Por Roberto Molina
Desde agosto del año pasado, oportunidad en que la presidente de la Nación lanzó el plan “Argentina Trabaja”, creando engendros asociativos a los que el gobierno argentino denomina “cooperativas”, PRENSA COOPERATIVA ha sostenido en forma constante que no se trata de cooperativas legítimamente constituidas, aunque la mayoría de ellas cuente con la matrícula extendida irregularmente por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Como queda dicho, desde este medio de difusión se ha expresado en forma reiterada la ilegitimidad de estos grupos laborales, desde el punto de vista cooperativo. En los últimos días, se han conocido nuevas expresiones sobre el particular, provenientes de legisladores nacionales y dirigentes sociales, condenando le manejo oficial que se realiza con el plan “Argentina Trabaja”.
Para la diputada nacional Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba), el Congreso debe ser caja de resonancia "del vergonzoso uso clientelar de un plan que inventa cooperativas ficticias y discrimina a las que la misma sociedad había creado", en referencia a los emprendimientos de las organizaciones de base surgidos tras la crisis de 2001.
De acuerdo con el socialista Ricardo Cuccovillo (Buenos Aires), el Plan Argentina Trabaja es un "nuevo sistema de distribución clientelar de subsidios, que nada tiene que ver con el cooperativismo. Como todo lo que genera este gobierno, no hay ningún control, pero indigna que los recursos se utilicen sin transparencia en medio de una situación cada vez más angustiante para un amplio sector de la población".
El control de las cooperativas es retomado por un tercer proyecto, en este caso del diputado Gerardo Milman (GEN-Buenos Aires), que solicitó la fiscalización de la Auditoría General de la Nación (AGN). Evidentemente, no ha formulado el pedido de fiscalización al INAES, por cuanto es este organismo el que les otorga la matrícula para su funcionamiento…
Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía dijo que “se impide el acceso al programa por cooperativas “Argentina Trabaja”, y se esta entregando mansamente toda esta estructura a un sistema político que buena parte de ese sistema esta urdiendo la traición a Néstor Kirchner, se esta alimentando a tipos que lo van a traicionar”.
Las opiniones referidas al funcionamiento de estos engendros asociativos son variadas, pero en definitiva son coincidentes. Desde esta columna, insistimos en que el gobierno no debería denominarlos “cooperativas”, ya que no lo son porque rompen con los principios y valores del cooperativismo y alteran la esencia del movimiento solidario. También insistimos en que la decisión gubernamental de crear 100.000 puestos de trabajo es elogiable, pero no bajo esta figura irregular de “cooperativas”.
Fuente: Prensa Cooperativa, 11/2/10
Desde agosto del año pasado, oportunidad en que la presidente de la Nación lanzó el plan “Argentina Trabaja”, creando engendros asociativos a los que el gobierno argentino denomina “cooperativas”, PRENSA COOPERATIVA ha sostenido en forma constante que no se trata de cooperativas legítimamente constituidas, aunque la mayoría de ellas cuente con la matrícula extendida irregularmente por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Como queda dicho, desde este medio de difusión se ha expresado en forma reiterada la ilegitimidad de estos grupos laborales, desde el punto de vista cooperativo. En los últimos días, se han conocido nuevas expresiones sobre el particular, provenientes de legisladores nacionales y dirigentes sociales, condenando le manejo oficial que se realiza con el plan “Argentina Trabaja”.
Para la diputada nacional Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba), el Congreso debe ser caja de resonancia "del vergonzoso uso clientelar de un plan que inventa cooperativas ficticias y discrimina a las que la misma sociedad había creado", en referencia a los emprendimientos de las organizaciones de base surgidos tras la crisis de 2001.
De acuerdo con el socialista Ricardo Cuccovillo (Buenos Aires), el Plan Argentina Trabaja es un "nuevo sistema de distribución clientelar de subsidios, que nada tiene que ver con el cooperativismo. Como todo lo que genera este gobierno, no hay ningún control, pero indigna que los recursos se utilicen sin transparencia en medio de una situación cada vez más angustiante para un amplio sector de la población".
El control de las cooperativas es retomado por un tercer proyecto, en este caso del diputado Gerardo Milman (GEN-Buenos Aires), que solicitó la fiscalización de la Auditoría General de la Nación (AGN). Evidentemente, no ha formulado el pedido de fiscalización al INAES, por cuanto es este organismo el que les otorga la matrícula para su funcionamiento…
Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía dijo que “se impide el acceso al programa por cooperativas “Argentina Trabaja”, y se esta entregando mansamente toda esta estructura a un sistema político que buena parte de ese sistema esta urdiendo la traición a Néstor Kirchner, se esta alimentando a tipos que lo van a traicionar”.
Las opiniones referidas al funcionamiento de estos engendros asociativos son variadas, pero en definitiva son coincidentes. Desde esta columna, insistimos en que el gobierno no debería denominarlos “cooperativas”, ya que no lo son porque rompen con los principios y valores del cooperativismo y alteran la esencia del movimiento solidario. También insistimos en que la decisión gubernamental de crear 100.000 puestos de trabajo es elogiable, pero no bajo esta figura irregular de “cooperativas”.
Fuente: Prensa Cooperativa, 11/2/10
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