CRISTINA Y PURICELLI ACUSARON AL GOBIERNO DE MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE PERÓN DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por Emilio Nazar Kasbo

Abogado Especialista en Derechos Humanos UNLZ

En el decreto 876/2012, del día 6 de junio de 2012, por el cual fue promovido al grado de Capitán de Corbeta en situación de retiro obligatorio al Sr. Jorge A. D. Devoto, la presidente Cristina Wilhelm y el ministro de Defensa Arturo Puricelli, acusaron al gobierno de María Estela Martínez de Perón de “terrorismo de Estado”.

¿678? NO, 876

El decreto curiosamente (o no tanto) lleva por número 876, que si se invierten las cifras,  se obtiene 678, nombre del programa ultraoficialista de la TV estatal. Dicho Decreto, además, es un instrumento público, e indudablemente se dirige a otorgar no solamente el ascenso al desaparecido difunto cuñado de su ex novio Carlos Bettini, sino que además accesoriamente y de manera indirecta implica una diferencia de haberes que engrosará el dinero de la familia beneficiada.

El Decreto, a su vez, consigna en sus fundamentos que “el Teniente de Fragata (R) Jorge Alberto Daniel DEVOTO ingresó a la ARMADA ARGENTINA el 24 de enero de 1966, egresando de la ESCUELA NAVAL MILITAR como Guardiamarina el 30 de diciembre de 1969. Que el citado Oficial ascendió con fecha 31 de diciembre de 1971 al grado de Teniente de Corbeta y el 31 de diciembre de 1974 a Teniente de Fragata. Que el referido oficial solicitó su desvinculación de la ARMADA ARGENTINA y, mediante Resolución del COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA N° 179 de fecha 5 de marzo de 1975, el entonces Comandante en Jefe de la ARMADA ARGENTINA dispuso el pase a situación de retiro voluntario del Teniente de Fragata Jorge Alberto Daniel DEVOTO.”

Compruébase de este modo, que fue el mismo Devoto quien pidió su baja. Fue él quien solicitó el “pase a situación de retiro voluntario”. Luego, es dable preguntar: ¿Por qué se asciende a quien voluntariamente quedó fuera de la Armada?

IDEÓLOGO DEL TERRORISMO

Una de las versiones indica que el 5 de enero de 1975 había participado como ideólogo, cómplice, encubridor y partícipe del asesinato del Capitán Bigliardi en el Edificio YPF ubicado en la Av. 7 entre 53 y 54 de La Plata, a pocos metros de la Legislatura bonaerense. ¿Solicitó el pase a retiro, porque se convirtió en jefe militar de Montoneros, en plena época democrática? ¿Se convirtió en un militar de Montoneros?

Citando la CONADEP, refiere el Decreto que “el Teniente de Fragata (R) Jorge Alberto Daniel DEVOTO concurrió el día 21 de marzo de 1977 a la sede del COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA, a averiguar el paradero de su suegro Antonio Bautista BETTINI, desapareciendo a partir de ese momento sin que se hayan tenido noticias de su paradero.” Continúa el instrumento público expresando que “de la declaración prestada por Adolfo Scilingo ante el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional de España de fecha 3 de octubre de 1997 surge que el causante habría estado detenido ilegalmente en dependencias de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada y que habría sido arrojado al mar en estado consciente en razón de lo que habría sido considerado una traición por parte de la Armada Argentina.”

Es decir, según el Decreto, como desaparecido, Devoto fue ejecutado por sus propios ex Camaradas, quienes lo consideraron un traidor. ¿Por qué fue objeto de tal consideración? El Decreto no lo consigna, la Presidente no hizo alusión alguna a esta crucial pregunta, y los familiares del “ascendido” en dicho acto guardaron un silencio cómplice.

RETIRO VOLUNTARIO

A continuación, el Boletín Oficial publicó en negrita el siguiente texto, que debiera reflejar el mismo destacado del Decreto: “No obstante, es importante señalar que Jorge Alberto Daniel DEVOTO fue quien solicitó su retiro voluntario en 1975, a sólo 3 meses de haber sido ascendido a Tte. De Fragata. Se entiende que la desvinculación del causante habría obedecido a su desacuerdo en relación con el terrorismo de estado en el seno de la Armada Argentina.”

Dos son las afirmaciones centrales del párrafo: 1) Devoto solicitó su retiro voluntario en 1975, tal como había destacado antes; 2) su retiro se debió la existencia de “terrorismo de estado en el seno de la Armada Argentina” al momento de su retiro (año 1975).

Conclusión: María Estela Martínez de Perón es tan responsable como el General Jorge Rafael Videla de “terrorismo de estado”, y por tanto seguramente será procesada en virtud de lo establecido en este Decreto por la Justicia. El régimen “kirchnerista” parece iniciar un giro “antiperonista”. La izquierda no conoce de amistades ni de lealtades.

DESAPARECIDOS

Si Devoto hubiese sido obligado al retiro de modo imperativo, podría considerarse su situación en el marco represivo de la subversión. Mas no siendo así, no se alcanza a justificar el nexo jurídico entre su retiro voluntario y el ascenso jerárquico post mortem.

La frase siguiente del Decreto se encuentra redactada con el habitual guirigay gubernamental: “Concordantemente, la desaparición del Teniente de Fragata Devoto al momento de encontrarse realizando averiguaciones sobre el paradero de sus familiares se encuentra inescindiblemente ligada a su alejamiento de las filas de la Armada Argentina.”

¿Cuáles son las pruebas de tal afirmación? ¿Los familiares de Devoto, la familia Bettini, estaba ligada con responsabilidad a la cúpula de Montoneros, en acciones militares desarrolladas durante el gobierno democrático y luego durante el gobierno del Proceso Militar? ¿Está queriendo afirmar esto el Decreto? ¿O está diciendo que bajo los gobiernos entre 1975 y 1977 desaparecieron tanto Devoto como sus familiares, siendo las personas más inocentes del mundo, dedicados “al derecho, el ajedrez y las flores”, al decir de la Presidente en su discurso? ¿Dice que eran todos inocentes, o que eran todos responsables?

De ninguna manera se puede negar la condición de desaparecido de Devoto o de sus familiares. Pero seguro que no fue porque fuesen “jugadores de tenis” que se produjo la desaparición en estos casos. Hubo desaparecidos que fueron inocentes. Pero la afirmación “algo habrán hecho” que no cabía a los inocentes, probablemente cabría a Devoto y algunos de sus familiares.

TERRORISMO DE ESTADO

Luego el Decreto retoma el discurso oficial, afirmando: “la desvinculación del causante debe ser considerada en el marco del Terrorismo de Estado que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983 a partir del accionar de la ARMADA ARGENTINA.”

La falsedad del Decreto exhibe su propia contradicción: ¿la desvinculación del causante de la Armada Argentina en 1975, cuando pidió su retiro, fue por actos que sucedieron con posterioridad, o en el marco de actos acaecidos posteriormente? El Decreto es así digno de una serie de ciencia ficción (“El Túnel del Tiempo”).

Debe destacarse además la contradicción intrínseca propia de la expresión “terrorismo de Estado”, ya que el Estado tiene por finalidad el Bien Común, y no es posible que todo un Estado sea terrorista, ya que estaría involucrando a todos y cada uno de los habitantes, además de elementos como el territorio, lo cual es un imposible. Puede hablarse de terroristas en el gobierno de un Estado, mas no de “terrorismo de Estado” (y un caso podría ser el de Montoneros en el poder).

RETIRADO ¿“EN ACTIVIDAD”?

Continúa el Decreto sosteniendo “Que la desaparición forzada del Teniente de Fragata (R) Jorge Alberto Daniel DEVOTO al momento de encontrarse realizando averiguaciones sobre el paradero de sus familiares se encuentra inescindiblemente ligada a su alejamiento de las filas de la ARMADA ARGENTINA”, lo cual también resulta un absurdo, a excepción de que se considere a Devoto como retirado “en actividad”, lo cual es contradictorio.

Es de suponer que si Devoto dedicaba su tiempo a la inteligencia de Montoneros, no disponía de suficiente tiempo en 1975 para cumplir con sus obligaciones militares propias. Así como actualmente muchos militares tienen dos profesiones, Devoto tenía dos actividades: la de militar y la de montonero, y seguramente debió optar entre ambas, ya ambas eran de “tiempo completo”. Falta que se explique a qué dedicaba su tiempo en Montoneros, ya que no se dispone de datos completos para semejante detalle.

Devoto, habiendo realizado actos de terrorismo, tuvo el atrevimiento de ingresar al Edificio Libertad para reclamar por “Derechos Humanos” de personas a quienes él mismo les había negado un juicio justo por parte de la Justicia antes de haberlos asesinado, sabiendo que los Montoneros ajusticiaban personas arrogándose la representación del pueblo. El marco de su pedido de pase a retiro fue su participación de las milicias montoneras (un Ejército que implicaba un “Estado paralelo” con su propia “Fuerza Armada” y su propia “inteligencia”).

¿DERECHOS HUMANOS?

El ex Presidente de Facto General Jorge Rafael Videla, por ejemplo, es un ser humano? ¿Tiene derechos? ¿Por qué no son respetados sus derechos?

“Que hoy tienen vigencia en nuestro país un amplio plexo de normas constitucionales de derechos humanos y de instrumentos internacionales, universales y regionales en la materia, con los que la REPUBLICA ARGENTINA se ha comprometido y que establecen el deber estatal de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos (Cfr. artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”.

Aquí la contradicción resulta de otra clase, puesto que el sistema judicial Federal está juzgando a militares y no militares por “lesa humanidad” con normas no tipificadas, mediante un procedimiento inexistente, aplicando penas que nuestro sistema jurídico no reconoce, manteniendo detenidos a personas que por su edad deben tener en su caso prisión domiciliaria, y que a su vez no son juzgados por las normas jurídicas más beneficiosas. Un ejemplo de ello, es la aplicación de varias penas de cadena perpetua a un mismo imputado, lo cual repugna a nuestro sistema jurídico.

Sí, resulta que ahora el gobierno argentino desde 2003 es “Derecho y Humano”…

POCAS NUECES…

Consigna luego el Decreto un farragoso párrafo cuya finalidad no logra entreverse, más que pretender otorgar apariencia de jurídico a un acto que carece de tal condición: “Que debe mencionarse que la jurisprudencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS estableció claramente la obligación que pesa sobre los Estados parte de reparar el perjuicio causado por las violaciones a los derechos humanos fundamentales, particularmente a las víctimas de desaparición forzada de personas y a sus familiares. (Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 134, 166 y 174). Que este Tribunal ha reconocido que “los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas” (Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 226 y Caso Blake v. Guatemala, Fondo, Sentencia de 24 de enero de 1998, párrafo 115). Que las sentencias de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS deben ser consideradas por el ESTADO ARGENTINO, conforme la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION que, desde el antecedente “Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros”, sentencia del 7 de julio de 1992, sostuvo que, entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir las obligaciones internacionales asumidas, deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales pronunciadas por el mencionado órgano jurisdiccional, reforzado por interpretaciones posteriores donde sostuvo que “la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, ‘en las condiciones de su vigencia’ (art. 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para, su interpretación y aplicación”. (Cfr. Giroldi, Horacio y otro s/recurso de casación”, sentencia del 7 de abril de 1995, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, considerando 11) y que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) constituye una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Cfr. “Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, etc. —causa N° 17.768—”, sentencia del 14 de junio de 2005, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, considerando 17). Que en virtud de lo expuesto, corresponde otorgar como reparación la promoción en DOS (2) grados. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.”

PARA IGNORANTES

La facultad interpretativa de las Leyes y de los Tratados Internacionales pertenece a la órbita de la Autoridad Judicial, y no a la Autoridad Ejecutiva. En esto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio de Defensa pretende dar autoridad de “cosa juzgada” al acto jurídico que es el mentado Decreto.

La jurisprudencia citada es de manual básico de Derechos Humanos propios de la década de 1990, que si bien han sentado jurisprudencia no hacen referencia explícita a reconocer una jerarquía militar superior a quien ha solicitado por su propia iniciativa el retiro voluntario, pues gozando de la calidad de voluntario carece de injerencia el Estado en tal conducta. Mal puede, por tanto, atribuir al Estado una responsabilidad de la cual carece, y por tanto las citas efectuadas por el Decreto de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia acaban siendo (en la terminología jurídica más propia de los actuales actos de Gobierno) al reverendo cuete.

Dicho en otros términos más legales: carece de nexo de causalidad la supuesta reparación de Derechos Humanos violados, con la citada Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia. Creen que todos los argentinos somos ignorantes, que nadie se da cuenta de las ridiculeces que realiza el Gobierno. Sin embargo, no se puede engañar a todos todo el tiempo.

“PORQUE ME DA LA GANA”

El Decreto concluye consignando: “Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 99, incisos 1) y 12), de la CONSTITUCION NACIONAL. Por ello, LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: Artículo 1° — Promuévese al grado de Capitán de Corbeta en situación de retiro obligatorio al 1° de marzo de 1975 al Sr. Jorge Alberto Daniel DEVOTO (M.I. N° 5.222.004). Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Arturo Puricelli.”

Efectivamente, la facultad de dictar Decretos se encuentra en la Constitución Nacional. Sin embargo, no hay facultades para reconocer derechos donde éstos no existen.

Más sincero sería la Presidente obviando toda la primera parte, que se podría resumir en un “reconozco derechos a tal persona porque se me da la gana, y porque fui novia de uno de sus familiares”.

Ya lo dicen los funcionarios gubernamentales: para el oficialismo, la “seguridad jurídica” es una mala palabra… Será la corriente jurídica a la cual pertenece la Presidente, de tantos años que habrá estado estudiando en la Universidad Nacional de La Plata. Por cierto: hay una recompensa ofrecida a quien se presente para acreditar que la Presidente ha rendido exámenes y que hayan sido compañeros de estudio de ella...

Fuente para consultar el Decreto 876/2012:

http://www.eldial.com/nuevo/boletin/2012/BO120607.pdf

Página 8.

Fuente para estudiar la jurisprudencia mencionada por el Decreto 876/2012 (una de las fuentes entre otras muchas): “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (en dos Tomos), del Dr. Juan Carlos Hitters