Por Horacio Jaunarena*
La arbitrariedad en los ascensos, designaciones y retiros de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas se ha profundizado en los últimos meses, generando situaciones que no tienen precedentes desde la recuperación de la democracia.
Un coronel en actividad fue seleccionado por el Gobierno para concursar un puesto en las Naciones Unidas, que ganó y fue designado por el organismo internacional. Muy pocos días antes de viajar a Nueva York, desde el Ejército le avisaron telefónicamente que el Ministerio de Defensa había anulado su designación y lo pasaban a retiro. Como no recibió una notificación documentada, el coronel viajó igual, asumió su cargo y, de inmediato, renunció.
No hubo explicación oficial, pero el afectado es hijo de un general ya fallecido y tenía un hermano, también oficial, muerto en Malvinas. En síntesis: culpable de portación de apellido. Además, papelón global.
Por imperativo geográfico, la Escuela de Tropas de Montaña “Teniente General Juan Domingo Perón”, en Bariloche, es un destino importante en el Ejército. El coronel designado como director en marzo, ascendido por el Senado con mayoría K, fue pasado a retiro a pocos días de su designación. Se adujo, en los pasillos, pues la medida no fue fundamentada, que el oficial había sido sancionado por “carapintada” en el primer levantamiento de 1987.
No se aplicó el mismo criterio con el ascenso y designación del subjefe de Estado Mayor y director de Inteligencia del Ejército -acumulación de funciones sin antecedente histórico- que fue sancionado por la misma razón en el tercer levantamiento “carapintada”, cuando ya era muy difícil argumentar ingenuidad, pero ahora es “amigo”.
He sintetizado sólo dos casos de varias decenas de medidas de una arbitrariedad sin precedentes en los ascensos, designaciones, anulaciones y retiros intempestivos que han padecido los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas en los últimos meses.
Hay episodios como el de una formación suspendida a último momento, porque echaron a quien había sido designado para hacerse cargo, o el de un oficial superior que viajó centenares de kilómetros para asumir un comando importante para el que había sido nombrado, pero cuando estaba llegando, recibió un mensaje en su teléfono móvil, avisándole que había sido retirado. A otro coronel se le comunicó que había sido pasado a retiro y, diez días después, le dijeron que volviera, que había sido un error con su apellido.
El daño profundo que estas situaciones causan en organizaciones verticales que deberían ser meritocracias y la debida consideración a los afectados y sus familias impiden describir los hechos en clave humorística, pero el Gobierno ha provocado situaciones farsescas.
En los últimos meses fueron cambiadas las recomendaciones de las juntas -bastante dóciles a la autoridad política- que califican a los militares para sus promociones. Pero, además, fueron brutalmente modificadas desde la Presidencia las propuestas elevadas por el ministro de Defensa, quien ha vivido una situación incómoda y desdorosa.
El claro objetivo de tanto desaguisado -aun aceptando una cuota de impericia- es conformar en las Fuerzas Armadas y de seguridad cúpulas sometidas incondicionalmente al Gobierno, con efectos degradantes para su calidad profesional y procesos de selección inversos en sus cuadros, pues se privilegia a los dóciles sobre los mejores y los prestigiosos son considerados con recelo.
Otro proceso de manipulación sobre los cuadros militares ha sido la política de remuneraciones. Comenzó a ser desordenada por Menem, en 1992; fue normalizada por Duhalde en el 2002 y los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, con decretos sucesivos, volvieron a la lógica básica de las medidas de Menem y han llevado a una situación anárquica insostenible.
Hay miles de juicios iniciados por militares, gendarmes y prefectos, en actividad y retirados. Por decisiones de los jueces, hay decenas de sueldos diferentes para funciones idénticas. En una de las fuerzas armadas, casi medio centenar de oficiales cobran más que el Jefe de Estado Mayor. Hace siete meses que el Gobierno analiza cómo mitigar los efectos de sus errores, pero no encuentra solución.
Con penurias presupuestarias y equipos con más de 30 años de edad promedio, nuestras Fuerzas Armadas, según lo han expresado sus propios mandos, no están en condiciones de cumplir con la misión que les asigna la ley. El principal bien a tutelar en lo inmediato, por lo tanto, es el personal y sus capacidades profesionales. El Gobierno se empeña en dañarlo.
30/05/12
Fuente: Publicado en Diario Clarín
Resaltado en Negrita pertenece a Diario Pregón de La Plata
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