Por SILVIO H. COPPOLA
Cediendo como es la costumbre de este gobierno, pese a discursos triunfalistas de todo tipo, después del doble discurso habitual, el poder ejecutivo, a través de uno de sus jueces (esta vez en lo penal-económico), decidió que en el avión de Estados Unidos demorado por la Aduana del país, no se cometió ningún tipo de delito. Bastó para esta resolución la protesta yanqui. Y entonces se resolvió que las “mercaderías” en cuestión“no estaban escondidas, sino ubicadas junto al cargamento autorizado”. Total, se trataba sólo de “armas, municiones, equipos para comunicaciones, medicamentos psicotrópicos”, etc. Como se ve, nada de importancia. Por analogía, en el próximo embarque de droga a España, se podría poner la misma al alcance de cualquier inspección y en caso de que hubiera alguna observación a su traslado, ampararse en la jurisprudencia que se sienta con el precedente citado.
Salvando distancias, es parecida a la inventada por la jueza nacional dra. Tiscornia, que resolvió que la “ocupación de lugares públicos no es delito”, a raíz de la invasión del Parque Norte de la Capital Federal. Piedra libre entonces para cualquier persona o grupo que resuelva tomar la propiedad pública. Incluso se podría incluir, ampliando los espacios del luminoso fallo, la propia Casa de Gobierno. En disculpa de la magistrada, es del caso señalar que con su resolución satisface cumplidamente los deseos del gobierno nacional, de poner gente en la calle contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de paso, conservar su cargo, evitar el juicio político y eventualmente cualquier escrache o rotura de dientes.
Lo que ha sido corroborado prácticamente por el obsecuente y válido para todo ministro de Justicia Alak en el día de ayer (10/3/2011), que ante una nueva ocupación de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, manifestó la incompetencia nacional (policía federal) para intervenir en un eventual desalojo, por otra parte ya ordenado por la justicia ordinaria. Podría alegar tranquilamente, que “la orden viene de arriba”, pero por un exceso de pudor no lo ha hecho.
Mientras, se ha declarado la prescripción de la causa sobre los sobornos a funcionarios, que habría pagado IBM, para lograr la informatización del ANSES. Juicio iniciado en 1996, lentamente tramitado, lentamente olvidado por la opinión pública y lentamente llegado a su prescripción. Indudablemente para nuestra justicia es más fácil declarar esta, que investigar a fondo la causa o cualquiera similar. No olvidemos no obstante, que todo data de la época del Innombrable y que las coimas habían ascendido a menos de U$S 500.000, lo que es un ganga dada la época y por consiguiente su importancia no es del todo destacable como para prolongar demasiado cualquier juicio.
Otra funcionaria que con afán y sin argumentos busca salvar su pellejo, es la jueza W.López, que interviene en la causa que investiga la muerte de Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, quien fuera asesinado en Avellaneda en disturbios donde intervinieron trabajadores tercerizados, elementos de la Unión Ferroviaria y activistas de aquél partido. Achacándose el crimen con arma de fuego al “poder sindical”, lo más sencillo para la jueza para dejar conforme al gobierno, a la prensa y a la opinión pública, es decretar como lo hace, la presión preventiva para el secretario del gremio y dos de sus colaboradores. Son tan fútiles, mentirosos y tan sin sentido los motivos, que sin duda esta resolución será revocada por la cámara respectiva. Pero está dentro de lo importante para un juez o jueza: primero, mirar para arriba para saber qué desea, no Dios nuestro Señor, desde luego, sino la cabeza del poder ejecutivo. Y luego obrar en consecuencia, esquivando como sea las amenazas de juicio político, de escrache o incluso de agresión. En todo esto último, nuestros jueces pueden dar cátedra, salvo honrosas excepciones, que indudablemente las hay.
De menor cuantía es el fallo, pero indudablemente llama la atención, que el futbolista Buonanotte, fuera sobreseído en la causa penal que se le siguiera, por fallecimiento de tres personas, al volcar el auto que conducía y por las cuales era acompañado. Pese a las características del accidente, el sobreseimiento habla de que “no hubo ni impericia ni negligencia” de su parte. ¿Y entonces qué pasó? Faltaría que lo recomienden para una condecoración.
Aunque siempre están en el tapete, tanto los jueces federales Oyarbide como Canicoba Corral, pueden catalogarse como los máximos exponentes de la subordinación, no sólo a los deseos del poder ejecutivo, sino también a los grupos de presión en general. Por eso difícilmente vayan a ser ascendidos, pues siempre tienen que estar dispuestos a actuar, al escuchar la voz de orden que corresponda. Lo casi último de Oyarbide, es declarar en la causa contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito, que no hubo delito y sobreseer rápidamente.. Pero hay decenas más en su haber. Y en lo que hace al otro juez federal, hizo suyo sin estudio el dictamen del fiscal Nisman en la causa de la Amia, recibido directamente de la Embajada de USA, y obró en consecuencia, salvando igualmente su cargo y prerrogativas. En cuanto al fiscal, mereció otros reconocimientos internacionales.
LA PLATA, marzo 11 de 2011.
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