El Dr. Federico Pinedo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el uso de la Ex Fábrica Militar José de la Quintana en la provincia de Córdoba, el día 5 de octubre de 2009 en la Cámara de Diputados de la Nación.
En el pedido, solicita al Poder Ejecutivo para que informe sobre las siguientes “cuestiones relacionadas con la Ex Fábrica Militar José de la Quintana.
“1) La condición jurídica en que se encuentra la Ex Fábrica Militar José de la Quintana
“2) La jurisdicción responsable del predio
“3) La existencia de actividades de naturaleza económica que se desarrollen en dicho predio
“4) En caso negativo a la pregunta anterior, se sirva informar quién está a cargo de su seguridad.
“5) Si se han registrado ingresos al predio de personas ajenas al mismo.
“6) En caso afirmativo a la pregunta anterior, en qué carácter y con qué objeto se han autorizado tales ingresos”
Se trata del Expediente 4827- D-2009, con trámite parlamentario 131. En los fundamentos del pedido manifiesta que “ha trascendido una versión sobre la presencia de civiles que utilizarían el predio de la ex Fábrica Militar José de la Quintana, ubicada en la localidad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, para desarrollar actividades ajenas al mismo. A los efectos de aclarar la situación, solicito a mis pares la aprobación del presente pedido de informes.”
Tales actividades serían, según los trascendidos, actividades de entrenamiento paramilitar de piqueteros en las áreas militares que se encuentran casi abandonadas.
¿FALTAN ARMAS Y EXPLOSIVOS?
Debemos recordar como antecedente el pedido de informes al Poder Ejecutivo presentado en la Cámara de Diputados bajo el N° 1835-D-2004, por Caserío y otros, sobre la desaparición de explosivos en la Fábrica Militar de Azul.
Además, ya el 15 de octubre de 2003 se había denunciado la desaparición de armas militares en Santa Fe. Las autoridades del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán señalaron que lo que falta era parte del material que se pudo salvar de la explosión de Río Tercero. El faltante era de casi 5 mil 700 cartuchos de propulsión para morteros de 81 milímetros.
En la causa intervino el juez federal número 4 de Rosario, Omar Digerónimo, por denuncia del teniente coronel Jorge Guido, quien era responsable de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, situada a escasa distancia del Batallón de Arsenales 603. El militar, en declaraciones radiales –según consignó DyN en aquél entonces-, buscó tranquilizar los ánimos afirmando que “se le está dando demasiada envergadura”, mientras Guido aseguraba que “los cartuchos no pueden ser destinados para nada, el único uso es el militar”, e insistió declarando que "todos se deben quedar tranquilos porque no es que va a salir cualquier individuo a utilizar esto en contra de la población".
Según una noticia publicada el día 27 de julio de 2009 en el Diario El Día de La Plata, “la directora de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense, María Alejandra Provítola, informó hoy que en la comisaría de Dock Sud, donde se detectó el faltante de armas y droga secuestrada, se halló un oficio judicial que indica que la marihuana incautada habría sido enviada a un tribunal federal”.
El diario La Nación informaba el 5 de abril de 2004: “el juzgado federal de Azul y la Policía Federal continúan la búsqueda de los 2820 kilos de explosivos que en enero desaparecieron de la Fábrica Militar de Azul (Fanazul)” En este caso, informaba el referido medio acerca del faltante, que se trataba de anfo, una combinación de nitrato de amonio y gasoil bajo el nombre comercial de Nago 280. “El nitrato de amonio no sólo se usó en la voladura de la mutual judía en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, sino también en los atentados contra un edificio estatal en Oklahoma (1995), la embajada de Estados Unidos en Nairobi (1998) y objetivos ingleses en Estambul (noviembre de 2003)”
El 11 de julio de 2009 se realizó una auditoría en Tucumán, y La Gaceta informó que en la unidad Norte faltaban 5 armas, pero luego se aclaró que habían desaparecido ocho armas: 5 pistolas ametralladoras PA3 calibre 9 mm, un fusil automático liviano FAL calibre 7,65, todos con sus cargadores, y dos escopetas calibre 12/70, una marca Valtro y otra Racedo.
Además, el Diario Hoy de La Plata publicó el día 3 de septiembre de 2005 que “el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías, Alberto Jorge Silvestrini, reveló que además de las 143 armas faltantes en los listados oficiales de la Suprema Corte bonaerense, también se detectaron 46 “sobrantes” de pistolas, revólveres y municiones”, y que “En sus manos hay pistolas automáticas y revólveres de grueso calibre, de uso civil y de guerra, que no responden a ninguna causa; y a ningún “dueño””. El robo de las armas se detectó a partir de un reclamo realizado por un Tribunal de Morón. En concreto, las armas fueron giradas a la Corte por los juzgados 5, 10 y 12 de Morón a los fines de su destrucción. El arsenal llegó “en cajas cerradas y quedaron bajo custodia del servicio de Seguridad”, detallaron las fuentes. En la UFIC figuran tres recibos de remitos de armas rubricados en 2002, 2003, 2004. El último fue en marzo de este año. Allí figuran 143 armas que desaparecieron del stock. En el mismo stock, hay otras 46 que no son de nadie.”
Finalmente, el Diario Clarín informaba el 12 de abril de 2004 que “hay más de 100 fábricas y 872 polvorines sin control”, y que “En la Argentina hay más de un centenar de fábricas de explosivos y casi 900 polvorines que nadie controla, en una situación que se viene arrastrando por años y que no cambió siquiera después de los ataques contra la Embajada de Israel y la AMIA, pese a la sospecha de que los explosivos que volaron la mutual judía en 1994 pudieron haber sido comprados en el país. Esta falta de control sobre la compraventa y circulación de explosivos y en consecuencia, la posibilidad de que material sensible pueda ser adquirido incluso con fines terroristas, fue admitida a Clarín por Juan Carlos Ramos, director del Registro Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de Defensa, organismo encargado de fiscalizar esta actividad.”
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