VILLA SOLDATI: LA GUERRA SOCIAL QUE ACORRALA AL KIRCHNERISMO

Por Carlos Tórtora

VERBITSKY ES EL ZAR DE LA SEGURIDAD INTERIOR

Ante el estallido social en Villa Soldati, la presidente tomó finalmente la decisión de convocar, para apagar el incendio, a los que encendieron el fuego. Informadorpublico.com anticipó en los últimos días que se crearía el Ministerio de Seguridad y que Nilda Garré de Abal Medina cambiaría de lugar dentro del gabinete. El autor de la operación es el jefe político de Garré, Horacio Verbistky, a partir de ahora el mandamás de la seguridad nacional. Este cambio apunta a blindar políticamente al gobierno. Con Verbistky-Garré, el gobierno evitaría que la izquierda tome distancia, porque el primero, desde el CELS, se ocupó desde el 2003 de imponer en la justicia el garantismo y la política de no criminalizar la protesta social. Ambos son, además, los responsables del desmantelamiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de la persecución política a los oficiales no confiables.

Verbistky viene pregonando un pacto de Seguridad Democrática que garantice la no modificación de la actual política de derechos humanos. A todo esto, en las últimas 48 horas, Aníbal Fernández le llevó a CFK un panorama desolador de las cúpulas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Los mandos de las tres fuerzas le reclamarían al gobierno garantías políticas y judiciales para poner orden en la tierra de nadie del Parque Indoamericano, así como intervenir en las villas del conurbano. Los cinco policías separados de sus funciones después de que dos personas murieron por balazos habrían convencido a la policía de que serían utilizados como chivos expiatorios.

Atrapado entre la ideología y la impotencia, el gobierno recibió ayer un informe de la SIDE prediciendo la posibilidad de saqueos en hipermercados a partir del 20 de este mes. La cadena Coto ya habría dispuesto el envasado de miles de bolsas con alimentos para entregar a cambio de que se no se produzcan desmanes. Como parte del ocultamiento de la realidad, el gobierno ni siquiera admite oficialmente que los grupos narcos ejercen el poder en las dos villas involucradas, la 1-11-14 y la 20, y que el narcotráfico tiene montada una enorme infraestructura logística en las villas de la Ciudad. La vinculación del tráfico de drogas con la creación de más espacios fuera del control del Estado es obvia, pero no forma parte del diagnóstico oficial.

La escalada superó el conflicto con Macri

Una fuente del gobierno dejó trascender ayer que la presidente le imputaría a Aníbal Fernández el mal manejo de la crisis. El Jefe de Gabinete habría apostado a que el episodio no pasaría a mayores, intentando entonces utilizar el tema para castigar a Mauricio Macri y la falta de capacidad de la Policía Metropolitana. Pero el desborde se convirtió ayer en el comienzo de una guerra social y Cristina debió entonces hacerse cargo del problema montando un escenario con las Madres y Abuelas para anunciar el nuevo Ministerio de Seguridad y, a última hora, convocar a Macri a la Casa Rosada para que el gobierno quede como intermediario entre los ocupantes y el gobierno local.

Mientras tanto, las perspectivas del conflicto no pueden ser peores. El éxito de la ocupación del Parque Indoamericano es un ejemplo que cundirá y en cualquier momento se producirían nuevas ocupaciones en gran escala de espacios públicos, habida cuentas de que el gobierno nacional no quiere pagar los costos de la actuación policial.

Desde el 2003 y siguiendo la doctrina bolivariana, los piqueteros y los partidos de izquierda movilizaron a los sectores marginados con los cortes y las ocupaciones. Este avance choca ahora con la resistencia de los sectores de baja clase media que se ven perjudicados. La actuación judicial quedó, por otra parte, totalmente superada y el reclamo de la Jueza Elena Liberatori para que restablezca el orden fue lisa y llanamente ignorado por las autoridades.

Lo cierto es que la respuesta política del gobierno, con Verbitsky-Garré, significa traspasarles el control de la estructura represiva del Estado a los ideólogos de su destrucción.