ASESINARON AL BEBE

Por Marcial Castro Castillo

El dolor inocente expía los crímenes de los culpables. Como el Inocente Jesucristo pagó por todas nuestras porquerías morales, asumiéndolas como propias en su inmaculada inocencia absoluta. No soy jurista, pero algo aprendí enseñando Moral; por eso hablo desde el ángulo de la Ley Natural.
Una menor violada, embarazada “contra su voluntad”, en un hogar donde la madre juntada “no vió” que su concubino violaba a la hija durante varios años. Suponiendo que sea verdad que la menor no consintió ni provocó ni pudo pedir ayuda; que la mamá no pudo enterarse ni proteger a su hija, queda como único culpable el infame violador.
El caso va a la “Justicia”. La Constitución protege el embarazo. Los tribunales constitucionales de primera y segunda instancia defienden al bebé. El más alto tribunal ordena asesinarlo.
¿Cuál es la razonabilidad del último fallo? Hay un culpable cierto: el violador. Hay dudosas inocencias de la madre y de la chica. Solamente hay certeza de la inocencia del bebé. Pero la inocencia cierta es el único ajusticiado: otra vez el sanhedrín condena al inocente para salvar a los culpables. El violador, merecedor quizás de la pena de muerte – suponiendo, repito, la irresponsabilidad de las mujeres –, es premiado con la impunidad, por el poder judicial. Al crimen del violador se suma el crimen de los jueces del alto tribunal, de los funcionarios políticos cómplices y de los verdugos amparados por la matrícula profesional de medicina.
No sabemos el nombre del criminal violador, ni sabemos el de los perjuros médicos, verdugos mercenarios. Ni conocemos los nombres de los instigadores morales del crimen: la abuela de la víctima y sus letrados.
Sólo son conocidos los nombres de los peores asesinos, los de mayor responsabilidad, los que ordenaron el crimen, y cuentan con el agravante de ejercer la autoridad pública. Son Fernando Royer, Daniel Caneo y José Luís Pasutti, jueces, con su corte demoníaca de funcionarios cómplices: Mario Das Neves, Claudio Morgado, Luis Duhalde, Julio Alak, Lidia Mondelo, Paula Ferro, Juan Manssur, Ignacio Hernández, Leandro González, etc.
Honremos en cambio a quienes quisieron salvar la vida del único inocente e interpusieron su poder para defenderla: la jueza de Familia Verónica Daniela Rober y los jueces de cámara Julio Alexandre y Fernando Nahuelanca, que consideraron que al autorizar el aborto se violaría irremediablemente el derecho a la vida de la persona por nacer. También los representantes de la Corporación de Abogados que interpusieron recurso, aún no resuelto.
La intencionalidad criminal de los asesinos queda probada por la precipitación en dar muerte al amparo de las sombras nocturnas, antes del pronunciamiento sobre la apelación que paraliza la anterior sentencia. Y la ilegalidad se evidencia en el acto de matar sin esperar a que la sentencia quedara firme. Con agravantes de abuso de autoridad, incumplimiento del deber de respetar la constitución y la ley que tiene todo funcionario público, nocturnidad y, sobre todo, el agravante de la indefensión de la víctima inocente.
Uno se pregunta si es este un mamarracho de “Estado de Derecho”, si los miembros del tribunal de alzada defenderán su propia autoridad, desconocida por los asesinos, y si acusarán por homicidio agravado a quienes mataron sin esperar su pronunciamiento. Ahora, la cuestión planteada en la apelación parece abstracta, pero no lo es el atropello al derecho despreciado y el insulto a la autoridad judicial presunta. Claro que si no se procesa y castiga a los asesinos, será que tenían razón porque no existe tal autoridad y cualquier homicida con poder político puede quedar impune.
¿No habrá una Autoridad en serio que castigue a la serie subordinada de asesinos encarnizados con el bebé inocente?