La precandidata presidencial de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que la nueva ley electoral "es de imposible cumplimiento", al sostener que los jueces con competencia en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires "están manifestando que no pueden cumplir con los plazos".
"Estas son las premuras con que se dictan las leyes sin tener en cuenta los plazos, la estructura de la justicia, los padrones, con una ley no debatida suficientemente", enfatizó la diputada chaqueña.
En diálogo con una radio porteña, expresó que "por lo que escucho que dicen los jueces, es de imposible cumplimiento" la ley de reforma electoral.
Al respecto, mencionó los casos de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, ya que "esto es lo que están diciendo (María) Servini de Cubría y (Manuel) Blanco", los jueces con competencia electoral en esos distritos, quienes "por algo están manifestando que no pueden cumplir con los plazos".
Señaló que la ley, que comenzó a regir en diciembre de 2009 después de su aprobación en el Congreso y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo nacional, fue "hecha exclusivamente para encerrar a los partidos", pues "se dictó después de la derrota" kirchnerista en las elecciones legislativas de 2009, "y hoy está mostrando todas sus fallas".
"Esto sucede cuando no se generan los consensos necesarios", sintetizó.
La reforma política estableció la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos que postulen precandidatos para nominar a cargos electivos nacionales.
Según la norma, los comicios primarios se realizarán los segundos domingos de agosto de los años en los que se realicen elecciones nacionales, ya sean presidenciales y/o legislativas, que se realizarán los cuartos domingos de octubre.
La ley eliminó a las listas "colectoras" y a las denominadas "espejo", estableció que se votará con el mismo padrón que se utiliza en la elección general y puntualizó que de las elecciones generales sólo podrán participar las agrupaciones que hayan obtenido en las primarias el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos requeridos.
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