner les quitó a las Fuerzas Armadas y de seguridad todas las facultades de administración y la disposición de sus propios inmuebles, competencias que ahora pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
En el artículo 19 del decreto 1382, por el que se creó esa agencia el mes pasado, derogó dos leyes, cuatro decretos y un artículo de una ley que fijaban esas competencias de las fuerzas sobre las tierras militares, que comprenden grandes extensiones que podrían ser loteadas.
Según confiaron a LA NACION fuentes castrenses, “todos los cambios están muy herméticos en el Ministerio de Defensa, pero todos los altos mandos ya descuentan que deberán ceder los terrenos”.
“No se sabe aún cuáles, pero lo cierto es que los generales están resignados y cederán todo lo que les pidan y más también para estar bien con la Presidenta”, confió a LA NACION un alto jefe militar, descontento con la norma. Incluso, se menciona la posibilidad de afectar terrenos de Campo de Mayo al nuevo plan de ordenamiento territorial.
En su artículo 19, el decreto 1382 derogó las leyes 23.985 y 24.159 y los decretos 653/96; 433/2007, 35/2001; 443/2000, y el artículo 14, inciso h de la ley 26.352.
Ellos regulaban las disposiciones a las que se ajustaban los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, la ex Onabe, y la Administración se Infraestructura Ferroviaria (Adif).
La propiedad privada
Tal como informó LA NACION el domingo 26 de agosto, un anteproyecto del Ministerio de Planificación facilita la expropiación de terrenos privados por razones sociales. En el Gobierno confirmaron que la intención es rescatar la “función social” de la propiedad privada, al poder declararla de “utilidad pública”.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, negó que la intención política del Gobierno fuera expropiar terrenos, aunque luego admitió que se podría hacer sobre la base de las leyes vigentes.
No obstante, el proyecto de ley, que se incluye en el plan de ordenamiento territorial, se diseñó en el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, que dirige Graciela Oporto, en el ministerio que preside De Vido.
El borrador de esa iniciativa facilitará las expropiaciones si lo amerita el interés colectivo, que es, a juicio del texto oficial, el bien superior al cual estarán sujetos el uso y la propiedad del suelo.
Este plan se complementaría con el de distribución de tierras fiscales entre los sectores de bajos recursos, según lo requiera el “interés público”.
Para cada caso de necesidad social, podría así elegir el Gobierno si recurre a terrenos fiscales o de propiedad privada “cuando la situación socioterritorial lo requiera”.
Un segundo artículo de LA NACION, firmado por el mismo articulista y que globaliza la nota precedente, también publicado en la misma fecha expresa:
El gobierno de Cristina Kirchner prepara un ambicioso plan para destinar tierras fiscales a la construcción de nuevas viviendas sociales, con el fin de relocalizar familias de bajos recursos que viven en villas de emergencia y asentamientos precarios. El proyecto, que se instrumentará en el camino hacia las elecciones legislativas del próximo año, contempla además la posterior urbanización de las villas beneficiadas, una vez que los habitantes se hayan trasladado.
El Estado se haría cargo de las nuevas construcciones y concedería la escritura a cambio de un pago muy bajo extendido en un plazo prolongado. También planean construir escuelas y hospitales públicos, según confiaron altas fuentes oficiales a LA NACION.
Se cubrirían así dos necesidades del Gobierno: por un lado, frenar el crecimiento exponencial de las villas en los últimos años. Por el otro, jugar una carta ganadora para las elecciones del año próximo, vitales para el oficialismo en el objetivo de mantener vigente la idea de la reforma de la Constitución, con la re-reelección de la Presidenta incluida.
“Preocupa mucho la presión de las villas. Por eso se conformará un gran banco de tierras fiscales para barrios de viviendas sociales”, confió a LA NACION un allegado al jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que dirige el ahora denominado “plan de reordenamiento territorial”. El jefe de los ministros no respondió las consultas de LA NACION por este tema.
Cristina Kirchner firmó el 9 del mes pasado el decreto 1382/12, por el cual creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se trata de una “superagencia” a la cual todos los ministerios y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial le deberán informar sobre los inmuebles que poseen, para conformar en 90 días un registro único de bienes del Estado. Ése será “un gran banco de tierras fiscales” que se distribuirán entre los más necesitados.
Todavía no está definido el criterio de reparto. La Agencia administrará todos los inmuebles de la Presidencia, del Parlamento y de la Justicia, de los ministerios, entes autárquicos, ferrocarriles, Fuerzas Armadas y de seguridad, y del viejo Organismo Nacional de Administración de Bienes (ex Onabe), que quedó disuelto en ese decreto.
El ex Onabe sólo administraba 1800 inmuebles, los que estaban desafectados a ministerios u organismos públicos. Aun así, la Auditoría General de la Nación hizo un informe en 2006 que determinó falta de registros, inventarios, control, y caos administrativo.
Lo llamativo es que la nueva “superagencia” conservará las autoridades del ex Onabe -de hecho seguirá funcionando en el mismo edificio de Retiro, con fuerte influencia de La Cámpora- y pasará a gestionar inmuebles, tierras y edificios cuya cifra no está calculada.
Muchos bienes ni siquiera tienen títulos ni escritura y están en situaciones jurídicas complejas: desocupados, subutilizados, cedidos o alquilados por segunda o tercera vez, a préstamo o bajo ocupación de intrusos. Para este plan se está pensando en destinar terrenos lindantes a las villas por dos razones. En primer lugar, para que no haya problemas de desarraigo que desalienten la mudanza. Y en segundo término para que ese traslado permita urbanizar las villas con mayor nivel de población por metro cuadrado, con el ensanchamiento de las calles y el establecimiento de espacios públicos.
No está en análisis la hipótesis de una erradicación de las villas, ya que expondría al Gobierno a fuertes tensiones sociales.
El presidente de la Agencia, Antonio Vulcano, responde al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Su vicepresidente, Martín Reibel Maier, es el verdadero cerebro del ente y milita en La Cámpora.
El decreto 1382 estableció que la Agencia definirá el uso y destino de los bienes para lograr “inclusión social”, “políticas redistributivas para la población”, la “incorporación del valor social” y “la afectación de esos inmuebles a políticas públicas como salud, educación, medio ambiente, producción, administración y vivienda, entre otros”.
También buscará la “preservación del patrimonio inmobiliario”, la “puesta en valor de los inmuebles” y “proyectos de desarrollo local y regional”.
Cristina Kirchner tiene en la mira muchos predios de las Fuerzas Armadas o de seguridad que considera en desuso u ociosos.
Pero no sólo recurrirá a tierras fiscales. El plan se complementará con el anteproyecto de ley que se analiza en el Ministerio de Planificación, que habilitaría la expropiación de tierras privadas al declararlas de utilidad pública y privilegiar su fin social y el interés colectivo, sobre el cual informó LA NACION el domingo 26 de agosto último.
Si bien se escriturarían a precios simbólicos para los sectores más vulnerables, también una parte de las tierras fiscales se utilizará para el programa de créditos baratos para vivienda Procrear. Otros terrenos se usarán para el Polo Audiovisual, anunciado el miércoles último.
La fase del modelo de la redistribución de la tierra se exhibirá como la natural continuidad de la etapa de redistribución del ingreso. De hecho, el Gobierno no descarta restituir el artículo 38 de la Constitución de 1949, que reivindicaba la función social de la propiedad privada, en un eventual debate sobre una reforma constitucional. Y en el Congreso analiza regular la propiedad privada en la próxima reforma del Código Civil.
La “superagencia” abrirá discusiones con ministerios y organismos. Podrían entrar en conflicto inmuebles que éstos usen y que la Agencia considere que están ociosos o cuyo personal pueda ser reubicado.
Los bienes deberán identificarse, se cuantificarán, se pondrán en valor, se evaluará su situación catastral y jurídica, se loteará y se zonificará, según las fuentes oficiales. Luego de ello se los deberá dotar de infraestructura básica que muchos no tienen: agua, luz, gas y cloacas.
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