En la foto: La ministro de Defensa Nilda Garré, quien fue imputada por contrabando a EEUU de repuestos de fusiles FAL.
La medida fue tomada en función de la adhesión pública del hasta ahora director de la sede de la Armada del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa a declaraciones apologistas de la Guerra contra el terrorismo subversivo que asoló la Argentina en la década de 1970, como forma de persecución política e ideológica.
La ministro de Defensa, Nilda Garré, comunicó al jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Jorge Godoy, la limitación de la situación de "retiro en servicio" (RS) del contralmirante Edgardo Campiantico, actual director de la sede de la Armada del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa "Manuel Belgrano" (CEEPADE).
La medida fue tomada a raíz de "la adhesión pública de Campiantico a concepciones apologistas del terrorismo de Estado" (en alusión a la Guerra Antisubversiva), según un comunicado del Ministerio de Defensa. ¿No es esto acaso perseguir ideológicamente a las personas, no es perseguir el pensamiento?
La misma suerte que Campiantico correrían otros dos almirantes retirados en servicio, Carlos Daniel Carbone y Ricardo Alessandrini.
Campiantico, retirado de la Fuerza en el 2003, se desempeñaba en la función citada y, merced a la aplicación del Artículo 62 de la Ley de personal militar, estaba reincorporado a funciones reservadas para los militares en actividad.
El Ministerio posee, por la vigencia del Decreto 436/84 y su reglamentación (Resolución 216/07), la capacidad y autoridad de convocar y regular al personal retirado para que cumpla funciones en actividad por razones especiales.
Al mismo tiempo, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio, y secretario Ejecutivo del CEEPADE, Germán Montenegro, dispuso el cese de las funciones de Campiantico en ese centro de investigación y análisis de la Defensa.
El organismo fue constituido en el Ministerio de Defensa por personal de las tres Fuerzas Armadas, representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, de Universidades Nacionales y privadas y de aquel al que la Presidenta considere necesario convocar.
La medida fue tomada en función de la adhesión pública de Campiantico a concepciones apologistas de la guerra contra la subversión.
uno de los firmantes de la solicitada a favor de los detenidos.
“Existe una total identificación con los integrantes de la Armada condenados o sometidos a proceso por las responsabilidades de las funciones que circunstancialmente les tocó ejercer; lesionará los principios de disciplina y subordinación una eventual condena a jefes, oficiales y suboficiales por haber cumplido órdenes militares en situación de guerra, ya que las acciones de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales que condujeron a la derrota del terrorismo subversivo posibilitaron el pleno funcionamiento de las instituciones de la República.” Tal la declaración del Foro de Almirantes Retirados formulada el año 2008 al cumplirse sus diez años de existencia. En ese momento, el vicepresidente de la Institución era el contraalmirante retirado en servicio Edgardo Campiantico, quien, a propuesta del jefe de la Armada Jorge Godoy, fue designado como uno de los directores del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano, que preside la ministro Nilda Garré.
En mayo del año 2008, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, junto con Garré, presentó en sociedad el nuevo centro de investigaciones que nuclearía el trabajo de las Fuerzas Armadas y las integraría con investigadores de siete universidades nacionales. La orden implicó que “en treinta días” el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrían que disolver sus centros de estudios.
La idea gubernamental tenía como objetivo de la cartera de Defensa erradicar a los retirados que habían sido recontratados y recalaban en esos centros con su historia y experiencia de Guerra a cuestas. El replanteo surgió por una nota de Página/12, en enero del año 2008, en que se daba cuenta acerca de la participación del contraalmirante Roberto Pertusio, detenido por delitos de lesa humanidad en su casa y miembro del Centro de Estudios Estratégicos presidido por el propio Godoy.
Hay quienes recuerdan como antecedente de persecución, que el Juez Guillermo Tiscornia fue suspendido por el Consejo de la Magistratura, por haber citado en carácter de imputada a la ministro de Defensa, Nilda Garré, por el supuesto contrabando de repuestos FAL facturadas en U$S 2.600, cuando las mismas tenían un precio en destino, EEUU, de U$S 90.000.
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