El cardenal declarará el lunes 8 de noviembre en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, confirmaron fuentes del Tribunal Oral Federal 5 a cargo de la causa. El arzobispo de Buenos Aires deberá comparecer en torno a la desaparición de dos sacerdotes jesuitas llevados a ese centro de detención.
La audiencia se realizará a las 11 de la mañana y no será pública, ya que el tribunal y las partes concurrirán para escuchar el relato del arzobispo de Buenos Aires en la Curia metropolitana.
La declaración de Bergoglio fue pedida el pasado 23 de septiembre por el abogado Luís Zamora luego de la declaración ante el tribunal de María Elena Funes, una catequista que estuvo desaparecida en la ESMA.
CURAS Y MONJAS HEREJES
Al declarar como testigo en el caso del secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, Funes dijo que los curas jesuitas Orlando Dorio y Francisco Jalic fueron secuestrados y llevados a la ESMA luego de que Bergoglio, entonces superior de la orden en la región les quitó la protección.
Ambos religiosos vivían y realizaban su labor en la villa miseria porteña del Bajo Flores bajo la “opción por los pobres" en afinidad con la corriente materialista marxista de los curas obreros y curas del tercer mundo, corrientes heréticas de la Iglesia Católica, y en caso de haber sido muertos a manos del gobierno de turno jamás podrían ser declarados mártires por compartir semejante herejía.
Tal corriente materialista marxista se extendió con posterioridad a la denominada “teología de la liberación”, ya pasada de moda, y todas estas corrientes tienen en común la visión de la Iglesia como una institución humana, como un “club”, priorizando la economía por sobre el alma y las virtudes para salvarla, mundanizando el mismo mensaje espiritual de Jesucristo, e identificando el Reinado Social de Jesucristo con un mesianismo temporal marxista condenado por la Doctrina Social de la Iglesia. En general, quienes compartían estas posturas heréticas reivindicaban y avalaban (incluso con su propia participación) la lucha armada contra las autoridades gubernamentales de turno, democráticas o no.
EL TESTIGO
Bergoglio fue citado como testigo por el Tribunal, pero Cardenal se amparó en el articulo 250 del Código Procesal Penal de la Nación que establece que los altos dignatarios oficiales “no estarán obligados a comparecer” ante un Tribunal.
En esa situación se ubican el Presidente y Vicepresidente de la Nación, los gobernadores y vice de provincias; ministros, legisladores nacionales y provinciales, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y "los altos dignatarios de la Iglesia".
El segundo párrafo de dicho articulo especifica que, según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, "aquellas personas declararán en su residencia oficial, donde aquél se trasladará, o por un informe escrito" bajo juramento.
DELIVERY TESTIMONIAL
A este tratamiento especial será sometido el cardenal Bergoglio quien prestará su testimonio ante los jueces del TOF 5 y las partes en su despacho de la Curia Metropolitana contiguo a la Catedral.
En el operativo en que ambos religiosos fueron secuestrados intervino personal uniformado, en tanto la testigo atribuyó a Bergoglio haber enviado a un cura de reemplazo que oficiaba Misa en el momento en que llegaron los militares, y ni siquiera fue interrogado.
Durante la audiencia del día viernes 5 de noviembre de 2010, declaró otro de los ex detenidos de la ESMA, Arturo Osvaldo Barros, quien denunció que una isla del Delta a la que fueron trasladados los detenidos de ese centro de detención durante la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), "fue adquirida por uno de los miembros del Grupo de tareas a la Iglesia Católica".
Bergoglio corre el mismo riesgo del Padre Cristian Von Wernich: que por ocupar un cargo y concurrir donde estaban los detenidos para realizar asesoramiento espiritual o por efectuar confesiones a detenidos, fue condenado por “represor” y “torturador” por crímenes de “lesa humanidad”, convirtiéndose en un preso político.
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