Un juez ordenó la detención de Julio Fernando Alegre, quien presuntamente realizó una millonaria defraudación con dinero público. Al momento del arresto, que se concretó a los pocos minutos que el Concejo Deliberante aceptara su renuncia, el ex jefe comunal se encontraba en Tribunales.
El juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de I Nominación, Gustavo Herrera, ordenó la detención del ex intendente santiagueño Julio Fernando Alegre, acusado de una millonaria defraudación con dineros públicos, informaron fuentes judiciales.
Al momento de la detención, que se concretó a los pocos minutos que el Concejo Deliberante le aceptó su renuncia, el ex jefe comunal se encontraba en los Tribunales de Santiago del Estero, acompañado por sus abogados defensores, el porteño Rafael Cuneo Libarona y el tucumano Juan José Saín.
En la misma resolución judicial, el juez Herrera ordenó la detención de la ex pareja de Alegre, la escribana Cecilia Vittar, de cuyo estudio la policía santiagueña secuestró valiosa documentación, relacionada con la compra de casas y vehículos del ex jefe comunal.
Alegre, sindicado como "jefe de una asociación ilícita", permanece detenido en la Alcaidía de los Tribunales de Santiago del Estero y no se descarta que sea alojado en un sanatorio, por padecer de diabetes y presión arterial.
Poco antes de su detención, el Concejo Deliberante de Santiago del Estero, aceptó por unanimidad la renuncia de Alegre y en su reemplazo designó al concejal oficialista Hugo Infante, que cumplirá el mandato dejado vacante hasta agosto de 2010.
Durante un breve debate, el presidente del bloque opositor del Frente de Unidad Popular, Marcelo Lugones, anunció que pedirán a la justicia santiagueña "la inhibición general de los bienes" de Alegre.
"Esta es la crónica de un final anunciado, Alegre estuvo encubierto permanentemente, realizamos más de 600 pedidos de informes sobre malos manejos y nunca obtuvimos respuestas", añadió.
En la misma sesión extraordinaria, convocada de urgencia, los ediles decidieron rechazar la renuncia y confirmar en su cargo al presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santiago del Estero, Durval Edgar Abdala, que denunció a Alegre por "manejo arbitrario e irregular de fondos públicos".
Al ex intendente Alegre también se lo investiga por los delitos de "defraudación calificada, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito".
Alegre presentó su renuncia el sábado pasado, en horas de la tarde, tras una serie de allanamientos a cinco de sus propiedades, entre ellas un lujoso chalet en la zona residencial de El Zanjón, incluido un zoológico privado con animales exóticos.
En el lugar, cuyas tareas domésticas y de seguridad estaban a a cargo de beneficiarios de planes sociales, la policía secuestró automóviles, camionetas y cuatriciclos cero kilómetro, además de un equipo de música valuado en 20 mil dólares.
Asimismo, fueron secuestradas alrededor de cinco cajas fuertes, en cuyo interior Alegre guardaba una importante cantidad de dinero entre pesos y moneda extranjera, dos de ellas depositadas en la casa de su chofer, Rubén Díaz, ubicada en el barrio Reconquista de la capital santiagueña.
Asimismo, en una escribanía local, a cargo de Cecilia Vittar, que previo a su orden de detención presentó una eximición de prisión, fue secuestrada documentación sobre la adquisición de bienes del jefe comunal en otras provincias argentinas y en el exterior.
También, se encuentra en poder de la justicia santiagueña un boleto por la compra de un lujoso chalet en Punta del Este, valuado en 700.000 dólares.
Hace un mes, la justicia santiagueña había ordenado la excarcelación bajo fianza de 50.000 pesos del empleado César Alberto Villalba, acusado de integrar un grupo con funcionarios municipales que había cometido una millonaria defraudación en perjuicio de la Municipalidad de Santiago del Estero.
Villalba, beneficiario de un plan social y afectado a la Dirección de Obras Públicas, fue detenido tras cobrar un cheque oficial de 80 mil pesos en una sucursal bancaria local.
En la misma resolución, el juez Herrera había ordenado las detenciones del director de Obras Públicas, Oscar Omar Farías, que aún sigue prófugo de la justicia; del empleado municipal Luis Vásquez; y del propietario de una imprenta, Julio Uñates, que figuraban como dueños de una SRL "fantasma" proveedora del municipio santiagueño.
Una de las empresas "truchas" descubiertas tenía domicilio legal en la casa de una familia indigente del barrio 8 de Abril, y facturaba por bienes y servicios que se sospecha no prestaban a la comuna.
Otra de las SRL investigadas realizaba cobros por construcciones viales inexistentes, al igual que ingeniería pública y privada, con domicilio en una imprenta del barrio Libertad de la capital provincial, cuyo propietario también se encuentra prófugo de la justicia provincial.
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