Por Héctor B. Trillo
La sanción de un decreto prohibiendo la difusión de avisos que contengan oferta de prácticas sexuales, que fuera anunciada hace pocas horas por la presidenta de la república, se enmarca, según se ha dicho y reiterado, en la necesidad de combatir la denominada "trata de personas".
El decreto de marras lleva el número 936 y fue publicado en el Boletín Oficial a la mañana siguiente del anuncio presidencial.
Al menos por lo visto y oído, muchas opiniones resultaron favorables a esta medida. Pese a ello, también ha habido disensos, en particular de parte de las llamadas "trabajadoras sexuales".
Creemos que vale la pena analizar un poco la cuestión, dejando de lado lo que pudiera resultar "políticamente correcto".
En los bastante numerosos considerandos se hace referencia a las leyes existentes sobre "trata de personas" y se confunde una y otra vez "género" con "sexo" repitiendo la denominación de moda para la sexualidad, que a todas luces es impropia. La cuestión no es menor, porque tiene vinculación probablemente con las personas hasta no hace mucho calificadas como "diferentes", término que rápidamente fue dejado en desuso por resultar contrario al criterio de "no discriminación" tan difundido. Baste buscar en el diccionario de la R.A.E. para comprobar que ninguna de las acepciones de esa palabra tiene que ver con el sexo de las personas o de los animales. Pero bueno, dejar de lado el sexo para hablar del género le da a la cuestión un tinte más generalizador, más "igualitario".
En una rápida leía de los considerandos, encontramos una y otra vez alusiones a la violencia en contra de la mujer y de los niños y adolescentes. No hemos visto una sola referencia al hombre en cuanto a posible víctima de la trata. de personas. Sólo se refiere al tratamiento en igualdad de hombres y mujeres, al que se agrega un curioso "plural", que no termina de entenderse, aunque obviamente está relacionado con la "libre elección" de preferencias sexuales, que en realidad no es tal, porque es sabido que ciertas variantes siguen considerándose aberrantes.
La prohibición de publicar avisos afecta a los interesados en su publicación y a los medios que llevan a cabo la misma. Se habla de prácticas o usos sociales que faciliten o dejen expedita la consecución de las acciones que puedan ser tipificadas como trata de personas.
Es evidente que la prohibición generalizada de avisos ofreciendo servicios sexuales abarca, sin embargo, a todos los avisos por el estilo. Es decir, con independencia de si quienes los publican son hombres o mujeres, homosexuales o transexuales, travestis o sadomasoquistas. Todos.
Es interesante recordar, antes de seguir, que en la Argentina está prohibido el proxenetismo, y no la prostitución, que es una acción privada llevada a cabo en libertad por una persona de cualquier sexo.
Es decir que lo que está prohibido es la explotación sexual por parte de terceras personas, llamadas en la jerga de diverso modo, como por ejemplo "cafishios", "chulos" "madamas", etc. Pero no está prohibido que una persona individualmente ofrezca su cuerpo y sus habilidades para la práctica del sexo. Y esto es así desde hace muchos años.
No vale la pena discutir aquí si prohibir el proxenetismo ha servido de paliativo. Pero lo cierto es que hoy por hoy la prostitución en la vía pública es algo absolutamente cotidiano.
Entonces, prohibir avisos donde alguien individualmente ofrezca su cuerpo parece un acto ilegal, a menos que ciertas prácticas no pudieran ofrecerse, lo cual no es así.
Ahora bien, numerosos tratadistas consideran las prohibiciones como una forma de lucha contra adicciones o costumbres impropias. Así ocurre con la venta de alcohol, o de tabaco. Y por supuesto de drogas. Es un punto de vista respetable, por cierto. Lo malo es que afecta a terceros bajo la pátina de contribuir a la defensa del interés general, figura difusa si las hay.
Sin embargo, todavía es preciso aclarar que los ejemplos citados son tóxicos y perniciosos para la salud de todos los seres humanos. Es decir que más allá que se disponga prohibir publicidades o ventas a menores de edad o a quienes fuere, lo cierto es que estamos ante productos cuyo consumo es perjudicial. Y tampoco queda claro por qué sería responsable de algún modo el medio en el que se publica un aviso, cuando lo es quien contrata tal publicación.
Es obvio que no es el caso de la sexualidad de cada uno, que libremente puede hacer lo que le venga la gana y está perfecto que así sea.
Por lo tanto englobar la publicidad sexual como un todo, y prohibirla en todas sus formas y modos, nos parece un exceso a todas luces. No queremos hacer lucubraciones respecto de que se trata de un intento de dañar al grupo Clarín, como hemos oído por ahí, pero no podemos dejar de pensarlo. Ese medio es por lejos el que más publicidad venía levantando en el país. Pero, también corresponde decir que son muchísimos los que se ven afectados por esta nueva prohibición.
Mientras se difunden prácticas sexuales hasta no hace mucho consideradas perversas, o se pueden ver en televisión toda clase de exhibiciones obscenas en horarios en los que las propias autoridades reguladoras de medios y contenidos, fijan como aptos para menores; o se utilizan vocabularios soeces sin restricciión alguna, se pretende descubrir la pólvora prohibiendo los avisos de oferta de sexo. Es cuando menos contradictorio. Y a nuestro juicio es además prejuicioso y autoritario.
Y también es pacato. Porque no es prohibiendo avisos como se corrigen prácticas aberrantes o abusos contra menores. No es con censuras como se evitan los malos caminos, sino con educación.
Los avisos en los diarios o las páginas de Internet con oferta de sexo deberían servir para que la policía y la justicia investiguen, precisamente, dónde está el comportamiento aberrante y la trata de personas. En lugar de eso, se los prohíbe.En lugar de utilizar la información con fines útiles, se prohíbe. Ojos que no ven corazón que no siente.
En verdad todo el mundo sabe cómo es la historia. De "Espartacus" para acá se saben muchas cosas. Pero no se dicen. Cualquiera que camine por el Centro de Buenos Aires especialmente de noche, recibe ofertas mediante tarjetitas o simplemente de palabra para concurrir a ciertos lugares donde jóvenes mujeres están dispuestas a todo, según se afirma. Es obvia la complicidad existente de parte de ciertas autoridades, como en tantas otras cosas. Otra explicación no hay.
Cuando se difunden por televisión filmaciones obtenidas mediante cámaras ocultas mostrando lugares donde se venden drogas, o donde se ejerce la prostitución e inclusive el proxenetismo ¿no está dándose información suficiente para que actúe la justicia y proceda a detener a los responsables? ¿Acaso se prohibirán esas cámaras también?
La verdad es que, tal como decía Borges, el censor a alguien tiene que censurar, esa es su razón de ser. Y la censura o las prohibiciones tienen que ver con la pacatería y el conservadurismo. No se progresa ocultando, sino investigando y educando.
Recordamos patéticamente cuando en el año 1974, el último gobierno de Juan Perón prohibía en los cines la película "El último tango en París" por la famosa escena de la manteca. Nuestros vecinos uruguayos se hacían su agosto recibiéndonos para ver la cinta en sus salas. Y que sepamos desde el punto de vista de la moral media no les ha ido peor que a nosotros, ¿verdad?
Y también viene a nuestra mente aquella famosa frase difundida durante el llamado "Mayo francés": prohibido prohibir.
Cuánto mejor sería atacar las causas y no las consecuencias.
Fuente: El Ágora - 08-Jul-11 - Opinión
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NOTA DE DIARIO PREGÓN DE LA PLATA: La pornografía es un delito sancionado por el Código Penal, al igual que el proxenetismo; la prostitución es una contravención municipal; a todo ello se suma ahora el texto del Decreto presidencial que no contempla sanción alguna al medio de comunicación que infrinja la disposición, pero que seguramente será reglamentado próximamente. Lo más probable es que se impondrá una multa (no clausura del medio), motivo por el cual tales avisos encarecerán su costo a fin de solventar la multa. Sin embargo, es posible denunciar la situación ante los Juzgados de Faltas municipales y ante la Justicia Penal (ya sea en una Comisaría, ante un Fiscal o Juez), y que tales presentaciones se multipliquen, y que sean avaladas además por ONG's para lograr la sanción de conductas y publicaciones que atentan contra la Moral y las Buenas Costumbres, así como contra el Orden Público.
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